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Por una acusación del juez Salmain, tambalea el pliego de un aspirante a Camarista que debe tratar el Senado
Las chances del juez federal de la Seguridad Social Fernando Strasser de ascender a camarista quedaron reducidas por un motivo inesperado. Ocurre que hace diez días otro juez, que se defiende con uñas y dientes de que lo manden a juicio político, lo mandó al frente. Sostuvo que en su momento Strasser, en el concurso con el que buscaba ser magistrado, ocultó que había tenido una sanción como funcionario judicial. Y eso ahora tiene consecuencias que pueden sacarlo de carrera.
En 2014 Strasser concursó para ser juez subrogante. En ese momento no consignó que cuando era secretario del juzgado federal 8 de la Seguridad Social había recibido una sanción de 30 días por un proceso disciplinario. El que recordó eso hace diez días fue el juez federal de Rosario Gastón Salmain. Que hizo lo mismo cuando concursó en 2017: omitió decir que en 2002 la Corte Suprema de la Nación lo dejó cesante de su cargo de empleado de la Justicia Federal por haber ofrecido una coima a una secretaria de tribunal para direccionar un expediente.
¿Por qué Salmain botoneó así a Strasser? Para tener un argumento defensivo. Lo que dijo es que el reglamento de concursos exige hacer constar antecedentes de los últimos diez años de la compulsa, y que cuando él era examinado había pasado más tiempo. Pero además dijo que otros candidatos habían tenido sanciones y eso no les había impedido ser designados. Ahí dio el ejemplo de Strasser. Sin nombrarlo, pero dando datos inequívocos de que hablaba de su caso.
[Salmain delató a un colega que también llegó a juez pese a haber sido sancionado]
La referencia difícilmente ayude a Salmain, porque el Consejo de la Magistratura decidió el jueves llevar su caso al plenario, donde pueden suspenderlo e iniciar el proceso para su destitución. Pero los dichos pusieron en alerta a los consejeros, que dijeron que si se comprueba lo que dijo el polémico juez de Rosario, el Senado no deberá aprobar el pliego de Strasser.
Con buenas relaciones con el macrismo, ahora impulsado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, Strasser es un magistrado oriundo de la ciudad de Buenos Aires con reiterados cuestionamientos de sectores políticos y jurídicos amplios que lo califican de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar «el Bonadío de la seguridad social».
Lo que dijo Salmain implicó que esta semana le abrieran un expediente en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Fue a partir de una presentación de Yamil Castro Bianchi, abogado de Salmain, en referencia a la omisión del dato de la sanción del juez de Rosario. Y a las constancias del descargo de Salmain, donde señala que Strasser también pasó de largo en su momento de su primer concurso, cuando no dijo que lo habían sancionado.
Salmain conocía bien el ejemplo que daba. Antes de que lo echaran por ofrecer un soborno en 2002, trabajaba también, con el cargo de secretario, en el juzgado federal 8 de la Seguridad Social. Era el mismo donde sancionaron a Strasser con un mes de suspensión y el congelamiento de haberes. Según dos miembros la Justicia Federal y del Consejo dijeron a LPO, Salmain fue despedido en el mismo año cuando trabajaba allí.
El abogado de Salmain hizo algo más: pidió al Consejo la nulidad «absoluta e insanable» del concurso 253 con el que Strasser fue nombrado juez subrogante, por haber omitido las sanciones disciplinarias que tuvo.
En 2014 el Consejo fue advertido de esa omisión. Pero por una rosca de los consejeros, contaron desde adentro, todos menos uno consideraron que no haber dicho nada de que lo habían sancionado no sería motivo de objeción. Con eso terminó nombrado.
[La Magistratura dejó al juez federal Salmain al borde del Juicio político y puede ir preso]
Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado.
Sobre todo porque en 2023, cuando tuvo la entrevista en el Consejo de la Magistratura, a Strasser le volvieron a preguntar si había tenido sanciones. El que hizo la pregunta, directa, fue Guillermo Tamarit. Strasser respondió que no y así lo atestigua el registro en audio de esa sesión del organismo que evalúa a los jueces y a los que son candidatos a serlo.
Ahora el Consejo tiene en una carpeta la resolución 31 del Tribunal de Superintencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social que en 2001 sancionó por 30 días con suspensión sin goce de haberes a Strasser. Un año después la Corte ratificó la medida aunque excluyó afectarle su sueldo.
