Política

 

El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.

Por Tomás Palazzo para NLI

Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.

La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.

Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables

La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen

La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.

En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.

La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.

Una excepción que amenaza con convertirse en regla

Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.

La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.

Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.

 

 

A casi un año y medio del estallido del caso $LIBRA, la investigación judicial atraviesa uno de sus momentos más críticos. Sin testigos citados, sin indagatorias, con la fiscalía admitiendo que carece de recursos técnicos y ahora con los querellantes apartados del expediente, la causa que salpica a Milei parece ingresar en un preocupante callejón sin salida.

Por Roque Pérez para NLI

Lo que comenzó como una investigación sobre la presunta estafa vinculada al lanzamiento y derrumbe del memecoin $LIBRA, promocionado por Milei, hoy exhibe un escenario que preocupa incluso a especialistas en derecho penal económico. Después de casi dieciocho meses de trámite, el expediente pasó por varios magistrados y fiscales, pero todavía no hubo declaraciones testimoniales relevantes, ni llamados a indagatoria para los principales involucrados, mientras continúan acumulándose cuestionamientos sobre el ritmo de la investigación.

Una resolución que cambió el escenario

La situación se agravó con la reciente decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien resolvió excluir de la causa a todos los querellantes particulares al considerar que no acreditaron suficientemente haber sido damnificados por el colapso de $LIBRA.

La resolución generó fuertes críticas porque, según distintos especialistas, el magistrado habría avanzado sobre cuestiones de fondo que todavía deberían investigarse, al sostener que las pérdidas sufridas por los inversores podrían responder simplemente a la volatilidad propia del mercado de los llamados «memecoins» y no necesariamente a una maniobra fraudulenta.

Esa interpretación también llamó la atención porque el propio expediente reconoce que todavía no pudo reconstruirse completamente el recorrido del dinero ni identificarse a todos los titulares de las billeteras virtuales involucradas, una tarea indispensable para determinar si existió o no una operatoria fraudulenta.

Sin recursos, sin avances y con advertencias de impunidad

Otro dato que agrava el panorama es el reconocimiento formulado por el propio Ministerio Público Fiscal respecto de las dificultades para investigar operaciones complejas con criptomonedas.

Según consta en el expediente, la fiscalía admitió que no dispone del presupuesto, del software especializado ni de las licencias tecnológicas necesarias para reconstruir adecuadamente las transacciones realizadas mediante blockchain, una limitación que viene demorando medidas consideradas centrales para esclarecer los hechos.

Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que participa como amicus curiae, advirtieron que la combinación entre la exclusión de los querellantes y la demora en impulsar medidas clave incrementa seriamente el riesgo de impunidad.

Su director ejecutivo, Pedro Biscay, sostuvo que las demoras en ordenar indagatorias y avanzar sobre las máximas responsabilidades debilitan el proceso penal y comprometió que la organización continuará impulsando medidas para intentar esclarecer completamente lo ocurrido.

Una causa cada vez más cuestionada

La decisión de apartar a quienes se presentan como presuntas víctimas tampoco parece alinearse plenamente con criterios adoptados anteriormente por la Cámara Federal, que había permitido su participación mientras avanzaban diversas pericias técnicas sobre blockchain y trazabilidad de fondos.

Ahora, esos damnificados anticiparon que apelarán la resolución, mientras crecen las dudas sobre el futuro de una investigación que continúa sin definir responsabilidades pese a la enorme repercusión política e institucional que tuvo el caso desde febrero de 2025.

Con el expediente prácticamente estancado, sin avances sustanciales sobre los principales imputados y con limitaciones reconocidas por los propios investigadores, el caso $LIBRA se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que enfrenta la Justicia argentina para investigar presuntos delitos económicos cometidos mediante activos digitales, al tiempo que continúa proyectando una sombra política sobre Milei y su entorno.

 

 

Cuando la Selección Argentina enfrente el próximo viernes a Cabo Verde por un pase a los octavos de final del Mundial, no solo se cruzará con una de las grandes revelaciones del torneo. También se medirá con un país cuyo nombre aparece en uno de los documentos más trascendentales de la historia de América y, por extensión, de la propia Argentina. Mucho antes de que existieran nuestro país, Brasil o cualquiera de los actuales Estados sudamericanos, unas pequeñas islas frente a la costa occidental de África sirvieron como punto de referencia para dividir el mundo.

Por Alcides Blanco para NLI

La historia de la conformación territorial argentina comienza, en buena medida, con una línea imaginaria que el papa Alejandro VI ordenó trazar en 1493 y que debía medirse desde las islas de Cabo Verde. Aquella decisión, plasmada en la bula Inter Caetera, marcaría durante siglos la geografía política del continente y sería el antecedente directo del Tratado de Tordesillas, uno de los acuerdos diplomáticos más influyentes de la historia moderna.

