Política

 

Mucho antes de los cementerios-parque y de las grandes necrópolis suburbanas, Buenos Aires desarrolló una verdadera arquitectura de la muerte. El crecimiento de la ciudad obligó a trasladar cementerios, modificar costumbres y construir espacios monumentales donde las familias reproducían, incluso después de la muerte, las diferencias sociales de la vida cotidiana.

Por Redacción de NLI

Hay ciudades dentro de las ciudades que casi nunca miramos. Buenos Aires tiene una de ellas y está habitada por millones de personas que ya no están. Entre mausoleos, galerías, esculturas, árboles centenarios y calles perfectamente trazadas, los grandes cementerios porteños conservan una historia que excede ampliamente la cuestión funeraria. Son archivos arquitectónicos, sociales y políticos donde pueden leerse las transformaciones de la Argentina, desde la epidemia de fiebre amarilla hasta la inmigración masiva, el ascenso de las clases medias y la construcción de una identidad nacional.

El caso más conocido es el Cementerio de la Recoleta, pero su historia no comienza allí. Antes de que ese lugar se convirtiera en una de las necrópolis más famosas de América Latina, Buenos Aires había tenido otros cementerios ubicados mucho más cerca del centro urbano. El crecimiento demográfico y las sucesivas epidemias obligaron a las autoridades a replantear dónde y cómo debía enterrarse a los muertos.

El problema era sanitario, pero también profundamente cultural. Durante siglos, enterrar a una persona había estado ligado a iglesias y parroquias. La expansión de las ciudades modernas comenzó a separar progresivamente la muerte del espacio religioso y a convertir los cementerios en instituciones públicas, organizadas, reglamentadas y administradas por autoridades civiles.

La muerte también cuenta la historia de una ciudad

El traslado de los cementerios porteños estuvo estrechamente relacionado con las grandes epidemias que golpearon a Buenos Aires durante el siglo XIX. La fiebre amarilla de 1871, que provocó una de las mayores tragedias sanitarias de la historia argentina, aceleró una transformación que ya estaba en marcha: los cementerios ubicados dentro de zonas densamente pobladas comenzaron a ser considerados un problema para la salud pública.

La epidemia dejó decenas de miles de muertos y produjo una conmoción social enorme. Las autoridades comprendieron que la expansión urbana exigía nuevas políticas sanitarias, sistemas de agua y cloacas, hospitales y también una reorganización de los espacios destinados a los entierros.

Fue en ese contexto que adquirió importancia el Cementerio de la Chacarita, creado originalmente como consecuencia de la emergencia sanitaria. Lo que comenzó como una solución frente a una catástrofe terminó convirtiéndose en una de las principales necrópolis de la ciudad.

Pero mientras Chacarita adquiría una función más vinculada con el entierro masivo y popular, Recoleta desarrollaba otra característica: la monumentalidad.

En sus calles internas aparecen mausoleos familiares, esculturas, vitrales y obras realizadas por arquitectos y artistas de enorme prestigio. La explicación no es solamente estética. El cementerio se transformó también en un escenario donde las familias pertenecientes a los sectores más acomodados podían exhibir su posición social.

La ciudad de los vivos tenía sus palacios, sus avenidas y sus grandes edificios. La ciudad de los muertos también tenía los suyos.

Una sociedad entera quedó dibujada en sus mausoleos

Caminar por un cementerio monumental permite descubrir algo que los libros de historia muchas veces no muestran: cómo una sociedad quería ser recordada.

Los mausoleos familiares muestran apellidos vinculados con la política, la economía, las Fuerzas Armadas, la cultura y las grandes familias tradicionales. Pero entre esas construcciones también aparecen nombres de inmigrantes que lograron ascender socialmente y quisieron dejar una marca visible de ese recorrido.

La arquitectura funeraria se convirtió así en una especie de autobiografía colectiva.

Hay familias que eligieron monumentos sobrios; otras construyeron verdaderos templos en miniatura. Algunas encargaron esculturas de mármol importado y otras incorporaron símbolos vinculados con profesiones, creencias o acontecimientos familiares. Cada decisión transmitía una idea sobre quién había sido aquella persona y qué lugar había ocupado dentro de la sociedad.

El fenómeno no fue exclusivamente argentino. En las grandes ciudades de Europa y América, los cementerios monumentales se convirtieron durante los siglos XIX y XX en verdaderos espacios de representación social. Pero en Buenos Aires adquirieron una particularidad vinculada con la historia de una ciudad que recibió millones de inmigrantes y experimentó una transformación social extraordinariamente rápida.

En pocas generaciones, una familia podía pasar de la pobreza de los conventillos a la prosperidad económica. El mausoleo podía funcionar entonces como una declaración pública de ese ascenso.

La muerte, paradójicamente, se convirtió en otra forma de contar la movilidad social.

Cuando los cementerios dejaron de parecerse a una ciudad

Durante el siglo XX comenzó a cambiar nuevamente la relación de los argentinos con la muerte. La expansión de las ciudades llevó los cementerios cada vez más hacia las periferias. Aparecieron nuevas formas de entierro, nichos, bóvedas colectivas y, posteriormente, cementerios privados y parques.

También cambió la arquitectura. Los enormes mausoleos familiares dejaron de tener el protagonismo que habían alcanzado décadas atrás y comenzaron a ganar espacio soluciones más simples y funcionales.

La transformación no fue solamente económica. También cambió la relación cultural con la muerte. Las sociedades urbanas modernas tendieron a esconder cada vez más aquello que antes formaba parte visible de la vida cotidiana. Los antiguos velorios prolongados, las procesiones y determinadas ceremonias familiares fueron perdiendo presencia.

Los cementerios monumentales quedaron entonces como testimonios de una época en la que la muerte todavía ocupaba un lugar mucho más visible dentro de la vida social.

Y por eso resultan tan interesantes.

