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Nación presentó el proyecto para regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial

El proyecto de ley establece los mecanismos para la regulación de la actividad, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas presentó hoy el proyecto de ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial” que establece los mecanismos para la regulación de la actividad, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs.

El anuncio, que se dió en el marco del Consejo Económico y Social en el museo del Bicentenario, se realizó en conjunto con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

El mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial crece exponencialmente a nivel global, es una nueva fuente de empleo de calidad y desarrollo productivo”, afirmó Kulfas durante la presentación del proyecto de ley y ponderó la “gran oportunidad que tiene Argentina para ser líder regional, por sus capacidades agropecuarias e industriales y su entramado científico productivo”.

Además, puntualizó que “el proyecto crea las condiciones para el desarrollo de la cadena a nivel local, aprendiendo de las mejores lecciones internacionales”, y sostuvo que “el desarrollo de la cadena tendrá múltiples impactos positivos en el país: más empleo, más exportaciones, más innovación, desarrollo federal y acceso a la salud”.

Hay más de 50 países que han avanzado en algún tipo de legalización para el cannabis de uso industrial medicinal e industrial. Esto está alentando un crecimiento exponencial de la producción. Una producción global proyectada para dentro de tres años en 42.700 millones de dólares, es decir, 14 veces más que hace diez años”, analizó el ministro y explicó que Israel, Canadá y Estados Unidos son líderes a nivel mundial; mientras que en la región se destacan Colombia y Uruguay. “Hay un mercado global emergente, y vemos una ventana de oportunidad para Argentina”, dijo.

Además, explicó que esta actividad “crea empleo de calidad” y dio como ejemplo Canadá, en donde 2 de cada 10 empleos en la actividad están dedicados a la investigación y desarrollo, control de calidad e ingeniería de procesos. “Se ven oportunidades crecientes en el desarrollo de la genética: en el último trienio crecen las patentes de variedades solicitadas. Y también es una actividad que tiene altos encadenamientos con valor agregado. Si consideramos toda la cadena, desde la semilla, podemos ver que hay más de 200 bienes y servicios vinculados con esta cadena. Por esto, apostar al desarrollo de este sector implica una gran cantidad de actividades vinculadas”.

«Cáñamo Industrial en el Alto Valle», nota de Ing. Mariana Azevedo.

En este sentido, explicó que se avanzó en una ley porque “hoy es necesario una norma que permita escalar la producción. Este proyecto apunta a legalizar la producción y desarrollo de la cadena productiva del cannabis y el cáñamo con una visión productiva, sujeto a las regulaciones establecidas basados en recomendaciones internacionales y en estudios de países pioneros”, explicó, y resaltó que “se apunta a evitar desvíos hacia el mercado ilegal, garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal. Una adecuada trazabilidad permite que Argentina se posicione con una marca país asociada a una excelente calidad de productos y se va a valorizar las exportaciones”.

En cuanto al cannabis medicinal, explicó que el objetivo es el desarrollo de la cadena con uso medicinal y fisioterapéutico mediante un marco regulatorio para regularizar proyectos que hoy existen y poder complementar la ley 27.350; mientras que en relación al cáñamo, resaltó que el objetivo central es “permitir el desarrollo de esta industria, que es una variedad específica con baja concentración de THC no psicoactivo”.

En la actualidad el mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial está creciendo exponencialmente y será una fuente de empleo de calidad y desarrollo económico a nivel global.

“Es una actividad que con el desarrollo que estamos previendo puede generar 10 mil nuevos empleos (de los cuales quizá un 20% esté orientado a las actividades de investigación, desarrollo e innovación); 500 millones de dólares en ventas al mercado interno al año y 50 millones de dólares de exportaciones al año. Sería un escenario de inicio con fuerte impacto económico federal”, analizó.

El objetivo de la normativa es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

Además, impulsa la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) la que tendrá entre sus funciones regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo. También la de otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización, con especial atención a PyMES, cooperativas y economías regionales.

El proyecto de ley promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

La ARICCAME tendrá entre sus facultades la capacidad de coordinar acciones necesarias con organismos reguladores para el desarrollo del sector, y estará compuesta por los Ministerios nacionales de Desarrollo Productivo; Salud; Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia y Tecnología; y Seguridad.

A partir de la experiencia internacional el proyecto de ley crea las condiciones y regula el desarrollo del sector teniendo en cuenta las recomendaciones y lecciones de los países pioneros a nivel global y regional. La experiencia internacional muestra que la cadena de cáñamo y cannabis medicinal tiene un mayor potencial de crecimiento si se encuentra regulada por el Estado, para evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal.

El potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos, US$ 500 millones en ventas al mercado interno anuales y US$ 50 millones de exportación anuales.

Por su parte, Vizzotti, celebró la presentación de este nuevo marco regulatorio que completa la ley 27.350. «Nosotros teníamos una ley que encorsetaba derechos, con una mirada punitiva y persecutoria, y sabíamos que teníamos una deuda pendiente«, afirmó y destacó la tarea realizada desde su cartera que continuó ampliando derechos en un contexto de mucha dificultad con el objetivo de facilitar el acceso a un producto seguro y de calidad.

«Hay algunas cosas que ya son una realidad, no son un potencial. El Ministerio de Salud ya aprobó nueve proyectos provinciales de cultivo e investigación en La Rioja, en Jujuy, en San Juan, en Misiones, en Patagonia Norte, en Chubut, en Pergamino, INTA Castelar y Lamadrid. Se trata de proyectos de investigación que incluyen una etapa de producción e industrialización, lo que además de conocimiento científico genera impacto en la economía regional», resaltó.

«¿Puede ser Rio Negro potencia gracias al cannabis?», nota del periodista Rubén Lagras.

«Lo más relevante para nosotros es haber saldado la deuda con la sociedad civil, dejar de sentir que las personas que usaban cannabis medicinal se sintieran perseguidas. El día que se publicó el decreto reglamentario nuevo de la ley 27.350 fue uno de los días más satisfactorios de nuestra gestión. Hasta ahora avanzamos con lo que teníamos y ahora vamos por más», concluyó.

A nivel mundial ya unos 50 países tienen algún tipo de legalización de su uso medicinal e industrial. Israel, Canadá, y EEUU son líderes a nivel global, y en la región avanzan Uruguay y Colombia. La producción de Cannabis Medicinal fue de 1,4 toneladas en 2000 vs. 468 toneladas en 2019. El mercado internacional tiene proyectados un movimiento de US$ 42.700 millones para 2024 (10 veces superior a una década atrás).

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    La doble vara judicial: cuando la sospecha condena y la prueba no alcanza

     

    La comparación entre la causa que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros expedientes recientes que involucran a funcionarios del actual gobierno expone una tensión cada vez más evidente: mientras en un caso bastó con una presunción interpretativa —“no podía no saber”—, en otros, con abundancia de indicios y documentación, la reacción judicial y mediática parece notablemente más tenue.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La historia judicial argentina ofrece múltiples ejemplos de selectividad, pero pocos tan paradigmáticos como el contraste entre la denominada “causa Vialidad” y las investigaciones que hoy rodean a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei. En el primer caso, el eje de la condena a Cristina Fernández de Kirchner giró sobre un razonamiento que excede la prueba directa: la idea de que, por su investidura, “no podía no estar al tanto” de las irregularidades atribuidas a la obra pública en Santa Cruz.

    Esa formulación, que en términos jurídicos tensiona principios básicos como la responsabilidad penal individual y la necesidad de prueba concreta, fue sostenida tanto por sectores del Poder Judicial como por buena parte del sistema mediático dominante. Sin embargo, cuando se observan expedientes actuales —donde aparecen transferencias, vínculos contractuales, decisiones administrativas documentadas o movimientos patrimoniales verificables— la vara parece desplazarse hacia un estándar mucho más laxo.

    La lógica de la presunción: el caso Vialidad

    En la causa que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los aspectos más controvertidos fue la ausencia de evidencia directa que acreditara su participación personal en maniobras ilícitas. No se incorporaron registros de conversaciones, correos electrónicos, transferencias bancarias ni documentos firmados por la exmandataria que vincularan de manera concreta su accionar con los hechos investigados.

    La construcción acusatoria se apoyó, en cambio, en una inferencia estructural: que la entonces presidenta debía necesariamente conocer lo que ocurría en la asignación de obra pública. Esta interpretación, si bien puede tener peso político, abre un debate jurídico profundo sobre el alcance de la responsabilidad por jerarquía y sobre los límites entre presunción y prueba.

    En términos estrictamente legales, la doctrina penal exige certeza basada en evidencia. Sin embargo, el fallo incorporó un razonamiento más cercano a la sospecha estructural que a la demostración empírica, lo que fue celebrado por sectores mediáticos que durante años instalaron la idea de culpabilidad como sentido común.

    ANDIS, $LIBRA y otras causas: cuando la prueba no moviliza

    En contraste, investigaciones recientes como las vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el denominado caso $LIBRA o las denuncias por enriquecimiento que salpican a figuras del oficialismo presentan un cuadro distinto: aquí sí aparecen elementos materiales, registros administrativos y circuitos financieros que permiten trazar relaciones más concretas.

