Política

 

Santiago Muzio renunció a la Casa Argentina en París tras meses de polémicas por su gestión, memoria histórica y vínculos con sectores de ultraderecha.

Por Redacción de NLI

La renuncia de Santiago Muzio a la dirección de la Casa Argentina en París cerró, al menos por ahora, un capítulo incómodo para el gobierno de Milei. El funcionario, designado por la actual administración en 2024, dejó el cargo después de meses de cuestionamientos por su gestión, denuncias de residentes y polémicas que incluyeron el retiro de una placa en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura y actividades vinculadas a sectores de ultraderecha. La salida, además, ocurre a pocas semanas de una nueva visita de Milei a Francia, en un contexto en el que el Gobierno habría buscado evitar que el escándalo siguiera creciendo y terminara salpicando directamente al Presidente.

La Casa Argentina funciona dentro de la Cité Universitaire de París y tiene una particularidad que vuelve especialmente sensible cualquier disputa sobre su conducción: no es simplemente una residencia para argentinos que estudian o investigan en Francia, sino también una institución vinculada con la presencia cultural y académica argentina en el exterior. Por eso, lo ocurrido durante la gestión de Muzio excede una discusión interna sobre administración. La controversia terminó involucrando memoria histórica, convivencia universitaria, política exterior y la orientación ideológica que el Gobierno pretende imprimirle a espacios que tradicionalmente estuvieron vinculados con la universidad pública, la cultura y la investigación.

Una gestión atravesada por denuncias y polémicas

Muzio había llegado a la conducción de la Casa Argentina durante el gobierno de Milei y su administración fue acumulando cuestionamientos. El funcionario enfrentaba denuncias y que el Gobierno terminó presionándolo para evitar que el conflicto adquiriera mayor dimensión política antes de la visita presidencial a Francia.

Uno de los episodios que mayor repercusión generó fue el retiro de una placa que recordaba a los desaparecidos durante la dictadura argentina. El hecho resulta particularmente significativo porque la memoria de los crímenes de lesa humanidad constituye una de las construcciones democráticas más importantes de la Argentina desde 1983 y porque la Casa Argentina se encuentra inserta en un ámbito universitario internacional donde esa dimensión histórica no puede separarse de la propia identidad del país.

La controversia se profundizó con cuestionamientos relacionados con residentes y con la realización o recepción de encuentros vinculados a sectores de extrema derecha. Distintos medios señalaron que la gestión de Muzio había quedado bajo observación por decisiones internas y por sus vínculos con ámbitos políticos de ese espacio ideológico.

La combinación es políticamente explosiva para un gobierno que hizo de la batalla cultural uno de los ejes centrales de su identidad: una institución argentina en París, estudiantes y residentes, una placa de memoria retirada y actividades asociadas a la ultraderecha. Todo ello en el marco de una administración que desde su llegada al poder modificó radicalmente el discurso oficial sobre derechos humanos, memoria y el papel del Estado.

La renuncia de Muzio no borra esos episodios. Apenas cambia el nombre que estará al frente de la institución.

Cuando el problema deja de ser administrativo

La salida adquiere otra dimensión si se observa el calendario. Muzio renunció a pocos días de que el escándalo pudiera convertirse en un problema diplomático y político para Milei en Francia. La prensa argentina informó que la salida se produjo en medio de la preocupación oficial por el impacto que la controversia podía tener sobre la visita presidencial y sobre la agenda vinculada a la Paris Week, prevista para fines de septiembre.

Es allí donde una renuncia aparentemente menor empieza a revelar algo más profundo sobre el funcionamiento del Gobierno.

La administración Milei ha construido buena parte de su política exterior alrededor de la exposición internacional del Presidente, sus encuentros con líderes extranjeros, sus intervenciones políticas y su particular estrategia de alineamiento con Donald Trump y otros referentes de la derecha global. En ese esquema, cualquier escándalo producido dentro de una institución argentina en el exterior puede dejar de ser un problema burocrático para transformarse rápidamente en una incomodidad presidencial.

Y la Casa Argentina en París no es un lugar cualquiera. Está en una de las capitales políticas, culturales y diplomáticas más importantes del mundo y dentro de un espacio universitario de enorme visibilidad internacional. Una controversia vinculada con derechos humanos, estudiantes y organizaciones de ultraderecha difícilmente podía permanecer encerrada entre las paredes de una residencia.

De allí que la renuncia de Muzio pueda leerse también como una operación de control de daños.

Antes que asumir públicamente el costo político del escándalo, el Gobierno optó por cambiar al funcionario cuestionado.

El problema de fondo: qué Argentina se representa afuera

La discusión plantea además una pregunta que excede el nombre de Muzio: ¿qué Argentina quiere representar el gobierno de Milei en sus instituciones culturales y académicas en el extranjero?

Durante décadas, las casas argentinas en distintas ciudades del mundo funcionaron como espacios de encuentro para estudiantes, investigadores, artistas y ciudadanos que construían su experiencia fuera del país. La política exterior cultural podía tener gobiernos de distinto signo, pero existía una continuidad vinculada con la universidad, la investigación, la cultura y la memoria democrática.

El modelo libertario introdujo otra mirada sobre el Estado y sobre las instituciones públicas. En su concepción, buena parte de esas estructuras son vistas como espacios atravesados por privilegios, burocracias o intereses políticos que deberían ser revisados, reducidos o directamente eliminados. El conflicto de París aparece así como una expresión pequeña, pero significativa, de una disputa mucho mayor por el sentido de las instituciones argentinas.