Una línea imaginaria que cambió el mapa de América

Tras el primer viaje de Cristóbal Colón, Castilla y Portugal disputaban el control de las nuevas tierras descubiertas en el Atlántico. Para evitar un conflicto abierto, los Reyes Católicos recurrieron al papa Alejandro VI, quien emitió la bula Inter Caetera el 4 de mayo de 1493.

El documento establecía una línea de norte a sur ubicada 100 leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde. Todo lo que se descubriera al oeste correspondería a Castilla; lo situado al este quedaría para Portugal. Aunque la ubicación exacta de esa línea sigue siendo discutida por los historiadores debido a las distintas formas de medir las leguas y a que Azores y Cabo Verde no comparten el mismo meridiano, el principio político quedó establecido: el océano Atlántico sería dividido utilizando a Cabo Verde como referencia geográfica.

Portugal consideró insuficiente esa delimitación y exigió renegociarla. Apenas un año más tarde, ambas coronas firmaron el Tratado de Tordesillas, desplazando la línea hasta 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Ese cambio resultó decisivo: permitió que la futura costa brasileña quedara dentro de la esfera portuguesa mientras el resto de la mayor parte de Sudamérica permanecía bajo dominio castellano. Sin esa modificación probablemente hoy Brasil hablaría español, o incluso podría no existir como el país que conocemos.

Para la futura Argentina, aquellas decisiones tuvieron consecuencias enormes. Los territorios que luego integrarían el Virreinato del Río de la Plata y, más tarde, las Provincias Unidas y la República Argentina, quedaron comprendidos dentro del espacio jurídico adjudicado a la Corona de Castilla, sobre el cual se apoyaría posteriormente el principio del uti possidetis juris utilizado durante las independencias americanas, una doctrina del derecho internacional que establece que los nuevos Estados independientes conservan las fronteras administrativas que tenían cuando eran colonias.

Las pequeñas islas que terminaron entrando en la historia argentina

El archipiélago de Cabo Verde está formado por diez islas volcánicas ubicadas a unos 600 kilómetros de la costa africana. Cuando los navegantes portugueses llegaron allí hacia 1456 encontraron un territorio deshabitado, sin población permanente. Poco después comenzó su colonización y las islas se transformaron rápidamente en un importante centro de abastecimiento para las expediciones atlánticas y en uno de los principales puertos del comercio esclavista portugués entre África, América y Europa.

Durante siglos, Cabo Verde permaneció bajo dominio portugués y recién alcanzó su independencia el 5 de julio de 1975, luego de un largo proceso anticolonial impulsado junto con Guinea-Bisáu por el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC).

Actualmente es una de las democracias más estables del continente africano y una economía que ha logrado destacarse por su desarrollo institucional, el turismo y los servicios, pese a la escasez de recursos naturales.

Aunque la relación entre Argentina y Cabo Verde nunca fue particularmente intensa, existen algunos vínculos interesantes. Durante fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX llegaron al país pequeños contingentes de inmigrantes caboverdianos, muchos de ellos marinos y trabajadores portuarios que se radicaron principalmente en Ensenada, Dock Sud y Mar del Plata. Con el tiempo formaron una de las comunidades afrodescendientes organizadas más importantes del país, conservando tradiciones culturales que aún hoy perduran en asociaciones civiles y centros culturales.

Paradójicamente, muchos argentinos desconocen esa presencia histórica mientras sí conocen a Cabo Verde únicamente por su selección de fútbol.

El viernes, cuando el árbitro dé inicio al partido entre Argentina y Cabo Verde, se enfrentarán dos países separados por más de nueve mil kilómetros de océano. Sin embargo, mucho antes de que existiera la camiseta albiceleste o la nación caboverdiana, aquellas islas africanas ya figuraban en el documento que comenzó a delinear el mapa político del continente donde nacería la Argentina. En cierto modo, la historia de nuestro territorio también empezó midiendo distancias desde Cabo Verde.

 

 

Una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial aprobó un cuadro tarifario para los estudios que realiza el Laboratorio Nacional de Inmunogenética del INCUCAI. Entre las prestaciones alcanzadas figuran análisis indispensables para pacientes en lista de espera de trasplantes de órganos y de médula ósea, con valores que llegan hasta los 979 mil pesos.

Por Roque Pérez para NLI

El Gobierno nacional profundizó este lunes su política de arancelamiento de prestaciones estatales con la publicación de una resolución del INCUCAI que establece, por primera vez, un nomenclador de costos para los estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Inmunogenética. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 146/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, y fija valores para una amplia gama de análisis indispensables en los procesos de donación y trasplante de órganos y de células progenitoras hematopoyéticas.

