Para pasear en Mar del Plata en invierno siempre hay que respirar hondo. Pero estas vacaciones de julio no hay abrigo que alcance: llegó a amanecer con casi diez grados bajo cero. Por falta de gas se suspendieron las clases, y hasta cortaron la luz en el shopping del centro y en los restaurantes. Cayó nieve en Atacama, en las sierras cordobesas, hasta en Los Polvorines. Los vecinos de Lugano salieron a las calles para denunciar que llevaban más de una semana sin agua, y encima les habían interrumpido el servicio de luz: “Pagamos tarifas cada vez más caras, ¡y nadie nos explica nada!”. Los pediatras del Garrahan levantaron cartelitos pidiendo a las familias refuerzos de mantas y frazadas “ya que el servicio no cuenta con suficientes”. En Trevelin prohibieron usar el agua corriente para evitar que se congelen los tanques, y por el hielo de los caminos rurales los camiones que transportan leña no pudieron entrar a los pueblos. Muchas industrias pararon.
En esta semana que termina, Argentina fue el segundo país más frío del mundo. Y gran parte del territorio, estuvo sin acceso al gas. ¿Culpa de la ola de frío o de las políticas energéticas? Spoiler: de ambas.
A CABA no le tocó lo peor de este fenómeno extremo, pero igual registró temperaturas mínimas de –1,9 °C, la más baja desde 1991. Ayer, 3 de julio, el consumo residencial de gas llegó a su record histórico 100,3 millones de m³/día, aún mayor que el último pico de consumo, 96 millones m³ del año pasado. Las distribuidoras activaron medidas de emergencia: interrumpieron el servicio a industrias, estaciones de GNC (incluidas con contrato firme) y se redujeron exportaciones a Chile. En La Plata, la baja presión con la que llegaba el gas fue acompañada por cortes de luz y paralización en la distribución de GNC, lo que paralizó el transporte urbano. En Mar del Plata la activación de un “Protocolo de Crisis” también interrumpió actividades con alto consumo de gas, como piletas climatizadas.
Si bien es normal que la demanda residencial de gas se quintuplique en invierno, este año hubo un récord. Pero uno que el Servicio Meteorológico Nacional ya había advertido. Y a pesar del poco tiempo de aviso del SMN, ¿es posible hablar de imprevisibilidad si en un contexto de crisis climática sabemos que cada año será récord? La demanda residencial picó en 100 millones de m³/día; es un 25 % por encima de niveles habituales, pero apenas superior a los 96 millones de m³/día que había alcanzado el año pasado. Las fallas técnicas debidas al frío extremo, que congeló equipos y tuberías, y la presión sobre la infraestructura de transporte generó múltiples problemas. Por un lado, una caída de presión que activó mecanismos de protección, cerrando el circuito que alimentaba algunas zonas. Por otro lado, las usinas térmicas que dependen del gas operaron por debajo de su capacidad, lo que generó cortes eléctricos a más de 100.000 usuarios sin luz en AMBA. Las estufas se apagaron, incluso en los hogares que pagan más caro (contratos priorizados) para que esto no pase.
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En esta semana, en la que en el sur casi no hablábamos de otra cosa que del frío, la estadounidense Loretta Preska podía andar de camisa. Desde los casi 30ºC que rodeaban su oficina de Nueva York tomó una decisión que algunos diarios titularon “una pesadilla para la Argentina”. Sentenció que en dos semanas nuestro país debería entregar el 51 % de YPF para saldar parte de una deuda megamillonaria (USD 16.1 mil millones) con los fondos buitre Burford Capital.
Las primeras declaraciones del oficialismo apuntaron a que el fallo se apelará. Pero los primeros descargos del presidente Javier Milei dirigieron la culpa al gobernador Axel Kiciloff, y como consecuencia se fortaleció la posición de la justicia estadounidense. Las declaraciones presidenciales pueden ser usadas como evidencia en el proceso legal. Si nuestro país acata el fallo y entrega el 51% de YPF, las consecuencias pueden ser nefastas para la estabilidad del sistema energético nacional. A pesar de que los ultralibertarios se jactan de ser anti-Estado, saben que la principal herramienta para asegurar el suministro -tanto de energía como de balanza comercial- es YPF. Si Argentina pierde el control de su principal empresa estatal, podría pulverizar la capacidad de definir una política energética en un sector fuertemente controlado por enormes jugadores en términos de poder.
