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EMBARAZADAS DE CESÁREA

Durante el mes de mayo se conmemoró en todo el mundo la “Semana del Parto Respetado” bajo el lema: «Menos intervenciones, más cuidados». Se intenta sensibilizar para promover la modalidad del parto humanizado ante prácticas que son antinaturales y que violentan a la mujer y al bebé. También, se busca visualizar la ley 25.929 (aprobada en Argentina en 2004) sobre la cual la mujer tiene derecho a un parto natural, a recibir información necesaria para decidir, a ser acompañada por la persona elegida, a transitar su embarazo y parto respetados en todo sentido y a ser protagonista activa. También menciona el respeto por los tiempos biológicos y evitar prácticas invasivas innecesarias.

 

El fuerte crecimiento de las cesáreas innecesarias es el principal llamado de atención, y por eso el lema de la campaña. Las cesáreas son eficaces para salvar la vida de las madres y los neonatos solamente cuando son necesarias por motivos médicos. Los profesionales de la salud consideran que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el cerca del 15%. En Argentina se practican en un 55% en hospitales públicos y superan el 70% en clínicas privadas. Villa Regina supera las dos medias. Una, ampliamente.

 

La medicina dejó de ser una vocación para algunos profesionales, la medicina asistencial es opción poco frecuente entre los profesionales. «El arte de curar», hoy es básicamente una técnica.  Los obstetras, en su mayoría, no desean disponer del tiempo para esperar el proceso natural y también consideran que la cesárea es de menor riesgo (cuestionable).  La formación de los médicos parece alejada de una visión integral de la persona, y los cambios en la relación médico-paciente colaboran a que la cesárea no sea desalentada, aún en aquellos casos en los que no hay una justificación médica.

 

 

El parto humanizado respeta a la mujer y al niño. Evita nacimientos traumáticos o irrespetuosos. Cada mujer tiene derecho a dar a luz en las mejores condiciones posibles y tener un parto sugestionado a su condición natural. Se trata de la calidad humana que debe rodear la atención médica de una mujer embarazada, la consciencia de que un embarazo no es una patología ni un trámite, tampoco una emergencia. Esta idea debe trabajarse tanto en la formación de profesionales como en la educación de la sociedad.

 

Hay que escuchar a las mujeres embarazadas, darles su espacio y su tiempo.¿Por qué eligen cesárea? ¿Cómo se informan? ¿Conocen sus capacidades y posibilidades físicas?.  Los médicos tienen el deber de informar con la verdad por sobre las conveniencias personales y las creencias sociales. El miedo se combate con educación e información. Escucharlas y dialogar con ellas, enseñar acerca de sus posibilidades y difundir la Ley Nº 25.929 es importante para que la mujer junto al bebé retomen su protagonismo en el proceso del nacimiento.

 

La mayoría de las parejas no se informan y dejan en manos de su médico la determinación sobre el nacimiento de su hijo. Algunos obstetras directamente aclaran que no llevan a cabo partos naturales, y otros suelen aprovechar la situación de vulnerabilidad de la mujer y desinterés del hombre, para utilizar cualquiera de los mitos pro cesárea (tenés las caderas chicas, el bebé es muy grande, sos muy delgada, no dilatás) sin dar información precisa o explicar el por qué del caso particular. 

 

EMILIANO MARTÍN PICCININI-LA TAPA

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    Mendoza y CABA: De la persecución docente al control biométrico destino China

     

    El avance de medidas de control sobre los docentes en Mendoza parece no tener límites para quienes gobiernan y abre un antecedente preocupante que encuentra su correlato en la Ciudad de Buenos Aires. Entre denuncias de estigmatización, medidas económicas punitivas y la futura entrega de datos biométricos a empresas privadas, los trabajadores de la educación se ven nuevamente en la mira de gobiernos que priorizan el control sobre la educación.

    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    En Mendoza, se conoció hace unos días, el Gobierno provincial implementó una controvertida medida que permite a los padres supervisar el ausentismo docente a través de la plataforma GEI (Gestión Educativa Integral) como si fuesen Fiscales. Mediante un botón denominado “inasistencia docente”, se instiga a los adultos a notificar a la Dirección General de Escuelas (DGE) sobre la falta de un maestro o profesor. Esta iniciativa se suma a un doble control ya existente: los reportes de las direcciones de cada establecimiento y un sistema biométrico presente en la mayoría de las escuelas locales.

    Para Carina Sedano, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la medida genera un clima de confrontación: “Primero nos ponen en contra de la comunidad. Segundo, desconfían o les sacan la tarea o desconfían de la tarea que realizan los equipos directivos”, advirtió en diálogo con Cadena 3. Según Sedano, este tipo de control es innecesario y conflictivo, y puede derivar en reportes falsos si un padre decide perjudicar a un docente por cuestiones personales.

    El sistema, además, se conecta con incentivos económicos que condicionan la asistencia docente: el ítem aula, implementado en 2016, representa el 10% del sueldo, mientras que el ítem arraigo, que premia la permanencia en la escuela, también se pierde ante ausencias. Sedano señaló que estas medidas, lejos de garantizar la calidad educativa, ponen en riesgo la salud de los docentes y pueden afectar la convivencia escolar.

    La escalada del control llega a CABA

    Un fenómeno similar, aunque con otra tecnología, se registra en la Ciudad de Buenos Aires. Según publicamos hace unos días en Noticias La Insuperable, desde la gestión de Jorge Macri se busca implementar relojes de control biométrico para acreditar el presentismo docente y no docente, bajo el argumento de mejorar la liquidación de haberes.

    Desde el sindicato Ademys alertan que la medida es parte de una persecución: “El gobierno insiste en entregar los datos personales de la docencia a una empresa privada sin dar ningún tipo de información sobre el uso de los mismos ni sobre los fondos que destina para tal fin”. El sistema elegido, tal cual dimos la Primicia en este portal, es el de la empresa china ZKTeco, que incluye huellas dactilares y reconocimiento facial, y según informes internacionales, posee 24 vulnerabilidades críticas que podrían exponer información sensible de miles de trabajadores.

    La licitación porteña, además, ha sido cuestionada por su falta de transparencia: solo se permite la provisión de equipos de una marca específica, mientras que los pedidos de informe de legisladores quedaron sin respuesta. El monto estimado para la adquisición asciende a $362 millones, en un contexto donde los salarios docentes continúan por debajo de la línea de la pobreza y la infraestructura escolar presenta problemas estructurales graves.

    Mendoza y CABA: un patrón de persecución

    La combinación de herramientas digitales, incentivos económicos punitivos y sistemas biométricos muestra un patrón que se repite entre provincias y la Ciudad: el control y la supervisión se priorizan sobre la educación y la protección de los trabajadores. Mientras en Mendoza se coloca a los padres en la tarea de fiscalizar a los docentes, en CABA se delega la información personal y biométrica a una empresa privada con historial de vulnerabilidades.

    Como señaló Carina Sedano, “los avances en educación son resultado del trabajo de los docentes, no de su ausencia”. Sin embargo, las medidas implementadas tanto en Mendoza como en la Ciudad parecen poner en jaque la autonomía profesional y la dignidad de los trabajadores de la educación, favoreciendo el disciplinamiento y el control por sobre la mejora real del sistema educativo.

    La experiencia mendocina y la implementación biométrica porteña dejan en claro que el conflicto docente y el debate sobre la privacidad y la transparencia no son casos aislados, sino parte de una tendencia creciente de gobiernos que buscan auditar y vigilar a los trabajadores bajo la bandera de la eficiencia y el control.

     

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