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APROBAR Y NO ACOMPAÑAR

Si se aprueba y no se acompaña, por el contrario se ponen palos en la rueda, se demuestra que la aprobación de tal proyecto fue meramente protocolar, como muchos dicen: «Para la tribuna».

El 7 de agosto se votó por unanimidad en #VillaRegina la ORDENANZA que adhiere a la Ley O N° 3654 de la Provincia de Río Negro y su modificación por la Ley N° 5052 que habilita a certificar firmas para que el proyecto de iniciativa popular sobre regulación del cannabis medicinal, que contempla el autocultivo del usuario y el solidario a través de un registro, sea tratado en la legislatura, sumándose así a una larga lista de ciudades rionegrinas que ya adhirieron.

Un proyecto de iniciativa popular debe obtener un total de firmas certificadas del 3% del último padrón electoral, en nuestra provincia aproximadamente serían unas 17mil personas. Algunas de las ciudades que ya adhirieron son: Valcheta, Viedma, Río Colorado, Chichinales, Cipolletti, Roca, Bariloche y Jacobacci, entre otras. Siendo San Antonio Oeste pionera en la provincia y vanguardista a nivel nacional con una ordenanza en vigencia que contempla un registro de cultivadores y un ente regulador del mismo, siendo uno de los primeros municipios de Argentina en entregar certificados a los cultivadores. Sobre esta ordenanza se basa el proyecto de regulación.

En Regina, una vez aprobada la ordenanza nos encontramos (como en otras ciudades adheridas a la ley) que el maquillaje que a veces se colocan los ediles para aprobar proyectos de iniciativa popular se cae rápido y de la aprobación por unanimidad a los obstáculos burocráticos hay poca distancia.  La negativa a habilitar vecinos a certificar firmas es el problema, decisión que conculca con el espíritu del derecho de iniciativa popular para la presentación de proyectos ante la Legislatura, que justamente es participar activamente de la construcción de una ley.

Contraponiéndose con los términos expresos en el art. 2º de dicha ordenanza que expresa:…“autoriza a los fines de la certificación de firmas a los/las Concejales/as Municipales, miembros de la Junta Electoral Municipal, integrantes del Tribunal de Cuentas Municipal, y/o las personas designadas por resolución que oportunamente se dicte desde la Presidencia del Concejo Deliberante, Tribunal de cuenta o Junta electoral de la Municipalidad de la localidad de Villa Regina”.

El 7 de agosto la abogada Julieta Peralta presentó una nota al presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega proponiendo más espacios para la certificación de firmas mediante comerciantes de la ciudad que asumieron la responsabilidad de certificar que quienes firman son personas de carne y hueso, extendiendo con esta posibilidad los horarios disponibles además de sumar más espacios donde se pueda firmar. Hasta el momento solo se puede firmar en el municipio, el tribunal de cuentas y el concejo deliberante; que están trabajando en horarios acotados. El pedido fue negado por presidencia sin fundamentación.

Por lo mencionado anteriormente es, en parte, que la negativa para abrir otros lugares para juntar firmas es un error, si la ordenanza por la cual adhirieron y que ellos mismos votaron habilita que haya otros certificadores y hay vecinos que de manera voluntaria y espontánea se ofrecen para cumplir con ese rol, asumiendo para sí mismos esa responsabilidad de la certificación, no debería existir inconveniente para que el presidente del CD Edgardo Vega apruebe lo solicitado atribuyendo una facultad a los vecino que la misma ordenanza así lo permite.Además de no contar con elementos válidos para negarla.

“Cada firma debe ser certificada como corresponde. No es una cuestión menor. Los comercios no tienen esa facultad. Esa es la razón” fue la respuesta de Vega al pedido de Peralta violando un derecho que está garantizado por la constitución provincial a través del derecho de iniciativa popular. Una actitud que puede considerarse un acto discriminatorio contra los vecinos que se ofrecieron a certificar firmas negándoles la posibilidad de participar activamente en la construcción de una ley.

