Nación presentó el proyecto para regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial

La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la Licitación Privada Nº 01/2021 para la contratación de cuatro camiones regadores para prestar el servicio de riego en zonas urbana y rural. El presupuesto oficial total es de $2.419.000. Los pliegos pueden adquirirse en el Departamento de Compras ubicado en el edificio central de Avenida Rivadavia…

El postergado debate interno del peronismo sobre que hacer con la economía, en caso de volver al poder, tuvo este martes un muy interesante debate en la histórica sede del PJ en el barrio de Once.

Participaron del inusual encuentro la kirchnerista Teresa García, una de las dirigentes más cercanas a Cristina Kirchner: la economista albertista Mercedes D’Alessandro; el economista peronista ortodoxo Santiago Fraschina y el diputado nacional y uno de los líderes del peronismo de centro, Guillermo Michel.

Enseguida, quedaron en evidencia las contradicciones. Teresa García pidió «radicalizar» la propuesta económica frente a los poderes concentrados, Mercedes D’Alessandro cuestionó el RIGI como parte de una nueva etapa de «neocolonialismo extractivista» y Guillermo Michel advirtió sobre las restricciones jurídicas, fiscales y financieras que enfrentará quien intente modificarlo. Jorge Capitanich cerró con sus típicos discursos enrevesados de buenas intenciones, pero llamó a recuperar la regulación peronista sobre las inversiones extranjeras. 

La discusión se dio durante el cierre del curso sobre «Modelo Económico Justicialista» que trabajosamente viene desplegando Fraschina, que abrió la discusión con una advertencia sobre la necesidad de llegar a las próximas elecciones con un plan para gobernar. 

«Prefiero un debate de cuál es la propuesta que el peronismo tiene que llevar a la sociedad argentina el año que viene», dijo Fraschina. Y explicó que tiene «dos intenciones: una, para generar expectativa en la elección, que ese es el programa que se está debatiendo y discutiendo, y la otra es porque si llegamos tenemos que gobernar y tenemos que tener perspectiva de una salida justicialista y desarrollista». 

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Fraschina advirtió que la discusión estará atravesada por los intereses económicos. «Los grupos económicos locales, los fondos de inversión quieren un peronismo disciplinado, un peronismo disciplinado desarrollista, que sea la alternativa al orden financiero para no discutir la matriz distributiva», afirmó. «Si el peronismo no discute la matriz distributiva no la discutirá nadie en la Argentina, porque el peronismo nació discutiendo la matriz distributiva desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social», sostuvo. 

Incluso puso un límite al desarrollismo como objetivo autónomo: «Ni siquiera la industrialización es un fin en sí mismo para el peronismo, es un medio. Porque si la industrialización no va asociada a la justicia social, entonces no es peronismo desarrollista». 

Los grupos económicos locales, los fondos de inversión quieren un peronismo disciplinado, un peronismo disciplinado desarrollista, que sea la alternativa al orden financiero para no discutir la matriz distributiva.

Teresa García recogió ese planteo y llevó la discusión un paso más adelante. «Nos vamos a equivocar si aparecemos lavados frente a los poderes concentrados, que nos están mirando, obviamente, y que intentan ponerle la mano en el hombro a cualquiera que ande con ganas de ser sumiso ante los planteos de los sectores de poder», dijo la vicepresidenta del PJ. 

García rechazó que esa posición implique volver a una discusión del pasado. «No es un discurso antiguo este, no es una mirada antigua sobre la situación política, todo lo contrario», afirmó. 

La diputada kirchnerista Teresa García.

Teresa García fue todavía más explícita cuando discutió qué perfil debería presentar el peronismo. «No nos van a elegir por más lavadito, más café con leche. La sociedad va a elegir por aquel que plantee las antípodas de lo que está viviendo hoy en día, después del gobierno de Macri por un lado y luego del gobierno de Milei por otro», sostuvo. «Yo creo que el peronismo tiene que radicalizar su postura», afirmó García. Y remató: «Nosotros somos la antítesis de todo lo que vino sucediendo en el gobierno de Macri y de Milei». 

Mercedes D’Alessandro tomó otro camino para llegar a una conclusión igualmente crítica. La economista sostuvo que el peronismo tiene que actualizar su discusión distributiva porque cambió el capitalismo. «Estamos entrando a un nuevo momento político, social, económico, no solo en Argentina, sino a nivel mundial», dijo. «La inteligencia artificial no es una cosa abstracta, es una transformación del capitalismo», sostuvo D’Alessandro.  

