La semana que viene se pondrán en marcha los trabajos para dotar de los servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público al loteo Barazzutti. Así se lo confirmó el responsable de la empresa INGOO SRL Ernesto Pasaron al Intendente Marcelo Orazi en una reunión que mantuvieron en la mañana de este martes.
Las tareas se iniciarán con la instalación del transformador y la realización del tendido eléctrico para el alumbrado público. Luego continuará con la red eléctrica y agua potable.
“Se trata de una gran noticia para los vecinos de estos 107 lotes que desde hace años esperan contar con los servicios para poder iniciar la construcción de sus viviendas. Gracias a la decisión de la Gobernadora Arabela Carreras de implementar el programa ‘Suelo Urbano’ podremos cumplir con esta obra”, manifestó el Intendente Orazi tras el encuentro.
Recordemos que el 28 de julio se abrieron los sobres de la licitación y el pasado 22 de septiembre se firmó el acuerdo correspondiente entre la interventora del IPPV Inés Pérez Raventos y Pasaron, que fue refrendado por la Gobernadora Carreras en un acto en el cual Orazi participó vía Zoom.
El próximo lunes 10 se dará comienzo a la Colonia de Vacaciones, destinada a niños desde los 6 hasta los 12 años. El horario de las actividades será de 13.15 a 18.30 horas. Organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina, se extenderá hasta el día 11 de febrero, según el…
Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.
En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.
La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.
Un viaje técnico en medio de una tormenta política
El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.
Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.
Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.
El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados
Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.
La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.
Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.
La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.
En el marco del ‘Día de la Defensa Civil’, el Departamento de Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina saluda y agradece a las instituciones de emergencias como Bomberos Voluntarios, Policía, Hospital, Clínica Central, empresas de servicios y otros organismos públicos y privados que diariamente trabajan en distintos eventos para resguardar la integridad física…
El furor del pádel comenzó en la Argentina en 1987 y a nuestra ciudad llegó a principios de los ’90, aunque unos años más tarde, creció en concordancia con el entusiasmo nacional. Luego, a mediados de esa última década, el ímpetu por el deporte decayó drásticamente en el país, y Regina no fue una excepción….
En el día de ayer, se llevó a cabo el encuentro en dónde se evaluaron distintas políticas sociales y programas que ya están en agenda y de los cuáles Regina va a participar durante el 2022. Una reunión muy positiva, con la idea de seguir articulando con provincia, políticas sociales para los sectores más vulnerables….
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció el envió de un proyecto de ley para el pase a planta permanente de 4.200 empleados públicos, tras un acuerdo con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El último pase masivo a planta había sido en el 2021. En el 2023, Weretilneck denunciaba que era un gasto para el Estado cuando Aguiar había hecho un acuerdo con la ex gobernadora Arabela Carreras, que luego fue descartado por el actual mandatario.
La polémica es más grande porque en las últimas semanas se conoció que el bloque legislativo del partido oficialista Juntos Somos Río Negro tiene asesores VIP donde figuran ex ministros nacionales y provinciales.
Todo muy lejos del discurso contra el empleo público y la casta política del gobierno libertario de Milei al que Weretilneck busca acercarse.
El anuncio de Weretilneck buscó mostrar una imagen de estabilidad en la administración provincial de cara a las próximas elecciones provinciales. La iniciativa será enviada a la Legislatura durante la primera semana de julio y, según el Ejecutivo, no implicará nuevas incorporaciones ni un incremento del gasto salarial.
La regularización alcanzará a trabajadores contratados hasta el 31 de diciembre de 2025 que continúen desempeñando tareas permanentes dentro del Estado. El Gobierno sostiene que se trata de un ordenamiento administrativo de personal que ya integra la estructura pública y que el proceso demandará entre seis y ocho meses para completar las evaluaciones de idoneidad, antecedentes y aptitud psicofísica previstas en el proyecto.
El anuncio llega bajo la sombra de investigaciones sobre contratos donde el oficialismo continúa enfrentando cuestionamientos derivados de investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento de la Legislatura provincial, donde existen filtraciones que plantean presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro, encabezado por Facundo López, incluyendo la incorporación de familiares de funcionarios y dirigentes políticos, además de remuneraciones elevadas para algunos contratados.
Esas publicaciones también mencionaron casos de personas vinculadas al oficialismo que, según las investigaciones, integrarían la estructura legislativa sin que exista información pública detallada sobre las funciones que desempeñan. Entre los nombres citados aparecen dirigentes políticos, exfuncionarios y familiares de integrantes del Gobierno.
El pase masivo a planta permanente y las denuncias sobre ñoquis y asesores VIP en la Legislarura están muy lejos del discurso contra el empleo público y la casta política del gobierno libertario de Milei al que Weretilneck busca acercarse
Hasta el momento, ni el Poder Ejecutivo ni la conducción de la Legislatura respondieron públicamente en detalle a esas publicaciones ni se pronunciaron sobre cada uno de los casos mencionados.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El contexto alimentó las críticas de la oposición, que reclama mayor transparencia en las designaciones y un acceso más amplio a la información sobre la estructura de personal del Poder Legislativo. Desde el oficialismo, en tanto, evitan profundizar la discusión y sostienen que el funcionamiento administrativo de la Legislatura se ajusta a las normas vigentes.
Entre los contratados VIP figuran el radical Daniel «Fino» Sartor, quien fue ministro provincial y también nacional en el gobierno de Fernando de la Rúa en la cartera de Desarrollo Social, donde tuvo que renunciar por irregularidades. También entre los contratados por el bloque oficialista figuran hijos de funcionarios, como
Vera Lastra hija de la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
También se encontraba hasta hace pocos meses Juan Accatino, ex ministro de Producción del gobierno radial de Miguel Saiz. Accatino, que figuraba como asesor de JSRN, hace unos días recibió un fuerte revés de la Corte Suprema que dejó firme una condena en su contra a 2 años y 6 meses en una causa por sobresueldos. También fueron condenados otros ex ministros como César Barbeito (Educación) -defendido por Mariano Cúneo Libarona- y Francisco González (Coordinación), que recibieron penas de 3 años y 6 meses.
El pase a planta también se anunció pocos días después de otro episodio que generó fuerte repercusión política. El gobierno de Weretilneck denunció un presunto hackeo y la filtración de documentación interna, entre ella información vinculada con legajos y recibos de sueldo de funcionarios provinciales. A partir de esa denuncia se inició una investigación judicial que derivó en procedimientos sobre equipos informáticos y abrió una nueva controversia pública.
El Ejecutivo sostuvo que la difusión de esa documentación formó parte de una maniobra destinada a instalar información sensible con fines políticos. La investigación continúa en la Justicia y el Gobierno insistió en que fue víctima de un acceso ilegítimo a sistemas oficiales, mientras distintos sectores opositores reclamaron precisiones sobre el alcance del caso y el manejo de la información pública.
En ese escenario, el anuncio del pase a planta permanente también puede leerse como un intento del oficialismo de recuperar la iniciativa política. Con el respaldo de ATE, un proyecto de fuerte impacto sobre el empleo público y una agenda orientada a la gestión, Weretilneck busca volver a colocar el foco sobre la administración provincial mientras procura dejar atrás una sucesión de controversias que, durante las últimas semanas, condicionaron el debate político en Río Negro.
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