La Municipalidad de Villa Regina está organizando actividades culturales, turísticas y deportivas que se enmarcarán en ‘Vendimia Celebra 2021’.
Las circunstancias actuales no permiten realizar una Fiesta de la envergadura que tuvo la celebración de la Vendimia el año pasado, por lo cual el Intendente Marcelo Orazi determinó que durante marzo se lleve a cabo una serie de actividades que tendrá como objetivo homenajear la producción vitivinícola que refleja nuestra identidad como reginenses y rionegrinos.
Las actividades previstas son:
-Domingo 7 de marzo: Triatlón de la Vendimia
-Viernes 12 de marzo: Bendición de Frutos
-Sábado 13 de marzo: Degustación de vinos y paseo enogastronómico-Gastro Arte-Feria ReEmprender edición Vendimia
-Domingo 14 de marzo: Feria ReEmprender edición Vendimia
Las pymes elaboradoras de biodiesel presentaron un proyecto alternativo al impulsado por el oficialismo para amortiguar el aumento del crudo por la nueva escalada bélica en Medio Oriente.
Las empresas buscan elevar el corte obligatorio al 12,5% y distribuir la producción entre las plantas regionales, las compañías no integradas y las grandes aceiteras.
La propuesta de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) contempla reservar un 5% del corte para las 17 plantas regionales, otro 2,5% para ocho compañías no integradas y el 5% restante para las aceiteras.
Patricia Bullrich intenta que se apruebe el proyecto que pone en riesgo 10 mil empleos, dicen desde la Cámara
Por un lado, buscan amortiguar el precio final del combustible y a su vez, garantizar un mercado interno para grandes y chicos, una salida superadora al proyecto impulsado por Patricia Bullrich que habilitaba a las grandes cerealeras a quedarse con todo el negocio.
«Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior», explicaron a LPO desde la Cámara.
Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior
Para CEPREB, la iniciativa oficial es «la sentencia de cierre de 25 plantas del interior» y pone en peligro unos 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
«La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo», señalaron desde la entidad.
Las plantas regionales sostienen que no pueden competir en igualdad de condiciones con las aceiteras, debido a que deben comprarles a esas mismas empresas el aceite de soja que utilizan como materia prima para fabricar el biodiesel.
Además, detrás de las 25 plantas funciona una cadena integrada por unas 400 extrusoras que producen aceite y agregan valor a la soja en distintas localidades del interior.
La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo
El sector advierte que una reducción del cupo no afectaría solamente a las elaboradoras de biodiesel, sino también a sus proveedores y a las economías de las ciudades donde se encuentran instaladas.
Las plantas están distribuidas entre Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis y producen unas 900.000 toneladas anuales para abastecer el corte vigente del 7,5%. Santa Fe aporta 360.000 toneladas; Buenos Aires, 355.000; La Pampa, 85.000; Entre Ríos, 55.000; y San Luis, 45.000.
Según los cálculos de CEPREB, elevar el corte al 12,5% generaría una demanda adicional de 600.000 toneladas. Santa Fe sería la principal beneficiada porque concentra las compañías no integradas y buena parte de la capacidad aceitera del país.
Sin embargo, las pymes advierten que el proyecto oficial habilita el coprocesamiento y no establece un reparto explícito, por lo que las grandes empresas podrían quedarse tanto con el crecimiento del mercado como con parte de la producción que actualmente corresponde a las plantas regionales.
