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Nación presentó el proyecto para regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial

El proyecto de ley establece los mecanismos para la regulación de la actividad, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas presentó hoy el proyecto de ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial” que establece los mecanismos para la regulación de la actividad, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs.

El anuncio, que se dió en el marco del Consejo Económico y Social en el museo del Bicentenario, se realizó en conjunto con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

El mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial crece exponencialmente a nivel global, es una nueva fuente de empleo de calidad y desarrollo productivo”, afirmó Kulfas durante la presentación del proyecto de ley y ponderó la “gran oportunidad que tiene Argentina para ser líder regional, por sus capacidades agropecuarias e industriales y su entramado científico productivo”.

Además, puntualizó que “el proyecto crea las condiciones para el desarrollo de la cadena a nivel local, aprendiendo de las mejores lecciones internacionales”, y sostuvo que “el desarrollo de la cadena tendrá múltiples impactos positivos en el país: más empleo, más exportaciones, más innovación, desarrollo federal y acceso a la salud”.

Hay más de 50 países que han avanzado en algún tipo de legalización para el cannabis de uso industrial medicinal e industrial. Esto está alentando un crecimiento exponencial de la producción. Una producción global proyectada para dentro de tres años en 42.700 millones de dólares, es decir, 14 veces más que hace diez años”, analizó el ministro y explicó que Israel, Canadá y Estados Unidos son líderes a nivel mundial; mientras que en la región se destacan Colombia y Uruguay. “Hay un mercado global emergente, y vemos una ventana de oportunidad para Argentina”, dijo.

Además, explicó que esta actividad “crea empleo de calidad” y dio como ejemplo Canadá, en donde 2 de cada 10 empleos en la actividad están dedicados a la investigación y desarrollo, control de calidad e ingeniería de procesos. “Se ven oportunidades crecientes en el desarrollo de la genética: en el último trienio crecen las patentes de variedades solicitadas. Y también es una actividad que tiene altos encadenamientos con valor agregado. Si consideramos toda la cadena, desde la semilla, podemos ver que hay más de 200 bienes y servicios vinculados con esta cadena. Por esto, apostar al desarrollo de este sector implica una gran cantidad de actividades vinculadas”.

«Cáñamo Industrial en el Alto Valle», nota de Ing. Mariana Azevedo.

En este sentido, explicó que se avanzó en una ley porque “hoy es necesario una norma que permita escalar la producción. Este proyecto apunta a legalizar la producción y desarrollo de la cadena productiva del cannabis y el cáñamo con una visión productiva, sujeto a las regulaciones establecidas basados en recomendaciones internacionales y en estudios de países pioneros”, explicó, y resaltó que “se apunta a evitar desvíos hacia el mercado ilegal, garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal. Una adecuada trazabilidad permite que Argentina se posicione con una marca país asociada a una excelente calidad de productos y se va a valorizar las exportaciones”.

En cuanto al cannabis medicinal, explicó que el objetivo es el desarrollo de la cadena con uso medicinal y fisioterapéutico mediante un marco regulatorio para regularizar proyectos que hoy existen y poder complementar la ley 27.350; mientras que en relación al cáñamo, resaltó que el objetivo central es “permitir el desarrollo de esta industria, que es una variedad específica con baja concentración de THC no psicoactivo”.

En la actualidad el mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial está creciendo exponencialmente y será una fuente de empleo de calidad y desarrollo económico a nivel global.

“Es una actividad que con el desarrollo que estamos previendo puede generar 10 mil nuevos empleos (de los cuales quizá un 20% esté orientado a las actividades de investigación, desarrollo e innovación); 500 millones de dólares en ventas al mercado interno al año y 50 millones de dólares de exportaciones al año. Sería un escenario de inicio con fuerte impacto económico federal”, analizó.

El objetivo de la normativa es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

Además, impulsa la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) la que tendrá entre sus funciones regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo. También la de otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización, con especial atención a PyMES, cooperativas y economías regionales.

