Extractos de la investigación de la profesora e historiadora reginense Silvia Zanini presentada en las Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia, organizadas por el GEHiSo y las Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo), General Roca.
El escenario
En los primeros años de la colonización podemos observar dos paisajes: la villa, urbana, y la colonia, rural.
“Al llegar se encuentra con esta desolación, teniendo que dormir las primeras noches debajo de los arbustos hasta que comenzó a trabajar en la CIAC donde le dieron lugar para vivir.” (Angélica)
La villa estaba compuesta por un limitado caserío: tres o cuatro comercios básicos: proveeduría de la CIAC[3], talabartería, tienda, la fonda; la escuela y la oficina y vivienda del gerente de la CIAC y media docena de casas calónicas[4], la estación de ferrocarril y el edificio de la sociedad de socorros mutuos FAI[5] serían construidos en los primeros años.
“Estaba el pueblo… todo alambrado (…)¡Pelado!…No había ni una casa, nada, todo pelado… manzana por manzana, alambradas, al verlas así parecían corrales para poner animales, vacunos.” (José Luis)
“En el 26 había cuatro o cinco casas, estaba el negocio de Biggi, una especie de bar, estaba la carpintería de Pagani, la carnicería de un tal Molín… La casa del gerente de la Compañía… la administración… estaba la casa de Bonoli.” (Augusto)
La colonia era, en principio, una vasta planicie limitada por la costa del Río Negro y un arroyo, el Salado, brazo del anterior que separaba la zona rural de la urbana. Desmontada en 1924 era conocida como la I Zona albergaba a unas 150 familias y se iría ampliando con la llegada de nuevos contingentes de italianos en el transcurso de esos primeros años (1924-1929) con la II y III Zona[6].
Las parcelas, debidamente alambradas iban siendo incorporadas al sistema de riego por canales y poco a poco los árboles frutales y alamedas fueron modificando el desértico paisaje.
“Estaba todo desierto… mucha jarilla… montes de arena.” (Oliva V.)
“No había nada, era todo monte y la casita en el medio, de ladrillo pero asentada en barro.” (Rómula)
La población la componían los colonos, italianos[7], los empleados de la CIAC, y los peones de las cuadrillas de desmonte y canalización, en su mayoría criollos y chilenos que vivían en campamentos y se trasladaban de un lugar a otro.
“Cuando llegué aquí sí había chilenos (…) había una mitad, mezclados con los italianos, dedicados al desmonte del desierto y luego todos esos pasaron a trabajar en la nivelación de los caminos.” (José Luis)
[3] CIAC: Compañía Italo Argentina de Colonización, fundada en 1923 en Buenos Aires con el objetivo de promover una colonización de inmigrantes italianos en el Territorio de Río Negro y Neuquen. [4] Casas calónicas: de adobe o de ladrillo, con su galería y el suelo de ladrillo o de tierra apisonada. Precarias, elementales, con dos piezas de 4 por 4 y una cocina de 3 por 2. [5] FAI: Forza, Amore e Inteletto. Fundada en 1926. [6] Las 5000 has. De campo virgen adquiridas a la sucesión de Manuel Zorrilla por la CIAC se subdividieron en I, II y III Zona, poco tiempo después de compraban 1000 has. Más y se conformaba la IV Zona. [7] En la idea inicial de los promotores la Colonia debía constituirse exclusivamente con familias de inmigrantes italianos.
La localidad de Villa Regina no es la excepción en las estadísticas municipales sobre la cantidad de infectados por covid-19, en cantidad de camas ocupadas de un hospital o en la cantidad de dosis de vacunas que se aplican; y que a la par, en este contexto de pandemia los sectores más vulnerables han agravado…
Una vez más, como cada día de la semana el Barrio Santa Rita de la localidad de Villa Regina se encuentra sometido a la indiferencia de un vecino aserradero del barrio. Muy cerca se encuentra una institución deportiva a la que concurren jóvenes de todas las edades de diferentes puntos de la región. Aquí las…
Federico Sharif Menem obtuvo un crédito del Banco Nación por 357 millones de pesos. El joven es sobrino de Martín y Lule Menem, tiene 24 años y tuvo su primer trabajo en blanco en 2024. Además, a un dirigente libertario de Córdoba la banca estatal le dio un préstamo que superaba 52 veces su capacidad crediticia.
El joven ingresó al Congreso en 2024 en lo que fue su primer trabajo registrado. Es secretario y mano derecha de su tío Martín Menem y maneja las contrataciones de la Cámara de Diputados. En el Congreso aserguran que Sharif se mueve en un auto con chofer, aunque sus allegados lo niegan. Adeamás lidera la juventud libertaria por decisión de Karina.
