La vigilia había comenzado hacía ya tres décadas, La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito venía abriendo un camino, que muchxs fuimos encontrando cada unx a su tiempo.
El 8 de agosto, esa fecha que esperábamos desde que se consiguió la media sanción en diputados, nadie podrá negar que fue un día histórico;
La vigilia era mundial: desde distintos rincones llegaban mensajes de apoyo, intervenciones, actividades, manifestaciones artísticas que se sumaron a la logística feminista de todo nuestro territorio.
Energía y conciencia cristalizada en movimiento social que crece, se visibiliza cada día más y a su paso siembra revolución.
Spot: Despenalización del Aborto en Argentina · 2018
La semana pasada escuelas, sindicatos, universidades, casas, plazas se preparaban para el encuentro; ponernos orgullosxs nuestros pañuelos y estar hermanadxs genera esa magia que solo entre brujxs se puede lograr.
Afuera del Congreso, la lluvia y el frío no amedrentaron, el refugio era estar juntxs. Casi dos millones de personas movilizadas por autogestión: a dedo, con amigxs, con agrupaciones, juntando, pidiendo prestado.
Mate calentito, radio abierta, intervenciones, caminar, mirarnos, maravillarnos por el ingenio de lxs compañerxs, leyendo cada cartel, cada tanto preguntar qué pasaba “adentro” (en la comodidad, en el privilegio de las bancas), indignarnos con quien este al lado, que aunque no se su nombre no es unx desconocidx.
El resultado de la sesión no sería sorpresivo, sabíamos de los obstáculos, de los intereses en juego. Aún así, la vigilia exortaba “Que sea Ley”.
Un panorama adverso, ante una realidad que exige: mientras el proyecto se debatía en diputados moría una piba de 20 años en Salta, dos días antes de la discusión en el senado otra piba de 22 años en Santiago del Estero, a una semana del rechazo del proyecto de ley de “Interrupción voluntaria del embarazo”, otra mujer muere en Buenos Aires víctima de un aborto clandestino. El Estado es responsable.
Exigimos políticas públicas eficientes y nuestrxs representantes responden con posicionamientos personales. El Estado es Responsable.
Los abortos no dejan de existir, y la clandestinidad nos interpela con cada muerte. El estado es responsable. La vigilia continúa y hasta que sea ley nos tenemos entre nosotrxs.
La segunda edición del Festival Internacional de Música Bariloche (FIMBA) concentrará en cinco días, del 27 al 31 de octubre, más de veinte conciertos con variedad de propuestas musicales de excelencia, junto a la Orquesta Filarmónica de Río Negro y sus ensambles. Las entradas serán gratuitas y podrán reservarse a partir del 22 de octubre…
El avión Boeing C 40 Clipper de la Fuerza Aérea norteamericana despegó de la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, el viernes 23 de enero a las 18.06. Casi todas las autoridades oficiales guardaron silencio sobre su recorrido. A las 22.12 aterrizó en San Juan de Puerto Rico, y a las 23.36 despegó nuevamente, para arribar a las 8.40 del sábado 24 a Buenos Aires. A las 11.22 del domingo 25 llegó a Tierra del Fuego, donde fue fotografiado en plena pista. La imagen se viralizó a los pocos minutos. Y también el misterio.
¿Quiénes venían en el avión? No fue la primera llegada de una comitiva estadounidense sin aviso a la provincia. A falta de información oficial, tanto de la Nación como de la Provincia, reconstruimos artesanalmente el paso a paso de la delegación.
Eran veintitrés personas: siete miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (pertenecientes al comité bipartidario de Energía y Comercio), cuatro funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina (uno de ellos un traductor), y el resto familiares de los congresistas, asesores en temas ambientales y un médico. Entre los senadores estaba Morgan Griffith, figura central del Comité, influyente republicano y representante del noveno distrito de Virginia.
