La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que el gobierno provincial pone en marcha medidas de acompañamiento y fortalecimiento a deportistas, clubes e instituciones deportivas, en el marco de la pandemia, a través del programa Más Deporte Río Negro.
El apoyo al sector será a través de distintas acciones que demandarán una inversión de $31.840.000 y estarán destinados a:
*Clubes y asociaciones: para pago de salarios, impuestos y servicios, como así también a la compra de elementos deportivos y/o indumentaria. Los importes serán de $100.000 y $50.000, con un monto total de $20.000.000.
*Federaciones: para ayudar a solventar sus gastos, aportar condiciones para su funcionamiento y eventualmente lograr regularizar sus situaciones formales ante Personería Jurídica.
Habrá cupo para 20 beneficiarios con un monto total de $4.000.000.
*Deportistas: el fortalecimiento de los atletas no sólo se concretará con el aporte económico, que resulta fundamental, sino también con asistencia médica, kinesiológica, nutricional y psicológica, entre otras.
Los beneficiarios son 12 deportistas que reciben $45.000 mensuales durante 11 meses de acompañamiento. En este caso la inversión provincial asciende a $5.940.000.
*Capacitaciones: una de ellas será la segunda edición de forma virtual de Management Deportivo y Autogestión, que durante su primera parte contó con la participación de 4700 personas.
También se pondrá en marcha Diplomaturas en deporte adaptado destinadas a estudiantes, profesores y licenciados en educación física, docentes de todos los niveles y modalidades, profesionales de la salud, deportistas y ex deportistas con discapacidad y personas con discapacidad interesados en la temática de toda la Patagonia y el sur de Chile.
Las mismas serán libres y gratuitas, gestadas desde la Secretaría de Deporte en articulación con la UNRN.
Próximamente se dará a conocer el mecanismo de inscripción al mencionado programa.
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El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.
El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.
La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.
En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Un Estado al servicio del cobro automático
El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.
Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.
El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.
La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.
En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.
Salarios débiles, deuda fuerte
La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.
Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.
En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.
El problema no es solamente económico. También es político y social. Un trabajador altamente endeudado tiene menos margen de conflicto, menos capacidad de organización y mayor dependencia del ingreso mensual. El salario deja de ser una herramienta de autonomía para convertirse en un flujo parcialmente comprometido de antemano.
El trasfondo silencioso del modelo Milei
La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.
En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.
Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.
Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.
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En paralelo a la movida que se realiza este martes frente a la sede de la UOM en rechazo a la intervención del gremio y en apoyo a Abel Furlán, desde la oposición al líder metalúrgico salieron al cruce y lo acusaron de no explicar «años de desmanejos» en el sindicato.
«Furlan se victimiza, pero los metalúrgicos conocemos la verdad», señalaron desde la lista Naranja que enfrentó en la seccional Campana a Furlán y que llevó como candidato a Ángel Derosso.
Como contó LPO, la Justicia dictaminó anular las elecciones nacionales del gremio realizadas en marzo en las que fue ungido Furlán, al advertir que la conducción metalúrgica avanzó con esos comicios a pesar de existir un fallo que las suspendía a partir de la denuncia de la lista opositora en Campana.
La agrupación que lidera Derosso acusa fraude y aprietes con barras durante la elección seccional en la que se impuso Furlán como delegado, paso imprescindible para que pudiera ser electo secretario General nacional más tarde.
«¿Va a culpar a Milei o a Techint de haber armado USEM con su «compañera» Soledad Calle y cobrarle a la UOM por manejar nuestra propia plata? Son cientos de millones de pesos de los metalúrgicos que hasta hoy no tienen rendición de cuentas», señalaron en la oposición
«Existen denuncias de fraude y se llenó Campana de barras bravas y policías para condicionar el voto. ¿Quién va a dar explicaciones?», señalaron en la lista naranja, que cruzaron a los gremios que apoyan a Furlán: «No es solidaridad. Es bancar a un tipo que usa la UOM para sus negocios personales».
Este martes, la CTA y sindicatos alejados de la conducción cegetista estuvieron en la sede central del gremio metalúrgico para denunciar «persecución política» del gobierno libertario. Cerca de Furlán también apuntan contra Techint.
«Los afiliados de base sabemos que no hay persecución. Hay años de desmanejos con la plata de los metalúrgicos que Furlan intenta tapar buscando apoyo en otros sindicatos y en la política», cruzaron en la agrupación opositora.
Así, advirtieron que Furlan «no explica» una serie de temas, entre los que pusieron de relieve la causa que lo investiga por posible defraudación y asociación ilícita a partir del contrato celebrado con la firma USEM S.A., que dirige la ex concejal camporista de Zárate Soledad Calle, cercana al líder metalúrgico y con un rol muy activo en la UOM.
Por ese contrato -que trascendió que es por más de $100 millones por mes- semanas atrás se allanó la sede central del gremio metalúrgico.
«¿Va a culpar a Milei o a Techint de haber armado USEM con su «compañera» Soledad Calle y cobrarle a la UOM por manejar nuestra propia plata? Son cientos de millones de pesos de los metalúrgicos que hasta hoy no tienen rendición de cuentas», señalaron en la oposición, que también apuntó contra «el desastre de la obra social».
«Mientras los ascensores del Sanatorio no funcionan, sobraron más de mil millones de pesos para una sede sindical nueva», apuntaron, a la vez que acusaron a Furlán de negociar «salarios miserables mientras su entorno se enriquecía», cuando «los siderúrgicos llevan dos años sin recomposición salarial».
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