La Agencia para la Prevención y Asistencia en Adicciones de Rio Negro (Apasa) brindará un curso por la red YouTube denominado «Hablemos de Marihuana» que será abierto a la comunidad «con el objetivo de concientizar, informar y debatir sobre distintos aspectos del cannabis», a partir del 14 de junio con emisiones todos los segundos lunes de cada mes hasta diciembre, se informó hoy oficialmente,
El espacio virtual buscará desmitificar algunas creencias obtenidas en el tiempo acerca del cannabis, mostrando un abordaje científico, psicológico, social, y su consumo en diferentes contextos de la vida.
En ese marco se intentará acercar a la comunidad un espacio de información y sensibilización de la marihuana, en diferentes encuentros con profesionales.
«Con exposiciones de distintos disertantes se transmitirá información científica y actualizada sobre la temática y se brindará información sobre el abordaje y formas de consumo, como por ejemplo recreacional, adictiva y medicinal», detalla la información.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), «el cannabis es la droga ilícita más usada a nivel mundial».
Según la Secretaría de Programación para la Prevención de Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), «en la Argentina creció el consumo en los últimos años, situándose el comienzo antes de los 15 años de edad».
El ciclo de charlas está programado para iniciar el día 14 de junio y se replicará el segundo lunes de cada mes hasta diciembre, abordando en cada charla un eje diferente a exponer con profesionales renombrados a nivel Nacional y Mundial.
Los encuentros serán en el canal de la Agencia de Adicciones Apasa de la red You Tube, y se requiere inscripción previa a través del siguiente link https://bit.ly/3p7hcoF.
Una vez inscriptos, se enviará el link de acceso dos días antes de la charla, con información acerca de la temática y de los disertantes.
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El gobierno de Javier Milei congeló el subsidio a la tarifa social de colectivos bajo sistema SUBE. A partir de ahora, la compensación del 55% queda fija a la tarifa de referencia al 30 de junio y dejará de actualizarse al valor del boleto vigente.
Eso significa que, cuando las jurisdicciones definan nuevos aumentos, Nación no pondrá más recursos que los que destina al momento para ese beneficio.
La resolucion de la Secretaría de Transporte que se oficializó este miércoles disparó reacciones de rechazo en varios municipios, mientras ya hay provincias que avisan que no se harán cargo de los baches que dejará el subsidio nacional a futuro.
En el sector calculan que, en una próxima actualización del boleto, el peso de la tarifa social podría caer del 55% al 43%, algo que repercutiría muy fuerte en los sectores más vulnerables.
En ese sentido, fuentes del sector consultadas por LPO no dudan que, «para compensar» esa merma de recursos provenientes de Nación, «los próximos aumentos del cuadro tarifario tendrán que contemplar ese aspecto», por lo que el peso recaerá en los usuarios en general.
Eso, o directamente un derrumbe en el tiempo de la gravitación de la tarifa social. En el sector calculan que, en la próxima actualización, podría caer del 55% al 43%, algo que repercutiría muy fuerte en los sectores más vulnerables.
Hay empresarios que ya vaticinan por lo bajo que caerá aún más el índice pasajero-kilómetro, lo que genera un efecto dominó que ya se vio en abril pasado, con la reducción de frecuencias
Actualmente, ese beneficio abarca a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo, del programa Progresar, personal de casas particulares, monotributistas sociales y veteranos de Malvinas, entre otros.
Por lo pronto, hay empresarios que ya vaticinan por lo bajo que caerá aún más el índice pasajero-kilómetro, lo que genera un efecto dominó que ya se vio en abril pasado, con la reducción de frecuencias por parte de numerosos empresas de colectivos del AMBA y de grandes centros urbanos del interior bonaerense.
Frente a eso, ya surgen expresiones de rechazo desde los municipios. «No es un cambio técnico, es una decisión política: el Estado Nacional se retira del transporte público del interior del país», dijo en su cuenta de X el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli.
El jefe comunal de la capital pampeana advirtió que, a partir de ahora, cada vez que se actualicen las tarifas, «la diferencia la van a pagar los vecinos o los municipios».
En tanto, un empresario del interior bonaerense, dijo a LPO: «La consecuencia para el sistema es que lo no abonado por el usuario de la tarifa social ni el Estado Nacional, será abonado por el resto de los usuarios. Es decir, se aumentará más todo el cuadro tarifario para compensar».
Mientras, ya hay provincias que advierten que no absorberán la diferencia que deje de aportar Nación. «Mendoza no va a poder hacerse cargo de estos subsidios nacionales que otorga Nación», dijo a LVDiez el subsecretario de Transporte de la gestión Cornejo, Luis Borrego.
