Las 3 R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) y la Trampa dialéctica de hacer hincapié solo en una de ellas: el “reciclado”.
Creer que la separación de residuos para su posterior reciclado es lo único
que podemos hacer para mejorar esta crisis ambiental y cultural es una idea al
menos Incompleta. El Reciclaje es
insuficiente como acción única y aislada para alcanzar una economía circular,
no queda otra opción que hablar
‘seriamente’ de nivel y características de consumo.
Este error no es casual. En
ocasiones las compañías generadoras de estos residuos a escalas siderales son
las mismas que impulsan las campañas de sensibilización al respecto y casi
desde su origen, han transmitido este concepto. Si nos ponemos puristas, ni
siquiera podríamos decir que reciclamos, sino que separamos para reciclar, y
que son otros los que se encargan de reciclar.
De hecho, un
porcentaje de los residuos separados, si
no tienen una buena gestión desde el sistema de recolección municipal; entran
en el mercado de materiales y acaban en
el vertedero o incinerados en los basurales. Pero más allá de este
concepto, existe otro derivado más preocupante, en el que es necesario hacer
hincapié.
En que por mucho que
se recicle, que se mejore la recogida, que se incremente la calidad de los
materiales reciclados que se incorporen al mercado, etc., si la demanda y el consumo siguen la progresión actual, no solo se
perpetuará la expoliación actual de los recursos naturales, sino que es peor,
esta aumentará. Un ejemplo claro de este despropósito es el aluminio, con
altas tasas de reciclaje, que rondan entre el 65 y el 90%.
Desafortunadamente, su
incesante incremento en la demanda (para envases, vehículos, aparatos
eléctricos y electrónicos, etc.), hace que el aluminio reciclado solo implique
el 30% de las necesidades de este material. El 70% restante sigue procediendo
de materias vírgenes extraídas de manera primaria con todos los impactos que
esto supone (contaminación de agua, suelo, fauna y atmósfera, desplazamiento de
comunidades, elevado gasto energético, pasivos ambientales etc.).
Desde luego el reciclaje es una opción excelente cuando un producto se ha convertido en residuo y no se puede aplicar ninguna otra opción anterior como la reducción y la preparación para la reutilización.
El 90 % de lo que consideramos basura no lo es, y cerca del 50% es materia orgánica. Todo mezclado es basura, separado son recursos.
Sin embargo, la dinámica actual ha centrado todos sus
esfuerzos en el reciclaje, dejando totalmente olvidados estos dos primeros
pasos, marcados como preferentes en la jerarquía de gestión de residuos. Reducción y reutilización.
La gestión de los residuos debe ser una pata de un
plan global del uso de recursos naturales. Es necesario conocer cuánto se consume, es decir, medir la cantidad de
recursos que utilizamos. La visión más completa la ofrecería un paquete de
indicadores de huella de suelo, agua, materiales y carbono, con el que se
podría conocer las cifras de consumo.
Basándonos en estas mediciones se establecerían
porcentajes de reducción en el consumo de recursos. El paquete de medidas también ha de incluir una reforma fiscal que premie
las actividades que reduzcan el uso de recursos y penalice las que no lo hagan.
En la actualidad se dan situaciones tan
incoherentes como las subvenciones a emprendimientos de alto impacto negativo y en contraposición la falta de incentivos a la investigación para
alargar la vida útil de los productos o su biodegradación.
Otra propuesta para avanzar hacia una economía
circular es el pago por generación y por tipo de residuo, ya que hasta el momento la mayoría de esquemas son de “tarifa plana” y no
inducen a la reducción en la generación de residuos o al cambio de sus
componentes por biodegradables.
Respecto a los
fabricantes, es imprescindible que se pongan en marcha requisitos obligatorios
de diseño de productos duraderos,
desmontables y reparables.
Es necesario que el
cambio de modelo se convierta en la norma. Las
autoridades estatales tienen mucho margen de acción para alcanzar una economía
circular baja en el consumo de recursos naturales, para avanzar hacia la
justicia social, económica y ambiental del planeta, solo que por lo general o
se realizan acciones aisladas o directamente no tienen la decisión política
para hacerlo.
Hasta el momento, como ciudadanía lo más cercano que
podemos hacer es seguir separando para reciclar, cambiar hábitos, reducir el
consumo y exigir a los gobernantes que cumplan con su obligación y con el
artículo 41 de la constitución nacional.
