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El cambio climático, el crecimiento de la población y el aumento de la demanda industrial están transformando al agua dulce en uno de los recursos estratégicos más importantes del siglo XXI. Organismos internacionales advierten que la disputa ya no pasa solamente por el petróleo o los minerales: garantizar el acceso al agua será uno de los grandes desafíos económicos, ambientales y políticos del futuro.

Por Redacción de NLI

Durante gran parte del siglo XX, la energía fue considerada el principal recurso estratégico para el desarrollo de los países. Petróleo, gas y, más recientemente, litio y tierras raras dominaron buena parte de las discusiones geopolíticas. Sin embargo, en los últimos años comenzó a consolidarse otro diagnóstico entre científicos, economistas y organismos internacionales: el agua dulce podría convertirse en uno de los bienes más disputados de las próximas décadas.

Aunque el planeta está cubierto en un 70% por agua, apenas una pequeña fracción es apta para el consumo humano. A esa limitación natural se suman el cambio climático, la contaminación de ríos y acuíferos, el crecimiento demográfico y una demanda cada vez mayor por parte de la agricultura, la industria y las ciudades.

El resultado es un escenario donde el acceso al agua dejó de ser una cuestión exclusivamente ambiental para convertirse también en un asunto de seguridad, desarrollo económico y soberanía.

Un recurso que parecía infinito

Durante mucho tiempo predominó la idea de que el agua era un bien prácticamente inagotable.

Sin embargo, las sucesivas sequías registradas en distintas regiones del mundo, la reducción de glaciares, el descenso del caudal de grandes ríos y la sobreexplotación de acuíferos comenzaron a modificar esa percepción.

La agricultura consume cerca del 70% del agua dulce utilizada por la humanidad, seguida por la industria y el consumo doméstico. A medida que aumenta la población mundial y crece la producción de alimentos, la presión sobre ese recurso también se incrementa.

En paralelo, los fenómenos climáticos extremos alteran los ciclos hidrológicos y vuelven más frecuentes tanto las inundaciones como los períodos prolongados de escasez.

América del Sur, una región estratégica

En ese contexto, América del Sur ocupa un lugar privilegiado.

La región concentra algunas de las mayores reservas de agua dulce del planeta, entre ellas el Acuífero Guaraní, compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de grandes cuencas hidrográficas y extensos sistemas de humedales.

Argentina posee, además, importantes reservas glaciares en la Cordillera de los Andes y una vasta red de ríos que forman parte de su patrimonio natural.

Para especialistas en recursos hídricos, esa riqueza implica una enorme oportunidad, pero también una responsabilidad creciente en materia de preservación y planificación.

El desafío de administrar un recurso estratégico

El agua no solo resulta indispensable para el consumo humano.

También condiciona la generación de energía, la producción agropecuaria, la minería, la industria alimentaria y prácticamente todas las actividades económicas.

Por eso, numerosos países comenzaron a incorporar la seguridad hídrica como un componente central de sus estrategias de desarrollo.

En Argentina, el debate todavía aparece fragmentado entre distintas jurisdicciones y organismos, mientras especialistas plantean la necesidad de construir políticas de largo plazo que contemplen tanto la protección de las fuentes de agua como el uso eficiente del recurso.

La discusión ya no pasa únicamente por preservar el ambiente. También involucra la capacidad de un país para administrar uno de los activos estratégicos más importantes que tendrá durante el siglo XXI.

El cambio climático acelera todos los escenarios

Los informes científicos coinciden en que el calentamiento global intensificará muchos de los problemas existentes.

Sequías más prolongadas, lluvias más intensas y modificaciones en los patrones climáticos obligarán a adaptar la infraestructura, la producción agrícola y los sistemas de abastecimiento de agua.

Ciudades que durante décadas no enfrentaron problemas de suministro comenzaron a revisar sus redes de distribución, mientras regiones tradicionalmente agrícolas deben modificar cultivos y técnicas de riego para adaptarse a nuevas condiciones.

La gestión del agua dejó de ser un tema reservado a ingenieros hidráulicos para convertirse en una cuestión transversal que involucra economía, salud pública, energía y planificación territorial.

