LA 2DA DEL NOCTURNO DE KARTING ES ESPECTÁCULO ASEGURADO

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Una montaña de juicios se acumula en el fuero comercial nacional por las ejecuciones de saldos adeudados que realizan los bancos contra sus clientes con tarjeta de crédito. El Banco Santander es el que lidera la presentación de demandas y ahora fiscales y jueces empezaron a mirar con lupa los intereses que cobra a su clientes.

Según el análisis de un camarista que habló con LPO, estos procesos prosperan rápidamente  porque los clientes no se presentan. «Los resúmenes de la tarjeta no son títulos ejecutivos, sino que hay que validarlos previamente mediante un proceso que se llama preparación de la vía ejecutiva, pero la gente no se presenta en esa instancia y ahí es donde los bancos obtienen los juicios ejecutivos», explica.

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Un fiscal advirtió a LPO que «en el fuero comercial, Banco Santander está iniciando cientos de ejecuciones contra sus clientes, por saldos adeudos de tarjeta de crédito y lo llamativo es que en todos los casos los montos que reclama superan en un 300% los límites de las tarjetas que el mismo banco aprobó».

En el fuero comercial, Banco Santander está iniciando cientos de ejecuciones contra sus clientes, por saldos adeudos de tarjeta de crédito y lo llamativo es que en todos los casos los montos que reclama superan en un 300% los límites de las tarjetas que el mismo banco aprobó.

Del análisis de las causas que se apilan surge que habría perforación sistemática del límite de compra de la tarjeta de crédito. «En la totalidad de los casos analizados, el banco demanda saldos que lo duplican, triplican y hasta quintuplican», dijo el fiscal y agregó: «incluso, previo a la mora los pagos mínimos superan ese límite en los resúmenes, lo que demuestra que el límite de compra en los hechos no opera como un freno de seguridad financiera, sino como un elemento ficticio que la entidad expande unilateralmente para abultar un saldo potencialmente ejecutable».

Sin embargo, Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, afirmó en la conferencia Inside Argentina 2026, organizada a principios de mayo por Moody’s en Buenos Aires, que se está «llegando a un punto de inflexión» en el sistema financiero, en el buen sentido. Butti admitió en su exposición que «la mora creció» y explicó que cuando los bancos prestaban a tasa fija y después la inflación alcanzaba tres dígitos, «las cuotas se licuaban y era más fácil pagarlas».

El ejecutivo celebró que ahora «estamos yendo a tasas de interés reales, que es como tiene que funcionar, como funciona el resto del mundo, con lo cual que la mora suba es esperable» y explicó que la mora está concentrada «en personas» por su consumo con tarjetas de crédito o préstamos personales.

Sin embargo, la justicia analiza de manera crítica el financiamiento forzoso mediante Planes V (por Visa) o AMEX (por American Express), donde se observa el diseño de un mecanismo de anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses.

Esto se investiga en el expediente 4923/2026, que recayó en el Juzgado N° 16. De los resúmenes presentados se desprende que al cliente de Santander se le cobraron intereses compensatorios de hasta 160% anual, pagos mínimos y totales que superaron el límite de compra. La usuaria tenía un límite de compra de $6.110.200 sumando las tarjetas Visa y AMEX, pero el banco reclama $22.025.652,62. Es decir, más del triple.

Similar es el expediente 10316/2026, que tramita ante el Juzgado N° 19. Al analizar la documentación del expediente, los fiscales detectaron que Santander autorizó refinanciaciones con tasas de 223,31% anual, incrementó unilateralmente los límites a pesar de que el cliente sólo abonaba pagos mínimos y así los pagos mínimos escalaron hasta triplicar el límite de compra. El usuario tenía un límite de compra de $15.250.000 considerando en conjunto las tarjetas Visa y AMEX y el Banco reclama $56.157.422,31. O sea, casi cuatro veces más.

La dificultad de los clientes para afrontar sus deudas se explica, fundamentalmente, porque los salarios crecieron muy por debajo de la inflación y las tasas bancarias. La entidad crediticia, según la justicia, no congeló las cuentas ni emitió alertas de riesgo, lo que redunda en un sobreendeudamiento crónico que mina la capacidad de pago del cliente.

Hoy estamos yendo a tasas de interés reales, que es como tiene que funcionar, como funciona el resto del mundo, con lo cual que la mora suba es esperable.