ESCRIBE MARIANA HERRERO EVANS A través de los siglos la mujer fue adquiriendo derechos que no tenía, así empezó a ir a la Universidad, a votar, a casarse con quién eligiera, a llevar pantalones en público, a usar bikini, a tener propiedades, a tener la patria potestad de sus hijos, a no tener hijos, a…
En medio del ajuste impulsado por el Gobierno nacional sobre distintas áreas del sistema sanitario, la provincia de Buenos Aires inauguró una nueva guardia de Salud Mental en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Axel Kicillof volvió a reivindicar el rol del Estado en la atención de la salud y sostuvo que la inversión pública constituye una respuesta concreta frente al retiro de la Nación de políticas esenciales.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Mientras la administración de Javier Milei continúa reduciendo partidas presupuestarias, paralizando programas nacionales y promoviendo un modelo de fuerte retracción del Estado, el gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof volvió a exhibir una estrategia diametralmente opuesta: ampliar la infraestructura sanitaria y fortalecer un sistema público que absorbe cada vez más demanda producto de la crisis económica. La inauguración de la nueva guardia de Salud Mental del Hospital Interzonal Especializado «Dr. Alejandro Korn», en Melchor Romero, se inscribe precisamente en esa lógica de expansión de derechos en un contexto nacional marcado por el ajuste.
Una obra que fortalece un área históricamente postergada
Las nuevas instalaciones cuentan con sectores de recepción e internación, cuatro consultorios de guardia, habitaciones de observación, salas de espera, patios internos y externos, comedor y espacios destinados al personal sanitario. Además, incorporan un área específica para mujeres dentro del sector de atención de crisis, una incorporación que busca adecuar la infraestructura hospitalaria a las necesidades de abordajes con perspectiva de género.
La obra representa un paso más dentro del proceso de fortalecimiento del sistema provincial de salud mental impulsado por la gestión bonaerense desde 2020, una política que tomó impulso luego de la pandemia y que se apoya en la Ley Nacional de Salud Mental, privilegiando dispositivos interdisciplinarios, atención en crisis y mejores condiciones de internación.
Dos modelos de Estado enfrentados
La inauguración adquiere un significado político que trasciende la obra en sí. Mientras la Provincia continúa destinando recursos a hospitales públicos, el Gobierno nacional ha protagonizado durante los últimos meses diversos conflictos vinculados con el financiamiento del sistema sanitario, entre ellos la crisis del Hospital Bonaparte, especializado justamente en salud mental, cuyos trabajadores denunciaron reiteradamente intentos de desmantelamiento y reducción de servicios.
En ese contexto, Kicillof volvió a plantear una diferencia de concepción respecto del papel que debe asumir el Estado. Para la administración bonaerense, la salud constituye una política pública esencial cuya cobertura no puede quedar librada a la capacidad económica de cada ciudadano. La gestión provincial sostiene que el incremento de la demanda hospitalaria responde, además, al deterioro del poder adquisitivo y a la pérdida de cobertura médica que afecta a miles de familias como consecuencia de la crisis económica.
«Aspiramos a que este proyecto en salud y salud mental, tenga su reelección en 2027»
Las palabras del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante la inauguración del nuevo edificio de la Guardia de Salud Mental y la Sala de Atención en Crisis pic.twitter.com/XiWCL5oii8
La salud mental aparece, además, como uno de los sectores más sensibles de ese escenario. El aumento de consultas por ansiedad, depresión, consumos problemáticos y padecimientos derivados de la incertidumbre económica convirtió a esta especialidad en una de las áreas con mayor presión asistencial dentro del sistema público.
La Provincia apuesta a sostener la inversión sanitaria
La inauguración en el Hospital Alejandro Korn no constituye un hecho aislado. Durante los últimos años, la administración bonaerense desarrolló un programa sostenido de ampliación de hospitales, incorporación de equipamiento de alta complejidad, digitalización del sistema sanitario y fortalecimiento específico de la red de salud mental, considerada una de las prioridades del Ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak.
Para el gobierno provincial, estas inversiones buscan compensar parcialmente el retroceso de la inversión nacional en distintas áreas sensibles y garantizar el acceso universal a prestaciones que, en un contexto de creciente deterioro social, adquieren una importancia cada vez mayor.
La nueva guardia del Hospital Alejandro Korn sintetiza, en definitiva, una discusión política más amplia que atraviesa a la Argentina actual: mientras el Gobierno nacional insiste en reducir el tamaño del Estado incluso en áreas estratégicas, la Provincia de Buenos Aires apuesta a reforzar la presencia pública en uno de los derechos más sensibles para la población, como es el acceso a una atención integral de la salud, incluida la salud mental.
