Una Moneda al Aire: Una Semana Después de la Batalla en el Senado

La semana pasada, el viernes 11 de julio, la jornada estuvo cargada de trascendencia, y es fundamental analizar cada una de sus aristas para comprender el panorama actual. No nos referimos, claro está, al retorno de Paredes a Boca, sino a las votaciones que tuvieron lugar en el Senado de la Nación. Examinemos qué balance arroja esta crucial sesión y comencemos a vislumbrar de qué lado caerá la moneda en el futuro inmediato.


La Estrategia Oficialista Post-Debacle Senatorial

El oficialismo, que viene acumulando una serie de desafíos y advertencias de sus principales acreedores (JP Morgan, Wells Fargo, FMI, entre otros), ha estado intentando reajustar las variables económicas conforme a las exigencias de estos «mandamases». La persistencia de un dólar bajo, que impedía la acumulación de reservas y, a su vez, perjudicaba la industria nacional y desequilibraba la balanza comercial (evidenciado en la masiva salida de compatriotas al exterior y las demoras en aduanas), requería una corrección. Las subsiguientes correcciones al alza del tipo de cambio debían encontrar un chivo expiatorio, ya que, según el «plan» de Milei, «todo marcha acorde al plan» (TMAP), y este implicaba la adquisición de reservas una vez que el dólar perforara la banda inferior.

El oficialismo ha demostrado una habilidad particular para transformar reveses en victorias narrativas, con un libreto preparado para cada traspié. A medida que se acercan las elecciones, un repunte inflacionario con salarios estancados o en declive sería catastrófico para sus aspiraciones políticas. Sin embargo, tras los acontecimientos de la semana pasada, ahora cuenta con un argumento para seguir culpando a la oposición por la inestabilidad económica y financiera, la cual, en gran medida, es autoinfligida. La única forma en que los afectados podrían seguir respaldando a Milei es si mantienen la convicción de que él genuinamente busca hacer las cosas bien, pero se lo impiden; que la economía, precaria como esté, pueda sostenerse hasta octubre; y que la oposición continúe desorganizada.


El Pan-Oficialismo y la Negociación Electoral

El pan-oficialismo enfrenta dos escenarios ante la inminencia electoral, ambos propiciando una «paritaria» que mezcla recursos y política. Hay sectores de la oposición al gobierno nacional que se ven obligados a marcar diferencias para evitar ser absorbidos o diluidos. Las experiencias recientes y a mediano plazo corroboran esta teoría; basta con recordar lo sucedido en la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires o en nuestra provincia en 2017, cuando Weretilneck optó por retirar a su candidato a diputado ante el avance de Cambiemos y su propia cercanía a Macri en ese entonces.

Por otro lado, persisten aquellos que aún tienen margen para negociar listas conjuntas con La Libertad Avanza, como podría ocurrir en CABA, Chubut o Entre Ríos, con los gobernadores ex Cambiemos. Aquí la señal es inequívoca: «podemos generar un impacto». Mientras establecen canales de comunicación con el gobierno nacional, esperando alguna concesión, se reservan la posibilidad de convocar a sus diputados para que, llegado el caso, vuelvan a erigirse en uno de los «87 héroes» que el año pasado ya le negaron un aumento a los jubilados.

En ambos frentes, los gobernadores han padecido una drástica reducción de la coparticipación, llevando a sus provincias al borde del colapso. El gobierno nacional, por su parte, ha restringido incluso los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) en su afán por alcanzar el superávit fiscal a costa de los provincianos. Esta inclinación es flagrante y solo se explica por la creencia de que así lograrán sobrevivir políticamente. La experiencia y la historia, o una proyección futura, quedan en segundo plano frente a un presente cada vez más sombrío.


La Oposición y la Batalla Legislativa

La oposición (compuesta por el peronismo y otros sectores) logró desplegar una estrategia impecable, «enalteciendo» figuras como Mayans, quien, según observadores, superó con creces a un oficialismo que, si bien maneja una narrativa discursiva, demuestra un desconocimiento absoluto de los reglamentos o la institucionalidad, utilizando esta última palabra solo en su propio beneficio. La estrategia es calcada: clamar por la república mientras se incita a la explosión del Congreso o a «sacar los tanques a la calle». Resulta vergonzoso el silencio actual de quienes, como la Propuesta Republicana (PRO), la Coalición Cívica o la UCR de De Loredo, rasgaban sus vestiduras ante cualquier atisbo de cruce de límites.

