La Municipalidad de Villa Regina y el Movimiento Evita informan que el viernes 21 y sábado 22 de 10 a 16 horas estarán en la ciudad los camiones de salud comunitaria para atención oftalmológica y odontológica.
Los mismos se ubicarán en el predio del polideportivo Cumelen. Se otorgarán aproximadamente 120 turnos diarios en oftalmología y 30 en odontología.
Los turnos deberán solicitarse en Mesa de Entradas de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, ubicada en Uspallata Sur 169, los días miércoles 19 y jueves 20 en el horario de 7 a 14.
Para asistir se solicita cumplir con las medidas sanitarias de utilizar tapabocas y la correspondiente distancia social de dos metros.
Las empresas navieras difundieron un informe en el que rechazan la intención de desregulación del gobierno en el cabotaje a través de las políticas que llevan a cabo el ministro Federico Sturzenegger.
De esta manera, el documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
El documento recuerda que el régimen vigente, sustentado en la Ley de Navegación y en el Decreto-Ley 19.492/72, establece la reserva del cabotaje para buques de bandera argentina, un esquema que los autores comparan con la denominada Jones Act de Estados Unidos.
Según el análisis, este sistema responde no sólo a criterios económicos sino también a razones vinculadas con la seguridad nacional y el desarrollo industrial. Uno de los principales argumentos del informe es que la incorporación de operadores extranjeros bajo banderas de conveniencia podría reducir significativamente la recaudación tributaria.
Los autores sostienen que las empresas nacionales tributan impuestos, contribuciones patronales y diversas tasas vinculadas a la actividad marítima, mientras que compañías extranjeras podrían beneficiarse de regímenes de no residencia fiscal o convenios internacionales que disminuyan su carga impositiva.
El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
El documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
Entre los efectos señalados figuran la pérdida de empleo formal, una reducción de aportes previsionales y un debilitamiento de los sistemas de formación y renovación de personal marítimo. Además, sostiene que cada empleo directo en el sector genera entre tres y cinco puestos indirectos en actividades vinculadas, como logística portuaria, talleres navales, seguros y servicios especializados, por lo que el impacto se extendería a numerosas economías regionales.
Carlos Presti.
El informe afirma que las compañías argentinas enfrentan costos laborales, financieros y regulatorios superiores a los de operadores internacionales. En ese contexto, una competencia abierta podría derivar en la pérdida de mercado, dificultades para renovar flotas y, eventualmente, en la desaparición de armadores nacionales, reproduciendo fenómenos observados durante la década de 1990.
El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
Otro de los ejes centrales del trabajo es la relevancia estratégica del Atlántico Sur. El documento destaca la posición argentina respecto del estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, considerados corredores alternativos ante eventuales interrupciones de los canales de Panamá o Suez. Desde esta perspectiva, la preservación de una marina mercante nacional es presentada como un componente de soberanía y presencia estatal en la región.
Los autores también plantean que una mayor presencia de operadores extranjeros podría incrementar la dependencia logística del país y reducir la capacidad de control sobre rutas, puertos e infraestructura estratégica. Asimismo, vinculan esta discusión con la cuestión de las Islas Malvinas y la proyección argentina en el Atlántico Sur. Industria naval y seguridad El estudio sostiene que una reducción de la flota nacional impactaría directamente sobre los astilleros argentinos, las escuelas de formación marítima y la cadena de proveedores vinculada al sector.
También advierte sobre posibles desafíos para los controles de seguridad, ambientales y aduaneros ante un aumento de embarcaciones bajo múltiples pabellones extranjeros.
Fuentes militares explicaron a LPO que «ka Cámara Naviera Argentina y otros armadores han cambiado radicalmente su postura respecto a un nuevo decreto/ley, que ahora es opuesto al decreto 340 que ayudaron a redactar».