Sin que casi nadie supiera de la visita, la comitiva visitó el Parque Nacional Tierra del Fuego, ícono de la oferta paisajística del Fin del Mundo. Después almorzó en la ex hostería Alakush, situada dentro del área natural protegida, y por la tarde regresó al centro para alojarse en el hotel Las Hayas.
La única comunicación de un organismo oficial la dio la embajada norteamericana, que rompió el misterio con un escueto comunicado. Allí se habló de reuniones con funcionarios y científicos para “abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.
Pero la reunión fue privada, en otro hotel de las afueras de Ushuaia el lunes 26, y los organismos invitados se despegaron uno por uno de cualquier vínculo con la organización. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf) admitió una invitación y envió cuatro representantes, mientras que desde el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic, dependiente del Conicet) explicaron que “algunos investigadores acudieron pero por interés propio”. Fueron tres del organismo. Es decir que los siete congresales y sus colaboradores se reunieron con solo siete personas de la provincia, varias de las cuales dijeron haber ido a título personal.
El encuentro duró cerca de una hora y el temario fue “muy básico” para la magnitud del traslado y de la logística, dijeron fuentes que estuvieron allí. “No pareció que ese hubiera sido el objetivo central del viaje”, agregaron.
Solo la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López (Fuerza Patria) se dio por enterada de lo ocurrido y en un comunicado pidió explicaciones al Gobierno nacional. Se quejó de la nula información oficial y de la falta de intervención del Congreso para autorizar la actividad.
El encuentro duró cerca de una hora y el temario fue “muy básico” para la magnitud del traslado y de la logística, dijeron fuentes que estuvieron allí.
Sin más, el avión se fue de Ushuaia en las primeras horas del martes 27 y a las 9.30 aterrizó en Neuquén. La delegación tenía previsto recorrer el yacimiento de Vaca Muerta.
Desinformación y sospechas
Mientras los congresistas norteamericanos preguntaban sobre la clase de aves que hay en Tierra del Fuego y la importancia de la ubicación geográfica de la isla, sin mayores detalles, la mayoría de la población fueguina vinculaba la llegada de la delegación del gobierno de Estados Unidos con otro episodio ocurrido cinco días antes: la intervención federal del puerto de Ushuaia.
“Qué casualidad, intervienen el puerto y de inmediato viene una delegación del gobierno con intereses geopolíticos en la zona”. Con más o menos euforia, mensajes de este tipo se replicaron durante todo ese fin de semana en redes sociales y charlas de café.
Pero este clima no es nuevo. En Tierra del Fuego hace meses que rondan la desinformación y las sospechas sobre las operaciones estadounidenses en la zona. Habría que preguntarse por qué. Acaso las suspicacias hayan empezado en abril de 2024, cuando el presidente Javier Milei llegó de madrugada a la ciudad de Ushuaia. Fue para participar de un acto junto a la generala y entonces jefa del Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses, Laura Richardson. Milei fue directo desde el Aeropuerto al gimnasio de la Base Naval, vestido de fajina. En el lugar no había ninguna autoridad provincial. Ni el intendente de la ciudad, Walter Vuoto, ni el gobernador Gustavo Melella.
Allí, además de los saludos protocolares, el Presidente habló de dos temas distintos, pero relacionados: la construcción de una Base Naval Integrada en la península de la capital fueguina y la creación de un Polo Logístico Antártico que funcionaría en el mismo lugar como una gran estación de servicios para los buques civiles y militares que operan en la Antártida. La base naval sería, claro, un enclave de Defensa, para cuidar los intereses soberanos en un sitio geográficamente estratégico como el Atlántico Sur. El polo logístico es otra cosa: una idea de negocios que alguna vez se pensó para diversificar la matriz productiva fueguina.
Como sea, en aquella madrugada de abril se deslizó la idea de un interés norteamericano por “colaborar” con esas obras. ¿De qué forma? ¿A cambio de qué? La falta de precisiones dio lugar a los primeros rumores: desde una base de submarinos hasta una presencia militar estadounidense permanente en la zona. Las versiones no tardaron en tomar cuerpo.
