Política

 

En enero de 1945, mientras la Segunda Guerra Mundial entraba en su tramo final y el régimen de Edelmiro Farrell todavía no había declarado la guerra a Alemania y Japón, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública enviaba a las escuelas argentinas una circular que recomendaba a las alumnas utilizar zapatos con tacos de no más de cuatro centímetros. Detrás de una medida aparentemente trivial había un extenso expediente médico y administrativo sobre el cuerpo femenino: anatomía, postura, maternidad, trabajo, disciplina, moral y hasta la idea de “mejoramiento de la raza”. La historia de aquellos cuatro centímetros permite asomarse a una época en la que el Estado pretendía conocer, clasificar y modelar los cuerpos juveniles en nombre de la ciencia y de la nación.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI

Hay documentos que, vistos desde el presente, parecen demasiado pequeños para contener una época. Una disposición sobre el largo de un taco puede parecer uno de ellos. Sin embargo, cuando se la lee completa, cuando se reconstruyen los funcionarios que participaron de su elaboración y cuando se la coloca dentro del universo intelectual de la educación física argentina de los años treinta y cuarenta, aquellos cuatro centímetros adquieren otra dimensión. El 29 de enero de 1945, la Dirección General de Educación Física remitió a los establecimientos de enseñanza para mujeres la Circular N.º 3, firmada por su director, César S. Vásquez, transcribiendo las actuaciones que habían conducido a la Resolución Ministerial N.º 1980, del 21 de diciembre de 1944. La resolución no prohibía legalmente los tacos altos para todas las mujeres: recomendaba a las escuelas que aconsejaran a sus alumnas utilizar calzado cuyo taco no excediera los cuatro centímetros, por considerarlo beneficioso “desde el punto de vista higiénico y sanitario”.

La diferencia no es menor. El Estado no dictaba una ley nacional sobre la moda femenina. Construía algo más sutil: una recomendación administrativa dirigida a las instituciones educativas, acompañada por un voluminoso expediente médico destinado a persuadir a autoridades, familias y alumnas de que determinado modo de utilizar el cuerpo era saludable y otro resultaba perjudicial. Y ese expediente había comenzado varios meses antes, el 19 de julio de 1944, cuando la Dirección General de Educación Física decidió consultar a su Servicio Médico sobre los efectos del taco alto en las estudiantes.

Un médico frente al cuerpo femenino

El encargado de responder fue el doctor Luis La Madrid, jefe del Servicio Médico de la Dirección General de Educación Física, quien elaboró su informe con la colaboración de los médicos David Orlando y Domingo Ortiz. La Madrid no era un profesional convocado ocasionalmente para resolver una cuestión de calzado. Para entonces llevaba varios años trabajando en la medicalización de la educación física y había participado de la Primera Conferencia de Profesores de Educación Física, realizada en Buenos Aires en diciembre de 1942. Allí había presentado un trabajo sobre la importancia del examen físico y había intervenido en una sección donde se discutieron precisamente las fichas, los tests, las mediciones y la clasificación corporal. Un estudio histórico de Pablo Ariel Scharagrodsky sobre la Primera Conferencia de Profesores de Educación Física de 1942 reconstruye el universo de saberes que atravesaba aquel campo y registra la presencia de conceptos como la antropometría, la biotipología, la degeneración, la clasificación entre ‘aptos’ e ‘inaptos’, los llamados paramorfismos y el examen físico-funcional.

El propio programa aprobado en aquella conferencia resulta revelador. Se sostuvo que el examen físico debía constituir una guía para orientar científicamente la práctica de las actividades físicas, que debía ser obligatorio para quienes practicaran actividad física en instituciones oficiales o particulares y que los alumnos debían agruparse para gimnasia y deportes sobre la base de “características biológicas homogéneas”. También se reclamó que el médico vigilara la evolución de los practicantes y que la ficha de educación física expresara sintéticamente su estado de salud y aptitud integral.

No se trataba, por lo tanto, simplemente de hacer que los jóvenes corrieran o hicieran gimnasia. Se estaba construyendo una ciencia estatal del cuerpo juvenil. Había que examinarlo, medirlo, clasificarlo, conocer sus defectos, determinar sus aptitudes y establecer qué ejercicios convenían a cada organismo. Una investigación dedicada específicamente a la recepción de la eugenesia y la biotipología en la educación física argentina ha señalado que esas prácticas produjeron procesos de “medición, clasificación y jerarquización” de los estudiantes, y que durante el período estudiado existieron conexiones entre esas ideas y las políticas impulsadas por César Vásquez al frente de la Dirección General de Educación Física.

Es dentro de ese mundo donde debe leerse el informe de La Madrid sobre los tacos.

El médico comienza explicando minuciosamente la anatomía del pie, la función del astrágalo, las bóvedas plantares y la distribución del peso corporal. Incluso ofrece un cálculo: sobre una carga de 80 kilogramos aplicada sobre el astrágalo, sostiene que aproximadamente 45 kilos son dirigidos hacia atrás y 35 hacia adelante. Una elevación moderada del talón, explica, puede contribuir al equilibrio, y por eso admite que un taco de uno o dos centímetros puede resultar adecuado. El problema aparecería cuando la elevación es mayor.

Según su razonamiento, el taco alto produce el denominado “equinismo”, desplaza hacia adelante la mayor parte de las fuerzas y concentra el peso sobre las cabezas de los metatarsianos. De allí se desencadenaría el aplanamiento de la bóveda plantar y una serie de compensaciones sucesivas que alcanzarían la rodilla, la pelvis y la columna. El informe habla de lordosis lumbar, cifosis dorsal, hipotonía muscular, alteraciones de la marcha, fatiga, torceduras, fracturas, artrosis y deformaciones.

La cadena llega incluso al abdomen. La Madrid sostiene que la inclinación de la pelvis puede producir una alteración que denomina “visceroptosis”, porque las vísceras abdominales quedarían sometidas a nuevas condiciones mecánicas. En el pie, mientras tanto, aparecen la hiperqueratosis, los dolores metatarso-digitales y el “hallux valgus”, el juanete.

Todo esto desemboca en una conclusión categórica: “Las alteraciones funcionales y orgánicas que se originan por el uso habitual del taco alto, obligan a considerarlo pernicioso para la salud y peligroso para la integridad física”. Pero la frase más significativa llega después: dado que los huesos y ligamentos del adolescente poseen menor solidez que los del adulto, el taco alto debía ser, para las alumnas de enseñanza media, “definitivamente proscripto”. La Madrid recomendaba punta ancha, suela mediana o gruesa y taco de entre tres y cuatro centímetros.

