Servicio de recolección de residuos durante los próximos días

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El gobierno mandó este viernes al Congreso el proyecto de Inocencia Fiscal II, cuya presentación fue delegada por Luis Caputo en tres tributaristas en el Ministerio de Economía, pero la oposición ya advierte sobre su inconstitucionalidad.

El peronista Guillermo Michel señaló que el texto fue redactado por el estudio Lisicki Litvin y advirtió que «César Litvin es un asesor impositivo, que trabaja mucho para Patricia Bullrich». «Incluso hay una foto de Caputo con varios tributaristas, ni siquiera lo armó el Estado porque como la mayoría de las leyes que presenta este gobierno, no las hacen los funcionarios públicos sino los estudios de abogados», sostuvo.

Según el entrerriano, los libertarios «buscan copiar el viejo tapón fiscal» de Domingo Cavallo. «Consiste en que el contribuyente presente la última declaración jurada y que para atrás no se pueda ir», indicó, y concluyó que «así como está el borrador, claramente es inconstitucional porque, con un blanqueo, eximís de responsabilidad penal y tributaria para atrás».

En declaraciones al streaming Gelatina, el legislador conjeturó que «no van con un blanqueo general de nuevo porque le GAFI le pondría reparos». «Es inconstitucional porque las facultades del Estado, la de controlar, fiscalizar y recaudar, no las podés delegar. No podés decir ‘no voy a hacer esa facultad'», argumentó.

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De todas maneras, aventuró que se trata nada más que de «un anuncio periodístico». «El blanqueo anterior fue exitoso, 24 mil millones de dólares, pero este último lo están modificando porque no está dando resultados», aseguró.

También el socialista Esteban Paulón se pronunció contra la intención del gobierno de habilitar el acogimiento de funcionarios y familiares al esquema de este proyecto. «El Gobierno confirmó que funcionarios, políticos y sus familiares también podrán adherir al régimen de «inocencia fiscal. Más impunidad. Menos transparencia», posteó en X.

Paulón había presentado a principios de mes un proyecto para excluir a quienes ejercen cargos públicos. «La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos», dijo.

Agustín Rossi también se manifestó contra la iniciativa, al tildar el proyecto como «vergonzoso». «No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública», se quejó.

El gobierno oficializó a Rodrigo Sbarra como viceministro de Salud tras la renuncia de Guido Giana y ahora se arriesga a otro caso Adorni con un funcionario que se fue del gobierno de Macri envuelto en un escándalo y con un crecimiento patrimonial también difícil de explicar.

Sbarra, que

se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa, ahora fue nombrado secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, virtual número dos de Mario Lugones, y tendrá a su cargo el manejo del monumental presupuesto de la cartera sanitaria.

El nuevo viceministro no es un desconocido de la política. Durante el gobierno de Cambiemos fue subsecretario y secretario de Coordinación del Ministerio de Producción que conducía Francisco «Pancho» Cabrera y luego continuó con Dante Sica. Como ahora, en ese cargo era el encargado de las compras y contrataciones de la cartera.

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Sbarra saltó a la fama poco después de su salida de la función pública cuando en lo que era su despacho encontraron un sobre con 10 mil dólares con anotaciones como el nombre de una empresa y fechas. El exfuncionario denunció una operación y dijo que el dinero fue plantado. Una cuestión que en ese momento llamó la atención fue que el despacho de Sbarra tenía llamativas medidas de seguridad y era difícil acceder.

Sbarra fue denunciado y el fiscal Gerardo Pollicita lo investigó durante tres años por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En diciembre de 2023, tres días después del cambio de gobierno, lo sobreseyó con el argumento de que su situación económica justificaba la tenencia de esos 10 mil dólares y los otros bienes que descubrieron.

Sbarra saltó a la fama poco después de su salida de la función pública cuando en lo que era su despacho encontraron un sobre con 10 mil dólares con anotaciones como el nombre de una empresa y fechas

Pero en el camino de la investigación saltaron varias cosas llamativas. Primero, que la justicia determinó que el sobre con los 10 mil dólares era suyo y no plantado, como sostuvo. Pero, principalmente, los bienes sin declarar que le aparecieron, como un lote de 1000 metros cuadrados en Nordelta que había comprado en 2016 por 180 mil dólares y no declaró.

Con los números de la época, Sbarra ingresó al gobierno nacional en 2015 con un patrimonio declarado de poco más de 1 millón de pesos, que correspondía casi por completo a un departamento en CABA, y se fue en 2019 con bienes declarados por más de 30 millones de pesos, entre ellos un Mini Cooper y depósitos en el extranjero.

Imputaron por lavado de dinero al ex funcionario macrista que olvidó 10 mil dólares en su escritorio

Luego de algunas rectificaciones de sus declaraciones juradas por «omisiones», Pollicita lo sobreseyó en diciembre de 2023. Meses después, el gobierno de Milei lo rescató y lo designó subsecretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete, otra oficina encargada de compras y contrataciones.

La última declaración jurada de Sbarra, que presentó en 2024, sostiene que es propietario de una casa y dos lotes en Navarro, dos departamentos y una cochera en Caba, tres lotes en Escobar, dos SUV Volvo, varias cajas de ahorro en Argentina, una cuenta en dólares en el exterior, dinero en efectivo y acciones en dos firmas. Todo eso con una trayectoria laboral casi exclusivamente sostenida en diversos cargos menores en la función pública nacional y porteña.

Mario Lugones

Sbarra es el tercer viceministro de Lugones, después de Giana y Cecilia Loccisano. La Secretaría de Gestión Administrativa es un lugar clave porque allí pasan todas las decisiones sobre el presupuesto de Salud. El cargo se ha convertido en una silla eléctrica.

El Ministerio de Salud ha quedado atravesado por la mayoría de los escándalos de corrupción del gobierno de Milei, como las coimas en Andis, las contrataciones irregulares en Osprera, y los sobreprecios en las compras de medicamentos a laboratorios como el de los Kovalivker.