Este domingo, una nueva edición de la Feria ReEmprender
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En el gobierno de Kicillof preocupan los datos de la capacidad instalada que son peores que en la pandemia
El uso de la capacidad instalada cayó a 61%, un rango que la ubica por debajo de 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid. Por entonces, ese índice había caído al 61,8. Son datos del Indec que difundió en las últimas horas el gobierno de Axel Kicillof.
Es que la caída en la producción industrial tiene un impacto directo en Buenos Aires toda vez que la provincia aporta nada menos que el 48,9% al Producto Bruto Interno (PBI) industrial. Le siguen muy lejos la Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (10,3%) y Córdoba (7,7%).
La capacidad instalada es la producción máxima que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando la utilización baja, las máquinas paran. Sin embargo, los costos fijos siguen. Los márgenes se comen con el tiempo. Menos producción hoy, menos inversión mañana y la amenaza del cierre.
Los datos oficiales muestran que el 2019, la capacidad instalada de la industria era del 62,8%, y en 2020, el año de la pandemia, descendió a 61,8%. Después hizo un pico -modesto- en 2022 del 66% pero ahora están en el 61%.
«La crisis industrial no se refleja solo en la pérdida de empleo y la subutilización de la capacidad instalada: de manera estructural, la destrucción de más de 22.400 empresas desde la asunción del Gobierno nacional es un fenómeno grave y transversal a todos los sectores», dijo el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en una serie de posteos.
Uno de los rubro más afectados en la industria textil, que enfrenta una intensa apertura importadora. Allí, la caída desde 2023 es del 23,3%. También sufren el impacto rubros como los minerales no metálicos que registraron una caída del 22,6%. También los productos de metal bajaron 22,4%.
Para el ministro de Kicillof, el cuadro es claro: sin una mejora sostenida de los ingresos y del empleo, la producción industrial no tiene perspectivas de recuperación. La caída del consumo interno, sumada a la presión importadora, reduce el mercado para las empresas locales y profundiza la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en las ramas más sensibles.
Cierra una empresa por hora y 394 personas pierden su trabajo por día
LPO contó que la industria está pagando el mayor costo del ajuste. Los números no admiten eufemismos. La capacidad instalada atraviesa el peor nivel desde 2002.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron 19.114 empresas, según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa caída se tradujo en una pérdida de algo más de 264.000 puestos de trabajo registrados.
Si se mira con lupa, la destrucción es cotidiana. Esas 19.114 empresas cerradas equivalen a casi 29 empresas por día. Son alrededor de 1,2 cierres por hora. Y la pérdida de empleo formal promedia unas 394 personas por día, es decir, unas 16 personas por hora, que dejaron de tener trabajo en el registro formal.
Privatización exprés: el Gobierno habilitó a los nuevos dueños de las represas del Comahue a operar y cobrar sin trámite cerrado
Mientras el cambio de titularidad todavía no fue aprobado en forma definitiva, el Ministerio de Economía autorizó un régimen excepcional para que los compradores privados de las principales represas del país ya operen, despachen energía y cobren en el Mercado Eléctrico Mayorista. Una decisión que consolida la privatización por la vía de los hechos.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno volvió a dejar en claro cuál es su prioridad: garantizar el negocio privado, aun cuando eso implique forzar los marcos regulatorios vigentes. A través de la Resolución 7/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, se habilitó a los nuevos compradores de las represas del Comahue a operar, facturar y cobrar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) desde la toma de posesión, aunque el cambio de titularidad todavía no esté formalmente aprobado.
La medida alcanza a los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, activos estratégicos para el sistema eléctrico nacional, cuyo control vuelve a quedar en manos privadas mediante un proceso acelerado y con mínimos resguardos regulatorios.
Un régimen “excepcional” hecho a medida del negocio
La resolución crea un régimen definido como excepcional, transitorio e instrumental, que en los hechos funciona como un atajo administrativo. Bajo el argumento de evitar “interrupciones operativas”, el Gobierno permite que las empresas adjudicatarias actúen como agentes plenos del MEM, con acceso al despacho, a la liquidación de energía y al cobro de ingresos, sin haber completado todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.
El propio texto oficial reconoce que no se trata de una aprobación definitiva del cambio de titularidad, pero aun así ordena que el sistema funcione como si esa aprobación ya existiera. Primero se garantiza la caja; después, si queda tiempo, se terminan los papeles.
Los beneficiarios de la habilitación exprés
Las empresas favorecidas por la medida son:
- Edison Inversiones S.A.U., adjudicataria de Alicurá y Cerros Colorados
- BML Inversora S.A.U., adjudicataria de El Chocón
- Central Puerto S.A., adjudicataria de Piedra del Águila
Desde la fecha de toma de posesión, estas compañías pasan a operar comercialmente centrales estratégicas, aun cuando el cambio de titularidad siga siendo, en términos legales, un trámite inconcluso.
CAMMESA, alineada para garantizar la continuidad del negocio
La resolución instruye de manera explícita a CAMMESA para que realice todas las adecuaciones necesarias en materia de registros, representación comercial, despacho, garantías y liquidación de transacciones. En la práctica, se le ordena adaptar el sistema eléctrico a la privatización, en lugar de exigir que la privatización se ajuste plenamente a las reglas del sistema.