La cuestión médica, sin embargo, no terminaba en la medicina.

Del consultorio a la disciplina y la moral

El expediente pasó por distintas instancias de la burocracia educativa. El subsecretario de Instrucción Pública Antonio J. Benítez pidió considerar la posibilidad de establecer el límite de cuatro centímetros. La Inspección General de Enseñanza intervino después y allí aparece otro protagonista: el inspector doctor José A. Belfiore.

Belfiore no era un funcionario menor. La documentación ministerial lo muestra participando en distintas tareas de la Inspección General: integró comisiones oficiales, intervino en concursos y actuaciones sobre establecimientos educativos y tuvo funciones de inspección territorial. En 1944, además, aparece vinculado a la evaluación de materiales audiovisuales destinados a la enseñanza, incluidos contenidos de carácter sanitario. La documentación posterior confirma su continuidad como inspector, entre otros destinos, en el Colegio Nacional N.º 6.

Su intervención en el expediente resulta decisiva porque agrega una dimensión que el informe médico no había colocado en primer plano. Belfiore sostuvo que la medida no sólo podía adoptarse sino que sería “altamente beneficiosa” y agregó que, a las razones técnicas expuestas por La Madrid, correspondía sumar “las de orden disciplinario y moral”.

La frase es pequeña, pero históricamente enorme.

Belfiore comparó la recomendación sobre los zapatos con las disposiciones existentes sobre “el uso del guardapolvo, sobre peinados y pinturas”. De ese modo, el taco alto quedó incorporado a un universo mucho más amplio: el de las normas destinadas a determinar cómo debía presentarse una alumna dentro de la institución escolar.

El expediente muestra así dos lenguajes complementarios. La medicina decía qué cuerpo era saludable; la inspección educativa intervenía para establecer qué comportamiento era disciplinado y moralmente aceptable. La resolución ministerial podía entonces presentarse como una recomendación sanitaria, pero detrás de ella había también una concepción de la apariencia femenina adecuada para la escuela.

La Inspección General, de hecho, fue todavía más prudente que La Madrid. El 11 de septiembre de 1944 recomendó aprobar la iniciativa, pero sugirió que las autoridades escolares procuraran persuadir “a los padres o tutores de la conveniencia” del calzado recomendado. Finalmente, el ministro Rómulo Etcheverry Boneo convirtió aquella cadena de informes en la Resolución N.º 1980, del 21 de diciembre, que ordenó recomendar el taco de hasta cuatro centímetros y enviar una circular a los establecimientos para mujeres.

No hubo una policía de los tacos. Hubo algo mucho más característico de la administración educativa de aquel tiempo: medicina, inspección, autoridad escolar y familia articuladas para producir una determinada conducta corporal.

El cuerpo en tiempos de guerra

El contexto histórico vuelve el expediente todavía más significativo.

La Circular N.º 3 llegó a las escuelas el 29 de enero de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial todavía estaba en curso y la Alemania nazi aún resistía. Edelmiro Farrell ejercía la Presidencia de facto desde febrero de 1944, luego del desplazamiento de Pedro Pablo Ramírez. El gobierno argentino recién declararía el estado de guerra con Alemania y Japón el 27 de marzo de 1945, dos meses después de aquella circular. La propia Presidencia de la Nación registra el carácter de facto del gobierno de Farrell entre febrero de 1944 y junio de 1946.

No existe presunción documental de que la decisión sobre el calzado hubiera sido tomada por influencia directa de las políticas raciales alemanas entonces vigentes. La relación que puede establecerse es otra, más compleja y más interesante: la medida forma parte de un ambiente intelectual argentino en el que la medicina, la educación física, la higiene y la biotipología habían convertido al cuerpo en objeto de conocimiento, clasificación y administración estatal.

Una investigación histórica sobre el Departamento de Cultura Física de Pablo Kopelovich mostró que durante las décadas anteriores se habían incorporado y resignificado en Argentina conceptos provenientes de la eugenesia y la biotipología, produciendo prácticas de medición y clasificación de los estudiantes. Ese trabajo señala además que las políticas impulsadas por César Vásquez a nivel nacional compartieron parte de aquel universo de preocupaciones sobre el fortalecimiento físico y moral de la juventud.

En la mencionada Primera Conferencia de Profesores de Educación Física de 1942, Guillermo L. Canessa, secretario general de la misma, propuso personalmente una ponencia que reclamaba investigar el desarrollo físico y psíquico de los niños argentinos para conocer su ‘tipo medio normal’ y ‘propender al mejoramiento de la raza’. En la misma conferencia, cuya declaración de principios fue presentada por Canessa, la Educación Física era definida expresamente como de carácter ‘eugénico’.

En aquellos años, mientras el nazismo llevaba al extremo criminal las políticas de selección racial, esterilización, exclusión y exterminio, en diferentes países circulaban conceptos médicos que hablaban de normalidad, degeneración, aptitud, herencia, higiene racial, biotipos y mejoramiento de las poblaciones. La Argentina tenía una historia propia de eugenesia y biotipología anterior al nazismo y que sobrevivió a gobiernos de distintas orientaciones políticas. La dictadura de Farrell comenzó en febrero de 1944, pero la educación física argentina ya había incorporado discursos de este tipo durante las décadas anteriores. El Departamento de Cultura Física de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, funcionó entre 1929 y 1946, atravesando gobiernos radicales, conservadores, la llamada Década Infame, el golpe de 1943 y los primeros años del peronismo.

El estudio de Pablo Kopelovich sobre ese Departamento justamente muestra cómo eugenesia y biotipología fueron incorporadas a la cultura física universitaria durante un período político mucho más amplio que un solo gobierno.

Lo que sí puede observarse es una inquietante coincidencia de época: el cuerpo había dejado de ser exclusivamente un asunto privado.

