Trump vuelve a intervenir en Honduras y denuncia fraude contra su candidato

Trump vuelve a intervenir en Honduras y denuncia fraude contra su candidato

 

Donald Trump volvió a intervenir en las elecciones en Honduras en medio de la apretada pelea entre dos candidatos de la derecha para quedarse con la presidencia. 

Según el conteo oficial del Consejo Nacional Electoral, con 57 por ciento escrutada la diferencia entre el elegido por Trump, Tito Asfura, y el liberal Salvador Nasralla es de solo 500 votos y la desconfianza por la transparencia crece porque el escrutinio se frenó.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de Truth Social, Trump declaró que «Honduras está tratando de cambiar los resultados» y añadió que «habrá consecuencias» si esa alteración ocurre. Su publicación reiteró que el país debe completar el escrutinio para garantizar que la elección finalice conforme a lo expresado en las urnas.

Trump señaló que la voluntad expresada por los votantes «en abrumadoras cifras» debe respetarse. También afirmó que es «imperativo» que el CNE complete el proceso y cerró su mensaje con la frase: «¡La democracia debe prevalecer!».

El candidato de Trump lidera la elección en Honduras en una ajustada definición 

Los conteos preliminares más recientes difundidos por las autoridades hondureñas indican un empate técnico entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 39,91%, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,89%, después del procesamiento de 57,03% de las actas. La diferencia entre ambos se mantiene en torno a 515 votos.

La consejera presidenta del organismo, Ana Paola Hall, subrayó que el cierre del Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) marca el inicio de una fase más exhaustiva del conteo. «Debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2», explicó en un mensaje en la red social X.

Hall enfatizó que el ambiente pacífico visto el día de la votación «debe mantenerse hasta la declaratoria de resultados», recordando que la legislación otorga al organismo un plazo de hasta 30 días para publicar el resultado definitivo.

Nasry Tito Asfura.

El escrutinio general continúa ahora con las actas que no pudieron transmitirse de forma normal. El reglamento electoral establece dos rutas especiales para estos casos. Las actas de contingencia uno corresponden a documentos que se procesaron en los centros de votación, pero no lograron ser enviadas. Esas actas deben ser sincronizadas nuevamente.

Los conteos preliminares más recientes difundidos por las autoridades hondureñas indican un empate técnico entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 39,91%, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,89%, después del procesamiento de 57,03% de las actas

Las actas de contingencia dos incluyen las que no fueron escaneadas ni cargadas por fallas en el equipo o en el proceso; estas se digitalizan en el centro logístico de Tegucigalpa bajo un esquema de auditoría reforzada.

Las razones de Trump para indultar al narco ex presidente de Honduras

El organismo también realizará un escrutinio especial, destinado a revisar actas con inconsistencias o diferencias significativas. Parte del proceso incluye una verificación visual de cada documento para asegurar que los datos coinciden con lo ingresado al sistema. Solo después de estas revisiones se procederá a consolidar el conteo general, requisito previo para la declaratoria final.

En medio de este ajustado proceso, Estados Unidos ejecutó la orden de indulto al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que había sido condenado por narcotráfico y es el líder del Partido Nacional que está muy cerca de volver al poder. 

Salvador Nasralla.

 

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    Milei el Improvisado: otro DNU desarma su propio organigrama y reabre la puja Bullrich–Santilli

     

    El Gobierno publicó el DNU 825/2025, que redefine otra vez la Ley de Ministerios y reacomoda funciones entre Seguridad e Interior. La medida llega apenas días después del DNU 793/2025, que había reforzado el poder de Bullrich al poner bajo su mando Migraciones y Renaper. Ahora Interior recupera parte de esas funciones. La marcha y contramarcha confirma la improvisación permanente de Milei y desnuda la interna por el control poblacional.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    Un Gobierno que corrige a las apuradas lo que él mismo firmó

    El DNU 825/2025, publicado este 19 de noviembre, y como ya se había vislumbrado hace una semana, vuelve a mover piezas que el oficialismo había reacomodado hace solo ocho días.
    Como revelamos en Noticias La Insuperable en nuestra nota del 11/11 —Bullrich se queda: el DNU que confirma su permanencia en Seguridad y sepulta su banca en el Senado—, el DNU 793/2025 había puesto Migraciones y el Renaper bajo el mando directo de Patricia Bullrich, reforzando su influencia y descartando, en los hechos, que asumiera su banca en el Senado.

    Pero el nuevo decreto cambia el libreto: ahora Milei decide que el Ministerio del Interior debe retomar el control del Renaper, además de sumar competencias legislativas, deportivas y protocolares.


    El volantazo: Interior recupera lo que Seguridad recién había absorbido

    El decreto indica que Interior —a cargo de Diego Santilli— asumirá nuevamente la administración del registro y certificación de la identidad de las personas, una función que había sido trasladada a Seguridad hace apenas una semana. También recibe tareas vinculadas al Poder Legislativo, la política deportiva, el manejo de actos patrióticos, la gestión de monumentos, las efemérides, la coordinación con provincias y municipios, y hasta la articulación con comunidades indígenas.

    Todo eso, mientras Seguridad mantiene la asistencia al Ejecutivo en materia de seguridad interior, control fronterizo, emergencias, políticas migratorias y dirección de fuerzas policiales.

    En otras palabras:
    dos decretos, ocho días, y un Gobierno que desarma con una mano lo que armó con la otra.


    Bullrich sigue fuerte, pero Santilli recupera aire

    Si bien Interior vuelve a ganar volumen, el núcleo del poder de Bullrich no se modifica: Seguridad retiene migración, fronteras y control policial, tres áreas que la propia funcionaria buscó concentrar incluso antes de llegar al gobierno de Milei.

    Sin embargo, el volantazo genera ruido interno. El 793/2025 había sido leído como un gesto directo hacia Bullrich. El 825/2025, en cambio, aparece como un intento de equilibrar el tablero y devolverle a Santilli parte de sus funciones originales.

    La lógica no parece responder a un plan, sino a la tensión constante dentro del gabinete.


    Improvisación como marca registrada

    El Gobierno justifica las modificaciones afirmando que son “impostergables para la gestión”. La frase, repetida en ambos decretos, pierde consistencia cuando se observa que el Ejecutivo afirma una semana una cosa y a la siguiente afirma la contraria.

    • Primero, que Migraciones y Renaper debían estar bajo un “perfil policial”.
    • Ahora, que deben volver a Interior “para una mejor gestión del registro y certificación de identidad”.

    Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo.
    Lo que sí parece cierto es que la improvisación se convirtió en la forma habitual de gobernar de Milei.


    Conclusión: un gobierno que no estabiliza ni su propio organigrama

    Entre un DNU y otro, lo único que queda claro es que el Ejecutivo no logra sostener ni una semana la estructura que diseña.
    La interna entre los propios —Bullrich y Santilli a la cabeza— se intensifica, y la Casa Rosada ensaya sobre la marcha reacomodos que exponen la falta de planificación.

    Y encima, ellos mismos se le ríen en la cara a la gente, como Patricia Bullrich, «promocionando DNI Edición Limitada» en sus redes. Una falta de respeto a todos los argentinos.

     

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    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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