Porque quitar una placa de homenaje a los desaparecidos no es simplemente retirar un objeto de una pared. Tampoco lo es convertir una residencia universitaria en escenario de determinadas disputas ideológicas. Son decisiones que transmiten un mensaje acerca de qué acontecimientos se consideran dignos de memoria y qué sectores políticos son considerados legítimos interlocutores.

En una institución que lleva el nombre de la Argentina, ese mensaje trasciende al funcionario de turno.

Por eso la renuncia de Muzio no debería clausurar el debate. Si el Gobierno considera que hubo errores de gestión, deberá explicar cuáles fueron. Si existieron denuncias, deberá aclararlas. Y si la salida estuvo vinculada con la necesidad de evitar un costo político para Milei antes de su visita a Francia, también sería saludable que lo explicara.

Porque cambiar al director puede apagar momentáneamente los titulares, pero no resuelve las preguntas que dejaron los meses de polémica.

La Casa Argentina seguirá allí, en París, como una representación del país. Y el verdadero interrogante ahora será qué orientación tendrá esa institución después de la salida de Muzio y si el Gobierno pretende recuperar su perfil académico y cultural o profundizar la transformación ideológica que atravesó su gestión.

La renuncia puede cerrar una crisis de nombres. Lo que todavía no está resuelto es la crisis de sentido.

 

 

Un crédito de más de $52.600 millones para una empresa creada en 2024, sin ingresos declarados y con inconsistencias en sus antecedentes terminó convertido en un escándalo dentro del Banco Nación. El dato político es inevitable: la operación fue impulsada desde la Casa Central en Buenos Aires, durante la administración de Milei, y el gerente que se negó a firmarla denunció presiones y terminó con un traslado a 1.300 kilómetros de su casa. La Justicia frenó la medida. El potencial beneficiario, Mariano Jinkis, acaba de admitir ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos en el escándalo FIFAgate.

Por Roque Pérez para NLI

Hay una contradicción que atraviesa buena parte de la gestión de Milei: el Gobierno habla permanentemente de eficiencia, austeridad, mérito y cuidado de los recursos públicos, pero cuando se mira el funcionamiento concreto de algunas estructuras estatales aparecen episodios que obligan a formular preguntas mucho más incómodas. El caso que acaba de salir a la luz en el Banco Nación es uno de ellos y tiene una cifra imposible de ignorar: más de $52.600 millones que estuvieron en proceso de evaluación para financiar un emprendimiento inmobiliario en Mar del Plata.

No se trata de una operación menor ni de una pyme buscando capital de trabajo. Se trataba de un proyecto inmobiliario compuesto por dos torres de 23 y 16 pisos, con 238 unidades funcionales, promovido por Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024. Según la investigación de Hugo Alconada Mon, la propia auditoría interna del Banco Nación detectó que la empresa no tenía experiencia comprobable en construcción, no presentaba ingresos durante el ejercicio analizado y tenía un balance negativo. Más todavía: en la documentación presentada aparecían como antecedentes obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que la sociedad había sido constituida recién en 2024.

El Estado que quería prestar $52.600 millones

El dato que debería encender todas las luces amarillas es que el crédito no comenzó en Mar del Plata porque el empresario hubiera llegado con una carpeta a golpear las puertas del banco. Según una auditoría interna citada por LA NACION, fue un área de la Casa Central del Banco Nación, en Buenos Aires, la que contactó al estudio de arquitectos vinculado con el emprendimiento para conseguir el contacto de Jardines de Chauvín. El banco ofrece otra versión sobre el origen de la relación, pero la propia auditoría dejó registrado que el proceso se inició desde Buenos Aires.

Es decir, la discusión no es solamente por quién pidió el préstamo. Lo verdaderamente relevante es quién dentro de la estructura estatal tomó la decisión de avanzar, quién evaluó el proyecto y por qué una operación de semejante magnitud llegó hasta las instancias superiores del banco cuando existían elementos que ya generaban dudas.

Durante 2025, funcionarios de la entidad consideraron que el proyecto tenía una “factibilidad financiera favorable” y una capacidad de repago consistente. Inicialmente se hablaba de unos $35.600 millones, pero una tasación externa ubicó el valor del emprendimiento en US$35,6 millones, equivalente entonces a unos $52.638 millones.

Y aquí aparece una de las partes más llamativas del expediente: mientras el proceso avanzaba desde Buenos Aires, el gerente de la Gerencia Zonal Atlántica, Pablo Pourrere, empezó a plantear objeciones. Cuestionó los antecedentes de la empresa, observó su situación económica y pidió una evaluación externa.

También apareció otro dato sensible. El principal accionista de Jardines de Chauvín era Mariano Jinkis, dueño del 90% de la sociedad. Jinkis y su padre, Hugo, habían quedado involucrados en el escándalo internacional FIFAgate y el 26 de agosto de este año admitieron ante la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015. El acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense contempla un pago de US$50 millones.

Ante ese antecedente, la Subgerencia General de Integridad del propio Nación había recomendado aplicar un “criterio reforzado de debida diligencia” antes de avanzar con la operación.

Pero el problema es que esa advertencia no llegó inmediatamente al gerente que debía analizar el crédito. El informe fue elaborado el 19 de febrero y, según la investigación, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.

El gerente dijo que no y después llegó el traslado

La secuencia es la que convierte un expediente crediticio en un problema político.

El 3 de marzo, desde el área de Productos Hipotecarios de Buenos Aires enviaron a Pourrere un modelo de resolución para avanzar con el crédito. La instrucción pedía continuar con la propuesta formal para el cliente, incluyendo incluso la apertura de cuentas y otros productos bancarios.

