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Chahla busca descomprimir la interna con Jaldo y echa a un funcionario de Cisneros
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, busca descomprimir la interna con Osvaldo Jaldo, en medio de variadas versiones sobre un distanciamiento. La jefa comunal lo visitó en la Casa de Gobierno y horas después echó a un funcionario ligado al diputado nacional Carlos Cisneros, enemigo del mandatario provincial.
El clima en el peronismo de Tucumán está más que caldeado desde hace tiempo, pero esta semana subió la tensión entre Jaldo y Chahla. Primero, con unas declaraciones picantes del gobernador que parecieron un tiro por elevación a la estrategia comunicacional de «la intendenta tiktoker».
«Todos aquellos que quieran llegar a un cargo institucional, no les va a alcanzar con el TikTok, no les va a alcanzar con las redes sociales. Hay que venir a poner la cara», dijo Jaldo en un acto. «TikTok a la China se van a ir a hacer», advirtió.
El libertario Lisandro Catalán, que se mueve como el candidato a gobernador de Milei, recogió el guante y le respondió rápido. Pero algún sector del peronismo quedó la idea de que el dardo de Jaldo no tenía como destinatario al exministro. En el entorno de Chahla le restaron importancia a
«las interpretaciones» ante la consulta de LPO. «No tenemos nada de qué preocuparnos», agregaron.
En la semana también algunos jaldistas salieron a marcar la ausencia de Chahla en una cumbre del gobernador con todo aparato territorial del PJ. Cerca del intendenta responden que estaba de viaje y que la reunión fue con dirigentes del interior.
En el medio de estos chispazos circularon rumores de una ruptura de cara a las elecciones del año que viene, donde Jaldo buscará la reelección. Algunos sectores del peronismo tucumano ubican a Chahla por un camino separado e incluso compitiendo por un cargo provincial.
Una fuente tucumana que mira la disputa desde afuera dijo a LPO que de uno y otro lado hay dirigentes a los que les conviene una ruptura y por eso alimentan esas versiones. Y recuerda que el año pasado el peronismo tucumano parecía más dividido y terminó yendo unido a las elecciones, aunque la armonía duró casi nada.
En el medio de ese ruido, Chahla se dirigió el jueves por la mañana a la Casa de Gobierno provincial y mantuvo una larga reunión con Jaldo. «Tenemos diálogo con el gobernador, nos hablamos a la noche, a la tarde o en algún momento de la semana. Todo está viento en popa», dijo la intendenta al salir.
El ministro Monteros, Jaldo y Chahla
La reunión fue la calma que antecedió al huracán. Horas después el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Alejandro Sangenis, salió a fulminar al ministro del Interior, Darío Monteros, mano derecha de Jaldo. «Monteros ha hecho todo lo posible para ponerle palos en la rueda a la gestión de Chahla», disparó Sangenis, que también vinculó al ministro con una denuncia del alfarismo contra funcionarios de la intendenta.
Chahla, que horas antes había posteado una foto con Jaldo y Monteros, evitó que la crisis escalara y este viernes a primera hora echó de su gabinete a Sangenis, algo que no había hecho con críticas anteriores del mismo funcionario.
El trasfondo de todo esto es que Sangenis es un funcionario del riñón del diputado nacional Carlos Cisneros, que está peleado a muerte con Jaldo desde que le sacó el control de la Caja Popular de Ahorros (CPA), una entidad que maneja los fondos del juego provincial. El despido del funcionario fue leído como un gesto de la intendenta para correrse de la guerra entre Jaldo y Cisneros.
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Intercargo: Milei quiere privatizar una empresa que gana plata y que vale más que lo que pide por ella
Mientras el Gobierno avanza con su agenda de privatizaciones, crecen las críticas por el caso Intercargo: una firma estatal superavitaria que, lejos de ser una carga fiscal, genera ingresos propios y hoy queda en la mira del ajuste. Especialistas advierten inconsistencias económicas y políticas detrás de la decisión.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La ofensiva privatizadora de Milei sumó un nuevo capítulo con Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos y que, paradójicamente, no solo no da pérdidas sino que registra superávit operativo. En ese contexto, empiezan a multiplicarse las voces que cuestionan el sentido económico —y también político— de desprenderse de una firma rentable.
El punto más contundente lo sintetizó el periodista económico Andrés Lerner, quien señaló que la compañía “podría comprarse a sí misma”, en alusión a su capacidad financiera y a la inconsistencia de vender un activo que genera recursos genuinos.
Una privatización difícil de justificar
El caso Intercargo expone una de las principales contradicciones del modelo económico actual: no se trata de una empresa deficitaria ni de un “agujero negro” del Estado, como suele argumentarse para justificar privatizaciones. Por el contrario, es una firma que funciona, que presta un servicio estratégico en el sistema aerocomercial y que además deja saldo positivo.
Esa realidad abre una pregunta incómoda: si el objetivo es reducir el déficit, ¿por qué vender una empresa que aporta ingresos? La respuesta, para muchos analistas, no está en la eficiencia sino en la lógica ideológica del Gobierno, que busca achicar el Estado incluso en áreas donde su presencia es rentable.
El negocio detrás del desguace
La discusión no es menor. Intercargo opera en un sector clave: el manejo de equipajes, asistencia en tierra y logística aeroportuaria, un servicio esencial para el funcionamiento del transporte aéreo. En ese marco, su eventual privatización implicaría transferir a manos privadas un negocio ya consolidado y con rentabilidad asegurada.
Además, la apertura del mercado aerocomercial y la desregulación impulsada por Milei ya venían anticipando este escenario: menos Estado, más competencia privada y un corrimiento deliberado de empresas públicas del centro de la actividad.
Superávit, pero igual en venta
El dato central que incomoda al relato oficial es que Intercargo no encaja en el discurso clásico de “empresa pública ineficiente”. Muy por el contrario, su condición de superavitaria la convierte en una rareza dentro del universo estatal… y al mismo tiempo en un botín atractivo.
De ahí surge la frase que resume la polémica: “podría comprarse a sí misma”, una forma de señalar que la operación no responde a una necesidad económica sino a una decisión política.
Privatizar por definición, no por necesidad
Lo que está en juego, entonces, es más profundo que una simple venta. Es un modelo de país. La decisión de avanzar sobre Intercargo revela que el criterio no es corregir desequilibrios sino reconfigurar el rol del Estado, incluso cuando eso implique desprenderse de activos rentables.
En ese marco, la privatización deja de ser una herramienta puntual para convertirse en un fin en sí mismo. Y allí es donde aparecen las mayores resistencias: no solo por lo que se pierde en términos económicos, sino por lo que significa en términos de soberanía y control de sectores estratégicos.
Porque cuando una empresa que funciona, gana plata y cumple un rol clave entra en la lista de venta, la discusión ya no es contable. Es política.
