¡Te contamos más sobre ‘Tinta Urbana’!

La economía puede mostrar una planilla prolija y, al mismo tiempo, dejar a los trabajadores haciendo equilibrio en la cornisa. Ese es el dato incómodo que aparece detrás del nuevo informe de la UCA: el desempleo no arde, pero el empleo se rompe por adentro. La macro luce ordenada en la vidriera. En la trastienda hay changas, monotributos flacos, motos prestadas y cuentas que no cierran.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina publicó un trabajo sobre la estructura laboral urbana entre 2010 y 2025. La conclusión es fuerte: el deterioro no aparece como una expulsión masiva al desempleo abierto, como en los años noventa, sino como una degradación silenciosa de las condiciones de trabajo. La UCA lo resume como una «desintegración laboral sin desempleo».

El dato central está en las trayectorias laborales. Entre 2011-2013 y 2023-2025, la proporción de desocupados que pasó al autoempleo informal subió del 24,1% al 29,5%. En cambio, la salida hacia empleos asalariados formales o públicos cayó del 24,1% al 19,6%. Dicho más simple: cada vez menos desocupados consiguen un empleo registrado y cada vez más terminan inventándose una ocupación de baja escala.

La misma dinámica golpea a quienes ya tenían un empleo formal. Según el informe, el pasaje de asalariados formales hacia el autoempleo informal subió del 4,8% al 6,2%. La caída ya no es sólo del desocupado que no encuentra puerta de entrada. También alcanza al trabajador registrado que pierde el escalón y cae en el rebusque.

Un modelo de empleo precarizado

Por eso la tasa de desempleo puede quedar relativamente contenida mientras el mercado laboral se deteriora. En el primer trimestre de 2026, la desocupación fue del 7,8%, casi sin cambios frente al mismo período del año anterior. Pero la informalidad subió al 44,2% y también creció la subocupación. El Estado cuenta a una persona como ocupada. El hogar mira si ese ingreso alcanza para llegar a fin de mes.

La composición del empleo confirma el corrimiento. El sector microinformal pasó del 46,4% de los ocupados en 2010 al 48,3% en 2025. Dentro de ese universo, los no asalariados informales treparon del 28,2% al 31,7%. En paralelo, el empleo público cayó del 20,1% en 2023 al 16,7% en 2025. 

El sector microinformal pasó del 46,4% de los ocupados en 2010 al 48,3% en 2025. Dentro de ese universo, los no asalariados informales treparon del 28,2% al 31,7%. En paralelo, el empleo público cayó del 20,1% en 2023 al 16,7% en 2025. 

La precariedad también tiene números duros. En 2025 alcanzó al 45% del total de los ocupados. En el sector microinformal llegó al 66,5%. Entre los asalariados informales de microestablecimientos, trepó al 81,1%. En el empleo público fue del 15,9% y en el sector privado formal del 29,1%. 

El ingreso muestra la parte más brutal del fenómeno. La UCA advierte que los trabajadores del sector microinformal cobran, en promedio, entre 30% y 40% menos que el resto. En 2025, los trabajadores privados formales regulados tenían una probabilidad 18 veces mayor de estar en el quintil más alto de ingresos que en el más bajo. En el microinformal, esa relación caía a 0,28. 

Ahí aparece la otra cara del orden macroeconómico que el Gobierno vende como modernización. El informe marca dos motores en tensión. Por un lado, sectores de baja productividad que absorben mucha mano de obra. Por otro, actividades de alta rentabilidad, como recursos naturales, finanzas y servicios empresariales, que generan pocos puestos directos. 

La apuesta libertaria combina ajuste fiscal, desregulación, incentivos exportadores y una mirada muy favorable a recursos naturales y finanzas. Ese camino puede ordenar algunas variables. Pero no arma, por sí mismo, un régimen de desarrollo. Sin crédito, proveedores, infraestructura, tecnología y coordinación estatal, los números cierran arriba y la factura se abre abajo.

El espejo peruano entra justo ahí. Perú logró durante años baja inflación, reservas altas y bajo endeudamiento. Pero en 2025 tuvo una informalidad laboral del 70,2%. Fueron 12,3 millones de trabajadores informales sobre una población ocupada de 17,6 millones. En las zonas rurales, la informalidad llegó al 94,8%. En las urbanas, al 64,5%. La desocupación, en cambio, fue de apenas 4,9%. La trampa queda a la vista: una macro eficiente puede convivir con una sociedad partida.

El ex ministro peruano Piero Ghezzi lo dijo en una entrevista con La Nación: «La política macro, que es transversal, no alcanza». También advirtió que en Perú «no hay suficientes sectores para incorporar a esos trabajadores». Esa frase explica el riesgo argentino.

