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#LIBRESDEACOSO

Fue publicada en el Boletín Oficial, la modificación a la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, incorpora como modalidad de violencia a la mujer el “acoso callejero”.

Nueve de cada diez mujeres fueron víctimas
de acoso callejero alguna vez

El acoso callejero es una de las formas de violencia psicológica y simbólica más arraigada en nuestra sociedad y es necesario modificar los patrones culturales que rigen el día a día.

La nueva norma define la violencia contra las mujeres en el espacio público como “aquella ejercida por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo”.

A partir de ahora, todas las disposiciones y lineamientos planteados por la Ley 26.485, y sus pares provinciales, deben aplicarse para esta particular, histórica y repetitiva manifestación de violencia machista en el espacio público. La aprobación de esta norma es un paso adelante en la lucha que las mujeres vienen dando en la conquista de sus derechos.

Su resolución no aplicará mayores sanciones punitivas, aunque fortifica las políticas públicas de sensibilización y prevención. Más campañas en los medios de comunicación y en los espacios públicos colaboran con el proceso de desnaturalización de ese accionar; a la vez se convierte en un nuevo soporte para la implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos.

Ya que también contempla articular, en el marco del Consejo Federal de Educación, “la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares y la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos y de la ‘violencia contra las mujeres en el espacio público’ conocida como ‘acoso callejero’”.

Instituto de Género y Promoción de la Igualdad de Córdoba. Campaña: PAREmos con el ACOSO callejero.

La inclusión obligatoria (por ley) de los contenidos curriculares es una forma de saltar el cerco. Sin embargo, la pluralidad de movimientos reivindicativos, con el correcto acompañamiento y uso de las nuevas herramientas de comunicación son vías donde el cambio se percibe por sobre los duros núcleos parentales.

La invisibilización, naturalización y la falta de respuesta negativa en el entorno es lo que hace que los acosadores sigan perpetuando la acción. Sé parte de la solución, no del problema. No dejes que pase.

La policía y fuerzas de seguridad deberán “actuar en protección de las mujeres” en estas situaciones. La línea 144 y, deberá asistir a las víctimas de acoso callejero, y el Consejo Nacional de Mujeres deberá sistematizar las denuncias efectuadas a fin de elaborar estadísticas confiables para la prevención y erradicación de las diversas modalidades de violencia contra las mujeres.

A su vez la norma implementa una nueva línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen, incluida la modalidad de “violencia contra las mujeres en el espacio público” conocida como “acoso callejero”.

144 | Violencia de Género

Fuentes:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/207142/20190508

Portada: Ayuntamiento Madrid

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    Se suman más denunciantes a la estafa «difundida» por Milei.

    Por Tomás Palazzo para NLI

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    La denunciante apuntó contra Karina Milei, Manuel Adorni y los desarrolladores del token, entre ellos Hayden Mark Davis, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, por los presuntos delitos de estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. También pidió que se investigue la responsabilidad penal de todos los funcionarios que promovieron $LIBRA, cuya demanda colectiva en el Distrito Sur de Nueva York menciona 75.000 damnificados internacionales.


    Una causa que no avanza y un conflicto que huele a escándalo

    Pese a la magnitud del perjuicio económico, la cantidad de damnificados y el impacto internacional del caso, en Argentina la causa avanza a paso de tortuga. Y no es casual.

    Tal como reveló Noticias La Insuperable, la investigación está prácticamente paralizada mientras el hijo del fiscal, Federico Nicolás Taiano, pasó a trabajar como “Expert Consultant” para la firma del exagente de la CIA Frank Holder, uno de los nombres clave asociados al universo de operadores que orbitan alrededor del escándalo de $LIBRA.

    El detalle no es menor: el salto laboral del hijo del fiscal se produjo justo mientras la causa se frenaba y mientras se beneficiaba a los imputados con decisiones judiciales sensibles, como la liberación de bienes.

    La situación plantea un conflicto de intereses monumental, inédito en una causa de semejante volumen político y económico. El fiscal Taiano —quien debería impulsar la investigación— tiene a su propio hijo trabajando para uno de los actores centrales del entramado, según publicó NLI en sus investigaciones de las últimas semanas.


    Cuando la Justicia mira para otro lado

    En los hechos, la causa $LIBRA parece avanzar con más fuerza en el exterior que en los tribunales argentinos:

    • En Nueva York, la demanda colectiva sigue su curso con miles de damnificados.
    • En Cataluña, inversores europeos también iniciaron acciones.
    • En Buenos Aires, mientras tanto, los avances son mínimos y las medidas de prueba se demoran sin explicación convincente.

    Para los querellantes, la combinación de pérdidas millonarias, demoras procesales y vínculos cruzados entre funcionarios judiciales y operadores privados configura un caldo de cultivo perfecto para la impunidad.

    La llegada de la mujer bielorrusa no solo amplía la dimensión internacional del caso: también vuelve más difícil justificar por qué en Argentina todo sigue trabado.


    Un escándalo global con epicentro en la Rosada

    La maniobra asociada a $LIBRA expone una trama que mezcla política, negocios cripto, operadores cercanos al poder, exagentes de inteligencia y funcionarios que usaron su investidura para avalar un esquema que hoy investiga la Justicia.

    Que una ciudadana bielorrusa haya decidido litigar en Comodoro Py —y que existan miles de casos similares en el exterior— habla de la magnitud del escándalo. Pero que en Argentina la causa esté detenida mientras el hijo del fiscal trabaja para uno de los implicados directos solo confirma lo que el sentido común indica: la Justicia está mirando para otro lado.

    Con cada nueva querella, con cada dato que se suma y con cada irregularidad procesal que aparece, queda más claro que el caso $LIBRA no es solo una estafa financiera. Es un síntoma del modelo de poder que Milei instaló y que hoy intenta sostener en silencio, aunque las víctimas sigan apareciendo desde Buenos Aires hasta Bielorrusia.

     

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