El eugenismo, nacido a fines del siglo XIX a partir de las ideas del británico Francis Galton, proponía intervenir sobre la reproducción y las condiciones de vida de las poblaciones con el propósito de favorecer determinados rasgos considerados deseables y evitar aquellos juzgados como perjudiciales. En la Argentina, estas ideas comenzaron a adquirir presencia desde las primeras décadas del siglo XX y se entrelazaron con tradiciones locales como el higienismo, la medicina social, la antropometría y la biotipología, ingresando en ámbitos tan diversos como la medicina, la educación, la criminología y la educación física. No se trató de una simple importación de las doctrinas raciales del nazismo: existió un desarrollo argentino propio, anterior al ascenso de Hitler y atravesado por gobiernos de distintas orientaciones políticas, en el que conceptos como “normalidad”, “aptitud”, “degeneración”, clasificación de los cuerpos y mejoramiento de la población adquirieron legitimidad científica. En ese universo intelectual debe leerse la documentación que, pocos años después, llevaría a las autoridades educativas a intervenir incluso sobre la altura de los tacos utilizados por las alumnas.

La mujer que debía ser sana, fuerte y funcional

Hay otra pieza documental de La Madrid que resulta imprescindible para comprender el expediente. En abril de 1944, nueve meses antes de la circular sobre los tacos, el Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública publicó un artículo suyo titulado “La educación física y la mujer”. Allí aparece expresamente como jefe del Servicio Médico.

El artículo permite comprobar que su concepción del cuerpo femenino era mucho más amplia que una preocupación por los pies. La Madrid sostenía que la mujer necesitaba un “cuerpo fuerte y sano” y vinculaba esa salud tanto con su capacidad de trabajo como con su función reproductiva. La educación física aparecía así conectada con la maternidad, la fortaleza, la armonía corporal y la capacidad funcional.

El contraste con el expediente del taco resulta evidente. La Madrid podía admitir que el taco alto contribuía a aquello que la época denominaba “gracia femenina”. En el informe de 1944 reconoce expresamente que estiliza la pierna, el tobillo y el pie y que produce una cadencia particular en la marcha. Pero para él esa ventaja estética debía ceder frente a la salud. La estética verdadera, sostiene, debía encontrarse en la integridad del organismo.

La Madrid escribía desde una época en la que el cuerpo femenino era pensado simultáneamente como cuerpo individual, cuerpo productivo y cuerpo reproductivo. No es casual que la educación física apareciera como herramienta para fortalecerlo y disciplinarlo.

Y tampoco es casual que el zapato terminara en el expediente.

El taco modificaba la postura. La postura modificaba la marcha. La marcha afectaba el rendimiento. El rendimiento se relacionaba con el trabajo. La pelvis se vinculaba con la maternidad. La apariencia quedaba sometida a la disciplina escolar. Y la disciplina, finalmente, era presentada como parte de la formación de una juventud sana y moral.

La cadena es reveladora. Un simple zapato podía convertirse, dentro de aquella lógica, en una cuestión de salud pública y formación nacional.

La Dirección General de Educación Física había sido creada en 1938 y permaneció bajo la conducción de César Vásquez hasta 1947. Investigaciones recientes caracterizan su gestión por un fuerte conservadurismo y por la utilización de la educación física como instrumento de formación moral, ética y nacionalista. Incluso las grandes fiestas de educación física organizadas durante aquellos años fueron concebidas como rituales patrióticos donde el cuerpo, la disciplina y los valores nacionales aparecían estrechamente asociados. Por eso, aquellos cuatro centímetros no fueron una extravagancia burocrática aislada. Fueron una pequeña manifestación de una política mucho más amplia: la voluntad de construir un determinado tipo de cuerpo y, a través de él, un determinado tipo de ciudadano y de ciudadana.

La propia circular termina con una instrucción que hoy puede resultar casi pintoresca: César S. Vásquez solicita que se dé “amplia difusión” a la medida y, “en lo posible”, que se coloque en la cartelera del establecimiento.

El taco terminaba así expuesto públicamente.

Pero lo verdaderamente expuesto era otra cosa: la concepción del Estado sobre el cuerpo de sus jóvenes.

En enero de 1945, cuando las tropas soviéticas avanzaban sobre Europa oriental, cuando el Tercer Reich se acercaba a su derrumbe y cuando la Argentina todavía no había declarado formalmente la guerra a Alemania, una oficina del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública dedicaba páginas y páginas a explicar cómo debía apoyarse el pie de una adolescente, cómo debía caminar, qué postura debía adoptar, qué calzado debía llevar y qué apariencia era compatible con la disciplina escolar.

No hace falta convertir ese expediente en algo que no fue para comprender su importancia. No era una ley general contra los tacos. No era una simple anécdota de moda. Era un documento argentino de una época en la que la medicina había adquirido autoridad para definir el cuerpo normal, la escuela para disciplinarlo y el Estado para intervenir sobre él.

Y justamente por eso, cuatro centímetros alcanzan para abrir una ventana sobre una época entera.

 

 

Santiago Muzio renunció a la Casa Argentina en París tras meses de polémicas por su gestión, memoria histórica y vínculos con sectores de ultraderecha.

Por Redacción de NLI

La renuncia de Santiago Muzio a la dirección de la Casa Argentina en París cerró, al menos por ahora, un capítulo incómodo para el gobierno de Milei. El funcionario, designado por la actual administración en 2024, dejó el cargo después de meses de cuestionamientos por su gestión, denuncias de residentes y polémicas que incluyeron el retiro de una placa en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura y actividades vinculadas a sectores de ultraderecha. La salida, además, ocurre a pocas semanas de una nueva visita de Milei a Francia, en un contexto en el que el Gobierno habría buscado evitar que el escándalo siguiera creciendo y terminara salpicando directamente al Presidente.

La Casa Argentina funciona dentro de la Cité Universitaire de París y tiene una particularidad que vuelve especialmente sensible cualquier disputa sobre su conducción: no es simplemente una residencia para argentinos que estudian o investigan en Francia, sino también una institución vinculada con la presencia cultural y académica argentina en el exterior. Por eso, lo ocurrido durante la gestión de Muzio excede una discusión interna sobre administración. La controversia terminó involucrando memoria histórica, convivencia universitaria, política exterior y la orientación ideológica que el Gobierno pretende imprimirle a espacios que tradicionalmente estuvieron vinculados con la universidad pública, la cultura y la investigación.

Una gestión atravesada por denuncias y polémicas

Muzio había llegado a la conducción de la Casa Argentina durante el gobierno de Milei y su administración fue acumulando cuestionamientos. El funcionario enfrentaba denuncias y que el Gobierno terminó presionándolo para evitar que el conflicto adquiriera mayor dimensión política antes de la visita presidencial a Francia.

Uno de los episodios que mayor repercusión generó fue el retiro de una placa que recordaba a los desaparecidos durante la dictadura argentina. El hecho resulta particularmente significativo porque la memoria de los crímenes de lesa humanidad constituye una de las construcciones democráticas más importantes de la Argentina desde 1983 y porque la Casa Argentina se encuentra inserta en un ámbito universitario internacional donde esa dimensión histórica no puede separarse de la propia identidad del país.