No son simplemente lugares donde descansan personas famosas. Son documentos históricos construidos en piedra. En ellos pueden estudiarse estilos arquitectónicos, transformaciones sociales, epidemias, migraciones, conflictos políticos, religiones, profesiones y hasta las aspiraciones de una sociedad.

Quizás por eso recorrer una necrópolis antigua produce una sensación extraña: uno camina por calles silenciosas, pero cada esquina cuenta una historia. Una escultura puede hablar de una tragedia familiar. Una fecha puede recordar una epidemia. Un apellido puede conducir hasta una empresa, un partido político o una institución que todavía existe.

Buenos Aires tiene varias de estas ciudades silenciosas. Y aunque millones de personas pasan cada año frente a sus puertas sin detenerse, detrás de ellas existe una parte fundamental de la historia argentina.

Porque los vivos construyen ciudades para vivir, pero también construyen lugares para ser recordados. Y cuando esas construcciones sobreviven durante más de un siglo, terminan contando una historia que ya no pertenece solamente a quienes fueron enterrados allí.

También pertenece al país que dejaron atrás.

 

 

Hubo una época en la que el ferrocarril era mucho más que un medio de transporte: era la columna vertebral que conectaba pueblos, acercaba producción, generaba trabajo y permitía que miles de argentinos conocieran por primera vez una ciudad situada a cientos de kilómetros. La historia de La Trochita, el pequeño tren de la Patagonia que todavía atraviesa la estepa, permite recuperar una parte de aquel país ferroviario.

Por Redacción de NLI

Hay trenes que transportan pasajeros y trenes que terminan formando parte de la memoria de un pueblo. La Trochita, oficialmente conocida como Viejo Expreso Patagónico, pertenece definitivamente a la segunda categoría. Sus locomotoras pequeñas, sus vagones de madera y sus vías estrechas atraviesan desde hace décadas una de las regiones más extensas y despobladas del país, entre paisajes donde el horizonte parece no terminar nunca. Para muchos de los habitantes de la Patagonia, sin embargo, aquel ferrocarril no fue originalmente una atracción turística: fue durante décadas una herramienta fundamental para comunicarse, transportar producción y mantener vinculadas a comunidades separadas por enormes distancias.

Su historia también permite entender qué significó el ferrocarril para la Argentina del siglo XX y qué ocurrió cuando muchas de aquellas líneas dejaron de considerarse estratégicas.

Una línea pensada para atravesar el desierto patagónico

La construcción de La Trochita estuvo vinculada con un ambicioso proyecto ferroviario que buscaba conectar distintos puntos de la Patagonia con la red nacional. La línea finalmente vinculó Ingeniero Jacobacci, en Río Negro, con Esquel, en Chubut, atravesando cientos de kilómetros de estepa.

La particularidad estaba en su trocha: apenas 75 centímetros. De allí surgió el nombre popular de «La Trochita». Esa característica permitía utilizar curvas más cerradas y adaptar el tendido a terrenos difíciles, aunque también limitaba la velocidad y la capacidad de transporte.

El proyecto avanzó lentamente durante las primeras décadas del siglo XX. La construcción en la Patagonia implicaba desafíos enormes: largas distancias, clima extremo, escasez de infraestructura y dificultades para transportar materiales. Las vías debían avanzar por territorios donde las distancias entre poblaciones eran enormes y donde una tormenta podía aislar completamente una formación.

Finalmente, el servicio comenzó a funcionar en la década de 1940, integrando comunidades que hasta entonces dependían de caminos precarios y de medios de transporte mucho más lentos.

Para las poblaciones de la región, la llegada del tren significó mucho más que disponer de un nuevo servicio. Permitió trasladar lana y otros productos, transportar alimentos y mercaderías, facilitar viajes hacia centros urbanos y sostener vínculos familiares y comerciales. En lugares donde las distancias podían convertirse en verdaderas barreras, el ferrocarril funcionaba como una forma concreta de integración territorial.

Cuando cerrar una línea significaba aislar una región

Durante buena parte del siglo XX, el ferrocarril argentino cumplió una función que excedía ampliamente la rentabilidad inmediata. Las líneas conectaban regiones productivas, acercaban servicios y contribuían a poblar territorios alejados de los grandes centros urbanos.

Esa lógica comenzó a cambiar con fuerza durante las últimas décadas del siglo. La expansión del transporte automotor, la transformación de las políticas económicas y las sucesivas decisiones de reducción de servicios ferroviarios provocaron el cierre de numerosos ramales. Muchas localidades que habían nacido alrededor de una estación quedaron progresivamente aisladas o perdieron una parte fundamental de su actividad económica.

La Trochita también estuvo cerca de desaparecer. En 1993, el servicio regular fue suspendido y durante un tiempo parecía que aquellas pequeñas locomotoras pasarían definitivamente a formar parte del pasado. La reacción de las comunidades locales y el interés generado por su valor histórico y cultural contribuyeron a evitar su desaparición completa.

El tren comenzó entonces a recorrer un camino diferente: dejó de ser solamente una herramienta de transporte cotidiano y empezó a convertirse también en patrimonio histórico y atractivo turístico.

Pero reducir su historia al turismo sería injusto. La Trochita sobrevivió porque detrás de sus vías había una memoria colectiva. Para muchas familias patagónicas, el tren estaba asociado con viajes, trabajo, encuentros y acontecimientos fundamentales de sus vidas.

Una locomotora como memoria de otro modelo de país

Actualmente La Trochita es reconocida internacionalmente como uno de los trenes históricos más singulares del mundo. Sus recorridos permiten conocer una Patagonia que no aparece en las fotografías tradicionales: una Patagonia atravesada por vías, estaciones pequeñas y antiguos galpones ferroviarios.

Sus locomotoras a vapor y sus vagones conservan buena parte de la estética de otra época. Pero quizá lo más valioso no sea su aspecto pintoresco, sino lo que representa.

La historia ferroviaria argentina estuvo estrechamente ligada al desarrollo económico y territorial. Allí donde llegaba el tren podían aparecer una estación, un almacén, un taller, una escuela o nuevas posibilidades comerciales. En muchos casos, la infraestructura ferroviaria fue una de las primeras formas de presencia permanente del Estado en regiones alejadas.