Dotar el proyecto de trabas burocráticas, va en contra precisamente del espíritu de la ley de iniciativa popular y obviamente de la misma ordenanza que el concejo aprobó por unanimidad hace un par de meses. 

Si bien la ley exige que las firmas sean certificadas, esa exigencia no es a los fines de corroborar las razones de legalidad sobre lo que se está firmando, no es la escritura de una casa o la entrega de un poder para a un juicio. Es simplemente volcar la adhesión de un vecino a una iniciativa parlamentaria solicitando que se discuta (ni siquiera que se apruebe), para que al menos se debata un proyecto para avanzar sobre una temática de salud pública como lo es el autocultivo de cannabis para la salud.

Justamente la incorporación de la exigencia de la certificación de la firma en la ley está puesta al sólo efecto de que haya alguien que se haga cargo de que quienes suscriben son genuinamente personas de carne y hueso, y que así no se trata de una persona que empieza a completar datos de vecinos falsificando firmas. El tribunal Electoral y luego la Comisión de Asuntos Constitucionales y legislación general es la encargada de verificar dichos cumplimientos. Por eso es al solo efecto de que exista alguien que tome la responsabilidad para sí de certificar que son personas las que están firmando y suscribiendo de puño y letra cada una de esas adhesiones que se manifiestan en las planillas.

De allí entonces que la intensidad de los requisitos para ser certificadores son al mínimo posible porque la idea precisamente es poder poner en prueba, en evidencia, un elemento constitucional de participación ciudadana, como lo es la iniciativa popular.

En otros términos rigen también los principios básicos del derecho administrativo, como la inderogabilidad por el acto administrativo individual, es decir, al solicitar que se habiliten comercios con estos vecinos que se ofrecen voluntariamente como certificadores el Presidente no puede derogar una norma que ya aprobaron.

Por todos estos fundamentos es que ante un nuevo pedido para la apertura de más espacios para la junta y certificación de firmas, los ediles reginenses debieran tomar el compromiso asumido y habilitar dicho requerimiento, justificando de este modo la aprobación de la ordenanza demostrando que no fue un “acto demagógico para la tribuna”, construcción que suele ser un pedido interno constante entre ediles en cada sesión del Concejo.

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    Una independencia que no quería cambiar de dueño: Malvinas, Milei y la paradoja de enfrentar a Londres bajo el paraguas de Washington

     

    Milei volvió a reivindicar Malvinas y anunció sanciones contra empresas que operen allí, mientras acelera la base naval de Ushuaia. La historia de 1816 plantea una pregunta incómoda sobre la soberanía.

    Por Roque Pérez para NLI

    Bandera de Estados Unidos flamenado en Ushuaia (2024)

    En 1816, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron romper formalmente con la monarquía española, había una cuestión que iba mucho más allá de la ruptura con Fernando VII. La independencia no podía significar simplemente dejar de obedecer a Madrid para comenzar a obedecer a otra capital. Por eso, diez días después de aquella declaración del 9 de julio, el Congreso de Tucumán incorporó una precisión que tiene una vigencia política sorprendente dos siglos más tarde: las Provincias Unidas serían una nación libre e independiente «del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli» y «de toda otra dominación extranjera». El agregado no fue decorativo ni una corrección de estilo. Pedro Medrano pidió incorporarlo expresamente para despejar los rumores sobre posibles proyectos destinados a colocar al nuevo país bajo la autoridad de otra potencia, en particular frente a las especulaciones relacionadas con Portugal.

    Ese detalle histórico adquiere otra dimensión después del discurso que Javier Milei pronunció ayer en cadena nacional, en el que volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la escena política argentina. El Presidente anunció un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que participen de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina y anticipó medidas destinadas a reforzar las capacidades defensivas en Tierra del Fuego, incluyendo la aceleración de la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Según explicó, esa infraestructura debería convertirse en un polo estratégico para la presencia argentina en el Atlántico Sur.