Pourrere se negó a firmar.

Pocos días después comenzó otro capítulo: el gerente fue notificado de su traslado a una sucursal de menor categoría en Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata. La resolución del Directorio estaba fechada el 20 de febrero, antes de la negativa formal, un argumento que el Banco utiliza para rechazar cualquier relación entre ambas cuestiones. Pero Pourrere denunció presiones y sostuvo que el traslado constituía una represalia por haberse negado a impulsar la operación.

Aquí es donde el caso adquiere una dimensión que excede al Banco Nación: ¿qué mensaje recibe un funcionario público cuando formula objeciones frente a una operación millonaria y poco después se encuentra con un traslado que lo aleja 1.300 kilómetros de su familia?

El Banco sostiene que ambos procesos fueron independientes. La Justicia, por ahora, no cerró esa discusión, pero sí consideró que había elementos suficientes para suspender el traslado. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, señaló que la medida, “prima facie”, no parecía estar debidamente fundada en razones objetivas y técnicas y tomó en consideración las inconsistencias detectadas en la operación, las presuntas presiones y las observaciones de la propia auditoría interna.

El discurso libertario frente a la caja del Estado

Y acá aparece el problema político para Milei.

El Banco Nación no es una entidad privada. Es una institución estatal que administra recursos públicos. Por eso, aunque todavía no exista ninguna prueba que permita afirmar que el Presidente haya intervenido personalmente en esta operación, sí resulta absolutamente legítimo preguntarle al Gobierno qué controles políticos y administrativos existen sobre lo que ocurre dentro de una institución estratégica que forma parte del aparato estatal nacional.

Más todavía cuando el relato oficial de La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política alrededor de una supuesta superioridad de la gestión privada sobre el Estado, de la eliminación de la “casta”, de la eficiencia y de la reducción del gasto público.

El episodio del Nación expone una paradoja difícil de esconder: el mismo Estado que el mileísmo presenta como ineficiente cuando tiene que garantizar derechos sociales aparece, en este expediente, intentando canalizar decenas de miles de millones de pesos hacia un emprendimiento privado.

Y no hacia cualquier empresa. Hacia una sociedad creada apenas dos años antes, sin ingresos declarados en el ejercicio analizado, con antecedentes documentales que despertaron objeciones y cuyo principal accionista acaba de admitir ante la Justicia norteamericana el pago de sobornos vinculados al fútbol internacional.

El crédito finalmente fue rechazado. Y ese dato es importante. No hay que decir que los $52.600 millones fueron entregados porque no lo fueron. Pero tampoco alcanza con decir que “no pasó nada” porque el dinero nunca salió.

Pasó que la Casa Central impulsó la operación. Pasó que hubo funcionarios que evaluaron favorablemente el proyecto. Pasó que aparecieron inconsistencias. Pasó que un informe de integridad recomendó extremar los controles. Pasó que documentación clave llegó con semanas de demora. Pasó que desde Buenos Aires se pidió avanzar con la propuesta formal. Pasó que un gerente se negó a firmar. Pasó que ese gerente recibió una orden de traslado a 1.300 kilómetros de distancia. Pasó que denunció presiones. Pasó que el propio Banco abrió una auditoría. Y pasó que esa auditoría encontró “deficiencias”, “inconsistencias”, debilidades documentales y ausencia de evidencia sobre experiencia comprobable en construcción.

Finalmente, el 18 de mayo, el propio Banco Nación terminó rechazando el financiamiento por cuestiones vinculadas con el riesgo reputacional y de integridad.

Por eso, el interrogante político no debería reducirse a si “Milei ordenó el crédito”, porque eso no está probado. La pregunta es mucho más seria: ¿cómo funciona el Banco Nación bajo la administración de Milei para que una operación de más de $52.600 millones pueda avanzar hasta semejante instancia pese a las objeciones internas que ya estaban planteadas?

Porque si el Gobierno pretende convencer a los argentinos de que el Estado debe retirarse de todo aquello que pueda hacer el sector privado, entonces tendrá que explicar también por qué la estructura estatal que administra el dinero de todos llegó a evaluar con semejante entusiasmo un crédito multimillonario para un emprendimiento privado rodeado de advertencias.

Y si la respuesta oficial es que los controles funcionaron porque finalmente el crédito fue rechazado, queda otra pregunta todavía más incómoda: ¿por qué fue necesario que un gerente se plantara, que aparecieran denuncias de presiones, que interviniera la Justicia y que una auditoría interna detectara inconsistencias para que esos controles terminaran funcionando?

En el Banco Nación de Milei, por ahora, los $52.600 millones no salieron. Pero el expediente dejó algo mucho más difícil de esconder: una radiografía de cómo se toman algunas decisiones dentro del Estado que el Gobierno dice querer hacer desaparecer.

 

 

Antes del celular y WhatsApp, el cartero era una figura central de la vida cotidiana argentina. Cartas, postales y telegramas construyeron una cultura de la espera.

Por Alcides Blanco para NLI

Hubo un tiempo en la Argentina en que el sonido de una bicicleta frenando frente a la puerta podía despertar una expectativa inmediata. El cartero llegaba con una bolsa cargada de sobres, postales, facturas, revistas y telegramas, y durante algunos minutos podía convertirse en la persona más esperada de toda la cuadra. No existían los mensajes instantáneos, el correo electrónico ni la posibilidad de saber inmediatamente qué estaba haciendo alguien que vivía a cientos de kilómetros. Una carta podía tardar varios días y, precisamente por eso, tenía un valor que hoy resulta difícil de explicar. Había personas que esperaban durante semanas una respuesta, familias que recibían noticias de hijos que habían emigrado a otra provincia o a otro país y parejas que sostenían su relación a través de sobres que viajaban de una ciudad a otra. En aquella Argentina, esperar también formaba parte de comunicarse.