Por eso la desaparición de numerosos ramales no significó solamente perder un medio de transporte. También implicó modificar la estructura territorial de muchas comunidades.

La Trochita sobrevivió precisamente porque logró convertirse en memoria viva de aquel proceso. Cada viaje turístico recupera, aunque sea durante unas horas, una forma de recorrer la Patagonia que alguna vez fue cotidiana.

Mientras la locomotora avanza lentamente entre la estepa, el humo se pierde en el cielo y los vagones atraviesan pequeños puentes y estaciones, queda la sensación de estar observando algo más que una pieza de museo. Es un fragmento de la Argentina ferroviaria que todavía funciona.

Y quizás allí esté su mayor valor. Porque un país también se construye con caminos, vías y estaciones. Se construye cuando una persona que vive a cientos de kilómetros de una gran ciudad puede acceder a ella; cuando un productor puede sacar su mercadería; cuando un pueblo deja de estar aislado. La Trochita no es solamente un tren antiguo que sobrevivió al tiempo: es el testimonio de una idea de integración territorial que alguna vez tuvo al ferrocarril en el centro del proyecto nacional.

 

 

YPF aceptó la oferta de Edenor para quedarse con el 70% de MetroGAS y el 5% de MetroENERGÍA por US$780 millones. La operación implica la salida de la petrolera de mayoría estatal del control de una de las principales distribuidoras de gas del país y consolida al grupo empresario de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti como un actor cada vez más poderoso del mapa energético argentino.

Por Roque Pérez para NLI

Hay operaciones empresariales que pueden leerse como una simple transacción financiera y otras que, detrás de los números, cuentan una historia mucho más profunda sobre el rumbo de un país. La venta del 70% de MetroGAS por US$780 millones que YPF acordó con Edenor pertenece claramente a la segunda categoría. La petrolera de mayoría estatal decidió desprenderse de su participación controlante en una de las principales distribuidoras de gas de la Argentina, en una operación que todavía debe atravesar las condiciones y autorizaciones regulatorias correspondientes, pero que ya marca una definición estratégica: YPF abandona el control de MetroGAS y el negocio queda en manos de un conglomerado privado encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

El Gobierno y la conducción de YPF presentan la decisión como parte de una reorganización del portafolio de la compañía, orientada a concentrar capital y esfuerzos en la producción de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta. Desde esa mirada, la distribución de gas no forma parte del núcleo estratégico que la petrolera quiere conservar y la venta permite obtener US$780 millones para destinarlos a otras inversiones. El argumento puede tener una lógica empresarial, pero la pregunta política que inevitablemente aparece es otra: ¿qué significa para la Argentina que una empresa de mayoría estatal abandone el control de una infraestructura energética que llega a millones de hogares y que el Estado había recuperado indirectamente en 2012?

De Gas del Estado a YPF y otra vez al sector privado

Para entender qué está ocurriendo hay que retroceder varias décadas. MetroGAS nació durante el proceso de privatización y fragmentación de Gas del Estado, llevado adelante durante el gobierno de Carlos Menem. Aquella transformación significó el desmantelamiento de la empresa estatal que había concentrado durante décadas buena parte de la actividad gasífera argentina y la transferencia de segmentos del negocio a compañías privadas. MetroGAS quedó como una de las grandes distribuidoras del área metropolitana.

La historia tuvo un giro significativo en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. YPF, que acababa de volver al control estatal tras la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol, decidió ejercer una opción de compra sobre el 54,67% de Gas Argentino que pertenecía a British Gas. De ese modo, YPF pasó a controlar indirectamente el 70% de MetroGAS, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la principal distribuidora de gas del país. La propia documentación de YPF de aquel año señalaba que el objetivo era hacer de MetroGAS una empresa más eficiente y rentable y recuperar su valor estratégico dentro de la matriz energética nacional.

El contraste con la situación actual es difícil de ignorar. Catorce años después, el camino se invierte: aquello que el Estado había recuperado a través de YPF vuelve a quedar bajo control privado. Por eso, aunque técnicamente no sea correcto decir que el gobierno de Javier Milei “privatizó MetroGAS” —la empresa ya había sido privatizada décadas atrás—, sí es correcto afirmar que el Estado vuelve a retirarse del control de un activo energético estratégico que había recuperado.

Y la diferencia no es menor. La venta tampoco significa que el Estado desaparezca del negocio energético: YPF continúa siendo una pieza central del sistema y conserva activos de enorme importancia. Pero sí expresa una determinada concepción acerca de cuál debe ser el papel estatal: concentrarse en producir hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta, y desprenderse de otras posiciones dentro de la cadena energética.

El comprador no es un actor cualquiera

La otra mitad de la historia está en quién se queda con MetroGAS. La compradora es Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, controlada por un grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La oferta de US$780 millones fue seleccionada luego de un proceso competitivo en el que participaron distintos interesados por la distribuidora.

El movimiento tiene una importancia que excede ampliamente a MetroGAS. El grupo que controla Edenor amplía ahora su posición dentro del mercado energético y suma el control de una de las principales distribuidoras de gas a su presencia en el negocio eléctrico. En otras palabras, un mismo entramado empresario pasa a tener una posición mucho más relevante en dos servicios esenciales: electricidad y gas.

Además, Manzano no llega desde afuera de MetroGAS. El empresario ya tenía participación accionaria en la compañía a través de Integra Capital, lo que vuelve todavía más significativa la operación: no se trata simplemente de la llegada de un nuevo competidor, sino de la consolidación del control en manos de un grupo que ya tenía presencia en la distribuidora. Durante el proceso de venta, el grupo encabezado por Manzano, Vila y Filiberti fue identificado como uno de los principales interesados en quedarse con el paquete accionario de YPF.