Queda por ver si la oposición logra mantener estos acuerdos para un posible veto o para la media sanción en Diputados, según corresponda. También será crucial observar hasta dónde pueden negociar el oficialismo y el pan-oficialismo.


¿A Quién Afecta la Caída de la Moneda?

¿A quién afecta la caída de la moneda? A vos. A la gente de a pie. A las y los jubilados que, semana tras semana, son reprimidos, a quienes se les recortaron sus ingresos e incluso se les quitaron sus medicamentos, y a quienes no se les quiere aumentar ni siquiera una miseria. A las personas con alguna discapacidad y sus familias, a quienes transitan rutas en mal estado, y a quienes tienen un empleo público provincial con gobiernos al límite de sus ingresos.

El oficialismo y el pan-oficialismo argumentarán que necesitan más diputados y senadores para acabar con los «orcos», mientras se niegan a aumentar un 7% a los jubilados. La oposición, por su parte, dirá que necesita más diputados y senadores para ponerle un límite al gobierno nacional, aunque aún no defina su rumbo. Veremos quiénes logran comunicar de manera más efectiva, y finalmente, vos elegirás a quién creerle y a quién votar.

El destino del país, como siempre, está en nuestras manos y en una urna.

Por Gonzalo Bon(@gonzalobon_)
Militante, papá, trabajador judicial, integrante de @sitrajur y @ctanacional. Docente.

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    Cuatro millones quedaron afuera del subsidio a las garrafas: el ajuste también se cocina en los hogares más vulnerables

     

    Casi cuatro millones de personas quedaron fuera del subsidio para comprar garrafas tras el reemplazo del Programa Hogar por el nuevo esquema de subsidios focalizados del Gobierno.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno de Javier Milei decidió reemplazar el Programa Hogar por un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados y, en el proceso, dejó a casi cuatro millones de personas sin poder acceder al beneficio para comprar garrafas, según el reclamo formulado por la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO). El problema no es solamente administrativo: detrás del reempadronamiento obligatorio y de la exigencia de completar nuevamente los datos aparece una transformación profunda de la política energética, en la que un derecho que alcanzaba a millones de hogares pasó a depender de un registro digital, de la evaluación individual de cada familia y de mecanismos de pago que no todos los usuarios están en condiciones de utilizar.

    La situación adquiere una dimensión particularmente grave porque la garrafa no es un consumo suntuario ni una alternativa elegida por comodidad, sino la única fuente de energía disponible para millones de hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural. De acuerdo con datos difundidos por DEUCO, existen alrededor de 4,8 millones de hogares sin acceso al gas por redes, mientras que el antiguo Programa Hogar tenía aproximadamente 3,9 millones de inscriptos que recibían una asistencia para afrontar la compra de garrafas. La sustitución del programa por un sistema de inscripción y evaluación focalizada convirtió, así, un universo de beneficiarios previamente identificado en una población que debe volver a demostrar que merece recibir una ayuda estatal.

    Del Programa Hogar al laberinto del reempadronamiento

    El cambio fue formalizado dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado después de la eliminación del Programa Hogar. La normativa establece que los usuarios de garrafas deben inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y ser admitidos para recibir el reintegro correspondiente. El mecanismo contempla una bonificación de $9.593 por garrafa de 10 kilos, con un máximo de dos unidades mensuales durante el período invernal y una durante los meses restantes.

    Sobre el papel, el Gobierno presenta el nuevo sistema como una herramienta de mayor eficiencia y focalización. En la práctica, el cambio supone que miles de familias que ya estaban identificadas dentro del Programa Hogar deben atravesar nuevamente un proceso administrativo para acceder a una ayuda que, además, ya no funciona como el esquema anterior. El propio presidente de DEUCO, Pedro Bussetti, reclamó que el trámite pueda realizarse presencialmente, justamente porque la digitalización obligatoria puede transformarse en una barrera adicional para quienes tienen dificultades de conectividad, acceso tecnológico o manejo de plataformas digitales.

    La propia reglamentación muestra hasta qué punto se sofisticó el mecanismo burocrático. Para determinar quién recibe el beneficio, la Secretaría de Energía cruza información con ANSES sobre los ingresos de los integrantes del hogar, mientras que la inscripción y actualización de datos se realiza mediante el ReSEF. Una vez admitido, el usuario debe efectuar la compra utilizando mecanismos de pago vinculados a billeteras digitales interoperables, entre ellas BNA+ y MODO, para recibir posteriormente el reintegro.