Para colmo, en una visita con menos repercusión mediática, en mayo de 2025 vino a Ushuaia el sucesor de Richardson en el Comando Sur, Alvin Holsey. Hubo una reunión protocolar con militares del Área Naval Austral, escasa información oficial, y más rumores.
En aquella madrugada de abril se deslizó la idea de un interés norteamericano por “colaborar” con esas obras. ¿De qué forma? ¿A cambio de qué? La falta de precisiones dio lugar a los primeros rumores: desde una base de submarinos hasta una presencia militar estadounidense permanente en la zona.
Cinco meses después, en octubre, tropas estadounidenses realizaron en la ciudad ejercicios de entrenamiento militar. Fue parte de la operación Tridente – que también abarcó Mar del Plata y Puerto Belgrano -, autorizada por Milei mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que obvió el pase por el Congreso.
Y mientras tanto, persiste un conflicto con la empresa Leolabs, de origen norteamericano pero creada en Ushuaia y con domicilios en el Reino Unido, que en 2022 instaló en el municipio de Tolhuin un radar de uso potencialmente militar. Autorizado y luego inhabilitado por la gestión de Alberto Fernández, el artefacto sigue en el mismo lugar, mientras la empresa hace lobby ante Milei para que le permitan reactivarlo. Se trata de una antena presentada como parte de un emprendimiento privado para monitorear la “basura espacial” en las órbitas bajas de la Tierra, de modo de evitar colisiones con satélites. El radar fue emplazado dentro de la Estancia El Relincho, a unos once kilómetros del poblado situado en el medio de la isla.
Después de que un informe del ministerio de Defensa de Alberto Fernández advirtiera sobre su potencial uso militar, las autoridades nacionales mandaron desactivar el aparato, que quedó sin personal de la empresa en las instalaciones y con apenas una custodia policial. Aunque hay versiones de que igual podría operarse de forma remota, desde cualquier otra parte del mundo. Mientras, Leolabs difundió acuerdos con gobiernos como el del Reino Unido o el de Estados Unidos para cumplir funciones militares con su red mundial de radares.
Controlar el puerto, la geopolítica y los negocios
Tierra del Fuego era un territorio nacional hasta su provincialización en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem. Fue en ese contexto que, el 25 de septiembre de 1992, la ex Administración General de Puertos le cedió a la flamante provincia “el dominio, administración y explotación del puerto de Ushuaia”. Para esa tarea, se creó la Dirección Provincial de Puertos (DPP). El convenio de transferencia de la terminal portuaria fijó algunas condiciones. Por ejemplo, que los ingresos del puerto “sean contabilizados de manera independiente de las rentas generales provinciales y aplicados exclusivamente a cubrir gastos de administración, operación, capacitación e inversiones vinculadas a la actividad portuaria”. La Nación también se atribuyó facultades de contralor, y la potestad de sanciones en caso de incumplimiento.
La relación navegó por aguas tranquilas durante 33 años, pero en 2025, ya con Milei en el poder y enfrentado con el díscolo gobernador fueguino Melella, el escenario se agitó. En octubre de 2025, la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) hizo una auditoría con resultados lapidarios. El informe halló desde fallas estructurales y de seguridad, hasta falta de inversión en obras y el presunto desvío de fondos hacia fines ajenos a la actividad portuaria.
El puerto de Ushuaia constituye un factor de desarrollo económico clave para Tierra del Fuego, tanto por los servicios que presta a embarcaciones turísticas, de carga y de pesca, como por su condición estratégica para el tráfico marítimo hacia y desde la Antártida.
La auditoría se activó después de que la Legislatura fueguina sancionara, en julio, la Ley 1596, que autorizó a la Provincia a utilizar fondos portuarios para morigerar el déficit de la Obra Social del Estado (Osef). También señalaron préstamos por $4200 millones que el puerto le concedió al gobierno provincial para terminar un hospital y comprar equipamiento sanitario.