El Intendente Marcelo Orazi hizo entrega en la mañana del sábado de los certificados al personal del Registro Civil de Villa Regina por su participación en el programa ‘Sábado joven’, que permite a los jóvenes mayores de 14 años realizar la actualización de su DNI. Hasta el sábado anterior 233 adolescentes habían tramitado su documento…
El 10 de octubre de 1927 comenzaba a funcionar en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, una iniciativa que colocó a la Argentina entre los pocos países del mundo capaces de desarrollar una industria aeronáutica propia. Durante décadas produjo aviones, motores, automóviles y tecnología nacional, formando generaciones de técnicos e ingenieros. Su historia es también la historia de un proyecto de país que apostaba a que el conocimiento, la industria y el Estado podían convertirse en herramientas de soberanía.
Por Redacción de NLI
En la Argentina del siglo XXI, acostumbrada a escuchar que casi cualquier desarrollo tecnológico debe venir desde afuera, puede resultar extraño imaginar que hubo un tiempo en que el país diseñaba y fabricaba sus propios aviones. Sin embargo, durante buena parte del siglo XX, Córdoba fue uno de los centros industriales más importantes de América Latina y la Fábrica Militar de Aviones (FMA) fue el corazón de un proyecto que buscaba algo más que producir máquinas: buscaba construir capacidades nacionales.
La creación de la FMA en 1927 no fue un hecho aislado. Formó parte de una etapa en la que distintos sectores del Estado argentino entendían que la independencia política también necesitaba una base económica y tecnológica propia. En un mundo donde las potencias industriales utilizaban el desarrollo científico como una herramienta estratégica, contar con una industria aeronáutica significaba reducir la dependencia externa y formar trabajadores especializados.
La elección de Córdoba tampoco fue casual. La provincia ya contaba con una tradición industrial y una ubicación estratégica dentro del territorio nacional. Alrededor de la fábrica comenzó a crecer un entramado de escuelas técnicas, proveedores, talleres y profesionales que convirtieron a la ciudad en un polo de conocimiento e innovación.
Durante sus primeras décadas, la producción estuvo vinculada principalmente a las necesidades de la defensa nacional. Pero con el tiempo la fábrica amplió sus objetivos y se transformó en un símbolo de una idea más ambiciosa: que la Argentina podía desarrollar tecnología propia y competir en áreas reservadas tradicionalmente a los países centrales.
De los aviones a la industria pesada
La etapa de mayor expansión llegó durante mediados del siglo XX, cuando la fábrica pasó a formar parte de un proyecto industrial más amplio impulsado por el Estado. Durante esos años, la FMA dejó de ser solamente una planta aeronáutica para convertirse en un complejo capaz de desarrollar múltiples ramas productivas.
Allí nacieron proyectos que marcaron la historia industrial argentina, como el avión Pulqui II, uno de los desarrollos aeronáuticos más avanzados de su época, diseñado con participación de ingenieros argentinos y especialistas internacionales. También surgieron experiencias vinculadas a la fabricación de automóviles, motores y maquinaria.
Uno de los capítulos más recordados fue el nacimiento del IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) en 1952, que permitió avanzar en la producción de vehículos nacionales. De sus líneas salió el Rastrojero, un utilitario pensado para el trabajo rural que se convirtió en un símbolo de la industria argentina y de la posibilidad de producir bienes adaptados a las necesidades locales.
Detrás de esos proyectos había una concepción económica determinada: la Argentina no debía limitarse a exportar materias primas e importar productos elaborados. El objetivo era construir una estructura industrial propia, capaz de generar empleo calificado y agregar valor dentro del territorio nacional.
El largo retroceso de una capacidad estratégica
La historia posterior de la Fábrica Militar de Aviones estuvo atravesada por los cambios políticos y económicos del país. Cada etapa modificó la orientación del complejo. Los golpes de Estado, las crisis económicas, los cambios en las políticas industriales y las transformaciones del modelo productivo fueron debilitando una estructura que durante décadas había acumulado conocimiento.