Llegó al congreso con un salario de 2 millones de pesos en enero de 2024. A pesar del ajuste en los salarios estatales logró un préstamo de 357 millones de pesos del Banco Nación. Antes había trabajado en una empresa familiar de software.
En los últimos días se conoció que hubo decenas de beneficiarios con préstamos del Nación en todo el país. Según publicó Jornada Política, el yerno del número dos del PAMI en Córdoba logró un préstamo de 250 millones de pesos.
En ese momento, su capacidad crediticia alcanzaba para 4, 8 millones de pesos, 52 veces menos de lo que obtuvo.
En esa línea se inscribe el caso de Felipe Núñez, muy cercano a Toto Caputo y director del BICE.
En su declaración jurada de 2024, entre bienes, acciones, plazos fijos y dinero en efectivo, Núñez sumaba menos de 20 millones de pesos y 18 mil dólares. Su alta en AFIP corresponde a junio de 2024, momento en que ingresó a trabajar para el Estado. De todas formas logró que el Nación le prestara 370 millones de pesos.
Los Menem ya estaban envueltos en un escándalo con el Banco Nación luego de la preadjudicación de un contrato por más de $3.900 millones para la empresa de seguridad Tech Security, propiedad de Fernando y Adrián, los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados.
Les presentamos textos que han sido partícipes de otras ediciones de BRISA LITERARIA, un evento ARTÍSTICO que lleva ya 8 años consecutivos realizándose en la #ESRN11 a cargo de la docente Mary Ayala. Y MUCHO MÁS… Nunca supe definir el amor, creo que nunca nadie supo, te lo pintan como eso que te llena de…
La primera quincena del mes de noviembre los ojos del mundo presenciaron el séptimo encuentro de jefes de Estado de todas las naciones en pos de cuidar al planeta, quedando así sentado en la historia el cómo la raza humana pretende combatir sus métodos de existencia y de relacionarse entre sí, modos que impactan al…
La comparación entre la causa que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros expedientes recientes que involucran a funcionarios del actual gobierno expone una tensión cada vez más evidente: mientras en un caso bastó con una presunción interpretativa —“no podía no saber”—, en otros, con abundancia de indicios y documentación, la reacción judicial y mediática parece notablemente más tenue.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La historia judicial argentina ofrece múltiples ejemplos de selectividad, pero pocos tan paradigmáticos como el contraste entre la denominada “causa Vialidad” y las investigaciones que hoy rodean a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei. En el primer caso, el eje de la condena a Cristina Fernández de Kirchner giró sobre un razonamiento que excede la prueba directa: la idea de que, por su investidura, “no podía no estar al tanto” de las irregularidades atribuidas a la obra pública en Santa Cruz.
Esa formulación, que en términos jurídicos tensiona principios básicos como la responsabilidad penal individual y la necesidad de prueba concreta, fue sostenida tanto por sectores del Poder Judicial como por buena parte del sistema mediático dominante. Sin embargo, cuando se observan expedientes actuales —donde aparecen transferencias, vínculos contractuales, decisiones administrativas documentadas o movimientos patrimoniales verificables— la vara parece desplazarse hacia un estándar mucho más laxo.
La lógica de la presunción: el caso Vialidad
En la causa que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los aspectos más controvertidos fue la ausencia de evidencia directa que acreditara su participación personal en maniobras ilícitas. No se incorporaron registros de conversaciones, correos electrónicos, transferencias bancarias ni documentos firmados por la exmandataria que vincularan de manera concreta su accionar con los hechos investigados.
La construcción acusatoria se apoyó, en cambio, en una inferencia estructural: que la entonces presidenta debía necesariamente conocer lo que ocurría en la asignación de obra pública. Esta interpretación, si bien puede tener peso político, abre un debate jurídico profundo sobre el alcance de la responsabilidad por jerarquía y sobre los límites entre presunción y prueba.
En términos estrictamente legales, la doctrina penal exige certeza basada en evidencia. Sin embargo, el fallo incorporó un razonamiento más cercano a la sospecha estructural que a la demostración empírica, lo que fue celebrado por sectores mediáticos que durante años instalaron la idea de culpabilidad como sentido común.
ANDIS, $LIBRA y otras causas: cuando la prueba no moviliza
En contraste, investigaciones recientes como las vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el denominado caso $LIBRA o las denuncias por enriquecimiento que salpican a figuras del oficialismo presentan un cuadro distinto: aquí sí aparecen elementos materiales, registros administrativos y circuitos financieros que permiten trazar relaciones más concretas.