El ritual de mirar el buzón

El correo tenía una presencia mucho más importante en la vida cotidiana que la que conserva actualmente. El buzón podía estar junto a la puerta, en una pared o en la entrada del edificio, y abrirlo formaba parte de las pequeñas rutinas domésticas. Había días en los que solamente aparecían facturas y publicidad, pero bastaba reconocer la letra del remitente para que todo cambiara. El sobre se abría con cuidado, a veces utilizando un cuchillo de cocina o simplemente rasgando uno de sus extremos, y antes de leer ya existía una pequeña emoción: alguien se había tomado el trabajo de escribir y enviar aquello.

Las cartas familiares podían contener varias páginas. Se contaban enfermedades, nacimientos, problemas laborales, viajes, cumpleaños, discusiones y novedades del barrio. Una persona que vivía lejos podía conocer la vida de su familia a través de una descripción detallada que hoy probablemente ocuparía varios mensajes de WhatsApp. También se mandaban fotografías, estampitas, pequeños recuerdos y postales. Para quienes tenían familiares en Europa, Estados Unidos u otros países de América, el correo era durante décadas uno de los principales vínculos con los argentinos que habían partido en busca de trabajo o nuevas oportunidades.

Los noviazgos a distancia tenían también su propio lenguaje epistolar. Una carta permitía pensar durante horas qué decir, tachar una frase, volver a escribirla y elegir cuidadosamente las palabras antes de cerrar el sobre. Después comenzaba la espera. No había confirmación de lectura ni dos tildes azules: solamente quedaba confiar en que la carta hubiera llegado y esperar una respuesta. Esa demora obligaba a convivir con la incertidumbre de una manera que las tecnologías actuales prácticamente eliminaron.

El cartero conocía el barrio

La figura del cartero tenía además una dimensión profundamente territorial. Quien recorría todos los días las mismas calles terminaba conociendo a buena parte de los vecinos, sus horarios y sus casas. Sabía quién recibía cartas del interior, dónde vivía una persona mayor, qué domicilio correspondía a una familia que acababa de mudarse y qué casa estaba vacía porque sus habitantes se habían ido de vacaciones. El cartero formaba parte del paisaje cotidiano del barrio, del mismo modo que el almacenero, el diariero o el encargado de la estación.

El correo argentino tenía, además, una importancia enorme para la administración de la vida cotidiana. Llegaban documentos, comunicaciones oficiales, facturas, revistas, diarios, tarjetas y todo tipo de correspondencia comercial. Antes de la expansión de las comunicaciones digitales, recibir determinada información podía depender literalmente de que un sobre recorriera correctamente una cadena de oficinas, centros de distribución y carteros hasta llegar a la puerta indicada.

Y después estaban los telegramas. Su llegada tenía una solemnidad especial porque generalmente estaban asociados con acontecimientos importantes o urgentes. Un nacimiento, una enfermedad grave, una noticia familiar o un fallecimiento podían comunicarse mediante unas pocas palabras que llegaban en un papel mucho más pequeño que una carta. El telegrama tenía algo de acontecimiento en sí mismo: cuando alguien decía que había llegado un telegrama, todos querían saber inmediatamente qué decía.

Las postales ocupaban otro lugar dentro de aquella cultura. Quien viajaba podía comprar una en Mar del Plata, Córdoba, Bariloche, Mendoza o cualquier destino turístico y enviarla a familiares o amigos. La imagen del lugar visitado aparecía en el frente y detrás se escribían unas pocas líneas. Muchas familias conservaban durante años esas postales en cajones o cajas. No eran solamente recuerdos de un viaje: eran pequeñas pruebas materiales de que alguien había estado allí y había pensado en quienes se habían quedado en casa.

Del sobre al mensaje instantáneo

La transformación comenzó lentamente y se aceleró con cada nueva tecnología. El teléfono redujo la necesidad de escribir para ciertas comunicaciones urgentes; luego aparecieron el fax, el correo electrónico, los teléfonos celulares y finalmente las aplicaciones de mensajería. La información dejó de depender de un cartero y pasó a circular prácticamente en tiempo real. La velocidad ganó lo que la espera perdió: hoy podemos saber en segundos si alguien recibió un mensaje, dónde está, qué está haciendo o si leyó lo que acabamos de escribir.

Pero esa velocidad también modificó la naturaleza de la comunicación. Escribir una carta implicaba detenerse, ordenar las ideas y producir un objeto que iba a viajar físicamente hasta otra persona. Un mensaje actual puede enviarse en pocos segundos y corregirse o reemplazarse inmediatamente. La carta, en cambio, quedaba allí como testimonio de un momento determinado. Décadas después podía volver a abrirse un sobre y recuperar una voz que ya no estaba, reconstruir una relación o recordar cómo pensaba alguien cuando todavía era joven.

Por eso muchas familias conservaron cartas durante generaciones. Algunas aparecen todavía dentro de cajas antiguas, junto con fotografías, documentos y postales. Son archivos íntimos de la historia argentina, porque permiten observar cómo hablaban las personas comunes, qué preocupaciones tenían, qué palabras utilizaban y qué acontecimientos atravesaban sus vidas. La historia de un país no está solamente en los discursos presidenciales, las leyes o los grandes acontecimientos: también está en esas hojas escritas a mano que alguien guardó porque no quería perderlas.