Con la llegada de las políticas de apertura económica de fines del siglo XX, muchas industrias nacionales perdieron protección frente a la competencia internacional. La reducción del papel del Estado como impulsor del desarrollo tecnológico afectó especialmente a sectores donde los tiempos de maduración son largos y las inversiones requieren planificación sostenida.
La fábrica pasó por distintos procesos de transformación hasta convertirse en FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), actualmente bajo control estatal. Sin embargo, su historia sigue siendo utilizada como ejemplo de una discusión que atraviesa a la Argentina: qué lugar debe ocupar el Estado en áreas estratégicas donde la iniciativa privada muchas veces no tiene incentivos para invertir.
Ciencia, industria y soberanía en el presente
El debate sobre la Fábrica Militar de Aviones vuelve a cobrar actualidad cada vez que Argentina discute su modelo de desarrollo. En los últimos años, las políticas de reducción del gasto público impulsadas por el gobierno de Javier Milei reabrieron una discusión histórica sobre el rol del Estado en la producción, la investigación y la defensa de capacidades nacionales.
Desde la mirada libertaria, muchas de estas estructuras son presentadas como gastos innecesarios que deberían quedar sujetos a la lógica del mercado. Sus defensores, en cambio, sostienen que existen áreas donde un país no puede depender exclusivamente de proveedores externos porque perder capacidades tecnológicas implica perder soberanía.
La discusión no es solamente económica. Un ingeniero formado en una empresa estatal, un técnico especializado o un desarrollo tecnológico propio representan conocimientos acumulados durante décadas. Cuando una estructura industrial desaparece, no solamente se pierde una fábrica: se pierde una comunidad de saberes difícilmente recuperable.
La experiencia internacional muestra que incluso los países que defienden economías de mercado sostienen fuertes políticas estatales en sectores estratégicos como aeronáutica, energía, semiconductores o defensa. La diferencia no suele estar en si existe o no intervención estatal, sino en qué objetivos persigue y cómo se administra.
La historia de la Fábrica Militar de Aviones es, en definitiva, la historia de una pregunta que Argentina todavía no resolvió: si quiere ser un país que solamente compra tecnología producida por otros o uno capaz de crearla. Aquella fábrica cordobesa que comenzó a funcionar en 1927 demostró que existían trabajadores, científicos e ingenieros capaces de construir proyectos de enorme complejidad. Su legado no está solamente en los aviones que produjo, sino en la idea de que el desarrollo nacional también se construye fabricando conocimiento.
El gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario celebraron que el Departamento de Estado de Estados Unidos eliminara la alerta especial de seguridad que regía para la ciudad y la incorporara a la clasificación general de Argentina, catalogada como Nivel 1: «Tome las precauciones normales».
Hasta ahora, Rosario tenía una recomendación diferenciada de Nivel 2, que instaba a los ciudadanos estadounidenses a «extremar las precauciones» al visitar la ciudad. Con la actualización, esa advertencia dejó de existir.
Desde la Casa Gris atribuyeron la decisión a la mejora de los indicadores de seguridad registrada durante el último año, en el marco del operativo conjunto entre la Provincia, el Gobierno nacional, las fuerzas federales, la Municipalidad, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal.
Pullaro sostuvo que la medida representa «un reconocimiento muy importante» al cambio de estrategia en materia de seguridad y afirmó que «Rosario está saliendo del lugar en el que la habían dejado». Además, destacó que la nueva clasificación puede favorecer la llegada de inversiones, turistas y eventos internacionales.
En el mismo sentido, Javkin consideró que la decisión confirma que «el esfuerzo realizado entre todos está dando resultados concretos». El intendente señaló que la mejora de la imagen internacional de Rosario contribuirá a fortalecer el turismo, la organización de congresos y espectáculos, además de generar mayor confianza para nuevas inversiones.
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