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Nación presentó el proyecto para regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial

El proyecto de ley establece los mecanismos para la regulación de la actividad, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas presentó hoy el proyecto de ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial” que establece los mecanismos para la regulación de la actividad, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs.

El anuncio, que se dió en el marco del Consejo Económico y Social en el museo del Bicentenario, se realizó en conjunto con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

El mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial crece exponencialmente a nivel global, es una nueva fuente de empleo de calidad y desarrollo productivo”, afirmó Kulfas durante la presentación del proyecto de ley y ponderó la “gran oportunidad que tiene Argentina para ser líder regional, por sus capacidades agropecuarias e industriales y su entramado científico productivo”.

Además, puntualizó que “el proyecto crea las condiciones para el desarrollo de la cadena a nivel local, aprendiendo de las mejores lecciones internacionales”, y sostuvo que “el desarrollo de la cadena tendrá múltiples impactos positivos en el país: más empleo, más exportaciones, más innovación, desarrollo federal y acceso a la salud”.

Hay más de 50 países que han avanzado en algún tipo de legalización para el cannabis de uso industrial medicinal e industrial. Esto está alentando un crecimiento exponencial de la producción. Una producción global proyectada para dentro de tres años en 42.700 millones de dólares, es decir, 14 veces más que hace diez años”, analizó el ministro y explicó que Israel, Canadá y Estados Unidos son líderes a nivel mundial; mientras que en la región se destacan Colombia y Uruguay. “Hay un mercado global emergente, y vemos una ventana de oportunidad para Argentina”, dijo.

Además, explicó que esta actividad “crea empleo de calidad” y dio como ejemplo Canadá, en donde 2 de cada 10 empleos en la actividad están dedicados a la investigación y desarrollo, control de calidad e ingeniería de procesos. “Se ven oportunidades crecientes en el desarrollo de la genética: en el último trienio crecen las patentes de variedades solicitadas. Y también es una actividad que tiene altos encadenamientos con valor agregado. Si consideramos toda la cadena, desde la semilla, podemos ver que hay más de 200 bienes y servicios vinculados con esta cadena. Por esto, apostar al desarrollo de este sector implica una gran cantidad de actividades vinculadas”.

«Cáñamo Industrial en el Alto Valle», nota de Ing. Mariana Azevedo.

En este sentido, explicó que se avanzó en una ley porque “hoy es necesario una norma que permita escalar la producción. Este proyecto apunta a legalizar la producción y desarrollo de la cadena productiva del cannabis y el cáñamo con una visión productiva, sujeto a las regulaciones establecidas basados en recomendaciones internacionales y en estudios de países pioneros”, explicó, y resaltó que “se apunta a evitar desvíos hacia el mercado ilegal, garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal. Una adecuada trazabilidad permite que Argentina se posicione con una marca país asociada a una excelente calidad de productos y se va a valorizar las exportaciones”.

En cuanto al cannabis medicinal, explicó que el objetivo es el desarrollo de la cadena con uso medicinal y fisioterapéutico mediante un marco regulatorio para regularizar proyectos que hoy existen y poder complementar la ley 27.350; mientras que en relación al cáñamo, resaltó que el objetivo central es “permitir el desarrollo de esta industria, que es una variedad específica con baja concentración de THC no psicoactivo”.

En la actualidad el mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial está creciendo exponencialmente y será una fuente de empleo de calidad y desarrollo económico a nivel global.

“Es una actividad que con el desarrollo que estamos previendo puede generar 10 mil nuevos empleos (de los cuales quizá un 20% esté orientado a las actividades de investigación, desarrollo e innovación); 500 millones de dólares en ventas al mercado interno al año y 50 millones de dólares de exportaciones al año. Sería un escenario de inicio con fuerte impacto económico federal”, analizó.

El objetivo de la normativa es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

Además, impulsa la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) la que tendrá entre sus funciones regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo. También la de otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización, con especial atención a PyMES, cooperativas y economías regionales.

El proyecto de ley promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

La ARICCAME tendrá entre sus facultades la capacidad de coordinar acciones necesarias con organismos reguladores para el desarrollo del sector, y estará compuesta por los Ministerios nacionales de Desarrollo Productivo; Salud; Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia y Tecnología; y Seguridad.

A partir de la experiencia internacional el proyecto de ley crea las condiciones y regula el desarrollo del sector teniendo en cuenta las recomendaciones y lecciones de los países pioneros a nivel global y regional. La experiencia internacional muestra que la cadena de cáñamo y cannabis medicinal tiene un mayor potencial de crecimiento si se encuentra regulada por el Estado, para evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal.

El potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos, US$ 500 millones en ventas al mercado interno anuales y US$ 50 millones de exportación anuales.

Por su parte, Vizzotti, celebró la presentación de este nuevo marco regulatorio que completa la ley 27.350. «Nosotros teníamos una ley que encorsetaba derechos, con una mirada punitiva y persecutoria, y sabíamos que teníamos una deuda pendiente«, afirmó y destacó la tarea realizada desde su cartera que continuó ampliando derechos en un contexto de mucha dificultad con el objetivo de facilitar el acceso a un producto seguro y de calidad.

«Hay algunas cosas que ya son una realidad, no son un potencial. El Ministerio de Salud ya aprobó nueve proyectos provinciales de cultivo e investigación en La Rioja, en Jujuy, en San Juan, en Misiones, en Patagonia Norte, en Chubut, en Pergamino, INTA Castelar y Lamadrid. Se trata de proyectos de investigación que incluyen una etapa de producción e industrialización, lo que además de conocimiento científico genera impacto en la economía regional», resaltó.

«¿Puede ser Rio Negro potencia gracias al cannabis?», nota del periodista Rubén Lagras.

«Lo más relevante para nosotros es haber saldado la deuda con la sociedad civil, dejar de sentir que las personas que usaban cannabis medicinal se sintieran perseguidas. El día que se publicó el decreto reglamentario nuevo de la ley 27.350 fue uno de los días más satisfactorios de nuestra gestión. Hasta ahora avanzamos con lo que teníamos y ahora vamos por más», concluyó.

A nivel mundial ya unos 50 países tienen algún tipo de legalización de su uso medicinal e industrial. Israel, Canadá, y EEUU son líderes a nivel global, y en la región avanzan Uruguay y Colombia. La producción de Cannabis Medicinal fue de 1,4 toneladas en 2000 vs. 468 toneladas en 2019. El mercado internacional tiene proyectados un movimiento de US$ 42.700 millones para 2024 (10 veces superior a una década atrás).

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  • Monteverde y Giuliano viajaron a México en busca de tecnología china para transformar el transporte de Rosario

     

     Juan Monteverde y Diego Giuliano viajaron a México para conocer uno de los sistemas integrados de transporte más importantes del mundo y buscar tecnología y cooperación para desarrollar un nuevo esquema de movilidad urbana en Rosario y su área metropolitana.

    La misión incluyó reuniones con funcionarios del gobierno mexicano y de la Ciudad de México, además de una visita a los talleres de CRRC, la empresa china que es considerada la mayor fabricante de material ferroviario del mundo. El objetivo es analizar alternativas que permitan combinar metro, premetro, trenes regionales y otros medios de transporte.

    Monteverde es el candidato del peronismo para disputar la intendencia de Rosario y el ex ministro de Transporte, Diego Giuliano es el presidente nacional del Frente Renovador y uno de los nombres que asoman como posibles candidatos a gobernador.

    «Rosario tiene que recuperar su plan ferroviario pensado para toda la metrópolis», dijo Giuliano a LPO. La propuesta contempla un sistema multimodal para las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe.

    Durante la visita, Monteverde y Giuliano conocieron el funcionamiento del sistema de Ciudad de México, que articula Metro, Tren Ligero, Cablebús y Metrobús dentro de una misma red. La intención es analizar qué tecnología resulta conveniente para cada corredor y avanzar hacia un esquema multimodal e inteligente adaptado a la escala del Gran Rosario.

    En ese marco, presentaron el proyecto ante representantes de CRRC y recorrieron sus instalaciones operativas y talleres ferroviarios. La compañía estatal china cuenta con una planta en el complejo industrial de Monterrey, pese a la estrecha integración comercial que México mantiene con Estados Unidos.

     Una obra de esta magnitud no se construye de un día para otro. Requiere decisión política, planificación, conocimiento técnico, cooperación y capacidad para conseguir inversiones 

    La primera etapa del proyecto impulsado por Monteverde contempla un Premetro con dos líneas troncales, unidades eléctricas con capacidad para 150 pasajeros, carriles segregados y una frecuencia estimada de seis minutos. Una de las trazas uniría Granadero Baigorria con Villa Gobernador Gálvez, mientras que la otra conectaría el centro con el oeste rosarino.

    Sucede que las políticas ferroviarias argentinas tras la privatización y el desguace en la dédcada de los 90 sufrieron el vaciamiento de los servicios de pasajeros y a duras penas se mantuvo el de carga. Uno de los ramales recuperados cuando Giuliano estuvo al frente del Ministerio de Transporte fue el que unió a Rosario con Cañada de Gómez, que llegó a transportar más de 50 mil pasajeros pero luego, la falta de mantenimiento del material rodante y de inversiones en la era Milei terminó con el servicio cancelado.