El cartero desapareció de la vida cotidiana como figura central, pero no dejó de existir. Continúa llevando correspondencia, documentos y paquetes, aunque su función quedó transformada por una sociedad en la que la comunicación personal viaja mayoritariamente por medios digitales. Aquella espera frente al buzón parece pertenecer a un mundo remoto, aunque apenas hayan pasado unas pocas décadas.

Quizás por eso una carta antigua produce una sensación tan particular. No necesita una contraseña, una batería ni conexión a internet. Puede estar amarillenta, doblada en cuatro y tener una estampilla que ya no se fabrica. Al abrirla, vuelve a aparecer una persona y vuelve a hablar desde otro tiempo. Hubo una Argentina en la que las noticias viajaban en bicicleta, dentro de una bolsa de cuero y detrás de un sello postal; y quizá por eso, cuando finalmente llegaban, parecían importar un poco más.

 

 

La periodista lanzó una acusación explosiva sobre la relación entre Javier Milei y Donald Trump y advirtió que los argentinos podríamos estar siendo utilizados como “títeres de intereses ajenos”. El interrogante que queda flotando es brutal: ¿el Gobierno está defendiendo la soberanía sobre Malvinas o está jugando una partida geopolítica diseñada en Washington?

Por Luis Bulnes Valdez para NLI

Hay preguntas que incomodan porque obligan a mirar detrás del escenario. Y hay preguntas que directamente pueden hacer saltar por los aires el relato oficial. Nancy Pazos puso sobre la mesa una de esas preguntas al analizar la relación entre Javier Milei y Donald Trump y el nuevo protagonismo que el Gobierno argentino le está dando a la cuestión Malvinas. Su planteo fue tan contundente como provocador: detrás del alineamiento entre ambos presidentes podría existir una negociación política y geopolítica que excede ampliamente la relación personal entre dos mandatarios.

Pazos habló de un supuesto “pacto secreto” y sostuvo que los argentinos estaríamos siendo utilizados como “títeres de intereses ajenos”. La afirmación, naturalmente, debe ser presentada como lo que es: una denuncia y una interpretación política de la periodista, no la existencia comprobada de un documento secreto firmado por Milei y Trump. Pero descartarla simplemente como una provocación sería demasiado cómodo. Porque hay algo que sí puede comprobarse: la Argentina de Milei avanzó hacia un alineamiento extraordinariamente estrecho con Estados Unidos, mientras la administración Trump convirtió el respaldo al Gobierno libertario en una pieza importante de su estrategia regional.

Y ahí aparece la pregunta que el poder preferiría evitar.

¿Qué está entregando la Argentina a cambio de ese respaldo?

Pazos apuntó al corazón del modelo Milei

Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei convirtió su relación con Trump en mucho más que una alianza diplomática. El Presidente argentino hizo de la admiración por el mandatario estadounidense una verdadera definición estratégica de su Gobierno. Washington pasó a ocupar un lugar privilegiado en la política exterior, mientras la Argentina profundizó sus vínculos económicos, financieros y estratégicos con Estados Unidos.

El cambio no es solamente discursivo. La Casa Blanca y el Tesoro estadounidense adquirieron una gravitación inédita sobre la economía argentina, en momentos en que el Gobierno necesita dólares, financiamiento y respaldo externo para sostener su programa económico.

Eso modifica inevitablemente la relación de fuerzas.

Porque una cosa es que Argentina tenga buenas relaciones con Estados Unidos. Otra muy distinta es que la estabilidad económica de un Gobierno dependa crecientemente del respaldo de una potencia extranjera y, simultáneamente, ese Gobierno adopte una política exterior de alineamiento prácticamente automático con Washington.

Pazos puso justamente el dedo en esa herida.

La cuestión no es si Milei puede reunirse con Trump, si puede admirarlo o si Estados Unidos puede convertirse en un socio privilegiado. Por supuesto que puede. El problema comienza cuando la frontera entre alianza estratégica y subordinación empieza a hacerse demasiado delgada.

Y en el medio aparece Malvinas.

¿Soberanía argentina o ficha de un tablero internacional?

La paradoja es difícil de ignorar.

Durante décadas, la Argentina sostuvo una política de Estado alrededor de la recuperación pacífica de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Gobiernos peronistas, radicales, desarrollistas, conservadores y de diferentes signos ideológicos mantuvieron, con matices, la misma reivindicación.

Ahora, bajo Milei, Malvinas vuelve al centro del discurso presidencial mientras el Gobierno profundiza su alianza con Estados Unidos.

Y Estados Unidos no es una potencia neutral en el Atlántico Sur.

Tiene intereses estratégicos, económicos, militares y geopolíticos propios. El Reino Unido es uno de sus principales aliados internacionales. Las islas constituyen una posición estratégica en el Atlántico Sur y la Antártida y tienen además una creciente importancia vinculada con recursos naturales, pesca, hidrocarburos y rutas marítimas.

Entonces aparece la contradicción que Pazos pone sobre la mesa: ¿puede un Gobierno que busca una relación de dependencia política, financiera y estratégica con Washington llevar adelante al mismo tiempo una política verdaderamente autónoma sobre Malvinas?

La pregunta no supone afirmar que Milei haya cedido la soberanía argentina. No existe evidencia pública que permita sostener se

 

 

En los años 70 y 80, miles de chicos argentinos pasaban el verano en las piletas de los clubes. La historia de las colonias y aquella vida de barrio.