La controversia se profundizó con cuestionamientos relacionados con residentes y con la realización o recepción de encuentros vinculados a sectores de extrema derecha. Distintos medios señalaron que la gestión de Muzio había quedado bajo observación por decisiones internas y por sus vínculos con ámbitos políticos de ese espacio ideológico.

La combinación es políticamente explosiva para un gobierno que hizo de la batalla cultural uno de los ejes centrales de su identidad: una institución argentina en París, estudiantes y residentes, una placa de memoria retirada y actividades asociadas a la ultraderecha. Todo ello en el marco de una administración que desde su llegada al poder modificó radicalmente el discurso oficial sobre derechos humanos, memoria y el papel del Estado.

La renuncia de Muzio no borra esos episodios. Apenas cambia el nombre que estará al frente de la institución.

Cuando el problema deja de ser administrativo

La salida adquiere otra dimensión si se observa el calendario. Muzio renunció a pocos días de que el escándalo pudiera convertirse en un problema diplomático y político para Milei en Francia. La prensa argentina informó que la salida se produjo en medio de la preocupación oficial por el impacto que la controversia podía tener sobre la visita presidencial y sobre la agenda vinculada a la Paris Week, prevista para fines de septiembre.

Es allí donde una renuncia aparentemente menor empieza a revelar algo más profundo sobre el funcionamiento del Gobierno.

La administración Milei ha construido buena parte de su política exterior alrededor de la exposición internacional del Presidente, sus encuentros con líderes extranjeros, sus intervenciones políticas y su particular estrategia de alineamiento con Donald Trump y otros referentes de la derecha global. En ese esquema, cualquier escándalo producido dentro de una institución argentina en el exterior puede dejar de ser un problema burocrático para transformarse rápidamente en una incomodidad presidencial.

Y la Casa Argentina en París no es un lugar cualquiera. Está en una de las capitales políticas, culturales y diplomáticas más importantes del mundo y dentro de un espacio universitario de enorme visibilidad internacional. Una controversia vinculada con derechos humanos, estudiantes y organizaciones de ultraderecha difícilmente podía permanecer encerrada entre las paredes de una residencia.

De allí que la renuncia de Muzio pueda leerse también como una operación de control de daños.

Antes que asumir públicamente el costo político del escándalo, el Gobierno optó por cambiar al funcionario cuestionado.

El problema de fondo: qué Argentina se representa afuera

La discusión plantea además una pregunta que excede el nombre de Muzio: ¿qué Argentina quiere representar el gobierno de Milei en sus instituciones culturales y académicas en el extranjero?

Durante décadas, las casas argentinas en distintas ciudades del mundo funcionaron como espacios de encuentro para estudiantes, investigadores, artistas y ciudadanos que construían su experiencia fuera del país. La política exterior cultural podía tener gobiernos de distinto signo, pero existía una continuidad vinculada con la universidad, la investigación, la cultura y la memoria democrática.

El modelo libertario introdujo otra mirada sobre el Estado y sobre las instituciones públicas. En su concepción, buena parte de esas estructuras son vistas como espacios atravesados por privilegios, burocracias o intereses políticos que deberían ser revisados, reducidos o directamente eliminados. El conflicto de París aparece así como una expresión pequeña, pero significativa, de una disputa mucho mayor por el sentido de las instituciones argentinas.

Porque quitar una placa de homenaje a los desaparecidos no es simplemente retirar un objeto de una pared. Tampoco lo es convertir una residencia universitaria en escenario de determinadas disputas ideológicas. Son decisiones que transmiten un mensaje acerca de qué acontecimientos se consideran dignos de memoria y qué sectores políticos son considerados legítimos interlocutores.

En una institución que lleva el nombre de la Argentina, ese mensaje trasciende al funcionario de turno.

Por eso la renuncia de Muzio no debería clausurar el debate. Si el Gobierno considera que hubo errores de gestión, deberá explicar cuáles fueron. Si existieron denuncias, deberá aclararlas. Y si la salida estuvo vinculada con la necesidad de evitar un costo político para Milei antes de su visita a Francia, también sería saludable que lo explicara.

Porque cambiar al director puede apagar momentáneamente los titulares, pero no resuelve las preguntas que dejaron los meses de polémica.

La Casa Argentina seguirá allí, en París, como una representación del país. Y el verdadero interrogante ahora será qué orientación tendrá esa institución después de la salida de Muzio y si el Gobierno pretende recuperar su perfil académico y cultural o profundizar la transformación ideológica que atravesó su gestión.

La renuncia puede cerrar una crisis de nombres. Lo que todavía no está resuelto es la crisis de sentido.

 

 

Un crédito de más de $52.600 millones para una empresa creada en 2024, sin ingresos declarados y con inconsistencias en sus antecedentes terminó convertido en un escándalo dentro del Banco Nación. El dato político es inevitable: la operación fue impulsada desde la Casa Central en Buenos Aires, durante la administración de Milei, y el gerente que se negó a firmarla denunció presiones y terminó con un traslado a 1.300 kilómetros de su casa. La Justicia frenó la medida. El potencial beneficiario, Mariano Jinkis, acaba de admitir ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos en el escándalo FIFAgate.

Por Roque Pérez para NLI

Hay una contradicción que atraviesa buena parte de la gestión de Milei: el Gobierno habla permanentemente de eficiencia, austeridad, mérito y cuidado de los recursos públicos, pero cuando se mira el funcionamiento concreto de algunas estructuras estatales aparecen episodios que obligan a formular preguntas mucho más incómodas. El caso que acaba de salir a la luz en el Banco Nación es uno de ellos y tiene una cifra imposible de ignorar: más de $52.600 millones que estuvieron en proceso de evaluación para financiar un emprendimiento inmobiliario en Mar del Plata.

No se trata de una operación menor ni de una pyme buscando capital de trabajo. Se trataba de un proyecto inmobiliario compuesto por dos torres de 23 y 16 pisos, con 238 unidades funcionales, promovido por Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024. Según la investigación de Hugo Alconada Mon, la propia auditoría interna del Banco Nación detectó que la empresa no tenía experiencia comprobable en construcción, no presentaba ingresos durante el ejercicio analizado y tenía un balance negativo. Más todavía: en la documentación presentada aparecían como antecedentes obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que la sociedad había sido constituida recién en 2024.