Sin embargo, la respuesta institucional no ha tenido la misma intensidad. En el caso de ANDIS, por ejemplo, se mencionaron irregularidades en la asignación de fondos y contrataciones que derivaron en cuestionamientos internos, pero sin avanzar con la celeridad que se observó en otras causas de alto impacto político.
Algo similar ocurre con el entramado de $LIBRA, donde la existencia de documentación, decisiones administrativas y posibles beneficiarios identificables no logró instalar en el debate público la misma noción de escándalo estructural que sí se construyó en torno al kirchnerismo.
El patrimonio y las explicaciones: el caso Adorni
El caso de Manuel Adorni resulta ilustrativo en este esquema comparativo. Las discusiones sobre su patrimonio, operaciones inmobiliarias y financiamiento de adquisiciones abrieron interrogantes que, en otro contexto político, probablemente habrían derivado en investigaciones más profundas y en una cobertura mediática sostenida.
Sin embargo, la reacción predominante fue la relativización o la rápida disipación del tema en la agenda pública. La diferencia no es menor: mientras en la causa Vialidad se construyó una narrativa de culpabilidad sin prueba directa, en estos casos la existencia de elementos verificables no alcanza para generar una presión equivalente.
El rol de Karina Milei y las sospechas de intermediación
Otro punto que alimenta la discusión sobre la doble vara es la aparición de versiones vinculadas a presuntos esquemas de intermediación o retornos —como el denominado “3%”— que involucran a Karina Milei. Si bien muchas de estas denuncias requieren aún confirmación judicial, lo cierto es que el tratamiento mediático ha sido, en general, más prudente o marginal.
En términos comparativos, basta recordar cómo hipótesis mucho menos documentadas en el pasado fueron amplificadas durante meses hasta consolidarse como verdades instaladas.
A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa.
Créditos del Banco Nación y decisiones administrativas
Las operaciones crediticias otorgadas por el Banco Nación a determinados actores también ingresan en este análisis. La existencia de expedientes, montos y condiciones específicas ofrece un terreno fértil para la investigación judicial. No obstante, nuevamente, la intensidad de la respuesta institucional dista de la observada en otras etapas políticas.
El contraste no implica necesariamente afirmar culpabilidades, sino señalar una diferencia en el estándar de exigencia: lo que en un caso se interpreta como indicio suficiente, en otro parece no alcanzar ni siquiera para activar mecanismos de investigación robustos.
En este punto aparece un elemento particularmente revelador: la forma en que el propio Javier Milei queda sistemáticamente por fuera de las hipótesis de responsabilidad. A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa. Aun cuando los hechos investigados involucran áreas sensibles del gobierno o funcionarios de su máxima confianza, la interpretación dominante —tanto en ciertos sectores judiciales como mediáticos— tiende a considerar plausible que Milei “no esté al tanto”. Esta asimetría no es menor: mientras en un caso la jerarquía implicaba necesariamente conocimiento, en el otro habilita una presunción de desconocimiento que lo excluye preventivamente del análisis de responsabilidades.
Medios, justicia y construcción de sentido
El punto de convergencia entre todos estos casos es el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentido. La condena de Cristina Fernández de Kirchner fue precedida por años de cobertura sistemática que instaló una narrativa de corrupción estructural, incluso en ausencia de pruebas directas.
En cambio, las causas que hoy afectan a funcionarios del oficialismo no han logrado —o no se ha buscado que logren— ese mismo nivel de penetración en la opinión pública. La diferencia no es sólo cuantitativa, sino cualitativa: cambia la forma en que se interpreta la evidencia y el peso que se le asigna.
Una justicia bajo sospecha
La comparación deja al descubierto una pregunta incómoda pero inevitable: ¿existe un criterio uniforme en la administración de justicia o las decisiones están condicionadas por el contexto político y mediático?
Cuando una condena puede sostenerse en una presunción y otras investigaciones con mayor volumen de pruebas no avanzan con igual firmeza, la percepción de doble vara se vuelve difícil de refutar. Y esa percepción, más allá de las posiciones partidarias, erosiona uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la confianza en la justicia.
En definitiva, el problema no es sólo jurídico, sino institucional. Porque una justicia que parece medir distinto según el acusado deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de disputa política. Y en ese terreno, la verdad —con pruebas o sin ellas— corre siempre el riesgo de quedar relegada.
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