El gobierno de Javier Milei apura la entrega de nuevos permisos para expandir la pesca del calamar, actualmente la especie más rentable. Busca hacerlo en tiempo récord, lo que desató sospechas de actores del sector sobre la transparencia del proceso y el rechazo del gobierno de Axel Kicillof, que acusa discriminación.
En el Consejo Federal Pesquero (CFP) que integra con las provincias del litoral marítimo, Nación informó a mediados de mayo que estaba elaborando una propuesta para sumar nuevos buques poteros y expandir la explotación del calamar.
Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos. Ahí, se estableció un plazo exprés de 20 días hábiles para la presentación de proyectos para obtener alguno de los 18 nuevos permisos de explotación por hasta 30 años.
La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
En el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas señalaron que el plazo exiguo que se determinó para presentar propuestas «solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación».
Pero la aprobación no fue por unanimidad. El representante de la provincia de Buenos Aires, Carlos Liberman, advirtió sobre la inexistencia de instancias previas de análisis del proyecto, alertó sobre el impacto que esa expansión podría tener el stock de calamar y denunció una situación de «gravedad inusitada».
Ahí, sostuvo que, en las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que propongan descargar el calamar en la provincia de Buenos Aires tienen solo por esa razón un puntaje inferior al de aquellos que propongan hacer sus descargas en otro puerto del país.
«Esta discriminación es injustificada, choca con la Ley Federal de Pesca, es arbitraria e inconstitucional», denunció Liberman, según consta en las actas de la sesión del CFP donde se debatió el proyecto.
En esa disparidad, el mayor perjuicio lo focalizan en Mar del Plata, donde este jueves el gremio Supa y la Federación de Cooperativas Portuarias presentaron una demanda contra la resolución que definieron como una «acción de gobierno que aparece deliberadamente en contra de los intereses marítimos de los marplatenses».
El apuro por sacar los nuevos permisos fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
Más directo fue el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la entidad empresaria del sector más fuerte de Mar del Plata, que apuntó contra los tiempos acotados para presentarse por uno de los 18 permisos y reclamó modificar los plazos para llevarlo a un periodo no menor a los 180 días corridos.
«El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», dijo la gerenta del Cepa, María Fernanda Grimaldi, en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla a la que tuvo acceso LPO.
El subsecretario de Pesca y titular del Consejo Federal Pesquero, Juan López Cazorla.
Y agregó: «Dicho plazo solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación, mientras que el resto no».
Algunas fuentes del sector consultadas por LPO ven el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.
Ahora, en el entramado portuario hay quienes señalan que este proceso habilitará una mayor presencia de intereses chinos en la pesca nacional, reforzando lo que ya sucede con la pesca de calamar.
Un informe reciente del investigador especializado en pesca ilegal y conservación marina Milko Schvartzman reveló que, de los 84 barcos poteros (especializados en captura de calamar) que operan dentro de las 200 millas marinas de jurisdicción argentina, 53 (más de un 63% el total) están controlados por firmas de origen chino.
Se trata de empresas constituidas en el país, que operan con buques de bandera argentina -como todos los que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)- pero que tienen origen de capital chino.
En el sector que advierten que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados en el mar argentino y no la nota de dos carillas del Inidep.
Para sumar 18 barcos a los 84 existentes, en Nación se ampararon en una nota de una página y media del Inidep, el Instituto de Desarrollo Pesquero que asesora en el uso racional de los recursos.
En esas dos carillas, el Inidep expuso que la flota potera nacional llegó a tener 150 buques, por lo que sumar hasta 20 más no implicaría un riesgo para el recurso.
Ese argumento fue tajantemente objetado por la Provincia de Buenos Aires, donde expusieron que los buques actuales tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a pescar hasta 900.
En Nación argumentaron que el calamar que no se pesca en la ZEEA es capturado por buques extranjeros en la milla 201. Pero en el gobierno bonaerense señalaron que las dos poblaciones de calamar que más se pescan, no salen de la ZEEA.
Los buques poteros que hoy operan tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a contener hasta 900 tn.
Hay actores del sector que advierten sobre el riesgo para el recurso y reclamaron que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados por estos buques, y no la nota de dos carillas del Inidep.
Por eso, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a cargo de Javier Rodríguez interpuso un recurso de reconsideración ante el CFP que entró en la sesión de este jueves. El planteo fue girado para su análisis, pero en la Provincia no se hacen demasiadas expectativas y, de ser rechazado el planteo, analizan ir a la Justicia.
No queda mucho tiempo. El plazo establecido por el CFP para presentar propuestas vence en los primeros días de julio. «Quieren hacer todo antes de que termine el Mundial», dijo una fuente del sector que alertó que, de avanzar el otorgamiento de estos permisos, una mecánica similar tendrá la cuotificación del langostino.
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