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 El conflicto por el practicaje, que terminó con la derogación del decreto impulsado por Federico Sturzenegger, abrió una feroz disputa entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval por el control de la formación y titulación de los prácticos. 

La derogación del decreto 690/26, que pretendía modificar sustancialmente el régimen del practicaje, tuvo un efecto político inesperado para el Gobierno dado que el retiro masivo de los aproximadamente 530 prácticos que se negaron a continuar prestando servicios bajo las nuevas condiciones.

El episodio dejó varios heridos, pero hay dos nombres que aparecen especialmente comprometidos. Uno es Federico Sturzenegger que, como adelantó LPO está pasando su peor momento dentro del gobierno. El otro es la conducción de la Prefectura Naval. 

Pero hubo un punto del decreto que generó especial preocupación entre los profesionales: el artículo 6, que contemplaba que, ante una eventual negativa de los prácticos a prestar servicios, la Armada y la Prefectura pudieran asumir esas tareas. El problema apareció cuando se intentó llevar esa disposición a la práctica. 

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«¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido. El decreto, por lo tanto, planteaba una solución sobre el papel que en la práctica resultaba extremadamente difícil de ejecutar», detalla una fuente que sigue de cerca la situación. 

 La Armada Argentina es la institución que históricamente participa en la formación y titulación del personal superior de la Marina Mercante y de los prácticos, mientras que Prefectura cumple funciones vinculadas con la habilitación y control de la actividad. 

¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido

El fallido decreto impulsado por Sturzenegger  trasladaba a Prefectura competencias vinculadas con la formación y titulación de los prácticos que hasta entonces estaban en manos de la Armada. Eso potenció la interna. 

Según fuentes conocedoras del conflicto, desde la Dirección de Educación de Prefectura se reclamó a la Armada el traspaso del sistema de titulación, aprovechando que el decreto establecía un período de seis meses para concretarlo. Con la suspensión y posterior derogación de la norma, la Armada respondió que, al quedar suspendidos sus efectos, también quedaba suspendido el traspaso de competencias.

En ese contexto, Prefectura estaría intentando mantener abierta la posibilidad de quedarse con la formación y titulación de los prácticos y evalúan convocar a referentes del practicaje a reuniones para discutir el futuro del sistema. 

La propuesta busca que los prácticos defiendan sus intereses económicos y técnicos mientras Prefectura obtiene respaldo para avanzar sobre una competencia históricamente vinculada con la Armada. Para buena parte de los prácticos consultados, sin embargo, no existe ninguna razón técnica para modificar un sistema que funciona desde hace décadas.

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Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función. 

El ejemplo que utilizan los prácticos como contraste es que es el guardacostas Mantilla, uno de los buques más grandes de Prefectura, tiene alrededor de 60 metros de eslora, mientras que un práctico puede estar habilitado para operar embarcaciones de 300 o 400 metros.

Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.

En ese marco, la intención de Prefectura de avanzar sobre la titulación de los prácticos podría convertir el conflicto en una disputa abierta con la Armada que viene tensa por la idea de Sturzenegger de fusionar ambas instituciones por tener tareas similares hace décadas, como adelantó en exclusivo LPO. 

Esto aumenta la tensión contra Carlos Presti porque en las fuerzas consideran que deberá definir si respalda a la Armada en una discusión que, hasta ahora, parecía estrictamente administrativa porque detrás del practicaje hay debates de competencias, estructuras, presupuesto y poder interno dentro de la estructura del estado. 

La derogación del decreto 690/26 evitó una crisis inmediata en los puertos, pero dejó expuesta esta interna. Un militar en actividad la definió como «una disputa innecesaria que activa una vieja rencilla que hay entre dos instituciones a la que el Estado no les llega desde hace años a definir las competencias que son exclusivas de una y de otra y tienen un montón de puntos de roce y que son naturales». 

Por último, planteó que «la Armada tiene un interés estratégico en conservar la formación y la titulación del personal de la María Mercante, incluidos los prácticos, porque todos ellos conforman parte del Sistema Nacional de Defensa. En caso de conflicto, todos los marinos mercantes pasan a ser oficiales de la Reserva Naval, o son oficiales de la Reserva Naval, son movilizados eventualmente de ser necesario para la defensa nacional».

«Son dos fuerzas distintas que hacen en muchos casos la misma tarea. Esto era innecesario. Esta es la gran locura de Sturzenegger. Quieren sacar algo que la Armada tiene hace más de 100 años y ese cambio no genera ningún ahorro para el Estado. La Prefectura no tiene el expertise ni la formación que tienen tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. De hecho, un oficial de prefectura se forma en dos años y un marino de guerra o mercante en cuatro, es el doble», finalizó.

 

 

Luego de los datos de julio que encendieron alarmas, en Casa Rosada festejan una mejora en el nivel de confianza expuesto en el índice mensual de la Universidad Torcuato Di Tella. Sin embargo, el aumento del 6,4% respecto de julio está apalancado por un dato llamativo que motivó una aclaración en el propio informe.

En el segmento de jóvenes de 18 a 29 años, el índice de confianza registró una suba del 66,3 por ciento, un cambio sideral con respecto a julio, cuando había caído 23 puntos y se presentaba como el nivel más bajo entre todas las franjas etarias relevadas.

«Es probable que parte de este abrupto cambio provenga del error muestral, ya que el segmento joven es el que contiene el menor número de casos y, por tanto, el de menor precisión estadística», advirtieron en la Escuela de Gobierno de la Di Tella.

Más allá de la mejora respecto de julio, el informe expone que el índice de confianza disminuyó 2,8 por ciento en términos interanuales y 16,5 por ciento desde el fin del año pasado

Ávidos de datos favorables, en el Gobierno no repararon en esa aclaración e instruyeron a su granja de trolls a levantar la mejora respecto de julio. «La confianza sube como pedo de buzo» fue el denominador común de los libertarios en redes.

Eso, a pesar de que el mismo informe expone que el índice de confianza disminuyó 2,8 por ciento en términos interanuales y 16,5 por ciento desde el fin del año pasado.

El 57 por ciento dice que votaría un cambio total de gobierno

La necesidad de Casa Rosada de apoyarse sobre números positivos se refuerza en un contexto donde recientes encuestas marcan que cerca del 60 por ciento dice que votaría un cambio de Gobierno.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que se confecciona desde noviembre de 2001 es un estudio que mira de cerca el círculo rojo, se hace en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide en una escala de 0 a 5.

En agosto, el ICG fue de 2,06 puntos. Pero, pese a esa recuperación de agosto, el promedio del ICG durante la gestión Milei cayó a 2,36 puntos, su registro más bajo.

Alarma en la Rosada porque se desploma la confianza de los jóvenes en el Gobierno

Aunque en menor medida que en la franja etaria más joven, en el segmento de personas en 30 y 49 años también se dio una suba significativa del índice de confianza de un mes a otro (14%).

«Varias de estas categorías habían presentado los mayores aumentos en junio y concentrado las mayores caídas en julio, lo que sugiere que estos altibajos podrían deberse al error muestral más que a cambios reales en los parámetros de interés», agregó el informe.