Por Alcides Blanco para NLI

Hubo una Argentina en la que las vacaciones de verano no necesariamente implicaban viajar cientos de kilómetros ni reservar un departamento frente al mar. Para muchísimas familias, especialmente en las grandes ciudades, el verano empezaba cuando abría la pileta del club. Enero y febrero podían transcurrir a pocas cuadras de casa, entre una reposera, una pelota, un sándwich envuelto en papel, una gaseosa caliente y varias horas bajo el sol. Los chicos llegaban temprano para la colonia de vacaciones y volvían a casa agotados al mediodía; por la tarde, muchas veces, regresaban con sus padres o con los amigos del barrio. El club deportivo se convertía durante esos meses en una especie de playa doméstica, accesible para quienes no podían afrontar un viaje y, al mismo tiempo, en uno de los principales espacios de encuentro social de los barrios argentinos.

La colonia como parte de la infancia

La colonia de vacaciones tenía una organización que hoy puede resultar entrañable. Los chicos se agrupaban por edades, tenían profesores, horarios y actividades, y aprendían a nadar o perfeccionaban sus habilidades en la pileta mientras afuera se desarrollaba una vida paralela de juegos y amistades. Para muchos niños, la colonia era una prolongación de la escuela, pero sin guardapolvo, sin cuadernos y con la promesa de pasar buena parte del día en el agua. Había competencias, juegos por equipos, carreras, actividades deportivas y excursiones, pero también largos momentos de tiempo libre en los que la imaginación hacía el resto.

El club tenía además una ventaja decisiva para muchas familias: estaba cerca. En una época en la que no todos tenían automóvil y el transporte cotidiano tenía otras características, poder llegar caminando, en colectivo o en bicicleta significaba que los chicos podían desarrollar una autonomía que hoy resulta menos frecuente. El barrio era el territorio cotidiano y el club formaba parte de él. Los padres podían conocer a los profesores, a los dirigentes y a otras familias, mientras los chicos iban construyendo durante el verano una red de amistades que muchas veces continuaba durante todo el año.

La pileta también modificaba el ritmo familiar. El verano tenía horarios propios: almorzar más tarde, dormir una siesta, volver a la pileta después de las cuatro cuando el calor aflojaba y quedarse hasta que empezara a caer el sol. No había necesidad de llenar cada hora con una actividad organizada. Buena parte del atractivo consistía precisamente en tener tiempo libre. Los chicos podían pasar una tarde entera jugando a la pelota, haciendo competencias de clavados, charlando al borde de la pileta o inventando alguna aventura que en ese momento parecía importantísima.

El club como vacaciones posibles

Para las familias que no podían viajar, la pileta del club tenía además un significado económico. Las vacaciones fuera de la ciudad implicaban transporte, alojamiento, comida y otros gastos que no estaban al alcance de todos. El club ofrecía una alternativa mucho más accesible: una cuota social y, en algunos casos, un adicional por temporada permitían utilizar las instalaciones durante los meses de calor. La posibilidad de disfrutar del verano no dependía necesariamente de poder viajar, y eso convertía a las instituciones barriales en actores importantes de la vida social.

Esta característica estaba relacionada con una tradición mucho más antigua. Durante buena parte del siglo XX, los clubes argentinos fueron construyendo instalaciones deportivas y recreativas que excedían ampliamente la práctica competitiva. La pileta, el gimnasio, el salón de fiestas, la cancha y el buffet formaban parte de un mismo universo institucional. El club podía ser el lugar donde un chico aprendía a nadar, donde jugaba al fútbol, donde sus padres participaban de una comisión y donde la familia terminaba celebrando un cumpleaños. La institución acompañaba distintas etapas de la vida, algo que ayudaba a explicar su enorme arraigo.

En verano, además, aparecía una escena muy característica: las familias cargadas con bolsos, toallas, ojotas, termos y comida. La heladerita podía contener sandwiches, fruta y alguna bebida para evitar gastar demasiado en el buffet. Las madres y los padres buscaban un lugar con sombra mientras los chicos desaparecían rápidamente hacia la pileta. Al rato aparecía el problema inevitable: quién había perdido la toalla, quién tenía que ponerse protector solar nuevamente, quién había dejado las ojotas junto a la pileta y quién todavía no quería salir del agua.

También estaba la figura del guardavidas, que durante aquellas temporadas adquiría una autoridad especial. Su silbato podía detener una carrera, impedir una conducta peligrosa o anunciar que era momento de salir del agua. Los chicos aprendían así algunas de las primeras reglas de convivencia fuera de la escuela y de la familia. La pileta era diversión, pero también aprendizaje colectivo: había turnos, límites, normas y adultos responsables de hacerlas cumplir.

Una Argentina que también veraneaba cerca

Con el paso del tiempo, el modelo fue cambiando. Las vacaciones familiares se diversificaron, aumentaron las posibilidades de viajar y aparecieron nuevas propuestas de entretenimiento. Los barrios también se transformaron, los clubes atravesaron dificultades económicas y algunas instituciones perdieron parte de la infraestructura que habían construido durante décadas. La televisión por cable, los videojuegos, las nuevas tecnologías y, posteriormente, internet modificaron además la manera en que los chicos ocupaban su tiempo libre.

Sin embargo, las colonias y las piletas de los clubes nunca desaparecieron completamente. Siguen existiendo porque responden a una necesidad que no es solamente recreativa. Para muchas familias representan un espacio seguro, cercano y comunitario donde los chicos pueden encontrarse con otros chicos, practicar deportes y aprender a desenvolverse colectivamente. Lo que quizás cambió es el lugar que ocupan dentro de una sociedad en la que el tiempo libre está cada vez más fragmentado.