Aquí aparece uno de los interrogantes centrales que deja la operación. El Gobierno de Milei llegó al poder prometiendo combatir la concentración del poder económico y terminar con supuestos privilegios de la “casta”. Sin embargo, en el sector energético se observa una dinámica en la que activos estratégicos van pasando de manos estatales o de grandes empresas a otros grupos privados con enorme capacidad de concentración.

La discusión, por supuesto, no debería reducirse a nombres propios. Lo verdaderamente importante es preguntarse qué estructura energética está construyendo la Argentina y quiénes tendrán capacidad para decidir sobre ella en los próximos años.

Vaca Muerta como argumento y la concentración como consecuencia

La justificación de YPF tiene un elemento difícil de discutir: la compañía necesita concentrar recursos para desarrollar Vaca Muerta, aumentar la producción de petróleo y gas y transformar ese recurso en una fuente creciente de exportaciones y divisas. En esa estrategia, desprenderse de activos considerados secundarios puede liberar capital para invertir en exploración y producción.

Pero una cosa es reconocer esa lógica y otra muy distinta aceptar que la distribución energética sea un asunto menor. Producir gas es estratégico; distribuirlo también. Las redes que llevan el combustible hasta los hogares, comercios e industrias constituyen una infraestructura esencial de la economía argentina. MetroGAS tiene millones de usuarios y una posición central dentro del sistema de distribución del área metropolitana.

Por eso la operación abre un debate que va mucho más allá de los US$780 millones. ¿Cuánto vale para el país que YPF controle una distribuidora de esta magnitud? ¿Es correcto medir su conveniencia exclusivamente por la rentabilidad financiera que puede obtener la petrolera? ¿Qué ocurre cuando el Estado abandona posiciones dentro de la cadena y esas posiciones son acumuladas por grandes conglomerados privados?

No se trata de sostener que toda empresa energética debe ser necesariamente estatal. El problema es otro: la privatización y la concentración no son sinónimos de eficiencia por sí mismas. El funcionamiento de estos servicios depende también de regulación, tarifas, inversiones, calidad, mantenimiento de las redes y capacidad del Estado para controlar a empresas que operan en mercados donde los usuarios no pueden simplemente elegir otra red de gas o de electricidad.

La historia argentina ofrece demasiados antecedentes como para tratar estos procesos como si comenzaran hoy. La privatización de los servicios públicos durante los años 90 mostró que la transferencia de activos estatales al sector privado no elimina la necesidad de regulación pública. Por el contrario, la vuelve todavía más importante.

Ahora, bajo el gobierno de Milei, el péndulo vuelve a desplazarse con fuerza en la otra dirección. YPF vende MetroGAS, Edenor avanza sobre el negocio gasífero y el Estado concentra su apuesta en la explotación de Vaca Muerta.

La operación puede terminar siendo un buen negocio financiero para YPF. Puede incluso formar parte de una estrategia razonable para convertir a la petrolera en una compañía más enfocada y competitiva. Pero hay una dimensión que el balance contable no puede resolver: quién controla los recursos, las redes y los servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos.

En 2012, YPF había recuperado MetroGAS bajo la premisa de que se trataba de una pieza importante de la matriz energética nacional. En 2026, la misma compañía decide que es un activo del que puede desprenderse por US$780 millones. Entre una decisión y otra pasaron apenas catorce años, pero también cambió profundamente la concepción sobre el papel del Estado en la economía.

Y quizás allí esté la verdadera noticia.

Mientras el Gobierno de Milei habla de convertir a la Argentina en una potencia energética a partir de Vaca Muerta, el Estado se retira de una parte cada vez mayor de la cadena que conecta esa energía con los usuarios. Y en ese proceso, los grandes grupos privados no sólo compran empresas: también acumulan poder sobre sectores estratégicos de la economía.

La venta de MetroGAS es, entonces, mucho más que una operación de US$780 millones. Es otra pieza del nuevo mapa energético argentino. Y esta vez, el Estado vuelve a estar del lado de afuera.

 

 

El Gobierno porteño adjudicó una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional capaz de hablar con los vecinos mediante voces sintéticas de alta fidelidad. El sistema estará destinado a los canales digitales de la Ciudad y podrá mantener conversaciones, procesar información de los trámites, analizar las interacciones y medir cuántos problemas resuelve sin intervención humana. La contratación abre una discusión que va mucho más allá de la tecnología: qué sucede cuando el Estado empieza a reemplazar la conversación entre personas por máquinas diseñadas para sonar como personas.

Por Roque Pérez para NLI

Hasta ahora, cuando un vecino tenía un problema con el Estado porteño, la relación podía ser incómoda, burocrática, lenta o frustrante, pero existía —al menos en principio— una dimensión humana detrás del mostrador, del teléfono o de la pantalla. Había alguien a quien explicarle una situación, alguien que podía escuchar una excepción, interpretar un problema que no encajaba exactamente en un formulario y, eventualmente, hacerse cargo de una respuesta. Esa relación está empezando a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno porteño acaba de adjudicar una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional y síntesis de voz de alta fidelidad que permitirá atender interacciones mediante agentes capaces de hablar con los ciudadanos utilizando voces artificiales cada vez más parecidas a las humanas.

La contratación fue adjudicada el pasado viernes 7 de agosto de 2026 mediante la Resolución 130/SECITD/26. El expediente corresponde a la Licitación Pública 2051-0661-LPU26 y tiene como destino la Dirección General Canales Digitales, dependiente de la Subsecretaría Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. El propio objeto de la licitación resulta revelador: “Plataforma de IA Conversacional y Síntesis de Voz de Alta Fidelidad Modalidad SaaS”. No se trata, entonces, de comprar simplemente un sistema que convierta textos en audios, sino de incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.

Incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.

