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“SE SIGUEN GASTANDO RECURSOS DEL ESTADO EN DESLEGITIMARNOS”

El jueves 6 de mayo gendarmería Nacional en Senillosa detuvo por 4 gramos de marihuana a tres  integrantes de Ciencia Sativa de Bariloche, una agrupación que colabora con el Estado, prestando su experticia y sus saberes, acumulados en años de clandestinidad y estigmatización.

Ciencia Sativa es parte del Consejo Consultivo Nacional y colabora, en el proyecto de cultivo de cannabis en Guerrico, con el Inta, de allí volvían los 3 expertos investigadores de cannabis y sus usos terapéuticos. “Más real sería decir que ponen tiempo, experiencia, cuerpo y alma”, expresó en sus redes Maria Eugenia Sar reconocida militante rionegrina por el uso medicinal del cannabis.

María Eugenia Sar es la abuela de Joaquín, el niño de 8 años que padece sindrome de tourette. Ése al que la cámara federal de Roca le revocó la medida cautelar que le permitía a su familia cultivar las plantas de cannabis para fabricar el aceite que usan de medicina.

Precisamente volvían de una reunión a la que fueron convocados especialmente por la Subsecretaría de Fortalecimiento de Pymes del Ministerio de Agroindustrias para trabajar junto con autoridades del Inase en el proyecto de cultivo que se desarrolla en Inta Alto Valle. Tuvieron varias reuniones en pos de fortalecer el proyecto, ver líneas de financiamiento, analizar las nuevas resoluciones del Inase y ver cómo colaborar a partir del proyecto con productores, etc. Su tiempo, sus saberes a disposición del bien común.

En definitiva habían viajado a ofrecer su experiencia a un Estado que tarda en la provisión de esta medicina y resultan detenidos y demorados por agentes del mismo Estado!!! Un Estado que no deja de perseguir y criminalizar el uso de esta planta”, expresa Maria Eugenia.

Por el hecho, sufrieron demoras, debieron hacer frente a una requisa del rodado y hasta un narcotest, y la actuación fue derivada al Juzgado Federal de Neuquén.

“Acta, narcotest, secuestro de unos gramos de marihuana, horas en la ruta. Paradoja? Joda? Broma de mal gusto? No! Es la hipócrita realidad que aún padecemos”, sentencia Sar.

«Queremos visibilizar estas cosas que pasan, estamos tratando de visibilizar estas incongruencias y el avance en una regulación de cannabis medicinal, pero, por otro lado, seguimos sin regulación integral para la mayoría de los consumidores y cultivadores de cannabis, siguen estas detenciones y demoras por muy pocas cantidades a consumidores», advirtió Gabriela Calzolari, bióloga y referente de Ciencia Sativa.

“Imaginen que si esto le pasó a reconocidos referentes y acreditados colaboradores del Estado … ¿Qué suerte corren aquellxs que no cuentan con esa visibilidad?. Se sigue criminalizando a usuarixs por pequeñas cantidades, se siguen gastando recursos del estado en deslegitimarnos, reprobarnos, estigmatizarnos”, dice la abuela de Joaco a sabiendas que el Cannabis está legitimado, el derecho al cannabis medicinal está legislado. El primer obligado a respetarnos es el Estado!.

“Basta de presxs por plantar, pero basta en serio carajo!”, cierra su testimonio en sus redes y envía absoluta solidaridad y acompañamiento incondicional para lxs amigxs de Ciencia Sativa desde Cannabis Terapéutico San Antonio Las Grutas.

#RegulacionIntegraldelCannabis
#BastaDePresxsPorPlantar

Imagen: Marcha día mundial del cannabis en Las Grutas

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  • Córdoba perdió 11 mil empleos privados en dos años y se resiente la matriz productiva

     

    La matriz productiva de Córdoba, basada en el empleo privado formal, está sufriendo un fuerte deterioro y pone en jaque al entramado empresario que la sostiene. Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, la provincia perdió 11.200 puestos de trabajo asalariados privados registrados. 

    La línea histórica es así: en septiembre de 2025 había 520.600 asalariados formales en el sector privado, 1.400 menos que en agosto. Respecto de septiembre de 2024, la merma de puestos fue de 100, pero, si la comparación se lleva a septiembre de 2023, la destrucción de empleos sube a los 11.200.

    El golpe no se limita al empleo. En paralelo, se está achicando el universo de empresas. Entre octubre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 3.746 unidades productivas en la provincia, de acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La caída equivale al 7,7% del total de empleadores, que hoy ronda los 48.700.

    Traducido a una imagen cruda: en Córdoba cierran, en promedio, cinco empresas por día. Y aunque los registros de la SRT incluyen también a organismos públicos, lo cierto es que el fenómeno se concentra de manera abrumadora en el sector privado. La narrativa de «Córdoba, corazón productivo del país» está en crisis.

    La industria metalúrgica se desplomó en diciembre y tuvo su peor año desde la pandemia

    La sangría es más profunda en las micro y pequeñas firmas de hasta diez trabajadores, que constituyen la base histórica del empleo cordobés. Muchas bajaron definitivamente la persiana; otras sobrevivieron deslizándose hacia la informalidad total, expulsando empleo registrado y degradando la calidad del trabajo.

    El resultado es un mercado laboral estancado, con informalidad creciente, baja productividad y salarios deteriorados. Un combo que golpea de lleno a una provincia que siempre se jactó de su perfil productivo, de tener un nivel de empleo público relativamente bajo y de sostener su desarrollo sobre la iniciativa privada.

