El miércoles 8 de agosto se vota en la cámara de senadores el proyecto de ley I.V.E (interrupción voluntaria del embarazo) más conocida como proyecto de legalización del aborto, el que de resultar aprobado se convertirá en ley. Por lo cual, todas las personas gestantes de nuestro país (ya sean mujeres u hombres trans) podrían poner fin a un embarazo no deseado en un hospital público, siendo totalmente gratuito e instrumentado por un profesional de la salud.
Ahora bien, si de legalidad o ilegalidad hablamos sería bueno repasar una serie de normas que integran nuestro ordenamiento y constituyen la fuente del derecho en nuestro país en correlación con el proyecto de ley I.V.E. Intentaré ser práctica y legible, sin demasiados tecnicismos, ya que suelen aburrir a quienes no les apasiona el derecho.
Nuestro código penal, que data del año 1921 ya establece una diferencia entre la persona nacida de la que no, al momento de aplicar penas, estableciendo una pena mínima de entre 8 a 25 años “al que matare a otro” mientras que a “la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro lo causare” de 1 a 4 años y de 1 a 3 a “quien lo efectúe”. El código penal argentino cercano a cumplir 100 años plantea una dicotomía diferencial desde su génesis, que hoy se sigue discutiendo en medios con el único objetivo de desviar el verdadero eje del debate. La clandestinidad.
A su vez el famoso “derecho a la vida” es un derecho relativo, en tanto el “derecho a la libertad” resulta un derecho absoluto, aunque parezca lo contrario. Dicha conclusión surge ya que la ley misma diferencia a una persona que mata sin motivo aparente a la persona que lo hace para salvar su vida, su propiedad, como legítima defensa o en estado de necesidad.
En este sentido, algún despabilado podría decir que se estaría dañando el “derecho de un tercero” y aquí traigo a colación la teoría de la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci (ex jueza de la SCJ de Mendoza) que habla de la progresividad. A menor edad gestacional del feto, mayor autonomía de la madre a decidir sobre su cuerpo, a mayor edad gestacional del feto, menor autonomía de la mujer gestante. Vale aclarar, que el proyecto de ley permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Debe dejar de criminalizarse una conducta que se realiza para ejercitar un derecho: el derecho que tiene la mujer a la autonomía de su cuerpo. No se puede castigar con la muerte a las mujeres más vulnerables que, como producto de problemáticas socio-educativas y el desinterés de la clase política argentina, tienen que realizarse abortos de manera clandestina en condiciones inseguras e insalubres. Porque la penalización es una sanción de última instancia. Porque pedimos igualdad y la pedimos a gritos. Por eso quienes estamos a favor de que esta ley se apruebe pedimos: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Cuando el vocero presidencial calificó a la Argentina como un «país bananero», desató una fuerte polémica. Sin embargo, la mayor contradicción no estaría en la frase en sí, sino en que el propio gobierno de Javier Milei impulsa políticas que, para sus críticos, acercan al país a la definición histórica de una «república bananera»: exportación primaria, extranjerización de los recursos estratégicos, dependencia de intereses foráneos y pérdida de soberanía.
Por Roque Pérez para NLI
¿Qué significa realmente «república bananera»?
La expresión «república bananera» fue acuñada en 1904 por el escritor estadounidense O. Henry para describir a países centroamericanos cuya economía dependía casi exclusivamente de la exportación de bananas y cuyo funcionamiento político estaba condicionado por grandes corporaciones extranjeras, especialmente la United Fruit Company.
Con el tiempo, el concepto dejó de referirse únicamente al monocultivo para transformarse en una categoría política. Hoy suele describir a Estados caracterizados por instituciones débiles, corrupción, dependencia económica, primarización de la economía y una fuerte influencia de potencias extranjeras sobre sus decisiones soberanas.
Precisamente por ese significado histórico fue que la frase del vocero presidencial generó rechazo. Porque si existe un debate abierto en la Argentina actual es si las políticas del Gobierno están fortaleciendo o debilitando la capacidad del Estado para decidir sobre sus propios recursos estratégicos.
Un modelo basado en materias primas y apertura irrestricta
Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei sostiene que la Argentina debe especializarse en aquellas actividades donde posee ventajas comparativas: agro, minería, petróleo y gas, relegando cualquier estrategia activa de industrialización.
A esa orientación económica se suma el impulso para modificar la legislación sobre tierras rurales. El proyecto promovido por el oficialismo elimina el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y delega esa regulación en las provincias, además de flexibilizar otras restricciones vigentes. Diversos sectores políticos, académicos y ambientales advierten que esos cambios facilitarían una mayor extranjerización de recursos estratégicos y zonas con importantes reservas de agua y minerales.
Para los defensores del proyecto se trata de atraer inversiones. Para sus detractores, representa un paso más hacia un modelo donde los activos estratégicos nacionales quedan crecientemente bajo control de capitales extranjeros.
La discusión remite, justamente, al origen del concepto de «república bananera»: países cuya riqueza natural termina administrada por grandes intereses privados externos mientras el Estado reduce su capacidad de regulación.