Cuando el Estado empieza a hablar con voz de máquina

La tecnología contratada tiene una característica que modifica radicalmente la experiencia: la inteligencia artificial no se limitará a responder por escrito. La plataforma elegida es ElevenLabs, una herramienta especializada en generación y síntesis de voz, y la contratación contempla además servicios de contingencia y consultoría, soporte y mantenimiento evolutivo del denominado “ecosistema de voz”. El contrato fue adjudicado a Solar Insights S.A. por $3.020.928.204,80, de los cuales $950.366.524,80 corresponden a la suscripción de ElevenLabs, $1.198.050.000 a servicios de contingencia (una bolsa equivalente a 4,2 millones de minutos, cuyo uso dependerá de las necesidades y consumo del sistema) y $872.511.680 a consultoría, soporte y mantenimiento.

La cifra, por supuesto, merece ser observada, pero reducir la historia a cuánto dinero se gastó sería perder lo más importante. La verdadera transformación está en el vínculo que el Estado pretende establecer con quien necesita de sus servicios. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta la herramienta, sino qué clase de administración pública empieza a construirse cuando una máquina puede recibir una queja, reconocer el lenguaje utilizado, contestar con una voz natural y continuar la conversación sin que necesariamente aparezca un trabajador estatal del otro lado.

La propia estructura de la contratación revela esa orientación. La Dirección General Canales Digitales tiene entre sus responsabilidades coordinar las interfaces entre plataformas digitales y canales conversacionales, además de establecer estándares de experiencia conversacional para los bots utilizados por el Gobierno porteño. La nueva plataforma se incorpora, por lo tanto, dentro de una estrategia más amplia de digitalización de la relación entre la administración y sus ciudadanos.

Y hay una palabra particularmente significativa en esta transformación: “conversacional”. Una pantalla que devuelve información es una cosa. Una voz que responde “entiendo su problema”, hace una pausa, formula una pregunta y continúa la conversación es otra completamente distinta. La segunda construye una apariencia de vínculo interpersonal. La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.

La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.

Ese detalle tiene consecuencias sociológicas que suelen quedar ocultas detrás de palabras como innovación, eficiencia o modernización. Durante décadas, la burocracia estatal fue criticada por su despersonalización: formularios, números de expediente, ventanillas, sellos y turnos convertían a las personas en números administrativos. La paradoja de la nueva revolución digital es que ahora puede ocurrir algo diferente: el Estado puede despersonalizar todavía más la atención mientras utiliza máquinas diseñadas para parecer personales.

La burocracia del futuro podría no tener una ventanilla fría ni un empleado que responde mecánicamente. Podría tener una voz amable, cálida y perfectamente modulada que haga exactamente lo mismo.

La máquina que escucha, interpreta y mide al ciudadano

El salto tecnológico no está solamente en que la IA pueda hablar. También está en lo que ocurre alrededor de esa conversación. La documentación técnica de la contratación contempla una infraestructura capaz de trabajar con agentes conversacionales, integrar información y evaluar las interacciones. Entre los objetivos aparece la medición de la resolución autónoma de las conversaciones, es decir, cuánto puede resolver el sistema sin intervención de un operador humano.

Esto cambia el criterio con el que se evalúa la atención pública. Durante décadas, la calidad de un servicio podía medirse por la capacidad de una persona para resolver un problema, orientar a un vecino o comprender una situación particular. En el nuevo esquema aparece otra variable: qué porcentaje de ciudadanos puede ser atendido completamente por una máquina.

No es un detalle menor. Significa que la automatización deja de ser solamente una herramienta auxiliar y comienza a convertirse en un objetivo de gestión. Cuanto mayor sea la proporción de conversaciones que el sistema resuelva sin derivarlas a una persona, más eficiente será considerado el mecanismo.

La tecnología también permite trabajar con voz, transcripciones y análisis de las conversaciones, lo que introduce otra dimensión delicada: el ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente. La Agencia de Acceso a la Información Pública viene advirtiendo precisamente sobre la necesidad de incorporar transparencia y protección de datos personales durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Su guía para entidades públicas y privadas señala que la transparencia y la protección de datos son dimensiones centrales de una IA responsable.

El ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente

La propia AAIP creó en 2023 un programa específico sobre transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las capacidades estatales frente a los riesgos asociados a estos sistemas. El organismo remarcó que la privacidad y la protección de los datos deben ser consideradas desde la recopilación hasta la utilización, almacenamiento y supresión de la información.

Por eso, en este nuevo escenario aparece una pregunta inevitable: ¿qué sabe exactamente la máquina de la persona con la que está hablando? Y otra todavía más importante: ¿qué sabe esa persona acerca de la máquina con la que está hablando?

¿El vecino sabrá que del otro lado no hay una persona?

Aquí aparece uno de los puntos más sensibles de la contratación.

En la documentación pública que pudimos revisar no encontramos una cláusula expresa que establezca que el ciudadano deba ser informado, al comenzar la conversación, de que está interactuando con una inteligencia artificial. Tampoco la resolución de adjudicación establece una obligación semejante. Esto no permite afirmar que la Ciudad vaya necesariamente a ocultarlo: puede existir una instrucción posterior de implementación, una política de privacidad o una advertencia incorporada al sistema que no forme parte de la resolución publicada. Pero, al menos en los documentos analizados, no aparece de manera explícita esa obligación de identificación frente al ciudadano.

Y la cuestión no es trivial. Cuanto más natural resulte una voz artificial, más importante se vuelve saber quién está hablando.

Una voz humana transmite mucho más que palabras: genera confianza, autoridad, cercanía y, en determinadas circunstancias, empatía. Si un ciudadano escucha una voz perfectamente natural diciéndole que su reclamo fue recibido, puede interpretar que detrás existe una persona que comprendió su situación. Pero una voz humana no significa que exista una persona. La diferencia entre ambas cosas puede volverse prácticamente invisible.

La Argentina, de hecho, ya reconoce institucionalmente que el uso de inteligencia artificial exige reglas de transparencia. La AAIP sostiene que el Estado debe garantizar que los sistemas sean comprensibles y responsables, y sus recomendaciones para el uso de IA señalan que los proyectos públicos deben contemplar la transparencia, la protección de los datos y los riesgos de los procesos automatizados.