Un debate que trasciende al ambiente

Cada vez más analistas sostienen que el agua será uno de los recursos que definirá el equilibrio internacional durante las próximas décadas.

No se trata solamente de evitar la escasez, sino de garantizar que un recurso indispensable para la vida permanezca bajo criterios de sustentabilidad y acceso equitativo.

Para un país como Argentina, que cuenta con una de las mayores disponibilidades de agua dulce del mundo, el desafío consiste en comprender que ese patrimonio natural no representa únicamente una ventaja ambiental. También puede convertirse en un factor decisivo para su desarrollo, siempre que exista una estrategia capaz de protegerlo, administrarlo y aprovecharlo en beneficio del conjunto de la sociedad.

 

 

La Argentina de la “libertad” tiene cada vez más ciudadanos obligados a depender exclusivamente del hospital público. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, más de 1,2 millones de personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual, mientras las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de beneficiarios. El deterioro del empleo formal y el fuerte aumento de las cuotas de las prepagas aparecen como dos de los factores centrales detrás de una transformación que vuelve a cargar sobre el Estado las consecuencias de un modelo que prometía exactamente lo contrario.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Hay números que permiten discutir una política económica y hay números que obligan a discutir qué sociedad se está construyendo. Los datos difundidos a partir de registros oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Encuesta Permanente de Hogares, relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG), pertenecen a la segunda categoría: desde el comienzo del gobierno de Javier Milei 1.246.285 personas se incorporaron al universo de argentinos que no cuentan con obra social, prepaga ni mutual. La cifra surge de comparar los 9.428.131 ciudadanos que estaban en esa situación en el cuarto trimestre de 2023 con los 10.674.416 registrados en el primer trimestre de 2026. En paralelo, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023, en un proceso asociado a la pérdida de empleo registrado y al deterioro de la cobertura laboral.

El resultado es contundente: quienes dependen exclusivamente del sistema público pasaron de representar el 32% al 35,6% de la población. No se trata, por lo tanto, de una modificación marginal de las preferencias de los usuarios ni de una simple reorganización administrativa de las obras sociales. Es una transferencia de personas hacia el sistema público de salud, en un contexto en el que el Gobierno nacional viene sosteniendo una política de ajuste y reducción del gasto estatal que también impacta sobre hospitales, programas sanitarios, medicamentos y organismos vinculados a la atención de la población.

El “mercado” de la salud expulsa a quienes no pueden pagarlo

La contradicción del modelo libertario aparece con particular crudeza cuando se observa qué ocurre con la medicina privada. El Gobierno puede presentar la desregulación como una ampliación de la libertad de elección, pero la libertad de elegir una prepaga desaparece cuando el salario no alcanza para pagarla. Y si, al mismo tiempo, se deteriora el empleo formal, también se debilita la principal vía mediante la cual millones de trabajadores acceden a una obra social.

Los datos relevados muestran precisamente esa combinación. La merma de afiliados coincide con la pérdida de puestos de trabajo formales y con el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, dos procesos que fueron modificando las condiciones materiales de acceso a la cobertura. La consecuencia concreta es que familias que durante años contaron con una cobertura privada o de seguridad social comenzaron a abandonar esos esquemas y quedaron dependiendo del hospital público.

El fenómeno también puede observarse dentro de las propias obras sociales. OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, perdió el 20,2% de sus beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la caída fue del 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados. La única entidad mencionada en el relevamiento que logró expandirse fue OSDEPYM, vinculada al universo de trabajadores monotributistas.

La fotografía que dejan esos números es particularmente significativa porque las obras sociales no funcionan aisladas del mercado laboral: son una expresión directa de la estructura del empleo. Cuando se destruyen puestos registrados, se deterioran los ingresos o aumenta la precarización, también se resiente el sistema de seguridad social que se financia mediante los aportes de trabajadores y empleadores. Por eso reducir la discusión sanitaria a cuánto dinero se destina al Ministerio de Salud significa mirar apenas una parte del problema.