Las acciones de YPF están protegidas por la Ley de Expropiaciones que el Congreso argentino ratificó y que la Constitución Argentina permite: avanzar en activos estratégicos. No hay antecedentes en el mundo de que se haya avanzado sobre un patrimonio de otro país de esta manera. El caso no tiene precedentes, puede sentar jurisprudencia a nivel global y por eso otros países se presentaron a favor de la posición argentina. Como así lo hizo el Departamento de Justicia estadounidense, durante el gobierno de Biden, dos veces.
El Presidente Milei apelará, argumentando un impacto negativo en el ingreso de divisas. Esto le llevaría respiro al establishment energético local: Paolo Rocca, Marcelo Mindlin, Miguel Gallucio y los Bulgheroni, entre otros. Sus empresas privadas dependen fundamentalmente del Estado, a través de subsidios o de sociedades con la petrolera nacional. Al cierre de esta nota, ninguno de ellos había hecho declaraciones públicas para apoyar la soberanía nacional sobre YPF.
El fallo de Preska pretende quedarse con nuestros bienes naturales y su gestión, y pone en peligro la estrategia de la YPF de Milei. La petrolera estatal es la principal operadora en Vaca Muerta, donde se produce el gas que puede salvar vidas cada invierno y durante olas de frío como esta. La pérdida de control de YPF clausuraría definitivamente cualquier atisbo de planificación energética argentina, tanto actual como futura.
En el escenario actual a nivel global, la crisis climática avanza tanto como los discursos negacionistas en torno a su origen en la actividad humana. Sin embargo, hasta la Agencia Internacional de Energía diagnostica que el pico de demanda de petróleo y gas será para 2030. La extrema derecha, tanto en Argentina como en el resto del mundo, combate la certeza científica para demorar la acción climática. Esto aparece, incluso, en el recientemente revelado Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE. Entre sus objetivos, monitorear a personas y organizaciones que intenten frenar los combustibles fósiles o acelerar la transición energética. Esta vaga definición podría incluir no sólo a periodistas, activistas o académicos sino también a empresas privadas que se dediquen al sector de energías renovables, como la subsidiaria YPF Luz.
Las empresas estatales energéticas tienen un rol clave en diseñar y moldear cómo nos vinculamos socialmente con la energía, en la actualidad y en el panorama futuro. YPF, como empresa estatal, tiene un potencial único para ser parte de las respuestas que nuestro país necesita, pero es necesario asegurar que sirva al interés público y pueda gestionar su vínculo con el territorio de manera responsable y segura. Su capacidad no es solamente definir políticas sectoriales, sino también articular con el resto de organismos estatales, incluidas las empresas energéticas provinciales. De dirigir, desde su rol como empresa estatal líder, un verdadero proceso de transición y transformación a la altura del contexto actual.
Muchos de estos organismos estatales hoy están bajo ataque . Tienen la capacidad de proyectar el rumbo del país en sectores fundamentales para garantizar la vida como el agua, el aire o los alimentos. Una transformación a la altura del contexto no implica solamente dejar atrás los combustibles fósiles, sino que es mucho más amplio, implica rediseñar la mirada energética integral con una perspectiva ecosocial.
Esto implica el compromiso con un descenso planificado y seguro de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Implica, también, diseñar una transición segura, con una agenda basada en evidencia científica antes que en los compromisos con accionistas. Que la reinversión pública permita planificar e implementar una infraestructura que facilite el acceso a energías limpia, seguras y accesibles para la población. Para que esto suceda, los activos nacionales energéticos no pueden seguir siendo instrumentos de apuesta constante, comportamiento usual del volátil mercado petrolero y gasífero.
Por otro lado, desde YPF se podría avanzar enormemente en la descentralización geográfica del suministro, la producción y el consumo energético. La energía como vector de la federalización se encuentra inscripta en la identidad histórica de la empresa. También podría promover la desconcentración del sector, en términos de poder, para que el sector no sea controlado por grandes actores extranjeros, de cuya inversión nos volvemos dependientes, sino por un entramado de actores locales y regionales, que sí tengan los intereses territoriales en mente. La expansión desde YPF Luz podría impulsar los proyectos de generación distribuida de energía, donde cooperativas o PyMes puedan generar la electricidad que consumen, y hasta obtener rédito vendiendo el excedente a la red. No se trata sólo de tener un sistema que dependa de las grandes centrales sino que estructure materialmente una distribución de los beneficios que la energía otorga y permite.