El problema, entonces, no es estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. El problema es quién controla la relación entre la máquina y el ciudadano y cuánto sabe el ciudadano acerca de esa relación. Porque una cosa es que el Estado diga: “Esta es nuestra inteligencia artificial; puede ayudarte a resolver este trámite y, si no puede hacerlo, te comunicará con una persona”. Y otra muy diferente es construir una experiencia en la que el usuario tenga la impresión de estar conversando con un empleado cuando en realidad está hablando con un sistema automatizado. La primera situación puede ser una herramienta tecnológica. La segunda plantea un problema de transparencia y autonomía.

La eficiencia como nueva forma de deshumanización

Hay una cuestión todavía más profunda. La incorporación de IA suele justificarse mediante una palabra que parece indiscutible: eficiencia. Una máquina puede atender miles de consultas simultáneamente, no se enferma, no tiene horarios, puede responder de manera uniforme y no necesita multiplicar la cantidad de trabajadores a medida que crece la demanda.

Todo eso puede ser cierto. Pero la eficiencia no es el único valor que debería organizar una administración pública.

Un Estado no existe solamente para procesar trámites. Existe para relacionarse con personas que, muchas veces, llegan a él precisamente porque tienen un problema. El ciudadano que reclama porque perdió un turno, porque no puede acceder a un beneficio, porque necesita resolver una infracción, porque tiene dificultades con un trámite o porque no comprende una decisión administrativa no siempre necesita únicamente una respuesta correcta. A veces necesita que alguien pueda comprender que su situación es excepcional.

La máquina trabaja extraordinariamente bien con aquello que puede ser convertido en datos. El problema comienza cuando la vida real no entra en el formulario.

La promesa de la IA es que esos límites podrán reducirse. Y probablemente sea así. Pero mientras más decisiones y respuestas se automaticen, mayor será la necesidad de preservar mecanismos de atención humana para los casos que no encajen en las categorías previstas por el algoritmo.

El riesgo no es que una computadora sea fría. El riesgo es más profundo: que el Estado termine considerando que una conversación está resuelta cuando el sistema logró cerrar el ticket, aunque la persona siga teniendo el problema.

La Ciudad acaba de dar un paso importante en esa dirección. La resolución del 7 de agosto formalizó la adjudicación de una herramienta que puede convertirse en una nueva puerta de entrada a la administración porteña. La licitación recibió cuatro ofertas y finalmente fue adjudicada a Solar Insights S.A., presidida por Matías Bedacarratz; las otras tres fueron desestimadas por no cumplir con las condiciones del pliego.

No estamos, entonces, ante una fantasía futurista. La transformación ya tiene expediente, licitación, empresa adjudicataria, presupuesto y una tecnología concreta. Lo que todavía está abierto es la discusión democrática sobre qué límites deberá tener esa transformación. Porque una ciudad inteligente no debería ser solamente aquella que responde más rápido. También debería ser aquella que sabe cuándo una persona necesita hablar con otra persona.

Y quizás esa sea la pregunta más importante que deja esta contratación: si el Estado puede construir una máquina capaz de sonar como nosotros, ¿quién se asegurará de que detrás de esa voz siga existiendo un Estado capaz de escucharnos como seres humanos?

 

 

El 10 de agosto de 1957, Martín Karadagián y José María “El Mono” Gatica protagonizaron en La Bombonera un insólito enfrentamiento entre un luchador de catch y uno de los grandes boxeadores populares de la Argentina. Lo que había sido pensado como un espectáculo y una ayuda económica para Gatica terminó, apenas 18 minutos después, con una lesión que marcaría para siempre al ídolo del boxeo.

Por Alcides Blanco para NLI

Hay historias deportivas que parecen inventadas por un guionista. Y hay otras que, justamente por haber ocurrido de verdad, resultan todavía más extraordinarias. La que protagonizaron Martín Karadagián y José María “El Mono” Gatica pertenece a esa segunda categoría. Hace exactamente 69 años, el 10 de agosto de 1957, un campeón del catch y una de las máximas figuras del boxeo argentino se subieron a un ring montado en La Bombonera para protagonizar un combate que pretendía combinar espectáculo, deporte y solidaridad. Terminó siendo otra cosa.

La primera aclaración es importante porque con el paso del tiempo la historia quedó asociada al Luna Park, escenario mítico del boxeo argentino y lugar donde Gatica había construido buena parte de su leyenda. Pero aquella tarde el enfrentamiento se realizó en la cancha de Boca. El Archivo General de la Nación conserva incluso el registro fílmico de aquel acontecimiento y confirma la fecha y el escenario: 10 de agosto de 1957, estadio de Boca Juniors.

El protagonista del catch era Martín Karadagián, un armenio nacido en Buenos Aires que había convertido la lucha profesional en un espectáculo de masas mucho antes de que aparecieran en televisión los inolvidables “Titanes en el Ring”. Karadagián era un personaje extraordinario: atleta, empresario, luchador y, sobre todo, un hombre que entendía como pocos el valor del espectáculo. Sabía que para triunfar no alcanzaba con pelear: había que construir personajes, historias y rivalidades capaces de atrapar al público.

Del otro lado estaba José María Gatica, el “Mono”, uno de los grandes ídolos populares que produjo el boxeo argentino. Había sido una figura gigantesca en el Luna Park, donde sus combates convocaban multitudes, y había construido una relación particularmente intensa con los sectores populares. Pero en 1957 su situación era muy diferente a la de sus años de gloria.

Gatica: del Luna Park y la gloria a una Argentina que había cambiado

Para comprender aquella pelea hay que mirar más allá del ring. Gatica había sido una figura estrechamente vinculada al peronismo y, después del golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón, quedó atravesado por el nuevo clima político. Su carrera ya no era la misma, sus mejores años deportivos habían quedado atrás y sus problemas económicos se habían profundizado.

El “Mono” había ganado mucho dinero durante su carrera, pero también había gastado buena parte de aquella fortuna. Para colmo, el contexto político posterior a la caída de Perón complicó todavía más sus posibilidades de volver a ocupar el lugar que había tenido en el boxeo argentino. En ese escenario apareció la propuesta de Karadagián.

