El municipio reginense, con Carolina Cailly como representante legal, presentó una medida cautelar ante el juzgado civil N°21 donde se solicitó el cese de la demolición de la chimenea Fioravantti, el recurso fue aceptado por la jueza Paola Santarelli, pero el trabajo realizado sobre las bases de la construcción ya no puede retrotraerse. Si bien su estructura se mantiene firme, abandonarla en esas condiciones es peligroso y reparar el daño imposible.Su derribe es inevitable.
En 2006 la chimenea fue decretada monumento histórico por el Concejo Deliberante, pero hasta ahí llegó el esfuerzo comunal por defender el patrimonio. Ya que la ordenanza en sí misma no la resguarda de la decisión del propietario del terreno de derribarla. Los circuitos legales que debieran haber continuado, no lo hicieron.
A poco más de 80 años, el símbolo de la economía regional, de la primer fábrica del Alto Valle, desaparecerá. Aunque la historia no siempre son los objetos sino que pueden ser los sujetos los que pueden mantenerla viva a partir de sus recuerdos y relatos.
La chimenea de la primera fábrica del Alto Valle tiene 43,5 metros de altura, pesa más de 400 toneladas y fue construida en 1932.
Para conocer un poco más acerca de la historia de Villa Regina podés leer los libros «Me lo contó mi abuelo» y «Las historias que nos unen» de la historiadora reginense Silvia Zanini.
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La secretaria de Energía, María Tettamanti, intentó defender en el Congreso uno de los capítulos más sensibles del proyecto de «medidas energéticas» del gobierno. El texto combina dos decisiones explosivas: eliminar beneficios tarifarios para provincias con temperaturas extremas y avanzar con un esquema de perdón de deuda para las distribuidoras eléctricas privadas.
El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.
El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».
La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.
El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.
Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.
En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.
La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».
El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.
La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.
Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado.
Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final.
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