El Estado que quería prestar $52.600 millones

El dato que debería encender todas las luces amarillas es que el crédito no comenzó en Mar del Plata porque el empresario hubiera llegado con una carpeta a golpear las puertas del banco. Según una auditoría interna citada por LA NACION, fue un área de la Casa Central del Banco Nación, en Buenos Aires, la que contactó al estudio de arquitectos vinculado con el emprendimiento para conseguir el contacto de Jardines de Chauvín. El banco ofrece otra versión sobre el origen de la relación, pero la propia auditoría dejó registrado que el proceso se inició desde Buenos Aires.

Es decir, la discusión no es solamente por quién pidió el préstamo. Lo verdaderamente relevante es quién dentro de la estructura estatal tomó la decisión de avanzar, quién evaluó el proyecto y por qué una operación de semejante magnitud llegó hasta las instancias superiores del banco cuando existían elementos que ya generaban dudas.

Durante 2025, funcionarios de la entidad consideraron que el proyecto tenía una “factibilidad financiera favorable” y una capacidad de repago consistente. Inicialmente se hablaba de unos $35.600 millones, pero una tasación externa ubicó el valor del emprendimiento en US$35,6 millones, equivalente entonces a unos $52.638 millones.

Y aquí aparece una de las partes más llamativas del expediente: mientras el proceso avanzaba desde Buenos Aires, el gerente de la Gerencia Zonal Atlántica, Pablo Pourrere, empezó a plantear objeciones. Cuestionó los antecedentes de la empresa, observó su situación económica y pidió una evaluación externa.

También apareció otro dato sensible. El principal accionista de Jardines de Chauvín era Mariano Jinkis, dueño del 90% de la sociedad. Jinkis y su padre, Hugo, habían quedado involucrados en el escándalo internacional FIFAgate y el 26 de agosto de este año admitieron ante la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015. El acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense contempla un pago de US$50 millones.

Ante ese antecedente, la Subgerencia General de Integridad del propio Nación había recomendado aplicar un “criterio reforzado de debida diligencia” antes de avanzar con la operación.

Pero el problema es que esa advertencia no llegó inmediatamente al gerente que debía analizar el crédito. El informe fue elaborado el 19 de febrero y, según la investigación, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.

El gerente dijo que no y después llegó el traslado

La secuencia es la que convierte un expediente crediticio en un problema político.

El 3 de marzo, desde el área de Productos Hipotecarios de Buenos Aires enviaron a Pourrere un modelo de resolución para avanzar con el crédito. La instrucción pedía continuar con la propuesta formal para el cliente, incluyendo incluso la apertura de cuentas y otros productos bancarios.

Pourrere se negó a firmar.

Pocos días después comenzó otro capítulo: el gerente fue notificado de su traslado a una sucursal de menor categoría en Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata. La resolución del Directorio estaba fechada el 20 de febrero, antes de la negativa formal, un argumento que el Banco utiliza para rechazar cualquier relación entre ambas cuestiones. Pero Pourrere denunció presiones y sostuvo que el traslado constituía una represalia por haberse negado a impulsar la operación.

Aquí es donde el caso adquiere una dimensión que excede al Banco Nación: ¿qué mensaje recibe un funcionario público cuando formula objeciones frente a una operación millonaria y poco después se encuentra con un traslado que lo aleja 1.300 kilómetros de su familia?

El Banco sostiene que ambos procesos fueron independientes. La Justicia, por ahora, no cerró esa discusión, pero sí consideró que había elementos suficientes para suspender el traslado. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, señaló que la medida, “prima facie”, no parecía estar debidamente fundada en razones objetivas y técnicas y tomó en consideración las inconsistencias detectadas en la operación, las presuntas presiones y las observaciones de la propia auditoría interna.

El discurso libertario frente a la caja del Estado

Y acá aparece el problema político para Milei.

El Banco Nación no es una entidad privada. Es una institución estatal que administra recursos públicos. Por eso, aunque todavía no exista ninguna prueba que permita afirmar que el Presidente haya intervenido personalmente en esta operación, sí resulta absolutamente legítimo preguntarle al Gobierno qué controles políticos y administrativos existen sobre lo que ocurre dentro de una institución estratégica que forma parte del aparato estatal nacional.

Más todavía cuando el relato oficial de La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política alrededor de una supuesta superioridad de la gestión privada sobre el Estado, de la eliminación de la “casta”, de la eficiencia y de la reducción del gasto público.

El episodio del Nación expone una paradoja difícil de esconder: el mismo Estado que el mileísmo presenta como ineficiente cuando tiene que garantizar derechos sociales aparece, en este expediente, intentando canalizar decenas de miles de millones de pesos hacia un emprendimiento privado.

Y no hacia cualquier empresa. Hacia una sociedad creada apenas dos años antes, sin ingresos declarados en el ejercicio analizado, con antecedentes documentales que despertaron objeciones y cuyo principal accionista acaba de admitir ante la Justicia norteamericana el pago de sobornos vinculados al fútbol internacional.

El crédito finalmente fue rechazado. Y ese dato es importante. No hay que decir que los $52.600 millones fueron entregados porque no lo fueron. Pero tampoco alcanza con decir que “no pasó nada” porque el dinero nunca salió.

Pasó que la Casa Central impulsó la operación. Pasó que hubo funcionarios que evaluaron favorablemente el proyecto. Pasó que aparecieron inconsistencias. Pasó que un informe de integridad recomendó extremar los controles. Pasó que documentación clave llegó con semanas de demora. Pasó que desde Buenos Aires se pidió avanzar con la propuesta formal. Pasó que un gerente se negó a firmar. Pasó que ese gerente recibió una orden de traslado a 1.300 kilómetros de distancia. Pasó que denunció presiones. Pasó que el propio Banco abrió una auditoría. Y pasó que esa auditoría encontró “deficiencias”, “inconsistencias”, debilidades documentales y ausencia de evidencia sobre experiencia comprobable en construcción.

Finalmente, el 18 de mayo, el propio Banco Nación terminó rechazando el financiamiento por cuestiones vinculadas con el riesgo reputacional y de integridad.

Por eso, el interrogante político no debería reducirse a si “Milei ordenó el crédito”, porque eso no está probado. La pregunta es mucho más seria: ¿cómo funciona el Banco Nación bajo la administración de Milei para que una operación de más de $52.600 millones pueda avanzar hasta semejante instancia pese a las objeciones internas que ya estaban planteadas?

