POR EL PODER DE LA JUSTICIA

Es positivo el reconocimiento de la situación por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) Carlos Rosenkratz, también que sea prioritario en su discurso de apertura, pero eso es solo el primer paso, después siempre hay un hiato, una ruptura espaciotemporal entre el diagnóstico de la situación y el diseño o proyecto de soluciones; y la implementación de las mismas. Se siente inevitable una reestructuración interna, profunda, no se puede recuperar la confianza y legitimidad perdida con hechos aislados.

Es muy difícil conseguir un consenso total sobre algo, sin embargo en la Argentina hay un consenso general sobre que la palabra justicia o la justicia misma del país, está devaluada. Cuando llegás a consensos unánimes es porque la cosa está jodida. La legitimidad que perdió el poder judicial es esencial. Sin ella, no tiene sentido y no puede ser eficaz en la realización de sus fines.

En la actualidad los jueces no fallan solamente de acuerdo a la ley, y ahí existe una clave, los jueces son empleados de la constitución y de la sociedad que les confía sus conflictos. Profesionales del derecho, respetuosos de las reglas que el pueblo de la Nación fijó para resolver los conflictos que les toca adjudicar. Personas que no se sirven del derecho, que no sirven a intereses inherentes al derecho. Los jueces no deben ser poderosos, deben ser justos.

La interrelación entre los poderes invisibles (descritos por Norberto Bobbio) y la fachada formal de la burocracia Argentina son de íntima amistad. Alcanzaron niveles de literalidad complejos, el problema del Estado invisible es que deje de serlo, que se vea, y eso está pasando ahora. A su vez, también al poder político le cuesta bancarse y respetar un aparato burocrático judicial que los investigue y los sancione. Enormes retos a superar.

Que el Presidente de la Nación pida remover a un juez (en este caso a Ramos Padilla) revela nuestro bajo nivel de calidad institucional, mal o bien, como juez de instrucción hace su trabajo. Es un recado negativo que desde las responsabilidades más altas del Estado la reacción sea coartar la posibilidad de trabajar.

Ese mensaje ejecutivo tiene un efecto disciplinador muy fuerte hacia adentro del esquema burocrático porque la constitución nacional garantiza que algunos cargos tengan protecciones precisamente para que puedan tolerar la interferencia de otros sectores. Estas protecciones se han disuelto con el paso de los años y lo peor es que está naturalizado. Quien detenta el poder político de turno tiene la posibilidad de vetar o instituir a un funcionario público por “x” motivo, lo cual anula toda lógica de República.

Todo el tiempo se negocian políticas públicas entre una parte de la dirigencia, instituciones y un sector de la sociedad que no tiene por función participar en la creación de políticas. Por caso, Marcelo D’alessio viene a ser un concepto, como él hay muchos. El caso del falso abogado expone que hay toda una actividad empresarial creada en torno de la cuestión judicial en la que participan: abogados, periodistas, empresarios, políticos, servicios (con diferentes escalas) donde en lo más alto se condensa mucho poder económico y político.

Con las anomalías propias se fue construyendo todo este universo de personajes que son parte de la escenografía judicial. Hay todo un entramado paralegal que funciona alrededor de la justicia, y esto tiene en parte que ver con la construcción de lejanía que generó la justicia Argentina, si la justicia deseara estar más cerca de la gente no necesitaría de este tipo de intermediarios.

Es una gran oportunidad para cambiar, si bien el sistema parece frágil, endeble; el sistema judicial argentino es muy fuerte para digerir los conflictos, en términos sociopolíticos. Habrá que ver si el sistema logra procesar el conflicto con el paso del tiempo, resistirlo y reconformarlo o si hay un quiebre real que nos permita recibir un poco, valga la redundancia, de justicia para todos.