Aunque la resolución no modifica el régimen legal de acceso a los trasplantes ni dispone que los pacientes deban pagar directamente estos montos, sí introduce formalmente un sistema de aranceles para prestaciones que hasta ahora eran absorbidas por el Estado nacional, trasladando el costo a los financiadores o a quienes deban afrontar esos estudios cuando no exista cobertura.

Estudios imprescindibles que ahora tienen un precio

El nuevo cuadro tarifario alcanza a algunos de los análisis más sensibles dentro del sistema de trasplantes. Entre ellos se encuentra la inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido, cuyo costo fue fijado en 514.000 pesos. Ese procedimiento incluye la tipificación genética HLA y los estudios inmunológicos necesarios para determinar la compatibilidad del futuro receptor.

También se establecieron valores para el denominado cross match, indispensable para verificar la compatibilidad entre donante y receptor antes de un trasplante, con un costo de 248.000 pesos, mientras que la tipificación HLA para donantes de órganos sólidos costará 251.000 pesos.

Uno de los estudios de mayor complejidad, destinado a pacientes candidatos a trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas —como los trasplantes de médula ósea—, tendrá un valor de 979.000 pesos, constituyéndose en la prestación más costosa del nomenclador aprobado.

La resolución también fija aranceles para determinaciones de anticuerpos anti-HLA, estudios de quimerismo, cuantificación de células CD34+, detección de ADN libre circulante y otras prácticas altamente especializadas utilizadas para el seguimiento clínico de pacientes trasplantados.

Un cambio que vuelve a poner el foco sobre el financiamiento sanitario

Desde el punto de vista administrativo, el INCUCAI argumenta que resulta necesario contar con un esquema actualizado de recuperación de costos para las prestaciones brindadas por su laboratorio nacional de referencia.

Sin embargo, la decisión vuelve a instalar el debate sobre el progresivo retiro del financiamiento estatal en áreas estratégicas de la salud pública, especialmente en procedimientos donde el tiempo, la disponibilidad de recursos y la realización de estudios especializados resultan determinantes para salvar vidas.

Los análisis comprendidos en el nomenclador no constituyen estudios accesorios: son requisitos indispensables para determinar compatibilidades inmunológicas, ingresar a listas de espera, seleccionar donantes y controlar la evolución posterior de los trasplantes. Sin ellos, el sistema de procuración y trasplante simplemente no puede funcionar.

En un contexto marcado por los recortes presupuestarios sobre organismos científicos, hospitales nacionales y programas sanitarios, la incorporación de estos aranceles aparece como un nuevo paso en la lógica de trasladar costos que históricamente eran absorbidos por el Estado, aun cuando se trate de prestaciones vinculadas con tratamientos de altísima complejidad y, muchas veces, de carácter vital para los pacientes.

 

 

El recambio en la Jefatura de Gabinete vuelve a exponer la lógica de concentración política del oficialismo libertario, que ahora deposita ese cargo clave en Diego Santilli, un dirigente que atraviesa distintas etapas del poder político argentino desde hace más de dos décadas y cuya trayectoria está profundamente entrelazada con el PRO, el macrismo porteño y la estructura estatal de la Ciudad de Buenos Aires.

Por Tomás Palazzo para NLI

La salida de Manuel Adorni y su reemplazo por Santilli no solo implica un cambio de nombres: reordena el tablero interno del Gobierno y reabre el debate sobre el perfil de quienes ocupan los principales despachos del Ejecutivo. En ese contexto, el nuevo Jefe de Gabinete asume con un historial político que lo vincula a múltiples espacios de poder, siempre dentro del mismo ecosistema de gestión y negocios del Estado.

De la política porteña al corazón del poder

Diego Santilli inició su recorrido político en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, donde ocupó distintos cargos durante los gobiernos del PRO. Fue parte del armado que consolidó la estructura política de Mauricio Macri en territorio porteño y luego vicejefe de Gobierno durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Desde ese lugar, no solo tuvo injerencia en áreas sensibles de la administración, sino que también quedó asociado a un entramado de decisiones políticas y administrativas que, con el correr de los años, derivaron en reiteradas observaciones sobre el modo de contratación del Estado porteño y la cercanía entre funcionarios, militancia y empresas proveedoras.

Contratos, vínculos y la lógica del Estado como ecosistema político

Uno de los casos más mencionados en investigaciones periodísticas refiere a la adjudicación de contratos a una empresa vinculada políticamente a su entorno, SOCIV SRL, que recibió múltiples licitaciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad. Se destacan millonarios contratos para servicios de mantenimiento y obras públicas, adjudicados en el marco de una licitación del Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente porteño .

