Este domingo, una nueva edición de la Feria ReEmprender
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Los Neuss avanzan sobre la red eléctrica: una resolución oficial vuelve a exponer a los empresarios favorecidos por las privatizaciones de Milei
Una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial dejó plasmado en un documento del Estado el nombre de uno de los grupos empresarios que más creció al calor de las privatizaciones y desregulaciones impulsadas por Milei. La familia Neuss aparece vinculada a la operación para quedarse con el control de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica de la Argentina.
Por Roque Pérez para NLI
Mientras el Gobierno insiste en que el mercado debe reemplazar al Estado en áreas estratégicas, una nueva resolución oficial volvió a poner bajo la lupa a uno de los grupos empresarios que más se expandieron desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Se trata de la familia Neuss, un poderoso conglomerado económico que ya consolidó posiciones en el negocio energético y ahora avanza sobre uno de los activos más sensibles del sistema eléctrico nacional.
La resolución difundida este lunes por el ente regulador del sector energético analiza la transferencia accionaria vinculada a CITELEC, la sociedad que controla Transener y Transba. Aunque el trámite tiene apariencia técnica, su importancia política es enorme: Transener administra la red troncal de alta tensión por donde circula gran parte de la electricidad que consumen hogares, industrias y comercios en todo el país.
El documento oficial identifica entre los interesados en la operación a Edison Transmisión, una firma perteneciente a Edison Holding. Dentro de esa estructura empresaria aparece Juan Jorge Neuss, integrante de una familia que en los últimos años multiplicó su presencia en sectores considerados estratégicos para la economía argentina.
Los nuevos ganadores del modelo libertario
La irrupción de los Neuss en el centro de los negocios energéticos no es un fenómeno aislado. Desde la asunción de Milei, distintos procesos de venta, concesión y reorganización de activos públicos fueron configurando un escenario en el que un reducido grupo de empresarios comenzó a concentrar posiciones de enorme relevancia económica.
La familia Neuss pasó de ser un actor importante dentro del mundo empresarial argentino a convertirse en protagonista de operaciones vinculadas con generación, distribución y transporte de energía. El avance sobre la estructura de control de Transener representa un nuevo salto en esa expansión.
Para la oposición, el proceso refleja una contradicción cada vez más evidente del discurso oficial. Mientras se habla de competencia y libre mercado, los activos estratégicos del Estado terminan concentrándose en manos de grupos con acceso privilegiado a los círculos de poder y capacidad financiera para participar de operaciones multimillonarias.
Una empresa clave para la soberanía energética
La importancia de Transener excede largamente cualquier análisis financiero. La compañía opera más de 15.000 kilómetros de líneas de alta tensión y constituye una pieza central del sistema eléctrico nacional. Cualquier modificación en su estructura de control tiene consecuencias directas sobre la planificación energética, las inversiones futuras y el funcionamiento de la red.
Por eso, la posibilidad de que el grupo de los Neuss termine consolidando una posición dominante en este segmento despierta interrogantes políticos que van mucho más allá de una simple compra empresaria.
La discusión también reabre un viejo debate argentino: si la infraestructura estratégica debe permanecer bajo control público o quedar sometida a la lógica de grupos privados cuyo objetivo principal es la rentabilidad.
El sello de una época
La resolución publicada hoy no adjudica formalmente la operación, pero sí constituye un paso fundamental dentro del procedimiento regulatorio necesario para concretarla. Y deja algo políticamente significativo: el propio Estado reconoce en documentos oficiales la participación de los Neuss en una de las principales disputas empresariales derivadas del proceso de privatización impulsado por Milei.
A medida que avanzan las ventas de activos públicos, los nombres de los potenciales beneficiarios comienzan a repetirse. En energía, infraestructura y servicios estratégicos aparecen cada vez con más frecuencia los mismos grupos económicos.
La pregunta que empieza a instalarse en distintos sectores políticos es si la Argentina está asistiendo a una verdadera apertura competitiva o a una nueva etapa de concentración económica donde un puñado de empresarios cercanos al poder termina quedándose con áreas decisivas del patrimonio nacional.
El 10 de julio de 1816: cuando empezó el trabajo más difícil de la Independencia
La Independencia no terminó el 9 de julio de 1816. Al día siguiente, las Provincias Unidas seguían rodeadas por guerras, divisiones internas, amenazas externas y un futuro completamente incierto. La historia del verdadero «día después».
Por Alcides Blanco para Noticias La Insuperable
Durante generaciones, la historia argentina enseñó a imaginar el 9 de julio de 1816 como una especie de punto de llegada, una jornada en la que un grupo de congresales reunidos en Tucumán declaró la Independencia y, desde ese momento, nació la Argentina tal como hoy la conocemos. Sin embargo, la investigación histórica desarrollada durante las últimas décadas permite reconstruir un escenario muy diferente, mucho más complejo y profundamente humano, porque el verdadero desafío comenzó precisamente al día siguiente, cuando aquella declaración solemne debía convertirse en una realidad política, militar, económica y diplomática en un territorio atravesado por guerras, disputas internas y enormes incertidumbres.