    La reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas, por supuesto, no constituye ninguna novedad ni pertenece a un gobierno determinado: es una política de Estado respaldada por décadas de diplomacia argentina y por la propia Constitución Nacional. Lo que vuelve políticamente particular el discurso de Milei es el contexto internacional en el que aparece y la arquitectura de alianzas que el Gobierno construyó desde su llegada al poder. Porque mientras el Presidente vuelve a confrontar discursivamente con el Reino Unido por la ocupación de las islas, su estrategia geopolítica ha colocado a Estados Unidos en un lugar privilegiado, precisamente en materia militar, logística y estratégica.

    La frase de 1816 que vuelve como una pregunta incómoda

    La historia del agregado del 19 de julio tiene una fuerza simbólica difícil de ignorar. El Congreso no se conformó con declarar la ruptura con la Corona española. Quiso dejar escrito que la emancipación no habilitaba el reemplazo de una dependencia por otra. La documentación histórica conservada por el propio Estado argentino señala que aquella fórmula adicional buscaba sofocar los rumores sobre una eventual dominación extranjera, mientras otras reconstrucciones históricas explican que existían especulaciones sobre un posible sometimiento al rey de Portugal.

    La idea de fondo era mucho más profunda que la disputa circunstancial entre distintas facciones políticas. Ser independiente significaba conservar la capacidad de decidir el propio destino, incluso cuando el escenario internacional obligara a negociar, establecer alianzas o convivir con potencias mucho más poderosas. San Martín, Belgrano y buena parte de los dirigentes de aquel proceso entendían que la emancipación debía ser continental y que la supervivencia de las nuevas naciones dependía, en buena medida, de no quedar sometidas a los intereses de las grandes potencias de la época. El propio Estado argentino reconoce que el Congreso de 1816 rechazó fórmulas intermedias que pudieran desembocar en alguna forma de protectorado.

    Dos siglos después, la pregunta puede formularse de otra manera: ¿se puede hablar de soberanía plena sobre Malvinas mientras la estrategia para defender esa soberanía queda estrechamente asociada a una potencia extranjera?

    No se trata de equiparar automáticamente una base militar contemporánea con un protectorado colonial del siglo XIX. Sería históricamente incorrecto. Una cooperación militar no implica por sí misma pérdida de soberanía. Pero sí resulta legítimo discutir qué intereses estratégicos persigue esa cooperación, quién define sus objetivos y qué margen conserva la Argentina para establecer una política autónoma en el Atlántico Sur.

    Y ahí aparece un antecedente que resulta particularmente incómodo para el relato actual.

    En abril de 2024, Milei había dicho que la instalación de una base estadounidense en Ushuaia constituía «el primer paso» para recuperar las Malvinas. En aquella oportunidad sostuvo que Estados Unidos era su aliado y vinculó explícitamente la presencia militar norteamericana en Tierra del Fuego con el reclamo argentino sobre las islas y la Antártida. También había destacado la visita de la entonces jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, y presentado la cooperación militar con Washington como parte de una estrategia de integración con Occidente.

    La cuestión, entonces, no es solamente qué dijo Milei ayer sobre Malvinas. Es qué relación existe entre lo que dijo ayer y aquello que había dicho en 2024.

    Malvinas, Trump y una oportunidad que no necesariamente es argentina

    El otro elemento que vuelve especialmente significativo el discurso presidencial es Donald Trump. Apenas unos días antes, el mandatario estadounidense había dejado abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington frente a la cuestión Malvinas. Consultado en el Salón Oval sobre si Estados Unidos podía modificar su postura histórica, Trump respondió que revisa todas las posiciones y que esa era «solo una» entre muchas. No anunció un cambio concreto de política, pero dejó deliberadamente abierta una puerta.

    El contexto importa. La declaración de Trump apareció en medio de sus fuertes presiones sobre el Reino Unido para que aumente su gasto militar y acompañe más decididamente la estrategia internacional de Washington. Por eso, una parte importante del análisis internacional interpreta la carta Malvinas no como un repentino descubrimiento de la causa argentina por parte de la Casa Blanca, sino como una herramienta de presión de Trump sobre Londres.