Con estos argumentos como eje, la ANPyN se salteó otras posibles sanciones menos drásticas (como multas o apercibimientos) y el 20 de enero decidió la intervención federal.
El puerto de Ushuaia constituye un factor de desarrollo económico clave para Tierra del Fuego, tanto por los servicios que presta a embarcaciones turísticas, de carga y de pesca, como por su condición estratégica para el tráfico marítimo hacia y desde la Antártida.
Los cerca de 700 barcos a los que presta múltiples servicios le aseguran un presupuesto anual del orden de los $22.000 millones.
En el caso de los cruceros turísticos, las más de 500 recaladas anuales (540 previstas para esta temporada) implican un creciente movimiento de pasajeros que, por ejemplo en 2024, representó 232.107 personas, contando 87.935 tripulantes y 144.172 cruceristas.
Ese movimiento de gente deriva en una actividad económica extra para la ciudad, ya que aunque pernoctan en los barcos, los pasajeros consumen en comercios locales y contratan servicios turísticos y de transporte.
El año pasado, de los 675 buques que pasaron por el muelle, 511 fueron de pasaje, 34 de pesca y 30 de carga.
Por otra parte, al estar situado a solo 1000 kilómetros de la Antártida, el puerto posee una importancia fundamental en el movimiento de buques desde y hacia ese continente, y concentra actualmente cerca del 90% del tráfico marítimo antártico.
El 20 de enero, una comitiva nacional se presentó en el edificio portuario y tomó el control. Si bien la medida abarca el manejo administrativo y de la infraestructura portuaria, lo cierto es que el organismo asumió la conducción total de la terminal, en plena temporada alta de cruceros. Para ello desplazó al presidente de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, junto a sus colaboradoes inmediatos, y sólo permitió el ingreso de una veintena de trabajadores, todos ligados a la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego, el gremio que había radicado la denuncia sobre las irregularidades en el puerto. De hecho, aunque no fue designado oficialmente un interventor, esa función le fue asignada a Juan Avellaneda, secretario general del sindicato, quien se convirtió en el nexo principal con el titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor.
La intervención se resolvió por el plazo de un año prorrogable por otro, y la resolución dejó claro que el costo de oponerse a los nuevos lineamientos de gestión podría ser la inhabilitación completa de la terminal.
La reacción de la gestión de Melella fue negar cada una de las imputaciones y considerar a la intervención como un “avasallamiento” que viola el federalismo y la Constitución. De hecho, al cierre de esta nota se iba a presentar una acción judicial ante los tribunales federales de Ushuaia, bajo esa línea de argumentos.
Murcia retrucó que no había motivos para interceder en el puerto justo en una época de máxima actividad, cuando se estaban atendiendo cientos de cruceros y se esperaban 540 recaladas de barcos en la temporada.
La intervención se resolvió por el plazo de un año prorrogable por otro, y la resolución dejó claro que el costo de oponerse a los nuevos lineamientos de gestión podría ser la inhabilitación completa de la terminal.
El funcionario explicó que la ley 1596 de desvío de fondos a la obra social provincial “no llegó a aplicarse nunca” debido a los cuestionamientos que generó. Y dijo que los recursos prestados al Gobierno constituyen una inversión porque son devueltos en cuotas, con intereses y con garantía bancaria.
La sombra china
Más allá de la evidente pérdida de un polo de desarrollo económico y estratégico que implica para Tierra del Fuego desprenderse de la administración del puerto de Ushuaia, lo ocurrido en los últimos días (y acaso en los últimos meses) respecto de las relaciones del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos abre todo tipo de lecturas sobre los futuros acontecimientos en la provincia.