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En la primera jornada en la que se revisa la sentencia a nueve años de prisión a Patricio Serjal, el jefe de todos los fiscales de Rosario hasta 2020 que fue hallado culpable de proteger a un empresario de juego clandestino a cambio de sobornos, apareció como uno de los más fuertes ejes de la defensa el nombre de Armando Traferri, uno de las figuras más fuertes del peronismo santafesino, que está imputado en la misma causa.
«A Traferri lo condenaron en un juicio en el que estuvo ausente. No tuvo derecho a defensa. Esta es una de las principales razones por la que el juicio en el que condenaron a Serjal es inconstitucional y es inválido», dijo este lunes el defensor del ex fiscal regional de Rosario ante el tribunal de tres jueces que revisa la condena.
Lo repitió a lo largo de dos horas de exposición. «Se condenó a personas que no sometieron a juicio. Una de ellas es Traferri», subrayó.
Como pasó en septiembre pasado, cuando arrancó el largo juicio que terminó con la condena de Serjal, en el trámite se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, que duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.
El acto judicial de este lunes en la Cámara Penal de Rosario, donde esa sentencia empezó a revisarse, es el anticipo de lo que la defensa que Traferri ensayará cuando le toque a él mismo presentarse, en el primero resistido y ahora demorado juicio en su contra. La condena a Serjal dictada hace seis meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.
Traferri es un actor fundamental de la gobernabilidad de Santa Fe en los últimos veinte años. A partir de su histórica capacidad de controlar el Senado de la provincia ganó peso específico sobre las gestiones socialistas y sobre la experiencia de Omar Perotti que intentó sin mayor éxito darle pelea interna.
Traferri es un actor fundamental de la gobernabilidad de Santa Fe en los últimos veinte años. A partir de su histórica capacidad de controlar el Senado de la provincia ganó peso específico sobre las gestiones socialistas y sobre la experiencia de Omar Perotti que intentó sin mayor éxito darle pelea interna. Aunque ahora la coalición del gobernador Maximiliano Pullaro controla el Senado, Traferri fue indispensable para garantizarle al mandatario radical la cláusula de la reelección en la reforma constitucional provincial sancionada el año pasado.
Pullaro suele reivindicarlo, como lo hizo en la pasada Convención Constituyente, pero para el influyente senador se viene el juicio, que resistió durante cuatro años desde la Cámara Alta provincial. Este cuerpo se negó a darle el desafuero, hasta que de manera voluntaria renunció cuando, como pretendía, el Ministerio Público de la Acusación cambió los fiscales que habían llevado inicialmente el caso. No le sirvió de mucho. Los reemplazantes endurecieron la acusación al agregar asociación ilícita.
Los jueces Carolina Hernández, Javier Beltramone e Ismael Manfrin. De espaldas, (de azul) el defensor de Serjal.
En la larga audiencia de este lunes, Ignacio Carbone, que es abogado de Serjal, dijo que durante el juicio a su cliente estaban desde la fiscalía mostrando evidencia que implicaba a otras personas que no estaban allí para controlar esa prueba y para defenderse en consecuencia. «Estuvo como testigo en ese juicio Oscar Romera, que es el abogado de Traferri, y lo dijo. Y también dijo que había cosas que no se habían probado y que no eran correctas».
«Hubo personas ausentes y se las juzgó igual», dijo Carbone aludiendo explícitamente a Traferri. Sostuvo que los jueces intervinientes -Hebe Marcogliese, Nicolás Foppiani y Facundo Becerra- dijeron entonces que no iban a juzgar conductas de terceros que no estaban presentes en el juicio. «Pero lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo», afirmó. «Porque sí juzgaron a esas personas».
Para explicar que Traferri ya está condenado aunque aún espere juicio repasó párrafos textuales de la sentencia a Serjal. Donde los jueces, leyó Carbone, dicen: «No resulta ilógico pensar que Peiti no pretendiera otra cosa que no sea el contacto directo del fiscal regional, aprovechando los ‘buenos oficios’ de Traferri», leyó Carbone.
Remarcó también como otro ejemplo de que ya hay condena para Traferri otro párafo en que se lo considera al senador jefe de la «pata política» de la asociación ilícita.
La atmósfera de esta etapa del caso que implica a Traferri viene tan enrarecida como lo estuvo el juicio donde al senador se lo consideró asociado al condenado Serjal. Entonces la estrategia fue acusar a la fiscalía de cometer delitos para montar la imputación que incluso fueron planteados por fiscales. El tribunal rechazó eso en términos descalificadores y explícitos.