La idea era sencilla en apariencia: realizar un espectáculo que enfrentara a dos figuras de disciplinas diferentes y, al mismo tiempo, generarle un ingreso a Gatica. El encuentro fue promocionado como una especie de combate extraordinario, una rareza deportiva que permitía poner frente a frente al campeón del catch y al célebre boxeador.

Había, además, un acuerdo. No se trataba de una pelea convencional. Los dos hombres habían ensayado y se suponía que el enfrentamiento debía mantener ciertos códigos del espectáculo. El público debía disfrutar de la mezcla de boxeo y lucha sin que aquello terminara convirtiéndose en una verdadera batalla.

Pero algo salió mal.

Dieciocho minutos que cambiaron la historia

Aquella tarde de invierno el clima tampoco acompañó. El cielo gris y el frío conspiraron contra la expectativa de una multitud. La cancha de Boca no se llenó como habían imaginado los organizadores y el escenario distó bastante de convertirse en el gigantesco acontecimiento popular que se había proyectado.

Aun así, cuando comenzó el combate, el espectáculo rápidamente adquirió otro tono.

Gatica era boxeador. Su instinto estaba asociado al combate cuerpo a cuerpo, a la competencia, a imponerse sobre el rival. Karadagián, en cambio, pertenecía a otro universo: el de las tomas, las llaves, las caídas y la teatralidad del catch. Lo que debía ser una demostración controlada comenzó a endurecerse.

Según los relatos posteriores, Gatica se tomó la pelea más en serio de lo acordado. Karadagián respondió desde su propio terreno y utilizó una toma que terminó provocándole una grave lesión en una de las piernas al boxeador. El enfrentamiento duró apenas 18 minutos. Lo que había comenzado como espectáculo terminó con Gatica lesionado y con una consecuencia que lo acompañaría durante el resto de su vida.

La versión más difundida sostiene que la lesión fue producto de una acción deliberada de Karadagián ante la pérdida de control del combate. Pero también existen relatos que ponen el acento en que Gatica había roto previamente las reglas acordadas y que el luchador simplemente respondió dentro de la lógica de su disciplina. Lo que sí permanece fuera de discusión es el desenlace: Gatica quedó con una lesión permanente en una de sus piernas y caminó rengo hasta su muerte, seis años después.

Y allí aparece uno de los elementos más trágicos de la historia. Gatica no era simplemente un boxeador lesionado. Era un ídolo popular que ya atravesaba una etapa de decadencia. Aquella tarde, el hombre que alguna vez había llenado el Luna Park terminó protagonizando un espectáculo que pretendía ayudarlo y que, paradójicamente, terminó agregando otra herida a una vida que ya venía golpeada.

Dos leyendas populares frente a frente

Con el paso del tiempo, la pelea adquirió una dimensión casi mitológica. En buena medida porque Karadagián y Gatica representan dos maneras diferentes de entender el deporte popular argentino.

Gatica era el boxeo como ascenso social, como identidad de barrio, como orgullo de los sectores populares. Su figura estaba profundamente vinculada con el público que encontraba en sus peleas una representación de sus propias luchas y aspiraciones. Karadagián, por su parte, fue uno de los grandes constructores de la cultura del espectáculo deportivo argentino. Años después convertiría esa capacidad en un fenómeno televisivo gigantesco con Titanes en el Ring.

Por eso aquella tarde en La Bombonera fue mucho más que una pelea extraña. Fue el encuentro de dos mundos que, en la Argentina de los años 50, podían convivir perfectamente: el deporte y el espectáculo, la competencia y la ficción, el ídolo deportivo y el personaje popular.

También quedó como una muestra de que detrás de los grandes nombres existen seres humanos atravesados por sus propias circunstancias. Karadagián quería montar un espectáculo y ayudar a un colega. Gatica necesitaba dinero y buscaba mantenerse cerca del mundo que lo había convertido en famoso. Ninguno de los dos podía imaginar que aquella tarde gris terminaría convertida en uno de los episodios más recordados de sus vidas.

Karadagián todavía tendría por delante décadas de gloria y terminaría transformándose en uno de los personajes más reconocibles de la televisión argentina. Gatica, en cambio, tendría un final mucho más doloroso. El 12 de noviembre de 1963, a los 38 años, murió luego de ser atropellado por un automóvil en Avellaneda.

Pero la imagen de ambos sobre aquel ring permanece.

El 10 de agosto de 1957, en La Bombonera, Martín Karadagián y José María Gatica protagonizaron una pelea que debía ser una fiesta y terminó convertida en tragedia. No fue en el Luna Park, aunque el mítico estadio porteño estuvo presente simbólicamente durante todo el episodio: era el lugar donde Gatica había construido su leyenda y el escenario que, inevitablemente, aparecía en la memoria de todos cuando se hablaba del “Mono”.

Sesenta y nueve años después, aquella tarde sigue siendo una de esas historias que explican por qué el deporte argentino no puede entenderse solamente a través de resultados, campeonatos y estadísticas. Porque a veces, detrás de una pelea, hay una época entera.

 

 

En muchos lugares del interior argentino, el cierre del ferrocarril significó mucho más que perder un servicio de transporte. Algunas localidades quedaron sin tren, sin trabajo y, con el tiempo, prácticamente sin habitantes. Pero hubo pueblos que llegaron a tener una vida cultural sorprendente: clubes, cines, bibliotecas, bailes y comercios que hoy cuesta imaginar cuando se observan sus calles silenciosas.