¿La intervención del puerto es un capítulo más de la disputa política entre el gobierno libertario y un gobernador kirchnerista que resiste las medidas de Milei? ¿O es un paso más de la escalada norteamericana sobre intereses geopolíticos en el Atlántico Sur? ¿Es ambas cosas?
Clarín publicó este lunes una nota firmada por los generales Jorge Fabián Berredo y Edgar Calandin donde advierten: “Cuando el cambio climático transforma condiciones y reduce barreras naturales, y grandes potencias relativizan los consensos multilaterales, los espacios extremos dejan de ser periferia y pasan a integrarse a las dinámicas centrales d epoder, energía y seguridad. En el Ártico, la expansión de capacidades y presencia precedió a la discusión y la reinterpretación de las normas. Esa secuencia constituye una advertencia directa para el extremo sur”.
Aunque la visita a Ushuaia de la delegación de congresistas estadounidenses fue vinculada socialmente con la intervención del puerto, debido básicamente a la cercanía temporal entre ambos acontecimientos, tampoco habría que descartar objetivos que exceden la dinámica política local y se sitúan en una escala más internacional, como la disputa global de Estados Unidos en su afán de ser el grán policía de Occidente.
Hay quienes hacen lecturas más jugadas. “Tierra del Fuego va a ser la Groenlandia del sur – dice a Revista Anfibia Enzo Girardi, experto en geopolítica y docente de la UNSAM – Trump nos la va a pedir, es la puerta a la Antártida y una ruta alternativa para los misiles continentales. Y, lamentablemente, nosotros se la vamos a dar. Vamos a ejercer una soberanía nominal”.
¿La intervención del puerto es un capítulo más de la disputa política entre el gobierno libertario y un gobernador kirchnerista que resiste las medidas de Milei? ¿O es un paso más de la escalada norteamericana sobre intereses geopolíticos en el Atlántico Sur?
El interés de Estados Unidos por “colaborar” con la Base Naval Integrada de Ushuaia surgió después de que se publicara en la prensa nacional la supuesta intención del gobierno chino por hacer lo propio. Y el actual gobernador Melella tiene en agenda avanzada dos inversiones chinas en la isla: la industrialización del gas de regalías a través de la instalación de una planta de úrea (un compuesto sintético para producir resinas o fertilizantes) y metanol en la ciudad de Río Grande, por parte de la empresa Shaanxi Chemical Industry Group (unos 800 millones de dólares) y la construcción de una usina termoeléctrica en Ushuaia por parte de la firma Rainbow International Xi’an Engineering (unos 65 millones de dólares).
Portales especializados de la provincia, como Agenda Malvinas, interpretaron que la misteriosa comitiva norteamericana no llegó a Ushuaia para visitar paisajes ni para monitorear puertos intervenidos, sino para bloquear el avance chino sobre recursos naturales estratégicos. Las piezas se mueven con poco disimulo, como en un tablero de TEG. Para entender mejor el mapa, habrá que esperar a los próximos meses.
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En medio de un hermetismo extremo, Julio Alak tendría decidido quedar al frente del PJ La Plata y correr a La Cámpora que actualmente tiene las riendas del partido en la capital provincial.
Fuentes el peronismo sostienen que la decisión del intendente de quedar al frente del PJ local está tomada y responde a una premisa que forma parte de la mesa de negociación provincial en la que participan axelistas y kirchneristas. Esa premisa sostiene que al frente del partido debe quedar quien gobierne el distrito.
De todos modos, a diferencia de lo que ocurre en otros distritos donde el sector que quedará al mando del partido desplaza completamente al otro (Avellaneda parece ser un caso), en La Plata, Alak buscará contener dentro del PJ a todo el peronismo de la capital provincial, incluida La Cámpora.
La agrupación de Máximo Kirchner no tiene fuerza para enfrentar a Alak en una interna. A partir de su llegada al Palacio Municipal, el ex ministro de Justicia trabajó para contener a todo el peronismo que venía atomizado tras ocho años de gestión del PRO.