Lo que ocurrió el 10 de julio de 1816 fue, justamente, el comienzo del trabajo más difícil. La emoción de haber proclamado la ruptura con la monarquía española convivía con una pregunta inevitable que nadie podía responder con certeza: ¿cómo sostener esa independencia frente a un imperio que todavía conservaba ejércitos poderosos, frente a provincias enfrentadas entre sí y frente a un mundo que, lejos de celebrar las revoluciones americanas, buscaba restaurar el viejo orden monárquico?
Una declaración que todavía debía hacerse realidad
La sesión del 9 de julio no había resuelto los principales problemas de las Provincias Unidas. El Congreso seguía reunido porque quedaban por discutir cuestiones fundamentales como la forma de gobierno, la organización institucional, la administración de los recursos públicos, la representación política de los distintos territorios y la estrategia diplomática para obtener reconocimiento internacional, un aspecto indispensable para garantizar la supervivencia del nuevo Estado.
En otras palabras, existía una declaración de independencia, pero todavía no existía una nación plenamente organizada. No había Constitución, tampoco un consenso definitivo sobre el modelo político, y las diferencias entre proyectos centralistas y federales seguían atravesando toda la vida pública.
La imagen de un país unido detrás de un mismo objetivo pertenece mucho más a la construcción posterior de la memoria nacional que a la realidad de aquellos días, porque el Congreso de Tucumán representaba solamente a una parte de las antiguas jurisdicciones del Virreinato del Río de la Plata, mientras otras regiones permanecían alejadas del proceso político o directamente enfrentadas con el Directorio instalado en Buenos Aires.
Una independencia rodeada por todos los frentes
Si el mapa político resultaba complejo, el militar era todavía más preocupante.
Al norte, las tropas realistas continuaban ocupando buena parte del Alto Perú y mantenían capacidad suficiente para intentar una nueva invasión sobre el actual territorio argentino. La resistencia dependía casi exclusivamente de la extraordinaria guerra de recursos organizada por Martín Miguel de Güemes, cuyos gauchos sostenían una frontera militar mediante tácticas de desgaste que impedían el avance español, aunque a un costo humano enorme para la población del noroeste.
Mientras tanto, en Mendoza, José de San Martín aceleraba la preparación del Ejército de los Andes, consciente de que la defensa permanente resultaba insuficiente y de que la única posibilidad estratégica consistía en trasladar la guerra hacia Chile y posteriormente hacia el Perú, donde se encontraba el principal centro del poder español en Sudamérica. Aquella expedición todavía era un proyecto que demandaba recursos, hombres, armamento, animales, alimentos y una organización logística sin precedentes para la región.
En simultáneo, la Banda Oriental se encontraba sometida a la invasión portuguesa iniciada meses antes, mientras las tensiones entre el Directorio y la Liga de los Pueblos Libres encabezada por José Gervasio Artigas impedían construir una estrategia común frente a los enemigos externos. Paradójicamente, el mismo territorio que acababa de proclamarse independiente enfrentaba conflictos militares tanto contra las fuerzas de la Corona española como entre los propios proyectos políticos surgidos de la Revolución de Mayo.
La independencia, entonces, no eliminó los peligros. Simplemente cambió la naturaleza de la lucha.
El mundo tampoco jugaba a favor
A menudo se olvida que la declaración de Tucumán ocurrió en uno de los momentos más adversos para cualquier revolución americana.
Tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815, las principales potencias europeas impulsaban la restauración de las monarquías tradicionales mediante el Congreso de Viena y la posterior Santa Alianza, un sistema internacional diseñado precisamente para impedir la expansión de los movimientos revolucionarios que habían sacudido Europa y América durante las décadas anteriores.
Desde esa perspectiva, la independencia declarada en Tucumán no contaba con un escenario internacional favorable. España pretendía recuperar sus colonias y buena parte de Europa compartía ese objetivo, mientras las Provincias Unidas carecían todavía del reconocimiento diplomático necesario para consolidarse como un Estado soberano.
No resulta casual que apenas diez días después, el 19 de julio de 1816, el Congreso decidiera ampliar el texto original agregando la expresión «y de toda otra dominación extranjera», una aclaración destinada a despejar cualquier sospecha de que la ruptura con España pudiera desembocar en la dependencia respecto de otra potencia europea.
Aquella modificación demuestra que los diputados seguían pensando la independencia como un proceso abierto, susceptible de ajustes conforme evolucionaban las circunstancias políticas y diplomáticas.
Lejos de la imagen de una obra terminada, el Congreso trabajaba casi diariamente para fortalecer una construcción institucional que todavía era extremadamente frágil.
La historia suele recordar el 9 de julio como el día en que nació la Independencia argentina, pero el 10 de julio de 1816 recuerda algo igualmente importante y quizá más cercano a la experiencia humana: las grandes transformaciones nunca concluyen con una firma ni con una proclamación solemne, sino que recién empiezan cuando llega el momento de sostenerlas frente a la realidad. Aquellos hombres salieron de la histórica casa de Tucumán sabiendo que no habían llegado a la meta, sino que acababan de asumir una responsabilidad inmensa cuyo resultado todavía era incierto, porque la libertad recién declarada debía defenderse en los campos de batalla, consolidarse en las instituciones, financiarse con una economía devastada y legitimarse ante un mundo que todavía no estaba dispuesto a reconocerla.