En la Justicia, comentaron además que existen casos en los que Santander habría autorizado «transacciones masivas, consecutivas, atípicas bajo la plataforma Mercado Pago que inflaron los saldos de cuentas en plazos mínimos». «La entidad financiera soslayó unilateralmente la evaluación del riesgo crediticio que realizó para otorgarles un límite de compra determinado, para luego consolidar una deuda espuria y derivarla a la vía ejecutiva», indicaron.

El problema de la mora con tarjetas ya es sistémico. Recientemente, el Banco Nación empezó a promocionar una línea de crédito para consolidar deudas, con una TNA del 65%. El guarismo está muy por encima del cálculo de la inflación oficial para el 2026.

Luego de permanecer en silencio frente al recorte que el año pasado ejecutó Nación en la asistencia a la ciudad tras el trágico temporal, ahora Federico Susbielles amenaza con demandar al gobierno de Javier Milei en la Justicia de consumarse la exclusión de Bahía Blanca de los subsidios contemplados en el régimen de Zona Fría.

Para ese cambio de temporamento, el intendente bahiense busca el paraguas del Concejo Deliberante, donde este viernes presentó un proyecto en el que solicita un apoyo del legislativo frente a una eventual demanda judicial contra Milei.

«Hay dos posiciones: o estás a favor de Bahía Blanca y sus vecinos o estás en contra. Estoy dispuesto a defender judicialmente a la ciudad de este despojo que pretende hacer el gobierno nacional», dijo Susbielles en redes.

En la oposición acusan que Susbielles podría hacer la presentación judicial sin necesidad de pasar por el Concejo y leen esta movida como una intención del jefe comunal de exponerlos ante un tema sensible.

«Se equivoca y lo único que está logrando es unir a la oposición», dijo a LPO un dirigente bahiense del arco opositor en alusión al escenario de fragmentación que, hasta el momento, imperó en los dos espacios que jugaron juntos en las pasadas legislativas, el PRO y La Libertad Avanza.

Guerra abierta entre el PRO y los libertarios por los Concejos

Como contó LPO, la pelea por la presidencia del Concejo, que finalmente quedó para la ritondista Gisela Caputo, generó una ruptura con los libertarios que responden al diputado Oscar Liberman.

Sin embargo, el debate en torno a la exclusión de la ciudad del régimen de Zona Fría alineó en una misma postura a ambos sectores de la oposición.

«Defender a Bahía Blanca no es hacer conferencias de prensa anunciando juicios. Defender a Bahía Blanca es decir la verdad: la nueva ley mantiene beneficios para quienes más los necesitan y corrige privilegios que nunca debieron existir», dijo el concejal y referente del PRO en Bahía, Emiliano Álvarez Porte.

Fuentes de la oposición bahiense sostienen que Susbielles pretende una avanzada judicial mediante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor que depende del Concejo. «No quiere perder él solo y quiere arrastrar al Concejo a perder con él», analizan, aunque advierten que el intendente «no tiene los votos» 

En esa línea, el dirigente ritondista recordó que, cuando el municipio, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, promovió un amparo contra la empresa Camuzzi «el resultado fue una derrota judicial y miles de vecinos atrapados en años de incertidumbre, reliquidaciones y conflictos».

En esa línea, al discutirse el tema en la Legislatura, Liberman sostuvo que el Régimen de Zona Fría «es un privilegio para los más ricos: el 80% del subsidio se lo apropia entre el 10 y el 15% más rico».

Y agregó: «¿Por qué los hogares vulnerables tienen que subsidiar el gas a un intendente, al CEO de una empresa o a mí, que lo podemos pagar?»

Milei le cobra a Bahía un alquiler millonario por puentes de emergencia puestos tras el temporal

Fuentes de la oposición bahiense sostienen que Susbielles pretende una avanzada judicial mediante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, la Omic, que depende del Concejo.

«No quiere perder él solo y quiere arrastrar al Concejo a perder con él», analizan, aunque advierten que el intendente «no tiene los votos» para un eventual apoyo del legislativo local a una judicialización del tema.

Es que, para eso, primero el proyecto debería pasar por dos comisiones en las que el oficialismo no tiene mayoría para que tenga despacho y se trate en el recinto. Y, si lo pide sobre tablas, necesita 16 votos.

Ahí, calculan que Susbielles, en el mejor de los casos alcanzaría la mitad de las voluntades y, en caso de desempate, define la titular del Concejo, Gisela Caputo, del PRO.