Sin embargo, con La Cámpora siempre hubo roces a pesar que la agrupación de Máximo fue integrada al gobierno y maneja dos secretarías: Ana Negrete (Cultura) y Soledad Fernández (Salud).
Ariel Archanco.
En el cierre de listas de la elección legislativa, Alak cedió a La Cámpora el primer lugar en la lista de diputados provinciales. Fue un gesto de unidad en medio de fuertes tensiones en los distritos entre axelistas y kirchneristas.
El camporista Ariel Archanco debía renovar su banca y pudo reelegir como diputado provincial sin problemas. Archanco es quien está al frente del PJ local desde hace cuatro años. Sobre su gestión pesan algunas críticas como la casi nula actividad del partido durante la era Milei.
En las últimas semanas, la relación entre Alak y La Cámpora tuvo un pico de tensión. Fue cuando el intendente le quitó a la agrupación a su principal armador territorial en La Plata, Pablo Elías.
Elías formaba parte de la estructura de La Cámpora. Incluso había sido ubicado en 2023 como primer concejal en la lista del intendente y por lo tanto era el primero en la lista de sucesión. Ese tema es sensible para todos los intendentes.
Elías venía con fuertes diferencias con Pablo Alaniz, un dirigente que controla a La Cámpora en La Plata por su cercanía con Máximo. El acuerdo entre Alak y Elías se formalizó en diciembre cuando el concejal rompió con la agrupación de Máximo para armar su propio espacio que reportará directamente a Alak.
Karina Milei busca convencer a Javier Milei de echar a Demian Reidel del gobierno luego del escándalo de sobreprecios en Atucha y la gestión desaforada del físico en Nucleoeléctrica.
El presidente de la empresa de energía nuclear acumulaba deudas por 880 millones de pesos con alto riesgo de insolvencia el pasado 12 de enero. Apenas 18 días después, según reveló en el sitio El Disenso, esos pasivos desaparecieron de la noche a la mañana.
El mismo sitio constató que desde la llegada de Reidel se pagaron adjudicaciones por unos 20 mil millones de pesos. Según el último informe del BCRA publicado esta viernes en su web, en las últimas semanas Reidel saldó de un plumazo su deuda contraída con el Banco Macro, por un monto de 825 millones de pesos. Es decir, que habría pagado sus deudas con fondos de Nucleoeléctrica.
Las andanzas de Reidel ya colmaron la paciencia de Karina. La semana pasada, el físico se brotó en una reunión de directorio de la empresa nuclear por la caída de un par de gerentes implicados en una escandalosa licitación de servicios de limpieza, sospechada de sobreprecios.
Pero lo que no le perdona Karina es que haya dejado expuesto a Milei con el fiasco de OpenAI, la empresa líder mundial de inteligencia artificial. Reidel hizo que el propio Milei anunciara una inversión de 25 mil millones de dólares de la compañía en la Patagonia.
Pero el propio CEO de OpenAI, Sam Altman, se encargó de bajarle el tono de inmediato a esa idea. La iniciativa quedó supeditada a una inversión local de una empresa fantasma llamada SurEnergy, que tiene una página que parece hecha sin intermediación de diseñadores.
Más de tres meses después del anuncio, no hubo ningún movimiento al respecto para lo que se anunciaba como la inversión más grande de la historia argentina. Eso denota la falta de gestión de Reidel, que también había empujado a Milei a anunciar la construcción de Reactores Modulares. Por el contrario, en su mandato sólo se frenó el CAREM, el reactor modular pequeño diseñado por la CNEA.
Altas fuentes gubernamentales aseguraron a LPO que si fuera por Karina, Reidel ya estaría afuera del gobierno. Pero el tema es delicado porque Reidel es amigo de Milei. Ambos pasan juntos largas horas de la noche reescribiendo la teoría económica mundial, como reveló el propio presidente. Por eso no quieren que un tema menor como la corrupción prive a las futuras generaciones de conocimiento.