    Y esto modifica considerablemente la lectura. Porque si Trump utiliza Malvinas como una ficha en su negociación con el Reino Unido, la causa argentina corre el riesgo de convertirse nuevamente en una pieza dentro del tablero estratégico de una potencia que tiene sus propios intereses globales.

    Milei, naturalmente, puede considerar que esa circunstancia representa una oportunidad histórica. Y desde una perspectiva diplomática, cualquier modificación de la posición de una potencia como Estados Unidos puede resultar relevante para la Argentina. Pero existe una diferencia sustancial entre aprovechar una oportunidad internacional desde una posición autónoma y hacerlo subordinando la estrategia nacional a los intereses de quien ofrece esa oportunidad.

    El problema se vuelve todavía más evidente cuando la misma potencia que eventualmente podría modificar su postura sobre Malvinas es presentada por el Gobierno argentino como su principal aliado estratégico y cuando la presencia militar estadounidense en Tierra del Fuego fue reivindicada por el propio Milei como parte del camino para recuperar las islas.

    ¿Contra Inglaterra con una mano y abrazados a Estados Unidos con la otra?

    El discurso presidencial tiene, entonces, una paradoja difícil de esquivar. Milei endurece su posición frente a las empresas que explotan recursos naturales en Malvinas, cuestiona al Reino Unido y reivindica la soberanía argentina, pero al mismo tiempo acelera una infraestructura militar en el extremo sur cuyo desarrollo está inserto en una relación de cooperación estratégica con Estados Unidos.

    Incluso las sanciones anunciadas ayer tienen un componente concreto que merece atención: el Gobierno apunta al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y pretende ampliar las herramientas para impedir que empresas vinculadas con esa explotación puedan operar en territorio argentino. La decisión coloca nuevamente los recursos naturales del Atlántico Sur en el centro de la disputa, justamente cuando el petróleo de Malvinas empieza a adquirir una importancia económica y geopolítica cada vez mayor.

    Pero la soberanía no se reduce a quién puede o no perforar un pozo. Soberanía también significa decidir con quién se establecen alianzas militares, qué fuerzas extranjeras participan de la arquitectura estratégica del territorio nacional, qué intereses se protegen y cuál es el grado de autonomía con el que se toman esas decisiones.

    Por eso la frase incorporada al Acta de Independencia en 1816 vuelve a resultar incómodamente actual. Aquellos congresales no escribieron solamente que querían dejar de pertenecer a España. Escribieron que no querían pertenecer a ninguna otra dominación extranjera. Y lo hicieron precisamente porque conocían el riesgo de que una revolución emancipadora pudiera terminar cambiando de dueño.

    La Argentina del siglo XXI no es la Argentina de 1816 y Estados Unidos no es Portugal. Las circunstancias son completamente diferentes. Pero la pregunta de fondo conserva una vigencia extraordinaria: ¿para recuperar una parte de nuestro territorio nacional necesitamos apoyarnos militarmente en otra potencia extranjera?

    Milei parece haber encontrado en Malvinas una causa capaz de recuperar una bandera política que durante buena parte de su gobierno había quedado relegada detrás de su alineamiento incondicional con Washington y de sus elogios a Margaret Thatcher. Ahora el Presidente habla de soberanía, sanciona empresas que explotan recursos en las islas y anuncia mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.

    Pero justamente por eso la discusión merece ser mucho más profunda que una consigna. Malvinas no puede convertirse en una bandera que se agita contra Londres mientras se entrega el mapa estratégico del Atlántico Sur a Washington. Defender la soberanía argentina sobre las islas implica, también, discutir la soberanía sobre el territorio continental, los recursos naturales, el mar, la Antártida y las decisiones estratégicas que afectan a toda la región.

    En 1816, los hombres reunidos en Tucumán entendieron que la independencia no consistía en elegir cuál sería la próxima potencia a obedecer. La independencia consistía en no tener amo. Dos siglos después, esa diferencia sigue siendo demasiado importante como para dejarla flotando en una cadena nacional.

     

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