    Entre octubre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 3.746 empresas

    en Córdoba. La caída equivale al 7,7% del total de empleadores. Es decir que cierran, en promedio, cinco empresas por día. La narrativa de «Córdoba, corazón productivo del país» está en crisis

    Los datos nacionales refuerzan el diagnóstico. En los últimos diez años, el sector privado formal perdió 71 mil puestos de trabajo en todo el país, mientras que el empleo público creció en más de 316 mil trabajadores. En paralelo, explotó el llamado «mundo monotributo»: casi 700 mil nuevos aportantes, muchas veces como salida precaria frente a la falta de empleo asalariado.

    En ese contexto, Córdoba no quedó al margen del deterioro general, aunque logró amortiguarlo mejor que otras provincias. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el empleo privado registrado cayó 3,04% a nivel nacional, mientras que en Córdoba la baja fue del 2,07%s. El desempeño relativo la ubica entre las siete provincias con menor destrucción de empleo privado.

    Según el Gobierno provincial, ese diferencial se explica por las políticas activas de empleo funcionaron como un dique de contención frente al ajuste nacional. Los programas PPP y Empleo +26, en sus ediciones 2024 y 2025, generaron 6.200 puestos de trabajo directos con contratos por tiempo indeterminado y facilitaron la inserción laboral de más de 23 mil personas mediante prácticas laborales.

    Sin ese colchón, estiman fuentes oficiales, la caída del empleo privado formal en Córdoba habría sido del 3,24%, lo que implica alrededor de 17.200 puestos perdidos desde fines de 2023.

    La paradoja cordobesa queda así expuesta. La provincia resiste mejor que otras gracias a políticas activas y a su perfil productivo, pero no logra escapar al deterioro de fondo. Menos empresas, menos empleo privado y una matriz laboral cada vez más frágil ponen en cuestión el corazón del modelo económico provincial.

     

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    Gobierno nacional reordena el RENAPER: se va un funcionario bajo investigación y llega un exjerárquico porteño con antecedentes polémicos

     

    El Ejecutivo aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos, indagado en una causa por contratos sospechados de corrupción, y designó al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux como nuevo titular del Registro Nacional de las Personas. El recambio, firmado por Milei, vuelve a exponer la lógica de reciclaje de cuadros del macrismo porteño en áreas sensibles del Estado.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Gobierno nacional oficializó este lunes cambios en la conducción de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), un organismo clave para la identificación de millones de argentinos y argentinas. A través del Decreto 33/2026, Milei aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos, que se hará efectiva a partir del 1° de febrero, y designó en su reemplazo a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

    La salida de Santos no es un dato menor. El ahora ex director del RENAPER fue indagado en 2024 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa conocida como Securitas, una investigación que analiza contratos de seguridad sospechados de encubrir el pago de coimas en distintos organismos del Estado, entre ellos el Ejército, el Senasa, la Anmac y Aeropuertos Argentina 2000. Pese a ese contexto, el decreto presidencial se limita a “agradecer los servicios prestados”.

    Santos no era un recién llegado al Estado: fue funcionario del Registro Nacional de las Personas durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, lo que grafica una continuidad administrativa que atravesó gobiernos de distinto signo político y que hoy vuelve a quedar bajo la lupa judicial.

    Un reemplazo con sello PRO

    El nuevo titular del RENAPER, Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Derecho Administrativo. Su carrera se desarrolló casi íntegramente en la estructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en 2005 y fue ocupando cargos de mayor jerarquía.

    Entre otros antecedentes, fue Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos y luego Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control. En ese rol impulsó reformas normativas como la Ley 6.101, marco de regulación de actividades económicas en la Ciudad.

    Sin embargo, su paso por la AGC está lejos de ser neutro. En 2016 ocupaba ese cargo cuando ocurrió la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp, en la que murieron cinco jóvenes por el consumo de drogas adulteradas. Un año después, fue procesado por el juez Sebastián Casanello, en una causa que puso en cuestión los controles estatales sobre ese evento.

    De la Ciudad al Estado nacional

    Entre 2019 y 2023, Pérez Lorgueilleux se desempeñó como Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, con responsabilidad sobre la planificación y administración de bienes y servicios de la Policía de la Ciudad, los Bomberos y el conjunto del ministerio.

    Desde diciembre de 2023 y hasta su designación en el RENAPER, ocupaba el cargo de Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su llegada al organismo nacional refuerza el desembarco de cuadros provenientes del macrismo porteño en áreas estratégicas del Estado, en sintonía con la alianza política que Milei sostiene con Diego Santilli, uno de los referentes de ese espacio.

    Un organismo sensible, sin explicaciones políticas

    El RENAPER no es una dependencia más: administra el sistema de documentos de identidad, padrones y datos personales de la población. El decreto presidencial, amparado en el artículo 99 inciso 7 de la Constitución, no ofrece explicaciones políticas ni administrativas sobre el criterio del recambio, más allá de la formalidad institucional.

    Mientras se acepta la renuncia de un funcionario bajo investigación judicial y se designa a otro con antecedentes controvertidos, el Gobierno avanza en su reconfiguración del Estado sin rendir cuentas públicas. Una vez más, los organismos sensibles quedan atrapados entre causas judiciales, reciclaje de funcionarios y silencios oficiales.

     

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