Porque si el Gobierno pretende convencer a los argentinos de que el Estado debe retirarse de todo aquello que pueda hacer el sector privado, entonces tendrá que explicar también por qué la estructura estatal que administra el dinero de todos llegó a evaluar con semejante entusiasmo un crédito multimillonario para un emprendimiento privado rodeado de advertencias.

Y si la respuesta oficial es que los controles funcionaron porque finalmente el crédito fue rechazado, queda otra pregunta todavía más incómoda: ¿por qué fue necesario que un gerente se plantara, que aparecieran denuncias de presiones, que interviniera la Justicia y que una auditoría interna detectara inconsistencias para que esos controles terminaran funcionando?

En el Banco Nación de Milei, por ahora, los $52.600 millones no salieron. Pero el expediente dejó algo mucho más difícil de esconder: una radiografía de cómo se toman algunas decisiones dentro del Estado que el Gobierno dice querer hacer desaparecer.

 

 

Antes del celular y WhatsApp, el cartero era una figura central de la vida cotidiana argentina. Cartas, postales y telegramas construyeron una cultura de la espera.

Por Alcides Blanco para NLI

Hubo un tiempo en la Argentina en que el sonido de una bicicleta frenando frente a la puerta podía despertar una expectativa inmediata. El cartero llegaba con una bolsa cargada de sobres, postales, facturas, revistas y telegramas, y durante algunos minutos podía convertirse en la persona más esperada de toda la cuadra. No existían los mensajes instantáneos, el correo electrónico ni la posibilidad de saber inmediatamente qué estaba haciendo alguien que vivía a cientos de kilómetros. Una carta podía tardar varios días y, precisamente por eso, tenía un valor que hoy resulta difícil de explicar. Había personas que esperaban durante semanas una respuesta, familias que recibían noticias de hijos que habían emigrado a otra provincia o a otro país y parejas que sostenían su relación a través de sobres que viajaban de una ciudad a otra. En aquella Argentina, esperar también formaba parte de comunicarse.

El ritual de mirar el buzón

El correo tenía una presencia mucho más importante en la vida cotidiana que la que conserva actualmente. El buzón podía estar junto a la puerta, en una pared o en la entrada del edificio, y abrirlo formaba parte de las pequeñas rutinas domésticas. Había días en los que solamente aparecían facturas y publicidad, pero bastaba reconocer la letra del remitente para que todo cambiara. El sobre se abría con cuidado, a veces utilizando un cuchillo de cocina o simplemente rasgando uno de sus extremos, y antes de leer ya existía una pequeña emoción: alguien se había tomado el trabajo de escribir y enviar aquello.

Las cartas familiares podían contener varias páginas. Se contaban enfermedades, nacimientos, problemas laborales, viajes, cumpleaños, discusiones y novedades del barrio. Una persona que vivía lejos podía conocer la vida de su familia a través de una descripción detallada que hoy probablemente ocuparía varios mensajes de WhatsApp. También se mandaban fotografías, estampitas, pequeños recuerdos y postales. Para quienes tenían familiares en Europa, Estados Unidos u otros países de América, el correo era durante décadas uno de los principales vínculos con los argentinos que habían partido en busca de trabajo o nuevas oportunidades.

Los noviazgos a distancia tenían también su propio lenguaje epistolar. Una carta permitía pensar durante horas qué decir, tachar una frase, volver a escribirla y elegir cuidadosamente las palabras antes de cerrar el sobre. Después comenzaba la espera. No había confirmación de lectura ni dos tildes azules: solamente quedaba confiar en que la carta hubiera llegado y esperar una respuesta. Esa demora obligaba a convivir con la incertidumbre de una manera que las tecnologías actuales prácticamente eliminaron.

El cartero conocía el barrio

La figura del cartero tenía además una dimensión profundamente territorial. Quien recorría todos los días las mismas calles terminaba conociendo a buena parte de los vecinos, sus horarios y sus casas. Sabía quién recibía cartas del interior, dónde vivía una persona mayor, qué domicilio correspondía a una familia que acababa de mudarse y qué casa estaba vacía porque sus habitantes se habían ido de vacaciones. El cartero formaba parte del paisaje cotidiano del barrio, del mismo modo que el almacenero, el diariero o el encargado de la estación.

El correo argentino tenía, además, una importancia enorme para la administración de la vida cotidiana. Llegaban documentos, comunicaciones oficiales, facturas, revistas, diarios, tarjetas y todo tipo de correspondencia comercial. Antes de la expansión de las comunicaciones digitales, recibir determinada información podía depender literalmente de que un sobre recorriera correctamente una cadena de oficinas, centros de distribución y carteros hasta llegar a la puerta indicada.

Y después estaban los telegramas. Su llegada tenía una solemnidad especial porque generalmente estaban asociados con acontecimientos importantes o urgentes. Un nacimiento, una enfermedad grave, una noticia familiar o un fallecimiento podían comunicarse mediante unas pocas palabras que llegaban en un papel mucho más pequeño que una carta. El telegrama tenía algo de acontecimiento en sí mismo: cuando alguien decía que había llegado un telegrama, todos querían saber inmediatamente qué decía.

Las postales ocupaban otro lugar dentro de aquella cultura. Quien viajaba podía comprar una en Mar del Plata, Córdoba, Bariloche, Mendoza o cualquier destino turístico y enviarla a familiares o amigos. La imagen del lugar visitado aparecía en el frente y detrás se escribían unas pocas líneas. Muchas familias conservaban durante años esas postales en cajones o cajas. No eran solamente recuerdos de un viaje: eran pequeñas pruebas materiales de que alguien había estado allí y había pensado en quienes se habían quedado en casa.

Del sobre al mensaje instantáneo

La transformación comenzó lentamente y se aceleró con cada nueva tecnología. El teléfono redujo la necesidad de escribir para ciertas comunicaciones urgentes; luego aparecieron el fax, el correo electrónico, los teléfonos celulares y finalmente las aplicaciones de mensajería. La información dejó de depender de un cartero y pasó a circular prácticamente en tiempo real. La velocidad ganó lo que la espera perdió: hoy podemos saber en segundos si alguien recibió un mensaje, dónde está, qué está haciendo o si leyó lo que acabamos de escribir.

