SE COLOCARON 7500 VACUNAS EN VILLA REGINA

El gobierno dio marcha atrás con una desregulación que había celebrado apenas cuatro meses atrás. La Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió el uso de cheques y eCheqs para ingresar y retirar fondos de las cuentas comitentes y dispuso que las transferencias sean la única vía habilitada. 

En el mercado lo leyeron como un cepo reforzado. Pero detrás de la decisión aparece una razón menos doctrinaria: la recaudación del impuesto al cheque se desplomó y Economía decidió cerrar una puerta que había abierto la propia CNV. 

La Resolución General 1166 establece que los fondos que ingresan a una ALyC deben provenir de una cuenta bancaria a la vista del propio cliente o de una CVU vinculada a su CUIT. Para retirar el dinero ocurre lo mismo. La CNV justificó la decisión por la necesidad de garantizar la disponibilidad inmediata, evitar rechazos de cheques y fortalecer los controles frente a «posibles conductas disvaliosas». 

La explicación oficial, sin embargo, deja afuera el elefante de la habitación. En mayo, la CNV había dictado las resoluciones 1139 y 1141, que incorporaron el cheque electrónico y permitieron que los eCheqs circularan sin límites en la cantidad de endosos, siempre que pudiera garantizarse su trazabilidad. La regulación mantenía un máximo de dos pagos por día y cliente, pero no ponía límites a los endosos de los cheques electrónicos que ingresaban al circuito. 

Las tasas cortas ya son negativas en términos reales y vuelve el riesgo de dolarización

Ahí apareció el agujero fiscal. La transmisión de cheques mediante endoso está contemplada entre las operaciones exentas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Empresas comenzaron a utilizar eCheqs para fondear sus cuentas en sociedades de Bolsa, colocar esos pesos en instrumentos de muy corto plazo y luego retirarlos mediante transferencia. La secuencia podía completarse en unas 48 horas y permitía evitar el costo del impuesto al cheque. 

El mecanismo creció justo cuando la recaudación comenzó a mostrar números cada vez más raquíticos. En términos reales, los ingresos por el impuesto al cheque cayeron 11% interanual en junio, 6,3% en julio y 9% en agosto. 

En un primer momento, el Gobierno atribuyó el deterioro a la caída de la actividad. Pero un informe de ARCA y el aumento del volumen de endosos pusieron el foco sobre la nueva operatoria. Economía pidió entonces cerrar el grifo. 

La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal. 

La marcha atrás encendió a las sociedades de Bolsa. Franco Tealdi, managing partner de IEB Córdoba, calificó la decisión como una «HORRIBLE medida» en mayúscula y apuntó además contra el comportamiento de los bancos. «Los bancos ‘retienen por las dudas’ el impuesto a débitos y créditos aún cuando fondeás a ACDI (después tenés que reclamarlo). No hay incentivos para que las PyMes operen en el mercado mediante ALyCs. Inentendible y espero que corrijan», afirmó.  El experto Christian Buteler eligió una ironía más política: «¿Volvió Kicillof?». 

La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal. 

El torniquete no apareció por una pulsión regulatoria sino porque la alquimia financiera comenzó a perforar una caja que el Tesoro necesita cuidar. Pero existe otra lectura en la City, sintetizada con menos diplomacia por la cuenta conocida como «Pájaro Loco»: «Bien CNV. Los curros que metían las ALyCs con los cheques ya era joda». 

Esa mirada pone el foco sobre el uso de una franquicia pensada para facilitar operaciones del mercado de capitales como vehículo para evitar un impuesto. La exención terminó funcionando en algunos casos como un atajo para administrar tesorería empresaria y no necesariamente para financiar inversión productiva. 

La pelea también es por quién se queda con esos pesos. Los bancos habían cuestionado la operatoria porque las ALyCs les estaban quitando depósitos y parte del negocio de tesorería corporativa. Los fondos que antes permanecían dentro del sistema bancario podían entrar mediante eCheqs al mercado de capitales y terminar estacionados en money markets o cauciones. 

Fuentes del mercado reconocieron a LPO que los bancos venían reclamando contra ese circuito. Con la nueva resolución, buena parte de esos fondos vuelve a pasar obligatoriamente por las cuentas bancarias. 

Por eso la decisión tiene ganadores y perdedores bastante definidos. Las ALyCs pierden una herramienta que se había vuelto atractiva para empresas y pymes. Los bancos recuperan terreno en el manejo de la liquidez corporativa. Y el Estado procura recuperar recaudación obligando a que los movimientos vuelvan a transitar por un canal alcanzado por el impuesto a los débitos y créditos. La medida golpea especialmente a las pymes que utilizaban cheques como parte habitual de su circuito comercial. 

A pesar de los intentos de Luis Juez y Gabriel Bornoroni por correrlo del centro de las sospechas, cada vez más comprometida es la situación judicial de Marcos Carasso en la causa que investiga una sobrefacturación por hasta 1.400 millones en perjuicio del Pami Río Cuarto.

Imputado por tráfico de influencias, el ex compañero de fórmula de Juez es investigado a partir de llamados que pueden llegar a sugerir un rol de intermediario entre la empresa prestadora de servicios que infló los números y un tercer actor en el Estado aún no identificado.

Según detalló el portal Jornada Política, registros de comunicaciones telefónicas demostrarían que Carasso atendió y canalizó pedidos de los empresarios procesados en la causa, Pablo Adzich y Gonzalo Lima.

Juez dijo que su testimonial sería «absolutamente esclarecedora». Sin embargo, en la Justicia relativizaron su incidencia y ven a Carasso cada vez más complicado

Concretamente, la causa investiga sobrefacturaciones de la firma Ethical Salud, prestadora de servicios de rehabilitación, desde mediados de 2024 a septiembre de 2025.

Lo curioso es que, mientras la Justicia Federal avanza con la investigación, la delegación de Pami Río Cuarto que controla el hombre de Karina Milei en Córdoba, el diputado nacional Gabriel Bornoroni, no se presentó como querellante, a pesar de ser damnificada directa.

El Pami Río Cuarto que controla Bornoroni no se presentó como querellante a pesar de ser la principal damnificada.

En paralelo, días atrás Luis Juez se presentó como testigo en la causa buscando correrlo de escena a su ex compañero de fórmula. «Carasso es un tipo honorable, decente», sostuvo el senador nacional, que dijo que su testimonial sería «absolutamente esclarecedora».

Sin embargo, en los pasillos judiciales minimizaron al extremo la incidencia de la declaración de Juez sobre el futuro de la causa en la que están imputados por asociación ilícita y defraudación al Estado Pablo Adzich, presidente de la Cámara de Internación Domiciliaria de Córdoba; Gonzalo Lima, gerente de Ethical Salud y Lucas Kurilkowich, responsable de rehabilitación de Ethical en Río Cuarto.

Imputan al vice de Juez por sobrefacturar 1400 millones en el Pami 

Fuentes judiciales señalaron que, a futuro, la investigación buscará dilucidar el rol que tuvo Carasso y si tuvo una participación activa en el fraude. En ese punto, hay quienes no descartan que aparezcan nuevos elementos en su contra.