    «Una obra de esta magnitud no se construye de un día para otro. Requiere decisión política, planificación, conocimiento técnico, cooperación y capacidad para conseguir inversiones», señalaron Monteverde y Giuliano, que buscan convertir la propuesta en uno de los ejes de la próxima discusión electoral en Rosario y Santa Fe.

     

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    F-16 bajo secreto militar: cuánto sabemos de la millonaria operación de Milei y qué quedó fuera del control público

     

    La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.

    Por Luis Bulnes Valdez para NLI

    El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.

    El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.

    Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.

    A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.

    El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento

    Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.

    Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.

    Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.

    En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.

    Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.

    Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16

    El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.

    La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.

    La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.

    No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.

    Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.

    US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó

    La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.

    Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.

    Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.

    El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.

    Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.

    Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.

    Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.

    De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.

    La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.

    Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.

    El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.

    Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.

     

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  • Borinsky y Barroetaveña fallaron a favor de Toviggino y devolvieron la causa de la mansión al juez de Campana

     

    Los camaristas de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fallaron a favor de Pablo Toviggino y le devolvieron la causa por la mansión de Pilar al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

    El mes pasado Barroetaveña y Borinsky hicieron una polémica maniobra al aceptar un recurso de queja de la defensa de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, los presuntos testaferros del tesorero de la AFA, y aceptaron volver a discutir la competencia del expediente, que la Cámara había mandado al fuero penal económico.

    Que la causa vaya a Campana fue la estrategia de Toviggino desde un primer momento y contó con el apoyo implícito del ministro Juan Bautista Mahiques. Borinsky aspira a una vacante en la Corte Suprema y Barroetaveña quiere quedarse en el Consejo de la Magistratura, para lo que necesitan el aval del gobierno.

    Como en julio, en la votación de este viernes votó en disidencia el camarista Alejandro Slokar.

    Borinsky y Barroetaveña fallaron a favor de Toviggino: la causa de la mansión podría volver a Campana

    El fallo puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia por el fiscal de Casación Mario Villar, quien ya se expresó para que la causa siga en el fuero Penal Económico.

    La resolución ordena a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que «sin dilaciones» remita el expediente «al juzgado federal criminal y correccional de su jurisdicción de oportuna y previa intervención», es decir al de Campana.

    Un dato para nada menor es que hasta noviembre pasado Barroetaveña fue presidente del Tribunal de Ética de la AFA, a pesar de lo cual no se excusó de intervenir en la causa.

     

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  • Cristina deja abierta la idea de una candidatura: «ninguna proscripción logró apagar la voluntad popular»

     

    Cristina Kirchner presentó su plan de recurrir a la ONU para que debata su condena y dejó en el aire la idea de la candidatura pese a la prohibición: «ninguna proscripción logró apagar la voluntad popular».

    La expresidenta publicó una carta donde explica la estrategia de llevar su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el asesoramiento del abogado de Lula, Rafael Valim, y del español Javier Borrego. 

    «Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional», advirtió Cristina. «Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial», agregó.

    Recalde y Wado, las opciones del kirchnerismo para ir de vice de Cristina

    Pero lo más interesante del texto de Cristina es que deja clara señales de no que piensa correrse de la discusión política y hasta dejó flotando en el aire la idea de una candidatura pese a la prohibición judicial, como anticipó LPO.

    «Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas», sostuvo Cristina.

    La presidenta del PJ nacional dijo que la proscripción tiene «como destinatario a un proyecto político», «constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino» y  «le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino».

    Luego, escribió la frase más sugestiva de todo el texto. «La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular», afirmó. «Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino», agrega.

    La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular

    Como contó este medio, la idea de un sector del kirchnerismo es que Cristina ocupe el primer lugar de la lista en 2027 y obligar a la justicia electoral a explicitar su impugnación. Eso, creen, le daría una enorme centralidad a la ex presidenta que estará en los afiches de campaña y quizás hasta en la Boleta Única en Papel. 

    El plan incluye que Cristina elija a un vice que luego quedaría como el primero oficializado como

    candidato a presidente. Más allá de la idea de ganar centralidad, el plan tiene como objetivo complicar a Axel Kicillof y su idea de prescindir del kirchnerismo en el armado de su candidatura. Cerca de Cristina creen que si ella es candidata todo el aparato territorial del kirchnerismo la acompañaría y ella tendría control total de la lapicera para armar las listas. 

    Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr

    — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

     

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