Pero esa velocidad también modificó la naturaleza de la comunicación. Escribir una carta implicaba detenerse, ordenar las ideas y producir un objeto que iba a viajar físicamente hasta otra persona. Un mensaje actual puede enviarse en pocos segundos y corregirse o reemplazarse inmediatamente. La carta, en cambio, quedaba allí como testimonio de un momento determinado. Décadas después podía volver a abrirse un sobre y recuperar una voz que ya no estaba, reconstruir una relación o recordar cómo pensaba alguien cuando todavía era joven.

Por eso muchas familias conservaron cartas durante generaciones. Algunas aparecen todavía dentro de cajas antiguas, junto con fotografías, documentos y postales. Son archivos íntimos de la historia argentina, porque permiten observar cómo hablaban las personas comunes, qué preocupaciones tenían, qué palabras utilizaban y qué acontecimientos atravesaban sus vidas. La historia de un país no está solamente en los discursos presidenciales, las leyes o los grandes acontecimientos: también está en esas hojas escritas a mano que alguien guardó porque no quería perderlas.

El cartero desapareció de la vida cotidiana como figura central, pero no dejó de existir. Continúa llevando correspondencia, documentos y paquetes, aunque su función quedó transformada por una sociedad en la que la comunicación personal viaja mayoritariamente por medios digitales. Aquella espera frente al buzón parece pertenecer a un mundo remoto, aunque apenas hayan pasado unas pocas décadas.

Quizás por eso una carta antigua produce una sensación tan particular. No necesita una contraseña, una batería ni conexión a internet. Puede estar amarillenta, doblada en cuatro y tener una estampilla que ya no se fabrica. Al abrirla, vuelve a aparecer una persona y vuelve a hablar desde otro tiempo. Hubo una Argentina en la que las noticias viajaban en bicicleta, dentro de una bolsa de cuero y detrás de un sello postal; y quizá por eso, cuando finalmente llegaban, parecían importar un poco más.

 

 

La periodista lanzó una acusación explosiva sobre la relación entre Javier Milei y Donald Trump y advirtió que los argentinos podríamos estar siendo utilizados como “títeres de intereses ajenos”. El interrogante que queda flotando es brutal: ¿el Gobierno está defendiendo la soberanía sobre Malvinas o está jugando una partida geopolítica diseñada en Washington?

Por Luis Bulnes Valdez para NLI

Hay preguntas que incomodan porque obligan a mirar detrás del escenario. Y hay preguntas que directamente pueden hacer saltar por los aires el relato oficial. Nancy Pazos puso sobre la mesa una de esas preguntas al analizar la relación entre Javier Milei y Donald Trump y el nuevo protagonismo que el Gobierno argentino le está dando a la cuestión Malvinas. Su planteo fue tan contundente como provocador: detrás del alineamiento entre ambos presidentes podría existir una negociación política y geopolítica que excede ampliamente la relación personal entre dos mandatarios.

Pazos habló de un supuesto “pacto secreto” y sostuvo que los argentinos estaríamos siendo utilizados como “títeres de intereses ajenos”. La afirmación, naturalmente, debe ser presentada como lo que es: una denuncia y una interpretación política de la periodista, no la existencia comprobada de un documento secreto firmado por Milei y Trump. Pero descartarla simplemente como una provocación sería demasiado cómodo. Porque hay algo que sí puede comprobarse: la Argentina de Milei avanzó hacia un alineamiento extraordinariamente estrecho con Estados Unidos, mientras la administración Trump convirtió el respaldo al Gobierno libertario en una pieza importante de su estrategia regional.

Y ahí aparece la pregunta que el poder preferiría evitar.

¿Qué está entregando la Argentina a cambio de ese respaldo?

Pazos apuntó al corazón del modelo Milei

Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei convirtió su relación con Trump en mucho más que una alianza diplomática. El Presidente argentino hizo de la admiración por el mandatario estadounidense una verdadera definición estratégica de su Gobierno. Washington pasó a ocupar un lugar privilegiado en la política exterior, mientras la Argentina profundizó sus vínculos económicos, financieros y estratégicos con Estados Unidos.

El cambio no es solamente discursivo. La Casa Blanca y el Tesoro estadounidense adquirieron una gravitación inédita sobre la economía argentina, en momentos en que el Gobierno necesita dólares, financiamiento y respaldo externo para sostener su programa económico.

Eso modifica inevitablemente la relación de fuerzas.

Porque una cosa es que Argentina tenga buenas relaciones con Estados Unidos. Otra muy distinta es que la estabilidad económica de un Gobierno dependa crecientemente del respaldo de una potencia extranjera y, simultáneamente, ese Gobierno adopte una política exterior de alineamiento prácticamente automático con Washington.

Pazos puso justamente el dedo en esa herida.

La cuestión no es si Milei puede reunirse con Trump, si puede admirarlo o si Estados Unidos puede convertirse en un socio privilegiado. Por supuesto que puede. El problema comienza cuando la frontera entre alianza estratégica y subordinación empieza a hacerse demasiado delgada.

Y en el medio aparece Malvinas.

¿Soberanía argentina o ficha de un tablero internacional?

La paradoja es difícil de ignorar.

Durante décadas, la Argentina sostuvo una política de Estado alrededor de la recuperación pacífica de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Gobiernos peronistas, radicales, desarrollistas, conservadores y de diferentes signos ideológicos mantuvieron, con matices, la misma reivindicación.

Ahora, bajo Milei, Malvinas vuelve al centro del discurso presidencial mientras el Gobierno profundiza su alianza con Estados Unidos.

Y Estados Unidos no es una potencia neutral en el Atlántico Sur.

Tiene intereses estratégicos, económicos, militares y geopolíticos propios. El Reino Unido es uno de sus principales aliados internacionales. Las islas constituyen una posición estratégica en el Atlántico Sur y la Antártida y tienen además una creciente importancia vinculada con recursos naturales, pesca, hidrocarburos y rutas marítimas.

Entonces aparece la contradicción que Pazos pone sobre la mesa: ¿puede un Gobierno que busca una relación de dependencia política, financiera y estratégica con Washington llevar adelante al mismo tiempo una política verdaderamente autónoma sobre Malvinas?

La pregunta no supone afirmar que Milei haya cedido la soberanía argentina. No existe evidencia pública que permita sostener se

 

 

En los años 70 y 80, miles de chicos argentinos pasaban el verano en las piletas de los clubes. La historia de las colonias y aquella vida de barrio.

