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EL ESCENARIO

Extractos de la investigación de la profesora e historiadora reginense Silvia Zanini presentada en las Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia, organizadas por el GEHiSo y las Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo), General Roca.

El escenario

En los primeros años de la colonización podemos observar dos paisajes: la villa, urbana, y la colonia, rural.

“Al llegar se encuentra con esta desolación, teniendo que dormir las primeras noches debajo de los arbustos hasta que comenzó a trabajar en la CIAC donde le dieron lugar para vivir.” (Angélica)

La villa estaba compuesta por un limitado caserío: tres o cuatro comercios básicos: proveeduría de la CIAC[3], talabartería, tienda, la fonda; la escuela y la oficina y vivienda del gerente de la CIAC y media docena de casas calónicas[4], la estación de ferrocarril y el edificio de la sociedad de socorros mutuos FAI[5] serían construidos en los primeros años.

“Estaba el pueblo… todo alambrado (…)¡Pelado!…No había ni una casa, nada, todo pelado… manzana por manzana, alambradas, al verlas así parecían corrales para poner animales, vacunos.” (José Luis)

“En el 26 había cuatro o cinco casas, estaba el negocio de Biggi, una especie de bar, estaba la carpintería de Pagani, la carnicería de un tal Molín… La casa del gerente de la Compañía… la administración… estaba la casa de Bonoli.” (Augusto)

La colonia era, en principio, una vasta planicie limitada por la costa del Río Negro y un arroyo, el Salado, brazo del anterior que separaba la zona rural de la urbana. Desmontada en 1924 era conocida como la I Zona albergaba a unas 150 familias y se iría ampliando con la llegada de nuevos contingentes de italianos en el transcurso de esos primeros años (1924-1929) con la II y III Zona[6].

Las parcelas, debidamente alambradas iban siendo incorporadas al sistema de riego por canales y poco a poco los árboles frutales y alamedas fueron modificando el desértico paisaje.

“Estaba todo desierto… mucha jarilla… montes de arena.” (Oliva V.)

“No había nada, era todo monte y la casita en el medio, de ladrillo pero asentada en barro.” (Rómula)

La población la componían los colonos, italianos[7], los empleados de la CIAC, y los peones de las cuadrillas de desmonte y canalización, en su mayoría criollos y chilenos que vivían en campamentos y se trasladaban de un lugar a otro.

“Cuando llegué aquí sí había chilenos (…) había una mitad, mezclados con los italianos, dedicados al desmonte del desierto y luego todos esos pasaron a trabajar en la nivelación de los caminos.” (José Luis)

OTROS EXTRACTOS

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Glosario:

[3] CIAC: Compañía Italo Argentina de Colonización, fundada en 1923 en Buenos Aires con el objetivo de promover una colonización de inmigrantes italianos en el Territorio de Río Negro y Neuquen.
[4] Casas calónicas: de adobe o de ladrillo, con su galería y el suelo de ladrillo o de tierra apisonada. Precarias, elementales, con dos piezas de 4 por 4 y una cocina de 3 por 2.
[5] FAI: Forza, Amore e Inteletto. Fundada en 1926.
[6] Las 5000 has. De campo virgen adquiridas a la sucesión de Manuel Zorrilla por la CIAC se subdividieron en I, II y III Zona, poco tiempo después de compraban 1000 has. Más y se conformaba la IV Zona.
[7] En la idea inicial de los promotores la Colonia debía constituirse exclusivamente con familias de inmigrantes italianos.

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    El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.

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    El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.

    La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.

    Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.

    De la protesta social al control de conductas

    Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.

    Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.

    No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.

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    Bases de datos, vigilancia y centralización

    Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.

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    El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.

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