«Para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los aquí acusados, resulta trascendental tener presente que el área de alcance de Patricio Serjal, Gustavo Ponce Asahad y Nelson paraguas de estamentos integrados por aunque no se encuentra bajo juzgamiento Ugolini actuaba bajo el personas cuya actividad, aquí, fue permanentemente aludida a lo largo del debate, en lo que ha dado en llamarse la «pata política», comprensiva de la participación de funcionarios legislativos y políticos, siendo el eje central el senador Armando Traferri y personas de su entorno, quien supuestamente dirigía la faceta superior de la asociación ilícita», dicen los jueces en su sentencia de noviembre pasado, leída por el defensor de Serjal.
Ponce Asahad es el fiscal adjunto que trabajaba con Serjal, que actuó como arrepentido y recibió condena en juicio abreviado que ya está cumplida. Ugolini era empleado asignado a Ponce Asahad y lo acusaron de pasar información reserva de la fiscalía al entorno de Peiti. Recibió cinco años de condena.
La atmósfera de esta etapa del caso que implica a Traferri viene tan enrarecida como lo estuvo el juicio donde al senador se lo consideró asociado al condenado Serjal. Entonces la estrategia fue acusar a la fiscalía de cometer delitos para montar la imputación que incluso fueron planteados por fiscales. El tribunal rechazó eso en términos descalificadores y explícitos.
El ex fiscal Serjal.
Ahora que se revisa esa condena los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro, que son quienes también deberán acusar a Traferri, recusaron a uno de los miembros del tribunal de Cámara, el juez Javier Beltramone, por su amistad con Fernando Moschini, que es un abogado que será imputado como parte de la asociación ilícita. Beltramone lo rechazó y esta mañana presidió el tribunal junto a sus colegas Carolina Hernández e Ismael Manfrin.
Entre los que serán imputados como parte de la asociación delitiva en este tramo también estarán el ex piloto de fórmula 1 y ex concejal rosarino Oscar «Poppy» Larrauri, el ex diputado provincial Darío Scattaglini, el abogado José Fernández Chemes y Aníbal Porri entre otros.
Esta audiencia de imputación se suspendió porque dos abogados acusaron al fiscal actuante José Luis Caterina de haber ocultado la desaparición de un teléfono celular que contenía evidencia utilizada en este trámite para imputar. El defensor de Central repitió esta mañana que son dos celulares los que se perdieron y lo consignó como grave. En la fiscalía responden que el contenido de esos celulares estaba extraído en una pericia firmada por profesionales habilitados que las realizaron con lo que la evidencia está respaldada.
El abogado Carbone dijo que él mencionaba a Traferri porque la estructuración de la condena a su cliente Serjal se asienta en considerar a senador pieza central en el delito de protección al capitalista del juego.
El abogado Carbone dijo que él mencionaba a Traferri porque la estructuración de la condena a su cliente Serjal se asienta en considerar a senador pieza central en el delito de protección al capitalista del juego. «Traferri no estuvo en el juicio y se lo juzgó igual», repitió. Sostuvo que los jueces por entonces hablaron de que le darían a todos los implicados que aún no habían sido llevados a juicio la misma calidad que se daba a los que están en rebeldía o prófugos. «Pero resulta que a los que implicaron y no pudieron controlar la prueba no son rebeldes ni prófugos», dijo el defensor. «Tenemos un proceso en base a atajos, con ilegalidades, con violación de garantías», sostuvo.
Por último dijo que su asistido, el ex jefe de un equipo de más de 80 fiscales en Rosario, había perdido 18 kilos de peso desde que está detenido en prisión efectiva al recibir condena en noviembre. «Está en estas condiciones tras ser condenado sin ningún tipo de legalidad».
El derrotero de este caso pega de lleno en la política santafesina. Traferri fue defendido por un esquema transversal en el Senado cuando pedía que le levanten la inmunidad para ser llevado a proceso. El pleito sobre la protección de los fueros en Santa Fe, que protegía a legisladores no solo de arresto sino de comparecer para ser investigado, llegó hasta la Corte Suprema de la Nación. La Corte de Santa Fe, ahora bajo proceso de renovación, le había dado la razón a Traferri en decisión dividida.
El fracking hace un uso intensivo de los recursos, agua, suelo, aire, generando gran cantidad de residuos, estos se llaman “pasivos ambientales”. El control de estos “pasivos” lo hace el gobierno provincial con la “secretaría de medio ambiente”.
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