D’Alessandro vinculó ese salto tecnológico con la brutal concentración de riqueza posterior a la pandemia. Los grandes empresarios tecnológicos, explicó, no solamente acumularon fortunas sino poder político. «Son personas que tienen ganas de hacer política, tienen influencia sobre los mercados, tienen un montón de poder», dijo. «Ellos son dueños de muchas de las plataformas que usamos todos los días: de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Ellos son dueños de las plataformas que usamos para comunicarnos, para vender, para comprar», afirmó. «Son dueños también de todo el desarrollo de inteligencia artificial y son dueños también de los data centers». 

No nos van a elegir por más lavadito, más café con leche. La sociedad va a elegir por aquel que plantee las antípodas de lo que está viviendo hoy en día, después del gobierno de Macri por un lado y luego del gobierno de Milei por otro. Yo creo que el peronismo tiene que radicalizar su postura. Nosotros somos la antítesis de todo lo que vino sucediendo en el gobierno de Macri y de Milei.

Para D’Alessandro, ese control incluye además los datos con los que las plataformas pueden orientar consumos y comportamientos. «Cuando digo vendernos cosas digo desde el heladito y la pizza hasta un candidato político», afirmó. 

La transformación también llegó al mercado laboral. D’Alessandro habló de alrededor de un millón de personas incorporadas a las plataformas y comparó ese universo con las cerca de 1,2 millones de trabajadoras de casas particulares. Describió una relación laboral en la que ya ni siquiera hace falta un jefe de carne y hueso: la plataforma asigna viajes, fija condiciones y administra premios y castigos. 

«Hoy nosotros estamos frente a una nueva etapa de neoextractivismo, neocolonialismo extractivista». La economista planteó que la explosión de la inteligencia artificial y los data centers disparará una demanda gigantesca de energía. Es ahí donde ubicó el lugar que pueden ocupar Vaca Muerta, el petróleo, el gas y el litio argentino en la nueva economía global. «El litio, pero todo se lo damos sin encadenamiento local, sin que nos dejen ninguna regalía, sin retenciones», cuestionó. 

«Esa es la inserción extractivista y colonialista en la que nosotros somos otra vez proveedores de materias primas, como antes. Somos los proveedores de energía barata para que ellos hagan la transición tecnológica y después nos vendan Meta, la nube donde guardamos nuestras fotos, Instagram», sostuvo D’Alessandro. 

Y planteó: «Ahí tenemos un gran desafío: cómo vamos a hacer para capturar esa agenda también y ver qué vamos a plantear a esto, porque no vamos a detener el paso tecnológico». 

El diputado Guillermo Michel.

El planteo de Guillermo Michel chocó con esa perspectiva cuando la discusión bajó a qué puede hacer efectivamente un próximo gobierno con el RIGI. Michel cuestionó el régimen de Milei, pero advirtió que los proyectos ya incorporados cuentan con garantías, estabilidad y mecanismos internacionales de resolución de controversias que limitan el margen para simplemente desarmarlo. 

Michel marcó además una diferencia política con el pedido de radicalización de García. «A mí no me van a ver bajando de Sierra Maestra con la remera del Che Guevara, no me van a ver radicalizado», dijo. 

El ex titular de Aduana puso en cambio como prioridad la restricción presupuestaria. Planteó que un gobierno peronista deberá ejercer «un control estricto de lo que eran los ingresos y los gastos, sobre todo los ingresos del Estado, para tener las cuentas públicas saneadas». 

Después entró en el sistema impositivo. «Por favor, no repitamos la estupidez que me repiten los consultores de los 184 impuestos como un verso», reclamó Michel. «Con cinco impuestos se obtiene la mayor parte de la recaudación», explicó, y enumeró IVA, seguridad social, Ganancias, derechos vinculados al comercio exterior y créditos y débitos bancarios. Michel también defendió mecanismos para hacer más progresivo el sistema. 

A mí no me van a ver bajando de Sierra Maestra con la remera del Che Guevara, no me van a ver radicalizado.

Recordó la devolución del IVA mediante tarjeta de débito y sostuvo que esa política «le quitaba la famosa regresividad al IVA, que es que pague el mismo impuesto siempre». 

También fijó posición sobre Ganancias. «Para mí el ingreso de los trabajadores, no los altos ingresos, el trabajador, el que tiene Ganancias en una remuneración, eso no tiene que pagar impuesto a las Ganancias», afirmó. 