Perú incluso mostró crecimiento del empleo en 2025. El INEI informó 17,57 millones de ocupados, un aumento de 1,5% frente a 2024. Pero la calidad del empleo siguió siendo el agujero negro. En empresas de hasta diez trabajadores, la informalidad fue del 88,6%. En las grandes, del 15,6%. En agricultura, pesca y minería, llegó al 91,1%. En servicios, al 57,6%. El orden macro no impidió que la mayoría trabajara sin red.

En Argentina, la palabra peruanización pega porque toca una fibra sensible. El país todavía conserva protecciones sociales y laborales más extendidas que Perú explicada por su complejo científico inudstrial. Pero el informe de la UCA advierte que esa arquitectura se erosiona. La norma protectoria sigue escrita. El problema es que una porción creciente del trabajo queda afuera de su alcance. .

Ramiro Robles, investigador del Observatorio de la Deuda Social, planteó que hacen falta políticas de coordinación salarial, fortalecimiento del salario mínimo y formalización. Pero con una aclaración clave: formalizar no es sólo registrar. También supone crear canales reales para incorporar a quienes hoy están fuera del sistema fiscal, previsional y laboral porque sus márgenes productivos son mínimos. Su diagnóstico fue poco amable para la épica oficial: «No parece evidente que en el corto plazo la situación del empleo vaya a mejorar».

Corre fuerte por estas horas en los pasillos tribunalicios la versión de un «acuerdo» entre Luis Armella y el gobierno de Javier Milei que implica la designación como funcionarios de personas allegadas al juez federal de Quilmes.

Fuentes judiciales señalaron a LPO que recientes nombramientos en el estratégico Hospital El Cruce de Florencio Varela tienen un estrecho vínculo con el juez que actualmente subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas que lleva la causa Insaurralde.

Concretamente, aluden a la resolución 698 firmada por el ministro de Salud Mario Lugones en la que se nombraron los nuevos representantes de esa cartera en el Consejo de Administración del Hospital «El Cruce, Dr. Néstor Carlos Kirchner», centro de salud de alta complejidad clave en el conurbano.

Allí, se designó por cuatro años a Javier Gustavo Mendoza, un ex juez de Cámara que en el ámbito judicial lo ubican muy cercano a Armella desde finales de los 90, cuando ambos eran fiscales en Quilmes.

El ahora representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes, desde 1999 hasta fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo nombró jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Incluso, hay quienes recuerdan que a mediados de 2000, en pleno fulgor del caso que investigaba la muerte del cantante cuartetero Rodrigo Bueno, el fiscal Armella, por entonces a cargo de la investigación, se tomó licencia por estrés y fue suplantado por Mendoza.

El ahora representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes, desde 1999 hasta fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo nombró jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Mendoza abandonó el control de las cárceles de la provincia en 2011, cuando la misma gestión sciolista lo promovió como juez de Cámara en Mar del Plata.

Mendoza junto a Scioli en tiempos donde era jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.

«Así se cierra el círculo de relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Mendoza provenía de la justicia provincial al momento de ocupar un cargo estratégico en el Ejecutivo. Luego de tomar decisiones que implicaron fuertes retrocesos y debilitamientos del control judicial de los actos de gobierno, termina la gestión con un ascenso en la carrera judicial», denunció un informe del Cels en 2012.

El 1 de diciembre de 2018 Mendoza renunció con fines jubilatorios como juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata.

Preocupado por la movilidad jubilatoria en tiempos de Milei, en noviembre de 2025 Mendoza fue uno de los firmantes del comunicado de ex jueces contra la acordada de la Suprema Corte que incrementa la brecha de haberes de los pasivos y los salarios del Poder Judicial.

Mendoza (izq.) en la presentación de los nuevos representantes del gobierno de Milei en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

Puntualmente, cruzaron el acuerdo 4191 de junio de 2025 que implementó un aumento de haberes a quienes se encuentran en actividad en el Poder Judicial bonaerense pero que no se aplicó a los jubilados de ese sector.

Es en ese contexto que Mendoza llega al Consejo de Administración del Hospital El Cruce que está compuesto por seis integrantes: dos miembros del Ministerio de Salud Nacional, dos por la cartera sanitaria bonaerense y los dos restantes por parte de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

En ese esquema, la presidencia es del Ministerio de Salud Nacional, que -en la misma resolución que designó a Mendoza- nombró al Dr. Luciano Nápoli, que venía desempeñándose en otros centros de salud de la zona.