Recordar aquellas temporadas de pileta no significa afirmar que antes todo era mejor. También había desigualdades, clubes deteriorados, familias que no podían siquiera pagar una colonia y barrios en los que las condiciones de vida eran muy diferentes. Pero aquellas escenas permiten observar algo importante: la recreación también formaba parte de la vida comunitaria y no estaba necesariamente separada del deporte, la educación o la organización barrial.

Por eso, cuando quienes fueron chicos en los años 70 u 80 recuerdan el verano, muchas veces no aparece primero una playa lejana ni un hotel. Aparece una pileta. Aparece el olor a cloro, el piso caliente, la bolsa con la merienda, el silbato del guardavidas, la carrera para ocupar una reposera bajo un árbol y la orden repetida de una madre: «Salí un rato del agua». Para miles de argentinos, esas fueron sus vacaciones, y en esa pileta del club encontraron algo que excedía largamente el entretenimiento: amigos, autonomía, deporte, barrio y una forma de aprender que el verano también podía ser una experiencia compartida.

 

 

La evolución del salario docente argentino en 20 años: fuerte crecimiento hasta 2015, caída durante Cambiemos, recuperación parcial y nuevo derrumbe durante Milei.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Durante dos décadas, el salario docente argentino atravesó un recorrido que permite leer, casi como un espejo, los distintos modelos económicos que gobernaron el país. Creció con fuerza durante el ciclo de recuperación iniciado después de la crisis de 2001, alcanzó su máximo poder adquisitivo en 2015 y comenzó luego una larga etapa de retroceso que tuvo distintos ritmos y características hasta desembocar en un nuevo derrumbe durante el gobierno de Javier Milei. El resultado actual ayuda a explicar por qué cada vez menos jóvenes consideran la docencia una profesión capaz de ofrecerles una vida económicamente estable.

El dato que disparó nuevamente la discusión es contundente: según el relevamiento, la cantidad de jóvenes que se inscriben en carreras docentes cayó 23% desde 2017, mientras que el 55% abandona durante el primer año. La pérdida de atractivo de la profesión no puede explicarse solamente por las condiciones dentro del aula. Hay detrás una cuestión material elemental: cuánto se paga por enseñar, cómo evolucionó ese ingreso frente a los precios y qué lugar ocupa el docente dentro de la estructura social argentina.

De 2005 a 2015: la década en que el salario docente recuperó terreno

Para analizar la evolución sin caer en la trampa de comparar pesos de distintos años, hay que mirar el salario real, es decir, el poder de compra del sueldo una vez descontada la inflación. Una investigación de CIPPEC reconstruyó una serie para el salario de bolsillo de un maestro de grado de jornada simple con diez años de antigüedad, tomando 2005 como base 100. El resultado muestra con enorme claridad el cambio de época.

En 2005 el índice era 100. En 2006 pasó a 110,5; en 2007 llegó a 115,4; en 2008 a 122,2 y en 2009 a 124,2. Después de algunas oscilaciones, volvió a avanzar hasta alcanzar 131,8 en 2011, permaneció en niveles elevados durante los años siguientes y finalmente llegó a 135,8 en 2015, el máximo de toda la serie. Dicho de manera sencilla: el salario docente de 2015 tenía un poder adquisitivo aproximadamente 36% superior al de 2005.

El fenómeno tampoco fue exclusivamente docente. Formó parte de una recuperación más amplia de los ingresos laborales posteriores a la crisis de 2001-2002, acompañada por una expansión del gasto educativo, la Ley de Financiamiento Educativo y una política nacional que buscó recomponer salarios y ampliar la inversión pública. CIPPEC había estimado que, entre 2003 y 2017, el salario docente había ganado en promedio 72% de poder adquisitivo, aunque esa medición incluía toda la recuperación que comenzó después del derrumbe de la convertibilidad.

Hay otro dato que ayuda a poner en perspectiva aquel proceso. Un estudio de CIPPEC sobre financiamiento educativo señaló que entre 2002 y 2008 el salario docente real creció 84%, la mayor recuperación registrada desde los años noventa. Entre 2008 y 2015 el comportamiento fue bastante más irregular, pero entre puntas todavía hubo crecimiento.

Por eso, cuando se habla de los salarios docentes de las últimas dos décadas, es necesario distinguir dos períodos muy diferentes. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se produjo la gran recuperación salarial que llevó al ingreso docente hasta su máximo real de 2015. No significa que todos los años hayan sido de aumento ni que todas las provincias hayan evolucionado de igual manera, pero sí que el ciclo completo terminó con un salario sustancialmente superior al de 2005.

El quiebre de 2016: cuando comenzó la pérdida sostenida

El cambio aparece inmediatamente después del máximo de 2015. En 2016 el índice cayó de 135,8 a 130,3; en 2017 tuvo una pequeña recuperación hasta 132,1, pero en 2018 se desplomó a 123,4 y en 2019 terminó en 114,5.

La comparación resulta especialmente significativa porque permite identificar el período de mayor deterioro durante la gestión de Mauricio Macri. Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, CIPPEC calculó una pérdida del 14% del poder adquisitivo, que llevó al salario docente a niveles reales similares a los de 2006.

Los datos oficiales utilizados por el propio Estado argentino para analizar retrospectivamente ese período son todavía más contundentes: entre 2017 y 2019, el salario docente perdió aproximadamente 20% de poder adquisitivo en el nivel secundario y 26% en el nivel primario.