    El problema aparece cuando se observa la distancia entre la lógica administrativa del sistema y la realidad cotidiana de las familias que necesitan una garrafa para cocinar o calefaccionarse. Una política social puede ser perfectamente focalizada en sus objetivos y, al mismo tiempo, fracasar en su implementación si convierte el acceso en una carrera de obstáculos. La vulnerabilidad económica no siempre viene acompañada de conectividad permanente, dispositivos adecuados, cuentas bancarias, billeteras virtuales o capacidad para completar trámites digitales, y precisamente por eso los sistemas de protección social históricamente combinaron mecanismos automáticos con canales presenciales.

    Una ayuda que además perdió poder de compra

    Hay otro aspecto que no debería quedar oculto detrás de la discusión administrativa: el monto del subsidio también merece ser observado frente al precio real de la garrafa. El Gobierno fijó el reintegro en $9.593 para cada unidad de 10 kilos y estableció que ese valor podrá actualizarse tomando como referencia determinados costos vinculados al butano.

    Sin embargo, estimaciones difundidas por organizaciones vinculadas al sector ubican actualmente el precio de una garrafa de 10 kilos en torno de los $30.000 en algunos puntos del Gran Buenos Aires, lo que significa que el reintegro puede representar apenas una fracción del costo que debe afrontar una familia. Incluso antes de la actual discusión, el esquema había sido cuestionado porque el nuevo subsidio no acompañaba necesariamente la evolución del precio final que pagan los consumidores.

    La comparación histórica permite dimensionar todavía mejor el cambio. El Programa Hogar había sido diseñado para subsidiar de manera directa la compra de garrafas en hogares de menores ingresos que no contaban con gas de red. El nuevo esquema abandona esa estructura y la reemplaza por una modalidad en la que el Estado primero identifica, registra, evalúa y finalmente reintegra, siempre que el usuario cumpla con todas las condiciones establecidas. El discurso de la eficiencia puede esconder, en este caso, algo mucho más concreto: una reducción del universo efectivo de personas que logran llegar hasta el beneficio.

    Cuando el ajuste llega a la cocina

    La discusión sobre las garrafas permite observar una de las dimensiones menos visibles del programa económico de Milei: el ajuste no solamente aparece en grandes partidas presupuestarias, organismos estatales o programas nacionales, sino también en decisiones que determinan cuánto le cuesta a una familia cocinar, calefaccionarse o sostener las condiciones mínimas de una vivienda.

    Para quienes tienen gas natural por red, la discusión sobre una garrafa puede parecer lejana. Para millones de argentinos que viven sin infraestructura de gas, en cambio, se trata de un gasto cotidiano e inevitable. Por eso la eliminación del Programa Hogar y la posterior creación de un sistema de subsidios focalizados no puede analizarse solamente como una modificación técnica de los mecanismos de asistencia: implica redefinir qué responsabilidad asume el Estado frente a quienes quedaron fuera de la infraestructura energética básica.

    El dato de los casi cuatro millones de personas que hoy no consiguen acceder al subsidio expone precisamente esa contradicción. El Gobierno puede afirmar que el beneficio continúa existiendo, y formalmente es cierto: existe un reintegro de $9.593 por garrafa para quienes logren ingresar al nuevo esquema. Pero una política pública no se mide únicamente por su existencia normativa, sino también por su capacidad efectiva para llegar a quienes la necesitan. Cuando millones de personas que antes estaban dentro de un programa deben atravesar un nuevo proceso de inscripción y una parte importante queda afuera, el problema deja de ser burocrático y pasa a ser político.

    Porque detrás de cada formulario incompleto, cada usuario que no consigue registrarse y cada familia que debe pagar una garrafa a precio completo hay una escena mucho más sencilla y brutal: una persona intentando encender la cocina de su casa. Allí es donde las palabras “eficiencia”, “focalización” y “reordenamiento” encuentran su verdadera medida. Si el resultado del ajuste es que millones de hogares vulnerables tienen más dificultades para acceder a una fuente básica de energía, entonces el debate ya no es sobre la modernización de un subsidio, sino sobre qué modelo de Estado está dispuesto a garantizar las condiciones materiales de una vida digna.

     

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