Extractos de la investigación de la profesora e historiadora reginense Silvia Zanini presentada en las Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia, organizadas por el GEHiSo y las Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo), General Roca.
El escenario
En los primeros años de la colonización podemos observar dos paisajes: la villa, urbana, y la colonia, rural.
“Al llegar se encuentra con esta desolación, teniendo que dormir las primeras noches debajo de los arbustos hasta que comenzó a trabajar en la CIAC donde le dieron lugar para vivir.” (Angélica)
La villa estaba compuesta por un limitado caserío: tres o cuatro comercios básicos: proveeduría de la CIAC[3], talabartería, tienda, la fonda; la escuela y la oficina y vivienda del gerente de la CIAC y media docena de casas calónicas[4], la estación de ferrocarril y el edificio de la sociedad de socorros mutuos FAI[5] serían construidos en los primeros años.
“Estaba el pueblo… todo alambrado (…)¡Pelado!…No había ni una casa, nada, todo pelado… manzana por manzana, alambradas, al verlas así parecían corrales para poner animales, vacunos.” (José Luis)
“En el 26 había cuatro o cinco casas, estaba el negocio de Biggi, una especie de bar, estaba la carpintería de Pagani, la carnicería de un tal Molín… La casa del gerente de la Compañía… la administración… estaba la casa de Bonoli.” (Augusto)
La colonia era, en principio, una vasta planicie limitada por la costa del Río Negro y un arroyo, el Salado, brazo del anterior que separaba la zona rural de la urbana. Desmontada en 1924 era conocida como la I Zona albergaba a unas 150 familias y se iría ampliando con la llegada de nuevos contingentes de italianos en el transcurso de esos primeros años (1924-1929) con la II y III Zona[6].
Las parcelas, debidamente alambradas iban siendo incorporadas al sistema de riego por canales y poco a poco los árboles frutales y alamedas fueron modificando el desértico paisaje.
“Estaba todo desierto… mucha jarilla… montes de arena.” (Oliva V.)
“No había nada, era todo monte y la casita en el medio, de ladrillo pero asentada en barro.” (Rómula)
La población la componían los colonos, italianos[7], los empleados de la CIAC, y los peones de las cuadrillas de desmonte y canalización, en su mayoría criollos y chilenos que vivían en campamentos y se trasladaban de un lugar a otro.
“Cuando llegué aquí sí había chilenos (…) había una mitad, mezclados con los italianos, dedicados al desmonte del desierto y luego todos esos pasaron a trabajar en la nivelación de los caminos.” (José Luis)
[3] CIAC: Compañía Italo Argentina de Colonización, fundada en 1923 en Buenos Aires con el objetivo de promover una colonización de inmigrantes italianos en el Territorio de Río Negro y Neuquen. [4] Casas calónicas: de adobe o de ladrillo, con su galería y el suelo de ladrillo o de tierra apisonada. Precarias, elementales, con dos piezas de 4 por 4 y una cocina de 3 por 2. [5] FAI: Forza, Amore e Inteletto. Fundada en 1926. [6] Las 5000 has. De campo virgen adquiridas a la sucesión de Manuel Zorrilla por la CIAC se subdividieron en I, II y III Zona, poco tiempo después de compraban 1000 has. Más y se conformaba la IV Zona. [7] En la idea inicial de los promotores la Colonia debía constituirse exclusivamente con familias de inmigrantes italianos.
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los planteos del escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que actúa como lobista de la Justicia Federal que está implicado en causas de corrupción que involucran a jueces federales, financistas y funcionarios del aparato estatal.
Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.
Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. «En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público», afirmó Mahiques.
Para el magistrado es un imperativo «habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia».
Santiago Busaniche.
En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, «cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial».
Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.
«Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional», sostuvo Mahiques.
El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina en audiencia.
En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.
El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una «anormal forma de proceder respecto a Busaniche» y que eso «conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada». Quedó en minoría.
Mario Ishii presentó en las últimas horas un proyecto en el Senado bonaerense tendiente a declarar la emergencia alimentaria en la provincia.
La iniciativa surge tras conocerse la puesta en revisión por parte de la gestión de Axel Kicillof del programa «Mesa Bonaerense» que entregaba cajas de alimentos a familias vulnerables.
El vice del Senado e intendente de José C. Paz en uso de licencia señaló que el proyecto presentado busca dar respuesta «a la profunda crisis social imperante en la provincia de Buenos Aires».
Al advertir que «resulta indispensable que el Estado provincial reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social», Ishii dijo que «en situaciones de emergencia, la asignación presupuestaria no puede permanecer ajena a la realidad».
Frente a eso, reclamó «garantizar el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes para la vida cotidiana de la población».
Ishii sostuvo que «la readecuación presupuestaria que se propicia implica reorientar partidas originalmente destinadas a intervenciones no prioritarias hacia políticas alimentarias directas».
«A diario las familias, no solo de mi distrito, sino de la provincia, me hacen saber que ya no pueden más. Y si a esto se le suma la eliminación de planes que llevaban comida a la mesa de nuestras familias bonaerenses, el problema es mayor», apuntó Ishii en alusión a la parálisis al menos por tres meses del Mesa Bonaerense.
Frente a ese cuadro, Ishii sostuvo que «la readecuación presupuestaria que se propicia implica reorientar partidas originalmente destinadas a intervenciones no prioritarias hacia políticas alimentarias directas».
Y agregó: «Esta decisión no solo responde a un criterio de racionalidad económica, sino a un mandato ético y constitucional: en un contexto donde amplios sectores de la población no logran cubrir sus necesidades básicas, ningún recurso público puede ser asignado sin considerar su impacto social inmediato».
Este sábado y domingo a partir de las 19 horas tendrá lugar la Feria ReEmprender especial Navidad. En la Plaza Primeros Pobladores se podrá encontrar la mejor opción para regalar en estas fiestas de la mano de artesanos y emprendedores reginenses. Además acompañará la música de distintos artistas para disfrutar de este espacio. ¡Te esperamos!…
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