Este domingo, una nueva edición de la Feria ReEmprender

Semanas después de adjudicarle a un consorcio de empresas el control de un nuevo paquete de rutas, el Gobierno nacional avanza con despidos masivos en peajes donde las nuevas concesiones tienen previsto aplicar cobro automatizado.

Este martes, se conoció que la empresa estatal Corredores Viales -que al momento controla las rutas nacionales que está privatizando Toto Caputo- desvinculó a 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226 que tiene como epicentro el peaje de Hinojo, en Olavarría.

Eso, previo a entregarle el manejo de esa traza por los próximos 20 años al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco que, además, se quedó con el control de las rutas 3, 205 y la autopista Ricchieri y que planifica estaciones de cobro automático.

 «Este hecho forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión Milei», acusaron los concejales de Fuerza Patria, que advirtieron que la privatización «no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas». 

Más allá de eso, los despidos no solo alcanzan al personal que se desempeñaba en las cabinas, sino que también afecta a los trabajadores de las áreas de emergencia vial, grúas, soporte técnico, maestranza y balanza.

«Nos indemnizaron y el 30 de este mes nos vamos todos a nuestras casas» dijo un trabajador a Infoeme. La mayoría de los afectados son vecinos de Olavarría, donde el bloque del peronismo salió al cruce de la medida.

Caputo privatizó otra tanda de rutas pero denuncian que no hay obras de magnitud previstas

«Este hecho no es aislado: forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión de Javier Milei», acusaron los concejales de Fuerza Patria, que advirtieron que la privatización «no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas».

Como contó LPO, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.

Denuncian que las concesiones viales de Milei triplican los peajes

Por caso, en el pliego de la licitación para el paquete de rutas que adjudicó recientemente, el Gobierno exige apenas 55,98 kilómetros de «ruta segura» en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22. A pesar de eso, ya está confirmada la instalación de nuevas cabinas de peaje.

La inflación de mayo desaceleró al 2,1% y marcó el registro más bajo desde septiembre de 2025. El Gobierno leyó el dato como una confirmación de su estrategia económica. Pero detrás del promedio que publica el Indec, los rubros que pesan más en la vida cotidiana siguieron corriendo por arriba del índice general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,5% en el mes. Según el Indec, el aumento estuvo explicado sobre todo por el salto de las verduras, con fuertes incrementos en distintas regiones del país. Es decir, la baja del índice general convivió con subas más fuertes en el gasto básico de las familias.

La Canasta Básica Alimentaria, que marca la línea de indigencia, aumentó 2,4%, también por encima del IPC. La Canasta Básica Total, que define el umbral de pobreza, avanzó 2%. Con esos valores, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para no caer bajo la línea de pobreza.

El mayor aumento de mayo se registró en Comunicación, con una suba de 3,4%. Allí impactaron los ajustes en telefonía celular, internet y televisión por cable. Luego aparecieron Educación, con 2,9%; Salud, con 2,6%; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, también con 2,6%.

En el AMBA, las boletas de electricidad y gas para los hogares sin subsidio aumentaron 5,6% y 5,1%, respectivamente. Esos ajustes forman parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional para avanzar en la desregulación energética.

En Salud, la suba respondió al incremento de las cuotas de medicina prepaga y a nuevas remarcaciones en medicamentos. En Vivienda, el golpe vino por los servicios públicos, con aumentos en electricidad, gas y agua.

Son rubros cada vez más relevantes dentro del presupuesto familiar. Además, tienen una particularidad: no se pueden recortar con facilidad. Una familia puede postergar una compra, pero no puede dejar de pagar la luz, el gas, el transporte, el alquiler, la prepaga o el colegio.

Por eso, más que mirar sólo el promedio de precios del Indec, la variable central para medir el impacto social del programa económico es el salario disponible. Es decir, cuánto dinero le queda efectivamente a un trabajador después de pagar los gastos fijos e inevitables.

Ese ingreso disponible acumuló una caída promedio del 12% durante la gestión de Javier Milei. A diferencia del salario real general, este indicador mide el ingreso neto que queda luego de cubrir tarifas de servicios públicos, alquileres, transporte, medicina prepaga y educación.

El deterioro se explica por varios factores. El primero es la quita de subsidios, que trasladó a los hogares una parte mayor del costo de la luz, el gas, el agua y el transporte. Esos aumentos neutralizaron buena parte de las recomposiciones salariales obtenidas en paritarias.

Otro factor es el peso creciente de la canasta de servicios. Los gastos de mantenimiento del hogar y los servicios esenciales ya absorben cerca de un cuarto de un sueldo promedio en Argentina.

La desaceleración de la inflación general, entonces, no alcanza para mejorar el ingreso disponible. Mientras el IPC muestra una baja, los precios regulados, las tarifas y los combustibles siguen avanzando por encima de los salarios corrientes. Ahí aparece la distancia entre el dato que celebra el Gobierno y la plata que queda en el bolsillo.

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