Por Redacción de NLI

Hay una Argentina que no aparece en los grandes mapas turísticos. Está formada por pequeños pueblos que alguna vez tuvieron estación ferroviaria, almacén, escuela, club social, iglesia, taller mecánico y una plaza donde se conocían todos. Algunos llegaron a tener una actividad cultural que hoy asociamos exclusivamente con las grandes ciudades: proyectaban películas, organizaban bailes, recibían compañías teatrales y tenían sociedades de fomento que funcionaban como verdaderos centros comunitarios. Después, lentamente, muchas de esas localidades comenzaron a vaciarse. El tren dejó de pasar, las oportunidades laborales desaparecieron y las nuevas generaciones se marcharon. Lo que quedó fueron edificios abandonados y una memoria que todavía sobrevive entre quienes nacieron allí.

Cuando el tren llevaba también cultura

Durante buena parte del siglo XX, el ferrocarril fue mucho más que una infraestructura destinada a trasladar pasajeros y mercancías. Para cientos de pueblos argentinos representaba el vínculo cotidiano con el resto del país. Por sus vías llegaban diarios, cartas, medicamentos, herramientas, alimentos y visitantes. Pero también llegaban músicos, compañías teatrales, proyectores cinematográficos y películas.

El desarrollo del cine ambulante tuvo una importancia especial en esos lugares. Antes de que existieran salas modernas y antes de que la televisión ingresara masivamente a los hogares, una función cinematográfica podía convertirse en el acontecimiento de la semana. En algunos pueblos la proyección se realizaba en salones de clubes, sociedades de fomento o edificios improvisados como salas de espectáculo.

La experiencia tenía algo que hoy resulta difícil de reproducir. Ver una película no era una actividad doméstica: implicaba salir de casa, encontrarse con vecinos, comprar una entrada y compartir durante un par de horas una misma historia con toda la comunidad. El cine era entretenimiento, pero también era una forma de sociabilidad.

En muchos pueblos, además, el club cumplía funciones que excedían ampliamente al deporte. Allí funcionaban bibliotecas, salones de baile, comisiones de ayuda, espacios para reuniones políticas y sociales, canchas y, en algunos casos, verdaderas salas culturales.

El edificio podía ser modesto, pero su importancia para la comunidad era enorme.

El pueblo que desaparece cuando desaparecen sus instituciones

El problema comenzó cuando cambió la estructura económica que había permitido crecer a aquellas localidades. La mecanización de las tareas rurales redujo la necesidad de trabajadores, mientras las rutas comenzaron a desplazar progresivamente al ferrocarril como principal medio de comunicación.

La situación se profundizó con las sucesivas políticas de cierre de ramales ferroviarios aplicadas durante distintas etapas de la historia argentina. Cuando una estación dejaba de funcionar, el impacto se multiplicaba. El almacén vendía menos, el hotel recibía menos pasajeros, el taller perdía clientes y la escuela comenzaba a tener menos alumnos.

El proceso no ocurría de un día para otro. Era una especie de erosión demográfica. Primero se iba una familia; después otra. Los jóvenes viajaban a las ciudades para estudiar y muchos ya no regresaban. Los comercios reducían sus horarios y finalmente cerraban. El club comenzaba a tener menos socios. La biblioteca perdía lectores. El cine dejaba de proyectar películas.

Y entonces ocurría algo fundamental: el pueblo no solamente perdía habitantes. Perdía lugares de encuentro.

Esa diferencia es importante para comprender por qué muchas localidades terminaron convirtiéndose en pueblos fantasma. Una comunidad puede sobrevivir con pocos habitantes si conserva instituciones, servicios y vínculos. Pero cuando desaparecen simultáneamente la estación, el comercio, la escuela, el club y los espacios culturales, mantener una población estable se vuelve cada vez más difícil.

Las ruinas de una Argentina que todavía vive en la memoria

Hoy pueden encontrarse en distintas provincias edificios que alguna vez fueron centros de una intensa vida comunitaria. Antiguos cines con sus fachadas deterioradas, estaciones convertidas en museos, clubes sostenidos por unos pocos socios y viejas bibliotecas donde los libros permanecen como testigos de una época distinta.

Para quienes recorren esos lugares, resulta difícil imaginar que allí alguna vez hubo cientos de personas esperando el tren, familias caminando hacia el cine o multitudes reunidas para un baile.

Pero las ruinas no cuentan toda la historia.

En muchos pueblos, antiguos habitantes regresan periódicamente para fiestas, aniversarios o reuniones familiares. Los clubes recuperan actividades. Algunas estaciones ferroviarias son restauradas. Viejas salas vuelven a utilizarse para eventos culturales. La memoria se convierte así en una forma de resistencia frente al abandono.

Hay algo profundamente argentino en esa relación con los pueblos ferroviarios. La nostalgia no se explica solamente por el deseo de recuperar un pasado idealizado. También existe el reconocimiento de que aquellas pequeñas localidades representaban una forma de integración territorial en la que el desarrollo no estaba concentrado exclusivamente en las grandes ciudades.

Un cine de pueblo podía parecer insignificante frente a las grandes salas de Buenos Aires o Rosario. Una biblioteca con unos pocos cientos de libros podía parecer modesta frente a una universidad. Un club con una cancha de tierra difícilmente podía competir con las grandes instituciones deportivas. Pero para quienes vivían allí, esos espacios eran el centro de la vida social.

Por eso, cuando desaparecieron, desapareció algo mucho más grande que un edificio.

La historia de esos pueblos permite pensar qué significa realmente desarrollar un territorio. No alcanza con construir una ruta o inaugurar una obra aislada. Una comunidad necesita transporte, escuelas, hospitales, trabajo, conectividad y también lugares donde encontrarse.

Quizás por eso las viejas estaciones, los clubes y los cines abandonados producen una sensación tan particular. No son solamente edificios viejos. Son las huellas materiales de una sociedad que alguna vez tuvo otra distribución territorial y otra relación con el tiempo.

Y detrás de cada fachada descascarada existe una historia que merece ser contada: la de las personas que llegaron, trabajaron, formaron familias, fueron al cine, bailaron, viajaron en tren y construyeron una vida en lugares que hoy muchas veces apenas aparecen en un mapa.

Porque un pueblo no desaparece solamente cuando deja de tener habitantes. También desaparece cuando dejamos de recordar para qué existió.