Por Alcides Blanco para NLI

Hubo una Argentina en la que las vacaciones de verano no necesariamente implicaban viajar cientos de kilómetros ni reservar un departamento frente al mar. Para muchísimas familias, especialmente en las grandes ciudades, el verano empezaba cuando abría la pileta del club. Enero y febrero podían transcurrir a pocas cuadras de casa, entre una reposera, una pelota, un sándwich envuelto en papel, una gaseosa caliente y varias horas bajo el sol. Los chicos llegaban temprano para la colonia de vacaciones y volvían a casa agotados al mediodía; por la tarde, muchas veces, regresaban con sus padres o con los amigos del barrio. El club deportivo se convertía durante esos meses en una especie de playa doméstica, accesible para quienes no podían afrontar un viaje y, al mismo tiempo, en uno de los principales espacios de encuentro social de los barrios argentinos.

La colonia como parte de la infancia

La colonia de vacaciones tenía una organización que hoy puede resultar entrañable. Los chicos se agrupaban por edades, tenían profesores, horarios y actividades, y aprendían a nadar o perfeccionaban sus habilidades en la pileta mientras afuera se desarrollaba una vida paralela de juegos y amistades. Para muchos niños, la colonia era una prolongación de la escuela, pero sin guardapolvo, sin cuadernos y con la promesa de pasar buena parte del día en el agua. Había competencias, juegos por equipos, carreras, actividades deportivas y excursiones, pero también largos momentos de tiempo libre en los que la imaginación hacía el resto.

El club tenía además una ventaja decisiva para muchas familias: estaba cerca. En una época en la que no todos tenían automóvil y el transporte cotidiano tenía otras características, poder llegar caminando, en colectivo o en bicicleta significaba que los chicos podían desarrollar una autonomía que hoy resulta menos frecuente. El barrio era el territorio cotidiano y el club formaba parte de él. Los padres podían conocer a los profesores, a los dirigentes y a otras familias, mientras los chicos iban construyendo durante el verano una red de amistades que muchas veces continuaba durante todo el año.

La pileta también modificaba el ritmo familiar. El verano tenía horarios propios: almorzar más tarde, dormir una siesta, volver a la pileta después de las cuatro cuando el calor aflojaba y quedarse hasta que empezara a caer el sol. No había necesidad de llenar cada hora con una actividad organizada. Buena parte del atractivo consistía precisamente en tener tiempo libre. Los chicos podían pasar una tarde entera jugando a la pelota, haciendo competencias de clavados, charlando al borde de la pileta o inventando alguna aventura que en ese momento parecía importantísima.

El club como vacaciones posibles

Para las familias que no podían viajar, la pileta del club tenía además un significado económico. Las vacaciones fuera de la ciudad implicaban transporte, alojamiento, comida y otros gastos que no estaban al alcance de todos. El club ofrecía una alternativa mucho más accesible: una cuota social y, en algunos casos, un adicional por temporada permitían utilizar las instalaciones durante los meses de calor. La posibilidad de disfrutar del verano no dependía necesariamente de poder viajar, y eso convertía a las instituciones barriales en actores importantes de la vida social.

Esta característica estaba relacionada con una tradición mucho más antigua. Durante buena parte del siglo XX, los clubes argentinos fueron construyendo instalaciones deportivas y recreativas que excedían ampliamente la práctica competitiva. La pileta, el gimnasio, el salón de fiestas, la cancha y el buffet formaban parte de un mismo universo institucional. El club podía ser el lugar donde un chico aprendía a nadar, donde jugaba al fútbol, donde sus padres participaban de una comisión y donde la familia terminaba celebrando un cumpleaños. La institución acompañaba distintas etapas de la vida, algo que ayudaba a explicar su enorme arraigo.

En verano, además, aparecía una escena muy característica: las familias cargadas con bolsos, toallas, ojotas, termos y comida. La heladerita podía contener sandwiches, fruta y alguna bebida para evitar gastar demasiado en el buffet. Las madres y los padres buscaban un lugar con sombra mientras los chicos desaparecían rápidamente hacia la pileta. Al rato aparecía el problema inevitable: quién había perdido la toalla, quién tenía que ponerse protector solar nuevamente, quién había dejado las ojotas junto a la pileta y quién todavía no quería salir del agua.

También estaba la figura del guardavidas, que durante aquellas temporadas adquiría una autoridad especial. Su silbato podía detener una carrera, impedir una conducta peligrosa o anunciar que era momento de salir del agua. Los chicos aprendían así algunas de las primeras reglas de convivencia fuera de la escuela y de la familia. La pileta era diversión, pero también aprendizaje colectivo: había turnos, límites, normas y adultos responsables de hacerlas cumplir.

Una Argentina que también veraneaba cerca

Con el paso del tiempo, el modelo fue cambiando. Las vacaciones familiares se diversificaron, aumentaron las posibilidades de viajar y aparecieron nuevas propuestas de entretenimiento. Los barrios también se transformaron, los clubes atravesaron dificultades económicas y algunas instituciones perdieron parte de la infraestructura que habían construido durante décadas. La televisión por cable, los videojuegos, las nuevas tecnologías y, posteriormente, internet modificaron además la manera en que los chicos ocupaban su tiempo libre.

Sin embargo, las colonias y las piletas de los clubes nunca desaparecieron completamente. Siguen existiendo porque responden a una necesidad que no es solamente recreativa. Para muchas familias representan un espacio seguro, cercano y comunitario donde los chicos pueden encontrarse con otros chicos, practicar deportes y aprender a desenvolverse colectivamente. Lo que quizás cambió es el lugar que ocupan dentro de una sociedad en la que el tiempo libre está cada vez más fragmentado.

Recordar aquellas temporadas de pileta no significa afirmar que antes todo era mejor. También había desigualdades, clubes deteriorados, familias que no podían siquiera pagar una colonia y barrios en los que las condiciones de vida eran muy diferentes. Pero aquellas escenas permiten observar algo importante: la recreación también formaba parte de la vida comunitaria y no estaba necesariamente separada del deporte, la educación o la organización barrial.

Por eso, cuando quienes fueron chicos en los años 70 u 80 recuerdan el verano, muchas veces no aparece primero una playa lejana ni un hotel. Aparece una pileta. Aparece el olor a cloro, el piso caliente, la bolsa con la merienda, el silbato del guardavidas, la carrera para ocupar una reposera bajo un árbol y la orden repetida de una madre: «Salí un rato del agua». Para miles de argentinos, esas fueron sus vacaciones, y en esa pileta del club encontraron algo que excedía largamente el entretenimiento: amigos, autonomía, deporte, barrio y una forma de aprender que el verano también podía ser una experiencia compartida.