    Sin embargo, la respuesta institucional no ha tenido la misma intensidad. En el caso de ANDIS, por ejemplo, se mencionaron irregularidades en la asignación de fondos y contrataciones que derivaron en cuestionamientos internos, pero sin avanzar con la celeridad que se observó en otras causas de alto impacto político.

    Algo similar ocurre con el entramado de $LIBRA, donde la existencia de documentación, decisiones administrativas y posibles beneficiarios identificables no logró instalar en el debate público la misma noción de escándalo estructural que sí se construyó en torno al kirchnerismo.

    El patrimonio y las explicaciones: el caso Adorni

    El caso de Manuel Adorni resulta ilustrativo en este esquema comparativo. Las discusiones sobre su patrimonio, operaciones inmobiliarias y financiamiento de adquisiciones abrieron interrogantes que, en otro contexto político, probablemente habrían derivado en investigaciones más profundas y en una cobertura mediática sostenida.

    Sin embargo, la reacción predominante fue la relativización o la rápida disipación del tema en la agenda pública. La diferencia no es menor: mientras en la causa Vialidad se construyó una narrativa de culpabilidad sin prueba directa, en estos casos la existencia de elementos verificables no alcanza para generar una presión equivalente.

    El rol de Karina Milei y las sospechas de intermediación

    Otro punto que alimenta la discusión sobre la doble vara es la aparición de versiones vinculadas a presuntos esquemas de intermediación o retornos —como el denominado “3%”— que involucran a Karina Milei. Si bien muchas de estas denuncias requieren aún confirmación judicial, lo cierto es que el tratamiento mediático ha sido, en general, más prudente o marginal.

    En términos comparativos, basta recordar cómo hipótesis mucho menos documentadas en el pasado fueron amplificadas durante meses hasta consolidarse como verdades instaladas.

    A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa.

    Créditos del Banco Nación y decisiones administrativas

    Las operaciones crediticias otorgadas por el Banco Nación a determinados actores también ingresan en este análisis. La existencia de expedientes, montos y condiciones específicas ofrece un terreno fértil para la investigación judicial. No obstante, nuevamente, la intensidad de la respuesta institucional dista de la observada en otras etapas políticas.

    El contraste no implica necesariamente afirmar culpabilidades, sino señalar una diferencia en el estándar de exigencia: lo que en un caso se interpreta como indicio suficiente, en otro parece no alcanzar ni siquiera para activar mecanismos de investigación robustos.

    En este punto aparece un elemento particularmente revelador: la forma en que el propio Javier Milei queda sistemáticamente por fuera de las hipótesis de responsabilidad. A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa. Aun cuando los hechos investigados involucran áreas sensibles del gobierno o funcionarios de su máxima confianza, la interpretación dominante —tanto en ciertos sectores judiciales como mediáticos— tiende a considerar plausible que Milei “no esté al tanto”. Esta asimetría no es menor: mientras en un caso la jerarquía implicaba necesariamente conocimiento, en el otro habilita una presunción de desconocimiento que lo excluye preventivamente del análisis de responsabilidades.

    Medios, justicia y construcción de sentido

    El punto de convergencia entre todos estos casos es el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentido. La condena de Cristina Fernández de Kirchner fue precedida por años de cobertura sistemática que instaló una narrativa de corrupción estructural, incluso en ausencia de pruebas directas.

    En cambio, las causas que hoy afectan a funcionarios del oficialismo no han logrado —o no se ha buscado que logren— ese mismo nivel de penetración en la opinión pública. La diferencia no es sólo cuantitativa, sino cualitativa: cambia la forma en que se interpreta la evidencia y el peso que se le asigna.

    Una justicia bajo sospecha

    La comparación deja al descubierto una pregunta incómoda pero inevitable: ¿existe un criterio uniforme en la administración de justicia o las decisiones están condicionadas por el contexto político y mediático?

    Cuando una condena puede sostenerse en una presunción y otras investigaciones con mayor volumen de pruebas no avanzan con igual firmeza, la percepción de doble vara se vuelve difícil de refutar. Y esa percepción, más allá de las posiciones partidarias, erosiona uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la confianza en la justicia.

    En definitiva, el problema no es sólo jurídico, sino institucional. Porque una justicia que parece medir distinto según el acusado deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de disputa política. Y en ese terreno, la verdad —con pruebas o sin ellas— corre siempre el riesgo de quedar relegada.

     

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