De este modo, CAMMESA vuelve a quedar reducida a un rol administrativo, destinada a sostener la operatoria privada incluso cuando los procesos regulatorios no están completos.
Privatizar primero, legalizar después
Este tipo de decisiones genera hechos consumados. Una vez que las empresas ya operan, cobran y administran centrales estratégicas, cualquier intento posterior de revisión implica conflictos operativos, reclamos judiciales y eventuales litigios internacionales. Es una estrategia conocida: cuando se quiera discutir la legalidad o la conveniencia de la privatización, ya será tarde.
Las represas del Comahue no son simples activos comerciales. Cumplen un rol clave en la generación eléctrica, la regulación de caudales, el desarrollo regional y la planificación energética de largo plazo. Sin embargo, el Gobierno decidió tratarlas como un negocio financiero más, priorizando la señal al mercado y la urgencia fiscal por sobre el interés público.
Un modelo energético sin Estado
La Resolución 7/2026 expone con claridad el rumbo del modelo energético que impulsa Milei y el Ministerio de Economía: menos control, más excepciones y máxima seguridad jurídica para los compradores privados, mientras el Estado se corre de su función de regulación y planificación.
La privatización ya no se discute en el Congreso ni se debate públicamente. Se ejecuta por resoluciones administrativas, bajo la lógica del hecho consumado. Primero se entrega, después se explica. Y, si hace falta, después se regulariza.
Rechazo frontal del sucesor de Rodolfo Daer a la reforma laboral: «a ningún empresario le conviene un sindicato débil»
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA), Sergio Escalante, cuestionó el proyecto de reforma laboral que promueve el gobierno de Milei al decir que sus impulsores «no entienden la relación laboral». «La mejor reforma laboral es generar trabajo, dejá que la modernización la peleemos los empresarios y los trabajadores», le dijo a LPO tras lograr un acuerdo hasta el 5 de enero con Mondelez para mantener su planta de más de 2 mil empleados.
Escalante, que asumió la conducción del sindicato en reemplazo de Rodolfo Daer, anticipó que el Consejo Directivo de la CGT se reuniría en los próximos días para discutir la estrategia frente al apuro del gobierno por sancionar la ley. «A ningún empresario le conviene un sindicato débil, porque en lugar de hablar con cinco tenés que hablar con 200», explicó acerca del objetivo que buscan los que pretenden que las negociaciones sean por fábrica o región antes que por rama o sector.
Aunque reivindicó la inteligencia de los dirigentes gremiales que conversan con las patronales para cuidar los intereses de sus afiliados, reconoció que el sindicalismo no tiene «qué negociar» ante esta avanzada, en medio del deterioro de la actividad económica. «¿Qué podemos darles? Tenemos trabajadores formales por debajo de la línea de la pobreza. Acá quieren enfriar la economía y que bajemos la guardia para que se puedan impulsar reformas estructurales», argumentó.
Según Escalante, «los empresarios con más espalda pueden sostener esto». «Quizá apuesten a ajustar, hacer eficientes sus plantas recortando conquistas, achicar los planteles», conjeturó, y agregó que «hoy es un pecado estar enfermo o tener un problema en la familia».
Ni las Oreo se venden: Mondelez suspendió a más de 2.300 empleados
En medio de las negociaciones con Mondelez, asumió también: «ante la caída de la demanda, ellos se ponen más fuertes y nosotros más débiles».
Sin embargo, admitió que en las conversaciones con gerentes de empresas «lo primero que se discute no es la reforma laboral sino la falta de ventas, las líneas paradas, falta de crédito o crédito caro».
Por eso, objetó que la discusión de la reforma laboral pase nada más que «por conseguir los votos de los diputados». «¿Un gobernador va a mandar a votar la reforma laboral a tres diputados? Si no entienden la relación laboral…», se quejó.
Además, lamentó que «el único país que vive en la era de Francis Fukuyama es Argentina, el resto cuida a su industria». «El modelo peruano que ellos plantean tiene 70 por ciento de informalidad», aseguró.
La CGT desafía a Milei: «Vamos a morir con las botas puestas, somos el último bastión del peronismo»
Escalante viene de rechazar el planteo de «crisis» que le hiciera al sindicato la empresa Mondelez, con una planta de 2300 trabajadores, entre los cuales hay 1600 conveniados. «No aceptamos una crisis, aunque entendemos que las líneas están paradas. Pero necesitamos ver los números y eso no nos corresponde», sostuvo.
En ese contexto, la firma y el STIA acordaron que se pare la producción durante tres semanas, hasta el 5 de enero. Desde el próximo lunes, los empleados se dedicarán a la limpieza y el mantenimiento preventivo de la planta, luego tomarán una semana de licencia por vacaciones según el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo y al final una semana más de licencia paga.
Además, la empresa otorgará un bono de 525 mil pesos y un voucher de 53 mil para adquirir mercadería de la proveeduría de Mondelez.