El dato que debería preocupar especialmente al Gobierno: los jóvenes

Hay otro número que desnuda todavía más profundamente el alcance del proceso. Entre los argentinos de 15 a 29 años, el 49,9% no cuenta con obra social, prepaga ni mutual y depende exclusivamente del sistema público. Son 438.790 jóvenes más en esa situación respecto del cuarto trimestre de 2023.

Es difícil separar este fenómeno de la crisis que atraviesa el ingreso de las nuevas generaciones al mercado laboral. Los jóvenes suelen ser los primeros afectados por la informalidad, los empleos de menor estabilidad y los salarios que pierden capacidad de compra. Si a eso se suma que las coberturas privadas aumentan por encima de la capacidad de pago de muchas familias, el resultado es previsible: la cobertura sanitaria deja de ser un derecho garantizado por la inserción laboral y empieza a depender cada vez más de la capacidad económica individual.

Y allí aparece una de las grandes paradojas de la experiencia libertaria. El discurso oficial plantea que el Estado debe retirarse para que los individuos puedan elegir libremente. Pero cuando el mercado expulsa a quienes no pueden pagar, esos mismos ciudadanos no desaparecen. Siguen necesitando atención médica. Van al hospital público, concurren a las guardias, requieren medicamentos, estudios, tratamientos y profesionales. El Estado no deja de existir: recibe la demanda, pero con menos recursos y mayores dificultades para atenderla.

La consecuencia puede ser un sistema sanitario cada vez más segmentado: quienes tienen ingresos suficientes conservan o compran cobertura privada; quienes tienen una relación laboral formal intentan sostener su obra social; y una porción creciente de la población queda directamente a merced del sistema público. La supuesta libertad de elección termina convirtiéndose, para millones, en una elección que nunca existió: pagar o quedarse afuera.

Una transferencia silenciosa hacia el hospital público

El dato central de este proceso no es solamente cuántas personas perdieron una cobertura. Es quién termina absorbiendo las consecuencias. Cuando una familia abandona una prepaga porque ya no puede pagar la cuota, la necesidad sanitaria continúa. Cuando un trabajador pierde su empleo formal, también pierde la estructura de cobertura asociada a ese trabajo. Y cuando una obra social pierde afiliados, su capacidad financiera puede deteriorarse, afectando también la calidad y disponibilidad de las prestaciones.

Por eso, el crecimiento de la población sin obra social, prepaga ni mutual debería ser leído como un indicador social y económico de primer orden. Entre fines de 2023 y comienzos de 2026, más de 1,24 millones de personas se incorporaron al universo que carece de esos tres tipos de cobertura.

La discusión excede, entonces, la clásica pelea entre “Estado” y “mercado”. En la Argentina, la salud siempre estuvo organizada alrededor de una combinación de sistema público, seguridad social y sector privado. El problema aparece cuando una de esas patas comienza a recibir cada vez más demanda mientras las otras pierden afiliados y capacidad de financiamiento.

Y mientras el Gobierno celebra la reducción de determinadas partidas como si fueran simples números de una planilla presupuestaria, del otro lado de esa planilla hay personas. Son trabajadores que ya no tienen obra social, familias que dejaron de pagar una prepaga, jóvenes que nunca lograron acceder a una cobertura y pacientes que, ante una enfermedad, terminan recurriendo al hospital público.

El modelo puede llamarlo “eficiencia”. Puede presentarlo como una consecuencia inevitable de ordenar las cuentas. Pero los números muestran otra cosa: una parte creciente de la sociedad argentina está siendo empujada hacia un sistema público que, paradójicamente, el mismo modelo económico pretende adelgazar.

La verdadera pregunta política ya no es cuánto puede reducirse el Estado. Es cuánto puede soportar una sociedad cuando cada vez más personas necesitan de él y, al mismo tiempo, el Gobierno decide retirarle recursos. Porque la salud no funciona como una mercancía cualquiera: cuando alguien deja de poder pagarla, no deja de enfermarse. Y esa cuenta, tarde o temprano, alguien tiene que pagarla.