El contrapunto con D’Alessandro se hizo más evidente al hablar de inversión. Michel defendió expresamente los regímenes de promoción. Recordó instrumentos utilizados durante gobiernos peronistas como la amortización acelerada de Ganancias y la devolución de IVA. 

Michel coincidió con D’Alessandro en cuestionar que una minera pueda recibir beneficios y después importar todos sus equipos. Criticó «eliminar totalmente los derechos de importación y que la minera esté importando personalmente de China, porque eso no genera empleo en Argentina». Según Michel, los esquemas de promoción anteriores tenían «un punto de racionalidad» que el RIGI perdió. «Los esquemas anteriores buscaban activar el valor agregado en la cadena de proveedores locales», señaló.

También cuestionó el costo fiscal del régimen. Michel estimó que puede alcanzar un punto del PBI y tradujo ese número en unos 7.000 millones de dólares. «¿Qué son 7.000 millones de dólares?», preguntó, antes de compararlo con los recursos necesarios para mejorar los ingresos de los jubilados. 

Pero ahí se separó del planteo más confrontativo que atravesó las intervenciones anteriores. Michel sostuvo que los beneficios otorgados a los proyectos RIGI no desaparecerán simplemente porque cambie el gobierno. Los contratos prevén distintos mecanismos de resolución de controversias y habilitan instancias internacionales. 

El senador Jorge Capitanich.

Michel agregó una dificultad todavía mayor. «El principal régimen es YPF. Usted sabe que la accionista mayoritaria de YPF es el propio Estado», señaló. Es decir, el próximo gobierno podría terminar discutiendo un esquema del que participa una compañía controlada por el propio Estado argentino. 

Así, frente a la idea de atacar el modelo asociado al RIGI, Michel puso sobre la mesa los límites jurídicos y fiscales de esa decisión. «La política se hace en la realidad», dijo. 

El planteo no fue conservar el régimen tal como está, sino asumir que un próximo gobierno deberá convivir con parte de los derechos ya concedidos mientras modifica hacia adelante la política de incentivos. 

La otra prioridad de Michel fue todavía más concreta: el Fondo Monetario Internacional. El ex funcionario sostuvo que el FMI sobreendeudó a la Argentina y calculó que el exceso del financiamiento respecto de parámetros razonables ronda los 32.000 millones de dólares. «Por cualquier criterio técnico razonable no debería haberse otorgado semejante volumen de recursos», sostuvo. 

Según Michel, el endeudamiento argentino con el organismo supera largamente los parámetros vinculados a la cuota del país y a su capacidad futura de repago. 

Michel hizo incluso una diferenciación que generó sorpresa en el auditorio. «Los bonistas actuaron de manera mucho más responsable que el Fondo Monetario Internacional», afirmó. 

Su propuesta tampoco fue dejar de pagar. «Nos toca pagarlo, porque hay una continuidad del Estado, hay una continuidad de los gobiernos», dijo sobre las obligaciones asumidas por Argentina. 

Lo que propuso fue «presentarse y discutir» con el Fondo Monetario, los bonistas privados y el Club de París una estructura de vencimientos vinculada «a la disponibilidad de generar dólares». 

Jorge Capitanich quedó a cargo del cierre y eligió un registro mucho más doctrinario. Llegó con documentos, recordó su libro sobre economía peronista y arrancó con una arenga ante un auditorio compuesto fundamentalmente por militantes.

«A nosotros los peronistas no nos van a poder ganar nunca, porque somos muchos y somos muy persistentes. Y aparte somos los mejores y en esto no hay que tener falsa modestia», dijo el ex gobernador del Chaco. 

Capitanich llevó una copia de una de las primeras leyes de inversión extranjera de Perón, para discutir el argumento de que poner condiciones al capital implica rechazar inversiones. 

«Nosotros también tuvimos leyes que propiciaron la atracción de inversiones extranjeras directas», recordó. Pero destacó que aquellas normas planteaban «una regulación muy clara respecto al tema de remisión de utilidades, regalías, dividendos y liquidación de importación». Capitanich contrapuso ese modelo al RIGI y calificó a la administración libertaria como el gobierno «más gorila, más vendepatria de la historia argentina». 

La escena final dejó así expuesta las dificultades del peronismo para sintetizar una propuesta económico y lo demorado que viene ese debate interno. Ante una platea militante todos podían coincidir en la crítica a Milei. La síntesis se volvió bastante más difícil cuando apareció la pregunta sobre qué hacer al día siguiente de volver al poder.

