SE APROBÓ LA LEY DE CANNABIS MEDICINAL Y CÁÑAMO INDUSTRIAL

La Cámara de Diputados sancionó por amplia mayoría (sumó 155 votos a favor, 56 en contra, registró 19 abstenciones y se computaron 25 ausencias) la ley regulatoria de producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Todos los detalles que tiene la nueva legislación que promete crear un mercado de u$s 500 millones y fomentar más de 10 mil puestos de trabajo.

El potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos, US$500 millones en ventas al mercado interno anuales y US$50 millones de exportación anuales.

En el mundo existen 50 países con algún tipo de legalización de su uso medicinal e industrial, como Israel, Canadá, y Estados Unidos, líderes a nivel global. Se estima que el mercado internacional proyectó para 2024 US$ 42.700, lo equivale a 10 veces superior a una década atrás.

La ley, aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de mayo pasado, promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena. El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

Entre los beneficios de la legislación para el conjunto de la sociedad está la oferta de este producto medicinal para garantizar mejor acceso a la salud; la creación de puestos de trabajo directo e indirecto; el aumento de las exportaciones; las oportunidades para el desarrollo productivo de varias provincias y la reconversión del sector tabacalero; el desarrollo de nuevos proveedores, tanto desde el desarrollo genético, el agro 4.0, el equipamiento tecnológico y productos fitosanitarios; la creación de nuevos encadenamientos productivos como el cannabis medicinal (farmacéutica, fitoterapéutica, cosmética) y el cáñamo industrial (textiles, papel, alimentos, materiales para la construcción, entre otros).

Desde LaTapa.com.ar te recomendamos los siguientes artículos que fuimos proponiendo al respecto en los siguientes links:

– Mariana de Azevedo escribió »CÁÑAMO INDUSTRIAL»

– Rubén Lagras escribió »¿PUEDE RÍO NEGRO SER POTENCIA GRACIAS AL CANNABIS?»

– Emiliano Piccinini escribió »APROBAR Y NO ACOMPAÑAR’

“LA APATÍA JUDICIAL ES UNA ELECCIÓN”

INFORMATIVAS:

https://latapa.com.ar/se-siguen-gastando-recursos-del…/

https://latapa.com.ar/la-caic-de-roca-ya-cuenta-con-una…/

https://latapa.com.ar/nacion-presento-el-proyecto-para…/

https://latapa.com.ar/realizaran-un-curso-abierto-a-la…/

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    Pullaro, los pastores evangélicos y $4.000 millones evaporados: el escándalo que Santa Fe intenta tapar

     

    Un informe de TN encendió todas las alarmas: $4.000 millones destinados a combatir el consumo problemático habrían sido desviados desde la APRECOD hacia organizaciones evangélicas sin antecedentes y alineadas políticamente con el gobernador Maximiliano Pullaro y con Milei. El entramado involucra asociaciones creadas hace meses, convenios millonarios sin controles y vínculos directos con el partido UNO, el brazo evangélico del oficialismo provincial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Un desvío millonario hacia asociaciones recién nacidas

    La noche del informe de TN, encabezado por Luciana Geuna, dejó una estela de preguntas que el gobierno santafesino todavía no se anima a contestar. Según la investigación, alrededor de $4.000 millones salieron de la Agencia Provincial de Prevención de Consumo de Drogas (APRECOD) hacia organizaciones evangélicas vinculadas al espacio político que sostiene a Pullaro.

    Lo más llamativo: muchas de esas entidades fueron creadas entre febrero y marzo de 2025, es decir, ¡hace apenas unos meses! Aun así, obtuvieron montos millonarios por medio de convenios directos, firmados sin los controles administrativos básicos que exige la ley provincial.

    El caso más escandaloso, señalan desde EnOrsai, es el de Rockas Vivas, una asociación civil que nació en marzo de este año y que, según la documentación revelada, recibió más de $900 millones. Su presidenta, Laura Ruth Callejas, mantiene lazos directos con el partido evangélico UNO, estructura política que integra la coalición del oficialismo santafesino.

    Ghione, UNO y el armado político-religioso bendecido por Pullaro y Milei

    El informe también expone la centralidad del pastor y dirigente político Walter Ghione, referente de UNO y aliado tanto de Pullaro como de Milei, en la distribución de los fondos.
    Según la denuncia, el esquema de convenios habría concentrado recursos públicos en manos de este armado político-religioso, desviando dinero originalmente destinado a campañas de prevención del consumo problemático.

    Para completar el cuadro, en redes sociales volvió a circular material documental sobre asignaciones previas que ya habían generado polémica: entre ellas, $1.000 millones otorgados a una organización vinculada al diputado evangélico Amado “Pajarito” Gutiérrez. Un patrón que, visto en perspectiva, deja de parecer casualidad.

    La doble vara mediática y el silencio oficial

    El tema explotó nuevamente gracias a un posteo de la cuenta @ArrepentidosLLA, que aludió a la “doble vara” del tratamiento mediático:
    mientras en otras provincias —o bajo otros signos políticos— un monto así hubiera generado un escándalo nacional, aquí la reacción se diluye con rapidez porque se trata de un gobernador aliado del Gobierno nacional.

    Desde la administración santafesina afirman que todas las transferencias corresponden a “colaboraciones legítimas” con organizaciones comunitarias, aunque todavía no ofrecieron explicaciones sobre las inconsistencias que muestra el informe de TN: contratos sin controles, asociaciones sin experiencia y cifras que desbordan cualquier estándar razonable.

    Lo que viene: auditorías, pedidos de informes y una trama que recién empieza

    A medida que avanza la discusión pública, crecen las probabilidades de que el caso escale a nivel institucional. Distintos sectores políticos de la provincia ya trabajan en posibles pedidos de auditorías, requerimientos de documentación a la APRECOD e incluso citaciones formales para que funcionarios expliquen en qué se usaron los fondos.

    Por ahora, Pullaro no dijo una sola palabra. Y en Santa Fe todos saben que cuando el silencio es tan prolongado, no suele ser buena señal.

    Mientras tanto, los $4.000 millones que debían fortalecer las políticas públicas contra el consumo problemático siguen envueltos en sombras, y la provincia más golpeada por la violencia narco suma un nuevo capítulo de discrecionalidad y favoritismos políticos en áreas donde cada peso malgastado cuesta vidas.

     

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