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Nación presentó el proyecto para regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial

El proyecto de ley establece los mecanismos para la regulación de la actividad, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas presentó hoy el proyecto de ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial” que establece los mecanismos para la regulación de la actividad, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs.

El anuncio, que se dió en el marco del Consejo Económico y Social en el museo del Bicentenario, se realizó en conjunto con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

El mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial crece exponencialmente a nivel global, es una nueva fuente de empleo de calidad y desarrollo productivo”, afirmó Kulfas durante la presentación del proyecto de ley y ponderó la “gran oportunidad que tiene Argentina para ser líder regional, por sus capacidades agropecuarias e industriales y su entramado científico productivo”.

Además, puntualizó que “el proyecto crea las condiciones para el desarrollo de la cadena a nivel local, aprendiendo de las mejores lecciones internacionales”, y sostuvo que “el desarrollo de la cadena tendrá múltiples impactos positivos en el país: más empleo, más exportaciones, más innovación, desarrollo federal y acceso a la salud”.

Hay más de 50 países que han avanzado en algún tipo de legalización para el cannabis de uso industrial medicinal e industrial. Esto está alentando un crecimiento exponencial de la producción. Una producción global proyectada para dentro de tres años en 42.700 millones de dólares, es decir, 14 veces más que hace diez años”, analizó el ministro y explicó que Israel, Canadá y Estados Unidos son líderes a nivel mundial; mientras que en la región se destacan Colombia y Uruguay. “Hay un mercado global emergente, y vemos una ventana de oportunidad para Argentina”, dijo.

Además, explicó que esta actividad “crea empleo de calidad” y dio como ejemplo Canadá, en donde 2 de cada 10 empleos en la actividad están dedicados a la investigación y desarrollo, control de calidad e ingeniería de procesos. “Se ven oportunidades crecientes en el desarrollo de la genética: en el último trienio crecen las patentes de variedades solicitadas. Y también es una actividad que tiene altos encadenamientos con valor agregado. Si consideramos toda la cadena, desde la semilla, podemos ver que hay más de 200 bienes y servicios vinculados con esta cadena. Por esto, apostar al desarrollo de este sector implica una gran cantidad de actividades vinculadas”.

«Cáñamo Industrial en el Alto Valle», nota de Ing. Mariana Azevedo.

En este sentido, explicó que se avanzó en una ley porque “hoy es necesario una norma que permita escalar la producción. Este proyecto apunta a legalizar la producción y desarrollo de la cadena productiva del cannabis y el cáñamo con una visión productiva, sujeto a las regulaciones establecidas basados en recomendaciones internacionales y en estudios de países pioneros”, explicó, y resaltó que “se apunta a evitar desvíos hacia el mercado ilegal, garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal. Una adecuada trazabilidad permite que Argentina se posicione con una marca país asociada a una excelente calidad de productos y se va a valorizar las exportaciones”.

En cuanto al cannabis medicinal, explicó que el objetivo es el desarrollo de la cadena con uso medicinal y fisioterapéutico mediante un marco regulatorio para regularizar proyectos que hoy existen y poder complementar la ley 27.350; mientras que en relación al cáñamo, resaltó que el objetivo central es “permitir el desarrollo de esta industria, que es una variedad específica con baja concentración de THC no psicoactivo”.

En la actualidad el mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial está creciendo exponencialmente y será una fuente de empleo de calidad y desarrollo económico a nivel global.

“Es una actividad que con el desarrollo que estamos previendo puede generar 10 mil nuevos empleos (de los cuales quizá un 20% esté orientado a las actividades de investigación, desarrollo e innovación); 500 millones de dólares en ventas al mercado interno al año y 50 millones de dólares de exportaciones al año. Sería un escenario de inicio con fuerte impacto económico federal”, analizó.

El objetivo de la normativa es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

Además, impulsa la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) la que tendrá entre sus funciones regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo. También la de otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización, con especial atención a PyMES, cooperativas y economías regionales.

El proyecto de ley promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

La ARICCAME tendrá entre sus facultades la capacidad de coordinar acciones necesarias con organismos reguladores para el desarrollo del sector, y estará compuesta por los Ministerios nacionales de Desarrollo Productivo; Salud; Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia y Tecnología; y Seguridad.

A partir de la experiencia internacional el proyecto de ley crea las condiciones y regula el desarrollo del sector teniendo en cuenta las recomendaciones y lecciones de los países pioneros a nivel global y regional. La experiencia internacional muestra que la cadena de cáñamo y cannabis medicinal tiene un mayor potencial de crecimiento si se encuentra regulada por el Estado, para evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal.

El potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos, US$ 500 millones en ventas al mercado interno anuales y US$ 50 millones de exportación anuales.

Por su parte, Vizzotti, celebró la presentación de este nuevo marco regulatorio que completa la ley 27.350. «Nosotros teníamos una ley que encorsetaba derechos, con una mirada punitiva y persecutoria, y sabíamos que teníamos una deuda pendiente«, afirmó y destacó la tarea realizada desde su cartera que continuó ampliando derechos en un contexto de mucha dificultad con el objetivo de facilitar el acceso a un producto seguro y de calidad.