La expansión del negocio de la pesca de calamar que apuró el gobierno de Javier Milei finalmente se concretó este jueves cuando, por mayoría, el Consejo Federal Pesquero (CFP) entregó los 18 permisos que ampliarán la dotación de buques para la explotación -por entre 15 y 24 años- de esta especie que hoy es la más rentable.

Dentro del CFP (presidido por Nación e integrado por las provincias del litoral marítimo), el único rechazo fue de la provincia de Buenos Aires, que denunció «la falta de tiempo mínimo razonable de análisis que se requiere para el tenor de la medida».

Según se expone en el acta de sesión del CFP al que tuvo acceso LPO, en el gobierno de Axel Kicillof acusaron que los proyectos de las 27 empresas interesadas por los 18 permisos en juego se presentaron este miércoles, «siendo aprobados al día siguiente», a pesar de contar cada uno de ellos «con centenares de fojas».

En ese proceso exprés, la gestión bonaerense sostuvo que «queda evidenciada la discriminación arbitraria a la provincia de Buenos Aires, referente de la pesca de calamar argentino» ya que, de los 18 proyectos aprobados, 17 desembarcarán en puertos patagónicos y solo uno en Mar del Plata.

En las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que proponían descargar el calamar en Mar del Plata tenían entre 10 y 15 puntos menos que aquellos que proyectan sus descargas en la patagonia.

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«Este Consejo ha logrado que la enorme mayoría de los proyectos aprobados no establezcan al puerto de Mar del Plata como puerto de descarga, incluso aún cuando se trata, en algún caso, de empresas radicadas en territorio bonaerense», acusaron los representantes de Buenos Aires en el CFP.

Otro dato cuestionado por la administración Kicillof es que ninguno de los proyectos elegidos contempla la construcción de barcos en Argentina. Todas las propuestas que incluyen buques poteros nuevos, plantean su construcción en el extranjero.

Precisamente, las cámaras del sector le habían pedido al CFP un plazo mayor de entrega de propuestas para hablitar el desarrollo de los proyectos de construcción por parte de los astilleros nacionales, solicitud que fue desoída.

 De las 18 seleccionadas, la que mayor puntaje obtuvo fue Glaciar Pesquera, que hace dos meses adquirió Newsan, el grupo de Rubén Cherñajovsky. Obtuvo un permiso de pesca que se extenderá hasta 2050. Para eso, tiene previsto un buque nuevo a construir en el extranjero.

De las 27 propuestas, seis fueron rechazadas por incumplir requisitos (Altamare, Balfish, Congelados Ártico, Globocean, Fenix y S.W.A).

De las 18 seleccionadas, la que mayor puntaje obtuvo fue Glaciar Pesquera, empresa con más de 30 años de trayectoria que en junio último adquirió Newsan, el grupo de Rubén Cherñajovsky, empresario que, en sociedad con los hermanos Neuss, se quedó a principios de año con el control de dos represas.

El ministro de Asuntos Agrarios y Pesca, Javier Rodríguez.

Glaciar, que fijó más del 50% de sus desembarcos en Puerto Deseado, Santa Cruz, obtuvo un permiso de pesca que se extenderá hasta 2050. Para eso, tiene previsto un buque nuevo a construir en el extranjero. También obtuvo un permiso por 24 años Semaloma, firma del Grupo San Isidro.

Luego, consiguieron un permiso por 21 años la Compañía Pesquera del Sur y Pesquera Deseado. Por 18 años, fueron seleccionados Bentónicos de Argentina S.A., Proel, IBCO, ADH MOR Company, Vuogafe, Rusbuilding e Hispano Patagónica junto con la marplatense Moscuzza, la única oferta bonaerense que quedó en pie.

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Por 15 años, obtuvieron permisos Subastas del Mar, Pesquera Latina, Hauser Factory, Calamaris Marisur, Illex Fishing y Rich Marine Fishery, mientras que Red Chamber Argentina tendrá por 9 años.

Con la entrega de los permisos, el Gobierno logra cerrar en tiempo récord un trámite que abrió a mediados de mayo, cuando informó en el CFP que estaba elaborando una propuesta para expandir la explotación del calamar. Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos.

La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.

Todo eso desató desde el arranque sospechas de corrupción, bajo el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.

«El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», señalaron en junio pasado desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla.

En medio de eso, la gestión Kicillof presentó un recurso de reconsideración que fue rechazado en el CFP, razón por la que fuentes de la administración bonaerense señalaron a LPO que analizan avanzar con acciones judiciales.