El proyecto de ley promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

La ARICCAME tendrá entre sus facultades la capacidad de coordinar acciones necesarias con organismos reguladores para el desarrollo del sector, y estará compuesta por los Ministerios nacionales de Desarrollo Productivo; Salud; Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia y Tecnología; y Seguridad.

A partir de la experiencia internacional el proyecto de ley crea las condiciones y regula el desarrollo del sector teniendo en cuenta las recomendaciones y lecciones de los países pioneros a nivel global y regional. La experiencia internacional muestra que la cadena de cáñamo y cannabis medicinal tiene un mayor potencial de crecimiento si se encuentra regulada por el Estado, para evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal.

El potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos, US$ 500 millones en ventas al mercado interno anuales y US$ 50 millones de exportación anuales.

Por su parte, Vizzotti, celebró la presentación de este nuevo marco regulatorio que completa la ley 27.350. «Nosotros teníamos una ley que encorsetaba derechos, con una mirada punitiva y persecutoria, y sabíamos que teníamos una deuda pendiente«, afirmó y destacó la tarea realizada desde su cartera que continuó ampliando derechos en un contexto de mucha dificultad con el objetivo de facilitar el acceso a un producto seguro y de calidad.

«Hay algunas cosas que ya son una realidad, no son un potencial. El Ministerio de Salud ya aprobó nueve proyectos provinciales de cultivo e investigación en La Rioja, en Jujuy, en San Juan, en Misiones, en Patagonia Norte, en Chubut, en Pergamino, INTA Castelar y Lamadrid. Se trata de proyectos de investigación que incluyen una etapa de producción e industrialización, lo que además de conocimiento científico genera impacto en la economía regional», resaltó.

«¿Puede ser Rio Negro potencia gracias al cannabis?», nota del periodista Rubén Lagras.

«Lo más relevante para nosotros es haber saldado la deuda con la sociedad civil, dejar de sentir que las personas que usaban cannabis medicinal se sintieran perseguidas. El día que se publicó el decreto reglamentario nuevo de la ley 27.350 fue uno de los días más satisfactorios de nuestra gestión. Hasta ahora avanzamos con lo que teníamos y ahora vamos por más», concluyó.

A nivel mundial ya unos 50 países tienen algún tipo de legalización de su uso medicinal e industrial. Israel, Canadá, y EEUU son líderes a nivel global, y en la región avanzan Uruguay y Colombia. La producción de Cannabis Medicinal fue de 1,4 toneladas en 2000 vs. 468 toneladas en 2019. El mercado internacional tiene proyectados un movimiento de US$ 42.700 millones para 2024 (10 veces superior a una década atrás).

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    Cristina Kirchner renovó su defensa con abogados internacionales y prepara una nueva batalla judicial por la condena en Vialidad

     

    Cristina Fernández de Kirchner decidió reforzar su estrategia judicial con la incorporación de dos abogados de reconocimiento internacional, con experiencia en causas de alto impacto político en América Latina. La exmandataria busca llevar su condena a nuevos escenarios jurídicos y profundizar el reclamo por lo que considera una persecución política con consecuencias institucionales.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Una nueva etapa en la defensa de Cristina Kirchner

    La condena en la causa Vialidad abrió una nueva etapa en la estrategia judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia que impuso seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la expresidenta decidió modificar el esquema de su defensa y sumar especialistas extranjeros con trayectoria en litigios vinculados a derechos humanos y persecución política.

    En la carta abierta difundida este miércoles, Cristina anunció la incorporación de dos abogados de prestigio internacional que tendrán como objetivo avanzar en una discusión que exceda los tribunales argentinos: el planteo de que su caso debe ser analizado bajo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

    La decisión no es solamente jurídica. En el entorno de la exmandataria interpretan que la disputa dejó de estar limitada al expediente por la obra pública en Santa Cruz y pasó a convertirse en una discusión sobre los límites entre una condena penal y sus efectos sobre la participación democrática de una dirigente política.