Esta ola polar demuestra que pensar la energía como una mercancía es un error desde una perspectiva social. El sector energético opera históricamente bajo la lógica de inversión mínima en interés público. Hace décadas que las petroleras se dedican sistemáticamente a sembrar duda sobre la crisis climática que hoy profundiza esta ola polar que quiebra récords. Existen todavía enormes deudas por saldar, no sólo políticas, sino ambientales y sociales. Los pozos abandonados sin remediación, la impunidad de los derrames petroleros o deudas como la de Shell con el municipio bonaerense de Magdalena: el derrame de petróleo en agua dulce más grande de la historia sigue impune, y la deuda de $20 millones de dólares, insignificante para Shell, sigue sin haber sido abonada a los bonaerenses.
La política energética nacional sigue orientada a la generación de divisas antes que al bienestar social. La apuesta actual del sector es a la exportación. Esta misma semana el Ministro de Economía prometió ductos exportadores al Mercosur. El Ministro de Desregulación (sic) permitió la exportación sin límite de las mismas garrafas de gas que no llegan a hogares y escuelas. Y desde el comienzo de la gestión que avanza el inseguro proyecto de puerto exportador del Golfo San Matías. El gobierno, desprovisto de todo sentido de la ética, apuesta nuevamente a la crueldad, esta vez con la energía como vector.
Cuando los climas extremos se intensifiquen, como lo harán cada año, las redes de abastecimiento volverán a colapsar y a entrar en estado de emergencia social y sanitaria. La punta del iceberg son los casos más extremos con víctimas fatales. En este invierno, en Argentina ya murieron diez personas por hipotermia y por intoxicación con monóxido de carbono. Imposible cuantificar el sufrimiento que ocasionan estas bajas temperaturas en una población que no tiene cómo refugiarse del frío.
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La física define a la energía como la capacidad de producir un cambio. Entenderla como un derecho implica pensar en el derecho a producir esos cambios no solo sobre nuestra realidad material sino también en el mundo que nos rodea. El derecho a la energía implica imaginar y proyectar un país en el cual ninguna persona tenga que sacrificar su salud para no pasar frío. Que no haya shoppings iluminados y piletas calefaccionadas mientras personas sufren el frío de manera profunda. En ese contexto el precio de la garrafa (o la falta de límite para su exportación) se convierten en decisiones profundamente éticas.
Argentina se enfrenta a un invierno potenciado por variables estructurales y coyunturales. La ola polar expone un sistema frágil, con infraestructura insuficiente y debilidad institucional en proveedoras clave como YPF. Si los Estados no refuerzan el sistema energético, y comienzan a fortalecer el entramado del sistema energético ante las adversidades del contexto global, corremos el riesgo de que la energía se convierta en un vector de desigualdad, en vez de uno que potencie las vidas. Una salida exige visión estratégica, evidencia científica e inversión pública-privada responsable con los territorios la vida y la salud. Es posible integrar la seguridad energética con la justicia socioambiental, pero esto requiere una mayor democratización de las decisiones sobre la energía.
En simultáneo, existe un enorme potencial en estos momentos de crisis para revalorizar lo local y cercano. Las más de 600 cooperativas que llevan electricidad a los hogares en Argentina, o las incipientes comunidades energéticas son modelos de gestión de nuestra energía que permiten controlar mejor el sistema, decidir sobre nuestras propias vidas. En un contexto de crisis climática, en el cual los cambios bruscos de temperatura y la amplitud térmica sólo aumentarán, la decisión sobre la energía es también la decisión sobre la salud.
La prioridad de un sistema energético debe ser transportar y distribuir energía con una misión principal: mejorar la calidad de vida de las personas. Esto no significa negar al mercado ni a los actores privados sino avanzar hacia sistemas mixtos, con fuerte participación estatal, para garantizar el acceso al bienestar. El enfoque exclusivamente mercantilista falla cada vez más. Si bien se habla mucho de los activos estratégicos, suele quedar al margen del debate que toda estrategia tiene una ética implícita. La gestión de los bienes naturales es siempre estratégica. Ya que los beneficios que permiten son capaces de permitir la vida, no sólo en términos de supervivencia, sino de producir un cambio en su calidad. Las olas polares no deciden quién las sufre y quien no, pero hoy existe una élite de empresarios, que sí tiene ese poder. Y el desafío es trabajar para un futuro en el cual nadie tenga que padecerlas.
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