La otra característica: corrupción e instituciones debilitadas
Otra de las características históricas asociadas al concepto de «país bananero» es la debilidad institucional acompañada por sospechas permanentes de corrupción.
Paradójicamente, el Gobierno que utilizó esa expresión enfrenta desde hace meses distintos cuestionamientos públicos. Entre ellos aparecen las denuncias derivadas del caso $LIBRA, las investigaciones periodísticas sobre supuestos pedidos de retornos conocidos mediáticamente como el «3%», las polémicas vinculadas con funcionarios del Ejecutivo, los gastos de Adorni, los vínculos de Espert y diversas causas que aún continúan en distintas instancias judiciales.
Más allá del resultado que finalmente tengan esas investigaciones, la contradicción política resulta evidente: mientras se descalifica al país utilizando un concepto asociado históricamente a corrupción y captura del Estado, el propio oficialismo convive con denuncias que alimentan ese mismo debate público.
Soberanía exterior: Washington, Tel Aviv y el alineamiento absoluto
La definición clásica de «república bananera» también incluía otro elemento central: la subordinación política frente a potencias extranjeras.
En ese aspecto, la política exterior de Javier Milei ha marcado un giro sin precedentes. El Presidente ha manifestado reiteradamente que sus principales aliados son Estados Unidos e Israel, alineando la política internacional argentina con las posiciones de Donald Trump y del gobierno israelí prácticamente sin matices.
Ese alineamiento se expresó en votaciones internacionales, acuerdos diplomáticos, cambios en la política exterior e incluso en decisiones simbólicas que modificaron décadas de tradición diplomática argentina.
Los críticos sostienen que ese esquema reduce los márgenes de autonomía estratégica del país y condiciona decisiones soberanas en función de intereses geopolíticos externos.
La reacción oficial también contrasta con la actitud que el propio Gobierno mostró frente a la reivindicación de la causa Malvinas durante el Mundial. Mientras la Selección Argentina posó orgullosamente junto a una bandera en defensa de la soberanía nacional antes del encuentro frente a Inglaterra, desde el oficialismo surgieron voces que cuestionaron ese gesto y buscaron desalentar la presencia de símbolos vinculados a las islas en los estadios, en línea con las restricciones impulsadas por la FIFA. La contradicción resulta difícil de disimular: se intenta exhibir firmeza frente a un buque británico después de haber quedado expuesto por una actitud que muchos interpretaron como complaciente con las exigencias internacionales y distante del histórico reclamo argentino sobre Malvinas.
La paradoja de llamar «bananero» al país
El término utilizado por el vocero presidencial nació hace más de un siglo para describir economías dependientes, con Estados débiles y gobiernos condicionados por grandes intereses extranjeros.
Por eso la polémica excede una frase desafortunada.
Porque mientras desde la Casa Rosada se utiliza «país bananero» como un insulto dirigido hacia la Argentina, la orientación económica del Gobierno apuesta a profundizar la especialización en materias primas, flexibilizar los límites para la compra de tierras por capitales extranjeros, reducir la intervención estatal sobre sectores estratégicos y sostener un alineamiento internacional casi automático con Washington y Tel Aviv.
En definitiva, la mayor contradicción no parece estar en la utilización del término, sino en que muchas de las políticas impulsadas por la propia administración libertaria son presentadas por sus críticos como rasgos que históricamente definieron precisamente aquello que el vocero pretendió utilizar como descalificación: una auténtica «república bananera».
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Cuando la epidemia de fiebre amarilla golpeó a Buenos Aires en 1871, la ciudad quedó paralizada por el miedo. Miles de personas abandonaron sus hogares, los servicios públicos colapsaron y la muerte se convirtió en una presencia cotidiana. En medio de aquella tragedia, cientos de trabajadores ferroviarios, carreros, sepultureros y empleados públicos sostuvieron tareas esenciales que permitieron evitar un desastre todavía mayor. Su historia rara vez ocupa un lugar destacado en los libros, pero constituye uno de los ejemplos más conmovedores de solidaridad y compromiso colectivo de la historia argentina.
Por Alcides Blanco para NLI
La historia suele recordar las grandes epidemias a través de sus cifras: cuántos murieron, cuánto duró la enfermedad o qué gobiernos debieron enfrentarla. Sin embargo, detrás de esos números existen miles de historias individuales que muchas veces permanecen ocultas. La epidemia de fiebre amarilla que azotó a Buenos Aires en 1871, considerada una de las mayores tragedias sanitarias de la historia argentina, también dejó un conjunto de protagonistas silenciosos cuya tarea resultó indispensable para que la ciudad pudiera seguir funcionando en medio del colapso. No eran médicos famosos ni dirigentes políticos. Eran trabajadores que, aun sabiendo que arriesgaban sus propias vidas, continuaron conduciendo trenes, trasladando enfermos, retirando cadáveres, limpiando calles o manteniendo servicios esenciales cuando buena parte de la población huía desesperadamente de la ciudad.
