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EL ESCENARIO

Extractos de la investigación de la profesora e historiadora reginense Silvia Zanini presentada en las Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia, organizadas por el GEHiSo y las Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo), General Roca.

El escenario

En los primeros años de la colonización podemos observar dos paisajes: la villa, urbana, y la colonia, rural.

“Al llegar se encuentra con esta desolación, teniendo que dormir las primeras noches debajo de los arbustos hasta que comenzó a trabajar en la CIAC donde le dieron lugar para vivir.” (Angélica)

La villa estaba compuesta por un limitado caserío: tres o cuatro comercios básicos: proveeduría de la CIAC[3], talabartería, tienda, la fonda; la escuela y la oficina y vivienda del gerente de la CIAC y media docena de casas calónicas[4], la estación de ferrocarril y el edificio de la sociedad de socorros mutuos FAI[5] serían construidos en los primeros años.

“Estaba el pueblo… todo alambrado (…)¡Pelado!…No había ni una casa, nada, todo pelado… manzana por manzana, alambradas, al verlas así parecían corrales para poner animales, vacunos.” (José Luis)

“En el 26 había cuatro o cinco casas, estaba el negocio de Biggi, una especie de bar, estaba la carpintería de Pagani, la carnicería de un tal Molín… La casa del gerente de la Compañía… la administración… estaba la casa de Bonoli.” (Augusto)

La colonia era, en principio, una vasta planicie limitada por la costa del Río Negro y un arroyo, el Salado, brazo del anterior que separaba la zona rural de la urbana. Desmontada en 1924 era conocida como la I Zona albergaba a unas 150 familias y se iría ampliando con la llegada de nuevos contingentes de italianos en el transcurso de esos primeros años (1924-1929) con la II y III Zona[6].

Las parcelas, debidamente alambradas iban siendo incorporadas al sistema de riego por canales y poco a poco los árboles frutales y alamedas fueron modificando el desértico paisaje.

“Estaba todo desierto… mucha jarilla… montes de arena.” (Oliva V.)

“No había nada, era todo monte y la casita en el medio, de ladrillo pero asentada en barro.” (Rómula)

La población la componían los colonos, italianos[7], los empleados de la CIAC, y los peones de las cuadrillas de desmonte y canalización, en su mayoría criollos y chilenos que vivían en campamentos y se trasladaban de un lugar a otro.

“Cuando llegué aquí sí había chilenos (…) había una mitad, mezclados con los italianos, dedicados al desmonte del desierto y luego todos esos pasaron a trabajar en la nivelación de los caminos.” (José Luis)

OTROS EXTRACTOS

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Glosario:

[3] CIAC: Compañía Italo Argentina de Colonización, fundada en 1923 en Buenos Aires con el objetivo de promover una colonización de inmigrantes italianos en el Territorio de Río Negro y Neuquen.
[4] Casas calónicas: de adobe o de ladrillo, con su galería y el suelo de ladrillo o de tierra apisonada. Precarias, elementales, con dos piezas de 4 por 4 y una cocina de 3 por 2.
[5] FAI: Forza, Amore e Inteletto. Fundada en 1926.
[6] Las 5000 has. De campo virgen adquiridas a la sucesión de Manuel Zorrilla por la CIAC se subdividieron en I, II y III Zona, poco tiempo después de compraban 1000 has. Más y se conformaba la IV Zona.
[7] En la idea inicial de los promotores la Colonia debía constituirse exclusivamente con familias de inmigrantes italianos.

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    Paro docente: la Nación busca entrar a las escuelas provinciales y Buenos Aires denuncia una intromisión en sus competencias

     

    El Gobierno de Milei anunció inspecciones en escuelas durante el paro docente para controlar el cumplimiento del servicio educativo. La Provincia de Buenos Aires rechazó la medida y advirtió sobre una invasión de competencias federales.

    Por Redacción de NLI

    El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y dejó expuesta una disputa más profunda sobre el rol del Estado nacional y el federalismo educativo argentino. En el marco del paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de funcionamiento del servicio educativo. La decisión generó una fuerte reacción de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que la administración nacional pretende avanzar sobre facultades que corresponden a las jurisdicciones provinciales.

    La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se ampara en la declaración de la educación como servicio esencial establecida por la Ley 27.802, una de las normas impulsadas por el oficialismo dentro de su agenda de reforma laboral. Según explicó el Gobierno, los controles buscarán constatar que durante la huelga se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y advirtió que ante eventuales incumplimientos podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.

    Pero detrás de la discusión sobre el porcentaje de clases garantizadas aparece una cuestión institucional de fondo: quién tiene autoridad sobre las escuelas argentinas. Desde la reforma constitucional de 1994, la educación es una competencia compartida, pero la administración directa de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias. En ese marco, el gobierno bonaerense cuestionó que funcionarios nacionales ingresen a escuelas provinciales para realizar controles sin coordinación con las autoridades educativas locales, interpretando la decisión como una avanzada sobre atribuciones propias.

    El conflicto educativo detrás del operativo nacional

    El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no surge únicamente por una discusión salarial. El reclamo gremial incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura, conectividad, becas y programas escolares.

    La eliminación de transferencias nacionales hacia las provincias fue uno de los puntos centrales del deterioro de la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la administración libertaria redujo programas educativos financiados desde Nación y dejó en manos de las provincias mayores responsabilidades presupuestarias, en un contexto donde muchas jurisdicciones denuncian dificultades para sostener salarios y servicios básicos.

    La respuesta oficial, en lugar de abrir una instancia de negociación, fue trasladar la discusión al terreno del control y la sanción. El Ministerio de Capital Humano anunció operativos de inspección y planteó que, si se detectan incumplimientos, se activarían mecanismos sancionatorios contra los gremios. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar el derecho a la educación; para los sindicatos, la estrategia oficial busca limitar el derecho constitucional a la protesta frente a una pérdida salarial y un ajuste sobre el sistema educativo.

    Buenos Aires rechaza la presencia de inspectores nacionales

    La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor matrícula educativa del país, fue una de las primeras jurisdicciones en rechazar el mecanismo. Desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que la Nación no puede disponer unilateralmente controles dentro de escuelas que dependen de la administración provincial, ya que la gestión cotidiana del sistema educativo está bajo responsabilidad de cada distrito.

    La disputa tiene una dimensión política evidente. Desde el inicio de su gestión, Milei construyó una narrativa donde el Estado nacional debe reducir su intervención y limitarse a funciones consideradas esenciales. Sin embargo, en el caso educativo, el Ejecutivo nacional decidió adoptar una postura activa de supervisión sobre estructuras administradas por las provincias, generando una contradicción entre el discurso de descentralización y una práctica de mayor intervención.

    El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica del federalismo argentino: mientras la Nación conserva capacidad de establecer políticas generales y distribuir recursos, son las provincias las que sostienen la infraestructura educativa, pagan buena parte de los salarios docentes y administran las escuelas. La disputa por las inspecciones no es solamente administrativa; es una discusión sobre el equilibrio de poder entre el Gobierno central y los territorios.

    Una pelea que excede al paro docente

    El conflicto educativo se inscribe dentro de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y sectores estatales que cuestionan el impacto del ajuste. La Casa Rosada intenta presentar cada protesta como una resistencia corporativa frente a sus reformas, mientras que los gremios sostienen que se trata de una reacción frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de políticas públicas.

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