Por instrucción de Intendente Marcelo Orazi se realizó esta mañana una reunión para analizar aspectos técnicos-jurídicos relacionados con la toma de posesión de la terminal de ómnibus teniendo en cuenta el vencimiento de la concesión el próximo 30 de agosto.
De la misma participaron el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el asesor externo Gustavo Arias y los asesores legales del Municipio.
En la oportunidad se abordaron cuestiones legales vinculadas a la finalización del contrato, tras lo cual la Municipalidad tomará posesión de la terminal y se constatará notarialmente el estado edilicio y se exigirá la documentación respaldatoria del activo y pasivo correspondiente.
Al término del encuentro, Carricavur manifestó que “en cuanto a lo edilicio, con el área de Obras Públicas nos abocaremos a los trabajos que sean necesarios para una prestación de servicios acorde a la demanda de los usuarios”.
“Esto en forma previa a los trabajos integrales de remodelación interna y externa que se llevarán a cabo en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Transporte de Nación”, indicó.
Cabe aclarar que luego se evaluará cómo seguirá la administración de la termina en el futuro.
El fracking hace un uso intensivo de los recursos, agua, suelo, aire, generando gran cantidad de residuos, estos se llaman “pasivos ambientales”. El control de estos “pasivos” lo hace el gobierno provincial con la “secretaría de medio ambiente”.
¿CUÁLES SON LAS RAZONES DOCTRINALES Y LAS IMPLICACIONES DE PODER EN LA RESTRICCIÓN DE QUE UNA MUJER LLEGUE AL TRONO DEL VATICANO? Algunas de las religiones más influyentes del mundo, como el judaísmo, el islam y el catolicismo, podrían tener muchas diferencias en su manera de interpretar los textos sagrados y de cómo concebir al…
La Municipalidad de Villa Regina convoca a concurso de precios N° 11/2021 para la contratación de operario con equipo para el mantenimiento de alumbrado público en el ejido de Villa Regina. El presupuesto oficial es de $312.000. La apertura de las ofertas será el 12 de noviembre a las 11 horas en el Departamento de…
La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.
El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.
El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.
En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.
Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge .
Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».
Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.
En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.
El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.
En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.
Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.
En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.
Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.
La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.
La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.
En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación
El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.
Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.
En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.
La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.
En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.
El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él.
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública Nº 01/2021 para la adquisición de 192.000 litros de hipoclorito de sodio que se destinarán a las plantas potabilizadoras de la ciudad y la ubicada en General Enrique Godoy. El presupuesto oficial es de $6,4 millones y el valor del pliego es de $23.000….
Patricia Bullrich empujó al bloque libertario al papelón al cierre de la sesión de este miércoles, cuando todos los bloques votaron una proyecto de resolución de Eduardo Wado De Pedro para declarar el compromiso del Senado con la consigna de «Memoria, Verdad y Justicia» a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La jefa del bloque oficialista buscó entorpecer el debate y hasta trató de dejar sin quórum el recinto pero la jugada no le salió y terminó arrastrando a la bancada de LLA a la abstención. La declaración de Wado, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecidos por los militares, se aprobó por unanimidad, con 49 votos por la afirmativa y 20 abstenciones del oficialismo.
La iniciativa del senador peronista contaba con las firmas de la cordobesa Alejandra Vigo y el santacruceño José María Carambia. Aunque sus efectos prácticos eran meramente declarativos, su aprobación tiene una potencia simbólica que incomoda a Bullrich y otros dirigentes del gobierno.
El texto de la resolución decía: «El Senado de la Nación declara su compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976». «Asimismo, reafirma el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina a partir de 1983, expresado en el principio del Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho, como bases indispensables de la convivencia pacífica y para que las diferencias políticas sean dirimidas a través del debate público y las instituciones de la democracia», completaba.
Sin embargo, Joaquín Benegas Lynch intervino en el debate para plantear que la dictadura fue fruto del «terrorismo» y las «organizaciones guerrilleras».
Por eso, Bullrich insistió hasta el final con maniobras para trabar el tratamiento del proyecto. De Pedro accedió a conversar durante la tarde para arribar a un texto consensuado pero, ante la falta de acuerdo, el interbloque de José Mayans propuso que se votara la parte resolutiva de la declaración sin la incorporación de los fundamentos, que suelen estar imbuidos de consideraciones políticas sin inhibiciones ideológicas.
Bartolomé Abdala.
A las 18:40, la jefa de bloque oficialista leyó un texto que le pasaron por WhatsApp, para contraponer al del kirchnerismo. En su pieza, se borraba la referencia a la consigna que defienden los organismos de derechos humanos sobre la memoria, la verdad y la justicia y se incorporaba la «condena a cualquier tipo de violencia», algo que para la jurisprudencia argentina roza la equiparación entre los crímenes de Estado y la violencia de organizaciones guerrilleras.
De hecho, Bullrich apeló a su usuario en la red social X para quejarse después de la sesión. «El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación. Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación. La Libertad Avanza propuso algo distinto: una mirada completa, sin relato y sin grieta», tipeó.
De Pedro se plantó y le pidió a Bullrich que informe el número del proyecto que ella quería votar, exponiéndola a que asumiera que no tenía expediente presentado y que solo leía una declaración que le habían hecho llegar a través de un grupito de WhatsApp.
Además, aseguró que «se terminó el monopolio de la memoria». «La historia es completa o no es», afirmó.
Su frustración ya había empezado a percibirse durante la discusión, cuando tuvo que pedir un cuarto intermedio al presidente provisional de la cámara, Bartolomé Abdala, para ver si llegaba a elaborar un proyecto. Bullrich había querido hallar un atajo antirreglamentario que el puntano Abdala no sabía cómo impedir, en medio de los gritos del peronismo, para que se sometiera a votación el proyecto de De Pedro y, si no reunía suficientes voluntades, se aprobara su propuesta.
El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación.Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación. La… pic.twitter.com/yZuautJTrQ
Pero eso tampoco prosperó. De Pedro se plantó y le pidió a Bullrich que informe el número del proyecto que ella quería votar, exponiéndola a que asumiera que no tenía expediente presentado y que solo leía una declaración que le habían hecho llegar a través de un grupito de WhatsApp. «Deme un cuarto intermedio, deme tiempo para que pueda presentarlo», dijo la senadora con gesto burlón que incluyó hasta un guiño de ojo.
La discusión por un simple proyecto de resolución acaso esconde un debate subterráneo en el gobierno, que se reaviva cada año en las cercanías del 24 de marzo: el indulto a los represores condenados por lesa humanidad.
Una altísima fuente de LLA le explicó a LPO que, aún cuando no se conozca nada más que rumores al respecto, una gestión de ese tipo estaría reñida con la legalidad. «El kirchnerismo sentó jurisprudencia y ahora no se puede indultar en lesa humanidad, como indultó (Carlos) Menem en los 90′», argumentó.
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