    Cristiano Zanin y Marco Stabile, los nombres detrás de la nueva estrategia

    Uno de los nuevos abogados que se incorporará a la defensa es Cristiano Zanin Martins, reconocido internacionalmente por haber sido el abogado principal del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la batalla judicial derivada de la causa Lava Jato.

    Zanin tuvo un rol central en la estrategia que logró revertir las condenas contra Lula, luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil declarara la incompetencia del juez Sergio Moro y cuestionara la actuación judicial que había llevado adelante la causa. Su incorporación a la defensa de Cristina no es casual: el paralelismo entre ambos procesos forma parte del argumento político que el kirchnerismo viene sosteniendo desde hace años alrededor del concepto de lawfare, entendido como la utilización de herramientas judiciales con fines de disputa política.

    El otro nombre que se suma al equipo es el abogado italiano Marco Stabile, especialista en derecho internacional y derechos humanos. Su participación apunta a reforzar la dimensión internacional del reclamo y a explorar vías ante organismos externos al sistema judicial argentino.

    Del expediente argentino a la discusión internacional

    La incorporación de estos abogados marca un cambio de enfoque. Hasta ahora, la defensa de Cristina había concentrado sus esfuerzos principalmente en las instancias nacionales, con planteos de nulidad, cuestionamientos al proceso y críticas a la actuación de jueces y fiscales.

    La nueva estrategia apunta a instalar el caso en otro terreno: el de los derechos políticos y las garantías democráticas. En su carta, Cristina sostuvo que la verdadera sanción que enfrenta no es únicamente la condena penal, sino la imposibilidad de volver a competir electoralmente por una inhabilitación de por vida.

    Ese punto es clave porque transforma el eje de la discusión. Mientras sus adversarios sostienen que la prohibición de ejercer cargos públicos es una consecuencia legal de una sentencia firme, desde el kirchnerismo argumentan que esa medida produce un efecto político equivalente a una proscripción, al impedir que sea la ciudadanía quien decida sobre su futuro electoral.

    La apuesta de la defensa será, entonces, intentar que esa discusión sea observada bajo parámetros internacionales y no únicamente desde la interpretación de los tribunales argentinos.

    La sombra del lawfare y el antecedente Lula

    La elección de Zanin tiene además un fuerte componente simbólico. El abogado brasileño se convirtió en una figura asociada a la defensa de Lula frente a una estructura judicial que, según denunció el Partido de los Trabajadores brasileño, había sido utilizada para impedir su regreso a la política.

    Para el kirchnerismo, el recorrido de Lula funciona como antecedente de una disputa donde una condena judicial puede tener consecuencias electorales determinantes. Para sus críticos, en cambio, se trata de casos diferentes en los que las condenas deben analizarse por sus pruebas y fundamentos propios.

    Esa tensión atraviesa hoy el escenario argentino: la discusión ya no se limita a si Cristina Kirchner es responsable o no de los delitos por los que fue condenada, sino a si una decisión judicial puede tener como consecuencia excluir definitivamente a una dirigente del sistema político.

    Una batalla judicial que también es política

    La llegada de los nuevos abogados confirma que Cristina Kirchner no piensa cerrar la discusión con la resolución de la Corte Suprema. Por el contrario, busca trasladar el conflicto a nuevos ámbitos y convertir su situación judicial en una discusión sobre democracia, representación y derechos políticos.

    En un escenario donde el peronismo atraviesa una etapa de reorganización y el gobierno de Javier Milei busca consolidar su proyecto político, la estrategia judicial de Cristina vuelve a tener un impacto directo sobre la disputa política nacional.

    La defensa renovada no sólo buscará revertir o cuestionar aspectos jurídicos de la condena, sino instalar una pregunta que atraviesa todo el debate: si una dirigente elegida durante dos décadas por millones de argentinos puede quedar definitivamente fuera de la competencia electoral por una decisión judicial.

    La respuesta a esa pregunta será, en los próximos meses, uno de los principales capítulos de la disputa institucional argentina.

     

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