No se trató únicamente de un problema de aumentos nominales insuficientes. La combinación de inflación, cambios en la política económica y reducción del gasto público produjo una erosión que convirtió las negociaciones salariales en una carrera permanente detrás de los precios. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, al analizar la situación bonaerense, calculó que en 2018 el poder adquisitivo promedio del salario docente había quedado casi 12% por debajo del promedio de 2015, mientras que diciembre de 2018 mostraba una pérdida superior al 20% respecto de aquel año.

Así, el modelo económico de Cambiemos marca el primer gran quiebre de la curva ascendente iniciada después de 2003.

Pandemia, recuperación parcial y nuevo retroceso

La llegada de Alberto Fernández no significó una recuperación inmediata. La pandemia produjo un shock particular sobre el sistema educativo y sobre las cuentas públicas. En la serie de salario real, el índice pasó de 114,5 en 2019 a 111,7 en 2020 y luego descendió hasta 109,6 en 2021.

A partir de allí apareció una recuperación parcial: el índice subió a 111,4 en 2022, aunque volvió a bajar ligeramente a 110,8 en 2023. Es decir, el período 2020-2023 no logró recuperar el poder adquisitivo que los docentes habían perdido durante la segunda mitad de la década anterior.

La fotografía completa es importante porque evita una simplificación política frecuente: el salario docente no recuperó durante el gobierno de Alberto Fernández el máximo alcanzado en 2015. Hubo recuperación en determinados años y provincias, particularmente durante 2022, pero el nivel nacional continuó muy por debajo de aquel pico.

Y entonces llegó 2024.

Milei y el derrumbe: de 110,8 a 92,6

El dato más fuerte de toda la serie aparece justamente en el primer año completo de Javier Milei. El índice de salario docente real pasó de 110,8 en 2023 a apenas 92,6 en 2024, tomando 2005 como base 100. Es decir, en un solo año el poder adquisitivo quedó 7,4% por debajo del nivel de 2005 y aproximadamente 32% por debajo del máximo alcanzado en 2015.

La magnitud del retroceso también aparece en los datos oficiales relevados durante 2024. En junio, el salario de bolsillo promedio de un maestro con diez años de antigüedad había caído 4,8% en términos reales respecto de diciembre de 2023 y 25% respecto de junio del año anterior. La dispersión provincial fue enorme: algunas jurisdicciones consiguieron aumentos reales, mientras otras sufrieron pérdidas superiores al 20%.

Uno de los elementos centrales fue la decisión del Gobierno de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mecanismo mediante el cual la Nación transfería recursos a las provincias destinados a mejorar los salarios docentes. El fondo, creado en 1998, dejó de tener vigencia en enero de 2024 y el Gobierno de Milei decidió no renovarlo.

La consecuencia no fue idéntica en todas las provincias porque algunas administraciones locales absorbieron total o parcialmente esos recursos. Pero el impacto sobre el sistema federal fue evidente: la Nación redujo su participación en el financiamiento salarial justamente cuando la inflación provocaba una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

En marzo de 2025, además, el Gobierno nacional fijó en $500.000 el salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado, jornada simple y sin antigüedad, mediante la Resolución 381/2025. Al mismo tiempo, un informe de CIPPEC consignó que en marzo de ese año el salario bruto de un maestro de grado con diez años de antigüedad era de $910.943, mientras que la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes alcanzaba $1.100.266.

Los datos provinciales disponibles hasta junio de 2025 muestran alguna recuperación respecto de 2024 en 13 de las 24 jurisdicciones, pero el panorama de fondo continúa siendo preocupante: 21 provincias todavía tenían salarios docentes reales inferiores a los de 2023, y todas las provincias, salvo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro, estaban por debajo de sus niveles de 2014.

Veinte años después, el salario volvió al punto de partida

La curva completa cuenta una historia que excede una discusión coyuntural sobre paritarias. En 2005 el salario real docente tenía un índice de 100; en 2015 había alcanzado 135,8; en 2019 había retrocedido a 114,5; en 2023 todavía estaba en 110,8; y en 2024 cayó a 92,6.

La conclusión es difícil de esquivar: el mayor crecimiento real de los salarios docentes de estas dos décadas se produjo durante el ciclo económico iniciado después de la crisis de 2001 y extendido hasta 2015; la pérdida comenzó durante el modelo de Cambiemos, tuvo un deterioro adicional durante la pandemia y registró su caída más abrupta durante el programa de ajuste de Javier Milei.

Y aquí aparece la conexión directa con la pregunta que plantea C5N: ¿por qué cada vez menos jóvenes quieren ser docentes? La respuesta no puede reducirse a una supuesta pérdida de vocación. Una profesión universitaria o terciaria que exige años de formación, responsabilidad sobre cientos de alumnos, trabajo fuera del horario escolar y una enorme carga emocional pierde atractivo cuando su remuneración real termina siendo inferior a la que tenía veinte años atrás.

El problema, entonces, no es solamente que “nadie quiera ser maestro”. El problema es que la Argentina está dejando de ofrecer a sus maestros las condiciones materiales que alguna vez hicieron posible que la docencia fuera una vía relativamente segura de integración a las clases medias. El dato salarial explica buena parte de la crisis de las carreras docentes: cuando enseñar deja de garantizar un ingreso digno, el deterioro no queda encerrado en el recibo de sueldo del trabajador. Termina llegando al aula, a la formación de nuevos maestros y, finalmente, a la calidad y al futuro del sistema educativo público.