«Hay algunas cosas que ya son una realidad, no son un potencial. El Ministerio de Salud ya aprobó nueve proyectos provinciales de cultivo e investigación en La Rioja, en Jujuy, en San Juan, en Misiones, en Patagonia Norte, en Chubut, en Pergamino, INTA Castelar y Lamadrid. Se trata de proyectos de investigación que incluyen una etapa de producción e industrialización, lo que además de conocimiento científico genera impacto en la economía regional», resaltó.

«¿Puede ser Rio Negro potencia gracias al cannabis?», nota del periodista Rubén Lagras.

«Lo más relevante para nosotros es haber saldado la deuda con la sociedad civil, dejar de sentir que las personas que usaban cannabis medicinal se sintieran perseguidas. El día que se publicó el decreto reglamentario nuevo de la ley 27.350 fue uno de los días más satisfactorios de nuestra gestión. Hasta ahora avanzamos con lo que teníamos y ahora vamos por más», concluyó.

A nivel mundial ya unos 50 países tienen algún tipo de legalización de su uso medicinal e industrial. Israel, Canadá, y EEUU son líderes a nivel global, y en la región avanzan Uruguay y Colombia. La producción de Cannabis Medicinal fue de 1,4 toneladas en 2000 vs. 468 toneladas en 2019. El mercado internacional tiene proyectados un movimiento de US$ 42.700 millones para 2024 (10 veces superior a una década atrás).

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    El gobierno de Milei volvió a mover una pieza clave de su política de privatizaciones en el sector energético. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó modificaciones al pliego del concurso público que busca vender la participación estatal en CITELEC, la sociedad que controla Transener, la empresa responsable del transporte de electricidad en alta tensión en la Argentina. La medida confirma que el proceso privatizador sigue avanzando y entra en su etapa decisiva.

    Por Roque Pérez para NLI

    El nuevo paso publicado en el Boletín Oficial

    El Ministerio de Economía formalizó hoy una nueva actualización del proceso de venta mediante la Resolución 281/2026, que incorpora cambios al pliego de la licitación pública nacional e internacional para vender las acciones que el Estado posee en CITELEC.

    La norma aprobó una “Circular Modificatoria N° 2” que introduce ajustes en las bases del concurso, en respuesta a consultas realizadas por los interesados y a modificaciones de oficio en los pliegos que regulan la operación. El proceso tiene un objetivo concreto: vender el 50% de CITELEC que pertenece a Energía Argentina S.A. (ENARSA), la empresa estatal que el gobierno incluyó dentro de su programa de privatizaciones.

    El cronograma oficial establece que las ofertas para quedarse con ese paquete accionario deberán presentarse hasta el 23 de marzo de 2026, fecha en la que se realizará la apertura de sobres.


    Qué se está vendiendo realmente

    Aunque el nombre CITELEC puede sonar técnico o poco conocido para el público general, lo que está en juego es uno de los activos más estratégicos del sistema energético argentino.

    CITELEC es la empresa que controla Transener, la principal transportadora de electricidad del país, responsable de la red de alta tensión que conecta las centrales eléctricas con los centros de consumo.

    Según la estructura societaria actual:

    • ENARSA posee el 50% de CITELEC
    • CITELEC controla el 52,65% de Transener
    • Ese paquete incluye la totalidad de las acciones Clase A, que otorgan el control de la compañía.

    En términos prácticos, quien compre ese paquete accionario obtendrá el control de la principal red de transporte eléctrico del país.


    El primer paso de la privatización energética

    La venta de CITELEC no es una decisión aislada. Forma parte de un programa más amplio impulsado por el gobierno para privatizar ENARSA y desprenderse de activos energéticos del Estado. Ese proceso fue habilitado previamente por decretos y por la legislación aprobada en el marco de la Ley de Bases, que permitió declarar a varias empresas públicas sujetas a privatización.

    Dentro de ese esquema, la venta de la participación estatal en CITELEC fue definida como la primera etapa del desguace de ENARSA, separando y vendiendo cada unidad de negocio de la empresa estatal. Distintos análisis del sector energético advierten que esta operación podría rondar los 200 millones de dólares, dependiendo de las ofertas que reciba el concurso.


    Un negocio estratégico en manos del mercado

    El transporte eléctrico es considerado en la mayoría de los países una infraestructura crítica, porque constituye el sistema que permite que la energía generada en centrales hidroeléctricas, térmicas o nucleares llegue a los hogares y a la industria.

    La red operada por Transener conecta prácticamente todo el territorio nacional a través de miles de kilómetros de líneas de alta tensión y es un componente central para la estabilidad del sistema eléctrico. Por esa razón, la decisión de avanzar con la privatización del paquete accionario que controla esa red reabre una discusión histórica en la política energética argentina: si los servicios estratégicos deben quedar bajo control estatal o en manos del mercado. La respuesta libertaria es obvia.

     

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