Cuenta regresiva para ‘Tinta Urbana’, un evento único que reunirá muestra de tatuadores, tatuajes en vivo, festival con espectáculos urbanos (baile, batallas de rap, hip hop, básquet 3×3, skate), además de gastronomía y bebida local.
La cita es viernes 8 y sábado 9 a partir de las 18 horas en el polideportivo Cumelen. El costo de ingreso será de $100 por día, para lo cual ya están en venta las pulseras, en dos colores para los diferentes días, en Deportes, Cultura y Turismo.
‘Tinta Urbana’ es organizado por las Direcciones de Turismo, de Cultura y de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina y está diagramado de la siguiente manera:
-Gimnasio 1: Muestra de tatuadores y tatuajes en vivo
– Playón:
Patio Gastronómico: Espacios de gastronomía y bebida local, livings y espacios para sentarse.
Escenario con espectáculos urbanos: baile, batallas de rap, hip – hop entre otros.
El viernes 8, batallas de FreeStyle (1 vs1) y el sábado 9, batallas de FreeStyle (Modalidad nueva), en ambos casos a partir de las 18 horas. Habrá premios al primer y segundo puesto.
Espacio deportivo: 3×3 en basquet, skate, bmx.
Por otro lado, para participar del espacio gastronómico, los interesados pueden inscribirse hasta mañana jueves 7 en la Oficina de Turismo en el horario de 8 a 20 horas.
En el marco del cierre del programa para gremiales y organizaciones empresarias, referentes de la UIA, SRA, CAME y ADIMRA compartieron una jornada de trabajo con el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, enfocada en la competitividad, la integración global y el recambio generacional.
Con el objetivo de profundizar el diálogo en torno a las políticas productivas y los desafíos estructurales de la Argentina, representantes de las principales entidades empresarias del país se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
El encuentro se desarrolló en el marco del cierre del Programa para Gremiales y Organizaciones Empresarias de la Escuela Federal de Desarrollo, una iniciativa que busca consolidar puentes de diálogo y planificación estratégica entre los sectores que componen el entramado productivo nacional y los decisores de políticas públicas provinciales.
Durante la jornada, que contó con la participación de referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), se debatieron los principales ejes de la agenda de desarrollo federal.
El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, encabezó el espacio de diálogo que estuvo signado por la necesidad de sofisticar las herramientas del Estado y consolidar consensos para potenciar la productividad y la competitividad exportadora del país de cara a las transformaciones globales del siglo XXI.
En ese sentido, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, señaló: «El marco de la Escuela Federal de Desarrollo busca involucrar a las gremiales empresariales, y sobre todo a sus jóvenes, en los grandes temas que estructuran el desarrollo de la Argentina».
Y agregó: «Nos parecía muy importante generar una instancia de interconexión entre los funcionarios públicos provinciales y quienes tienen que representar los intereses de los sectores que producen en el país. Son dos ámbitos que, por lo general, no están lo suficientemente vinculados y necesitamos construir esa sinergia. Nosotros como organismo entendemos que sobre los grandes temas nacionales no hay divergencias ideológicas, sino que son cuestiones pre-ideológicas. Lo que nos falta es sofisticar la conversación y los instrumentos para diseñar la actividad pública».
Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, afirmó: «Estamos viviendo un cambio global impresionante a nivel geopolítico, tecnológico, climático y comercial. El gran desafío que tenemos como dirigentes es entender que la única manera de que la Argentina crezca es integrándonos al mundo; no hay bienestar posible sin exportación, y para exportar tenemos que ser competitivos».
El marco de la Escuela Federal de Desarrollo busca involucrar a las gremiales empresariales, y sobre todo a sus jóvenes, en los grandes temas que estructuran el desarrollo de la Argentina
Y añadió: «Toda la Argentina debe estar atravesada por la eficiencia, la transparencia y la productividad en todos sus niveles, tanto el Estado como el sector privado. Nuestro desafío como industriales es comprender que los ciudadanos quieren comprar bienes argentinos, pero a precios y con calidad internacional, y para eso necesitamos trabajar en conjunto con el Estado para lograr las reformas fiscales y estructurales que nos permitan alcanzar esos objetivos».
A su turno, el secretario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Odriozola, remarcó: «Para enfrentar las dificultades del país y salir adelante, lo primero que se necesita es pasión por lo que uno hace. En la Argentina sobra alimento, sobra industria, sobra todo; nuestro camino indispensable es salir a vender al mundo. Por eso, convocamos a los más jóvenes a meterle pasión y empuje a lo que hacen, porque el futuro depende de que ellos continúen con esta tarea y aprovechen las miles de oportunidades de desarrollo que tiene este país si logramos remover las trabas que complican la producción».
Finalmente, el vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Castillo, expresó: «Esta vinculación con las diferentes entidades del país nos hace muy bien para demostrar que en la Argentina hay presente y hay futuro. Nos toca afrontar los desafíos que tenemos como dirigentes y de cara a las nuevas generaciones, dejando de lado las divisiones para ser verdaderamente proactivos. Debemos transitar este cambio de era de la mejor manera posible, trabajando todos juntos en la misma dirección para generar más empleo formal, inclusión, competitividad y representatividad federal».
Con esta jornada, el CFI reafirma su compromiso de continuar propiciando espacios de concertación federal y capacitación estratégica que articulen las visiones del sector público y el sector privado, consolidando una hoja de ruta común hacia el crecimiento equitativo y sustentable de todas las provincias argentinas.
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La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina informa que se da inicio a la entrega de semillas del Programa Pro Huerta correspondiente a la temporada primavera-verano 2021/2022. Los interesados pueden acercarse a la sede de la Secretaría, ubicada en Uspallata Sur 169, de lunes a viernes de 9 a 12 horas….
La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
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