Esta fuente detalla que «el cambio se debe a la advertencia de que la empresa china Cosco planea posicionar buques con bandera china de forma permanente en Argentina para operar en cabotaje, utilizando tripulaciones chinas y tarifas de dumping.
Inicialmente, buscaban evitar el desguace de la flota argentina y el uso de banderas de conveniencia, pero el nuevo escenario con Cosco los lleva a preferir negociar con sindicatos argentinos».
«La preocupación es que, si bien se busca sacar a los chinos de las 200 millas, la nueva política podría permitirles entrar en el cabotaje portuario.
Varias organizaciones marítimas intentarán reunirse con Lamela para explicar que las políticas de Sturzenegger van en contra de la política hemisférica», remarca.
Entre las propuestas finales, el informe recomienda mantener la reserva de cabotaje para buques de bandera argentina, revisar los mecanismos de habilitación de embarcaciones extranjeras, promover programas de financiamiento para la renovación de flota nacional y fortalecer los controles de la Prefectura Naval Argentina.
Según las conclusiones del trabajo, una desregulación sin salvaguardas podría provocar pérdidas fiscales, destrucción de empleo calificado, debilitamiento de la industria naval y una menor capacidad estratégica del país en el Atlántico Sur.
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El gobierno de Axel Kicillof acelera la discusión de la reforma de la Ley de Seguridad Pública, proyecto que, en la última apertura de sesiones en la Legislatura, el gobernador adelantó que presentará para modificar la normativa que data de los 90.
Para eso, profundizó esta semana la ronda de negociaciones que abrió el mes pasado en Escobar, cuando el Ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso reunió a intendentes del Conurbano en Escobar.
Como contó LPO, en aquella oportunidad también hubo un principio de acuerdo para empezar a dar forma a un proyecto de ley que vuelva a crear la Policía Municipal en los distritos de la provincia.
Como sea, la descentralización y la necesidad de mayores recursos son aspectos que cruzan la discusión de políticas de seguridad en todos los municipios.
En ese encuentro de Escobar, la Provincia reunió mayoritariamente a intendentes del peronismo, con la única excepción de Ramón Lanús que, a pesar de su extracción PRO, mantiene un diálogo fluído con la cartera de Seguridad provincial.
El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, durante el encuentro de este viernes entre intendentes de la Cuarta y funcionarios de Seguridad.
Ahora, el gobierno de Kicillof expandió en debate a intendentes de otros espacios. Esta semana, realizó encuentros en tres secciones electorales (Cuarta, Quinta y Séptima), convocando a cerca de una treintena de jefes comunales, algunos de ellos radicales, vecinalistas y del PRO.
El último de estos encuentros para debatir la reforma de la ley de seguridad pública se hizo en Chivilcoy, municipio gobernado por el vecinalista Guillermo Britos, de buena relación con el gobierno provincial y que esta semana se mostró en La Plata con Julio Alak, uno de los intendentes del peronismo que piensa en la Gobernación.
En el gobierno de Kicillof señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía bonaerense dentro de una estructura de conducción provincial.
En la Provincia sostienen que la actual ley no contempla gran parte de las herramientas que los municipios desarrollaron en las últimas décadas, como Centros de monitoreo, sistemas de alerta, programas de asistencia a víctimas e iniciativas de seguridad rural.
En esos dispositivos y otros es que, sostienen, buscan darle un marco legal específico que las regule e integre dentro del sistema de seguridad provincial.
En esa línea, señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro de una estructura de conducción provincial.
En los encuentros realizados esta semana en secciones electorales del interior bonaerense, los intendentes coincidieron en la necesidad de diferenciar las problemáticas que atraviesan municipios del interior con respecto a los del conurbano y que eso sea contemplado en la ley.
«Pero los pedidos son los de siempre: falta de móviles, de personal, más recursos. Cada vez que se hacen reuniones con Seguridad, llueven los pedidos de ese tipo», dijo a LPO uno de los intendentes que participó de estos encuentros.
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