Si fuera por la letra estricta del reglamento 11 del reglamento de concursos, solo hay que mencionar antecedentes de los últimos diez años a la fecha de la prueba. El senador nacional y consejero Luis Juez descalificó este jueves la entidad de esa normativa y, sobre todo, su lógica política. «¿A ustedes les parece que da lo mismo que el Senado cuando evalúa a alguien que va a ser juez hasta los 75 años sepa que esa persona tuvo sanciones o no sepa?», fue su pregunta. Justamente lo decía porque él se comió la situación de avalar a Salmain en 2017 sin tener idea que lo habían echado 15 años antes del Poder Judicial por intentar armar un caso de fórum shopping.
Lo que pide el abogado de Salmain parece inviable porque el concurso está terminado. Sin embargo sí habilita la discusión política que probablemente se dé en el Senado si los pilegos se tratan este jueves. ¿Es viable nombrar a un juez que omite señalar una sanción disciplinaria que recibió? Es la misma pregunta que el Consejo, con Salmain, hace tres días consideró algo inaceptable.
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Vaciamiento en el INTA: el Gobierno activó un plan de retiros voluntarios y crece el temor por despidos masivos
Sigue el vaciamiento del Estado.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo sistema de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una medida que vuelve a encender alarmas dentro del organismo científico y técnico más importante del país en materia agropecuaria. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, habilita el programa durante todo mayo y se inscribe en la política de ajuste y reducción del Estado impulsada por Milei y Federico Sturzenegger.
La disposición fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo y establece un régimen especial para trabajadores de planta permanente interesados en desvincularse “de común acuerdo” con la institución. Aunque formalmente se presenta como un mecanismo voluntario, en el sector ya hablan de un escenario de presión interna, congelamiento presupuestario y degradación progresiva de funciones estratégicas.
El INTA no es un organismo menor. Desde hace décadas cumple un rol clave en investigación aplicada, asistencia técnica a productores, desarrollo de semillas, innovación tecnológica, control sanitario y articulación territorial con economías regionales. Su presencia federal, con estaciones experimentales y agencias en todo el país, lo convirtió históricamente en una de las principales herramientas estatales para el desarrollo agropecuario argentino.
Por eso, la decisión del Gobierno fue interpretada por trabajadores y especialistas como un nuevo paso hacia el desguace de capacidades públicas. La apertura de retiros voluntarios llega después de meses de recortes presupuestarios, paralización de proyectos y advertencias sobre posibles cierres o fusiones de áreas técnicas.
Ajuste, achique y presión sobre los organismos públicos
La resolución establece que el régimen estará vigente entre el 4 y el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prórroga. El esquema contempla compensaciones económicas según antigüedad y condiciones particulares de cada trabajador. Sin embargo, puertas adentro del organismo crece la preocupación por el efecto acumulativo de las políticas oficiales.
En distintos sectores del INTA ya venían denunciando reducción de actividades, falta de financiamiento operativo y vaciamiento gradual de programas territoriales. La preocupación no se limita al plano laboral: también alcanza a productores pequeños y medianos que dependen de la asistencia técnica del instituto, especialmente en economías regionales.
La ofensiva sobre el INTA se produce además en un contexto más amplio de ajuste sobre organismos científicos y tecnológicos. En los últimos meses también hubo recortes en áreas vinculadas al CONICET, universidades nacionales y programas de investigación pública, en línea con la lógica libertaria de achicar el rol del Estado incluso en sectores estratégicos.
El trasfondo político detrás del recorte
Aunque el Gobierno argumenta que busca “modernizar” y “hacer eficiente” la administración pública, el impacto político del ajuste empieza a sentirse incluso en sectores históricamente vinculados al agro. Dentro del INTA existe malestar por la posibilidad de perder recursos humanos altamente especializados, muchos de ellos con décadas de experiencia técnica difícilmente reemplazable.
Además, el avance sobre organismos técnicos genera una contradicción creciente: mientras Milei reivindica permanentemente al “campo” como motor económico del país, el Estado reduce estructuras que durante décadas sostuvieron investigación, innovación y transferencia tecnológica para la producción agropecuaria.
El temor sindical y de parte del personal es que los retiros voluntarios funcionen como antesala de un recorte más agresivo. En otras áreas del Estado, mecanismos similares terminaron derivando en despidos, cierre de dependencias y pérdida de capacidades operativas.
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