La enfermedad llegó a una Buenos Aires que crecía aceleradamente pero que todavía presentaba enormes deficiencias sanitarias. El acceso al agua potable era limitado, los sistemas de desagüe resultaban insuficientes y amplios sectores populares vivían hacinados en conventillos donde las condiciones de higiene favorecían la propagación de enfermedades. A eso se sumó el escaso conocimiento científico disponible sobre los mecanismos de transmisión de la fiebre amarilla, cuyo vínculo con el mosquito Aedes aegypti recién sería descubierto décadas más tarde. Frente a una amenaza que parecía imposible de controlar, el miedo comenzó a extenderse con una velocidad similar a la de la propia epidemia.
Mientras las familias con mayores recursos abandonaban la ciudad rumbo a zonas rurales o localidades vecinas, quienes no tenían esa posibilidad permanecían en Buenos Aires enfrentando una realidad devastadora. Los hospitales desbordaban, los cementerios no alcanzaban para recibir la enorme cantidad de víctimas y los servicios públicos funcionaban al límite de sus posibilidades. En ese escenario crítico, el trabajo cotidiano de miles de personas anónimas se volvió imprescindible para evitar que la crisis sanitaria derivara en un colapso absoluto.
El tren que llevaba esperanza en medio del miedo
Entre esos trabajadores ocuparon un lugar fundamental los empleados ferroviarios. Los trenes continuaron transportando alimentos, medicamentos, insumos y personas cuando gran parte de la actividad económica estaba prácticamente paralizada. También permitieron trasladar enfermos hacia zonas donde todavía existía capacidad de atención y facilitaron el abastecimiento de una ciudad que comenzaba a quedar aislada por el temor al contagio.
Aquella tarea no estuvo exenta de riesgos. Los conocimientos médicos de la época no permitían comprender con precisión cómo se propagaba la enfermedad y muchos trabajadores desempeñaban sus funciones sin ningún tipo de protección. Cada jornada implicaba entrar en contacto con pasajeros, cargas y espacios donde la epidemia avanzaba sin control. Sin embargo, la necesidad de sostener el funcionamiento de la ciudad hizo que miles de ellos continuaran trabajando cuando hacerlo significaba poner en peligro la propia vida.
Junto a los ferroviarios actuaron carreros, cocheros, sepultureros, policías, empleados municipales, religiosos, voluntarios y médicos que permanecieron en sus puestos pese al miedo generalizado. La organización espontánea de esos sectores permitió que la ciudad siguiera recibiendo alimentos, que los hospitales continuaran funcionando y que las víctimas pudieran ser sepultadas en condiciones cada vez más difíciles.
La epidemia que cambió Buenos Aires
La fiebre amarilla dejó una huella profunda en la historia urbana argentina. La magnitud de la tragedia obligó a revisar las políticas sanitarias, impulsó obras de infraestructura vinculadas al agua potable y al sistema de cloacas y modificó la forma en que el Estado comenzó a pensar la salud pública. También aceleró transformaciones urbanas destinadas a mejorar las condiciones de higiene de una ciudad que había crecido mucho más rápido que sus servicios básicos.
Pero la epidemia también dejó una enseñanza política que mantiene vigencia. Las grandes crisis sanitarias no se resuelven únicamente con decisiones gubernamentales o avances científicos. También dependen del compromiso cotidiano de quienes sostienen los servicios esenciales. La pandemia de COVID-19 volvió a demostrarlo más de un siglo después, cuando trabajadores de la salud, transportistas, recolectores de residuos, personal de limpieza y empleados de múltiples actividades continuaron desempeñando tareas indispensables mientras buena parte de la sociedad permanecía aislada.
Ese paralelismo permite comprender que la historia de 1871 no pertenece solamente al pasado. Cada generación enfrenta sus propias emergencias y descubre, una vez más, que existen oficios cuya importancia suele pasar inadvertida hasta que una crisis los vuelve imprescindibles.
Una memoria construida desde abajo
Las grandes narraciones históricas suelen concentrarse en presidentes, generales o dirigentes. Sin embargo, la vida cotidiana de un país también se sostiene gracias a millones de trabajadores cuya contribución rara vez recibe reconocimiento público. La epidemia de fiebre amarilla ofrece uno de los ejemplos más claros de esa realidad. Sin el esfuerzo de quienes mantuvieron en funcionamiento los servicios básicos, el impacto de la tragedia probablemente habría sido todavía mayor.
Recordar esas historias también invita a revisar la manera en que se construye la memoria colectiva. Muchas veces, los protagonistas más importantes de un proceso histórico no son quienes aparecen en los retratos oficiales, sino quienes sostienen silenciosamente el funcionamiento de una sociedad cuando todo parece derrumbarse.
La fiebre amarilla de 1871 fue una de las páginas más dolorosas de la historia argentina, pero también una de las que mejor muestra el valor del trabajo colectivo. En medio del miedo, cuando miles escapaban de la ciudad y la incertidumbre dominaba la vida cotidiana, hubo hombres y mujeres que siguieron cumpliendo su tarea para que Buenos Aires no terminara de colapsar. Su historia recuerda que las sociedades no se sostienen únicamente por las decisiones de sus gobernantes, sino también por el compromiso de quienes, muchas veces lejos de los homenajes, hacen posible la vida cotidiana incluso en los momentos más difíciles.
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