Otro antecedente remite a la adjudicación del servicio de mantenimiento del Campo de Golf Juan Bautista Segura, por casi 15,6 millones de pesos, también en la Ciudad, en un proceso donde la firma terminó siendo beneficiaria tras la desestimación de otros oferentes .

Estos hechos fueron señalados por distintos medios críticos como parte de una dinámica recurrente de contratación estatal en la que confluyen militancia política, vínculos personales y gestión pública dentro del mismo círculo de poder.

El entramado político y la acumulación de poder

Más allá de los contratos puntuales, el recorrido de Santilli muestra una característica constante: su permanencia dentro de los núcleos de decisión del PRO, acompañando distintas etapas del macrismo desde la Legislatura porteña hasta la Vicejefatura de Gobierno y su proyección nacional posterior.

En paralelo, su nombre ha sido mencionado en investigaciones periodísticas y denuncias mediáticas que apuntan a la existencia de estructuras societarias y vínculos empresariales asociados a su entorno político y familiar, en el marco de un sistema donde la frontera entre gestión pública y redes privadas aparece frecuentemente difusa.

El nuevo jefe de gabinete y la continuidad del poder

Su llegada a la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Adorni no introduce una figura externa ni disruptiva, sino que consolida la circulación de dirigentes dentro del mismo universo político que ha gobernado la Ciudad de Buenos Aires durante más de una década.

En ese sentido, el nombramiento de Santilli refuerza la idea de continuidad más que de renovación: un dirigente formado en la estructura del PRO, con trayectoria en la administración pública porteña y fuerte inserción en los engranajes del Estado, ahora trasladado al centro de coordinación del Gobierno nacional.

 

 

La renuncia de Manuel Adorni puso fin a meses de creciente desgaste político y judicial para uno de los funcionarios más cercanos a Milei. El ahora exjefe de Gabinete presentó una carta en la que negó las acusaciones en su contra, pero su salida expone una crisis que el oficialismo ya no pudo contener.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

Después de semanas de sostener públicamente que no pensaba abandonar el cargo, Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete, una decisión que sacudió al Gobierno y confirmó el fuerte impacto que tuvieron las investigaciones judiciales sobre su patrimonio y el creciente aislamiento político dentro del oficialismo. La salida se produjo luego de varios meses de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, incompatibilidades y utilización de recursos públicos, un escenario que terminó erosionando incluso el respaldo que hasta hace pocos días le brindaba Milei.

La carta de renuncia, difundida por el propio funcionario, insistió en que es inocente y sostuvo que demostrará su situación patrimonial ante la Justicia. Sin embargo, el gesto político tuvo una lectura inevitable: el Gobierno perdió a quien había sido durante más de dos años la principal cara de su estrategia comunicacional y luego el coordinador de todo el gabinete nacional.

De vocero blindado a funcionario insostenible

El recorrido de Adorni sintetiza buena parte de la evolución del gobierno libertario. Llegó a la administración nacional como vocero presidencial, luego concentró el manejo de la comunicación oficial y, tras el recambio político de fines de 2025, fue promovido a la Jefatura de Gabinete como uno de los hombres de mayor confianza de Milei.

Pero ese ascenso comenzó a desmoronarse cuando distintas investigaciones periodísticas revelaron gastos, viajes, adquisiciones patrimoniales y movimientos económicos difíciles de compatibilizar con los ingresos declarados por el funcionario. Las denuncias derivaron en expedientes judiciales que fueron sumando presión política y pedidos de explicaciones desde la oposición. Según trascendió, Adorni terminó reconociendo la existencia de fondos que inicialmente no habían sido incluidos en sus declaraciones patrimoniales, aunque insistió en que su origen era lícito.

Un golpe político para Milei

La renuncia representa un golpe político de magnitud para Milei. Durante meses el Presidente sostuvo públicamente a su jefe de Gabinete, denunció una supuesta persecución política y mediática y rechazó los pedidos para desplazarlo. Sin embargo, la acumulación de cuestionamientos judiciales, la pérdida de respaldo dentro del propio oficialismo y el costo institucional terminaron haciendo inviable su continuidad.

La crisis también volvió a poner sobre la mesa una de las principales contradicciones del discurso libertario. Un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con «la casta» y combatir los privilegios terminó atravesado por denuncias que involucran a uno de sus funcionarios más emblemáticos. Mientras desde la Casa Rosada intentan presentar la salida como una decisión personal de Adorni para defenderse en los tribunales, la oposición sostiene que se trata de una renuncia forzada por la magnitud del escándalo.

Con la salida de Adorni se abre además una nueva etapa de incertidumbre política. La búsqueda de un reemplazante para coordinar el gabinete ocurre en un contexto de fuerte tensión parlamentaria y de creciente desgaste del Gobierno, que deberá afrontar las consecuencias políticas de uno de los episodios más delicados desde la llegada de Milei al poder.