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Servicio de recolección de residuos durante los próximos días

La Municipalidad de Villa Regina informa que el servicio de recolección de residuos domiciliarios se brindará de acuerdo al siguiente cronograma durante los próximos días:

*Jueves 30 de diciembre: Normal

*Viernes 31 de diciembre: Se realizará sólo en los sectores en los que el servicio se presta en la mañana.   

*Sábado 1 de enero: No habrá recolección.

*Domingo 2 de enero: Se realizará en los barrios en los que habitualmente el servicio se presta durante esa jornada.

*Lunes 3 de enero: Normal.

Se solicita a los vecinos que tengan en cuenta este esquema y eviten sacar las bolsas en los días en que no se prestará el servicio.

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    «Hoy no podriamos pagar los aguinaldos si no recibimos ayuda de Provincia», dijo a LPO un intendente del interior bonaerense que reveló que su gestión tiene tramitada en el Ministerio de Economía provincial una asistencia que, de prosperar, estimó que se dará bajo el formato de adelanto de coparticipación.

    Además, en varios municipios alertan un proceso de endeudamiento con proveedores más profundo de lo habitual a raíz del derrumbe en la recaudación de las tasas y de los recursos que llegan vía coparticipación, sumando a un aumento en la demanda en el sistema de salud local.

    Por eso, aunque advirtieron que el mes pasado mejoró la coparticipación porque se liquidó ganancias, esa excepcionalidad no alcanza para ponerse al día con los pagos a proveedores.

    En el sur de la provincia, otro intendente consultado sostuvo que en la región «varios tienen dificultades» con el pago de aguinaldos y que contemplaron la alternativa de pedir un adelanto de coparticipación a la Provincia.

     En los municipios acusan que la extensión de la dinámica recesiva bajo la era Milei está profundizando un rojo financiero que pone en corto áreas clave para mostrar capacidad de gestión 

    Hay quienes aseguran llegar «con lo justo» pero que decidieron evitar pedir ayudar a La Plata para no trastabillar con el pago del aguinaldo de fin de año. «No voy a pedir adelanto de coparticipación porque después se complica el de diciembre», dijo a LPO un intendente del noroeste.

    Durante los últimos años, recursos provinciales han salido al auxilio de algunas comunas. Pero, ahora, en los municipios acusan que la extensión de la dinámica recesiva bajo la era Milei está profundizando un rojo financiero que pone en corto áreas clave para mostrar capacidad de gestión, como la recolección de residuos.

    Pablo Moyano cruzó a un intendente de Kicillof por el manejo de residuos y le plantó una protesta frente al municipio

    Por lo bajo, hay intendentes que admiten la necesidad de encontrar «alternativas» al servicio tercerizado que sus comunas mantienen con empresas de recolección y que definen como «deficitario».

    Pero saben que avanzar en una municipalización del servicio desataría un choque automático con Pablo Moyano que, meses atrás, le plantó una protesta frente al municipio de Villa Gesell al axelista Gustavo Barrera, que tuvo que dar marcha atrás en la intención de cortar el contrato con la empresa de recolección y que amenazaba con afectar a trabajadores afiliados a Camioneros.

    Aunque Moyano logró con el caso Villa Gesell obturar inmediatamente otros conflictos en ciernes en otros municipios, esta semana salió a flote una nueva crisis relativa a la recolección, esta vez en San Pedro.

     En el municipio de San Pedro alertaron que, por la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza están recaudando cerca de 170 millones, cuando el servicio de recolección supera los 360 millones al mes. 

    En ese municipio del norte bonaerense, los trabajadores de la empresa de recolección Ashira realizaron un paro al no percibir los salarios. Ante eso, en Ashira acusaron que el municipio no pagó los más de 360 millones que debe abonar por mes por la prestación de ese servicio en la ciudad y localidades del distrito.

    Ante eso, en la gestión del axelista Cecilio Salazar señalaron que el problema central está el derrumbe de los ingresos de la comuna.

    «La tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza volvió a caer y hoy estamos en un 47% de cobrabilidad», dijo el secretario de Economía de San Pedro, Roberto Borgo a la radio local 92.3.

    Guerra entre Camioneros y Municipales por el control de la recolección de residuos

    Al advertir que durante junio el municipio recibirá un 8% menos de fondos coparticipables que en mayo (alrededor de 226 millones menos) Borgo sostuvo: «Vamos a tener dificultades todos los meses si siguen cayendo los recursos».

    En la gestión Salazar alertaron que, por esta tasa, están recaudando cerca de 170 millones, cuando el servicio de recolección supera los 360 millones.

    «Hay que empezar a discutir seriamente qué servicio estamos dispuestos a sostener y cómo lo vamos a financiar», dijo el funcionario, que detalló que la deuda que acumula el municipio con Ashira es superior a los 1.900 millones. 

     

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    Bullrich se animó a desafiar dos veces a Karina en un mes, primero con el pedido de la declaración jurada de Manuel Adorni de manera pública y esta semana con el apoyo al pliego de la cuñada de Hugo Alconada Mon, María Verónica Michelli.

    La senadora publicó el lunes que habló con el propio presidente para rechazar su decisión de retirar el pliego y al otro día filtró a los medios que incluso ofreció su renuncia a la jefatura del bloque de La Libertad Avanza.

    Cualquier otro integrante del oficialismo hubiera sucumbido a la vendetta de Karina, que es quien protege a Adorni y quien buscó bajar el pliego de la cuñada de Alconada, furiosa por las notas del periodista que investiga la criptoestafa Libra.

     ‘El odio que se tienen es tan grande, que hubo miedo de dejarlas solas’, dijo a LPO una importante fuente del gobierno nacional. 

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    «El odio que se tienen es tan grande, que hubo miedo de dejarlas solas», dijo a LPO una importante fuente del gobierno nacional.

    El desprecio de Karina se sintió en la estética de la foto, en la que ni siquiera se puede ver la cara de Bullrich, puesta de espaldas al fotógrafo. La devolución de Patricia fu contundente: «Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei», tuiteó la ex PRO, como para dejar en claro que su jefe no es Karina.

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  • Cumbre de Macri y Llaryora: hablaron de una candidatura a gobernador de Rodrigo de Loredo

     

    Hace un par de semanas se produjo en Vicente López un reencuentro entre el expresidente Mauricio Macri y el gobernador cordobés, Martín Llaryora. Reunión de la que, obviamente, estuvo al tanto el exgobernador Juan Schiaretti, amigo personal del expresidente.

    Las versiones en torno al contenido de la charla, la duración y hasta incluso la forma -hay cordobesistas que insisten con que fue un contacto telefónico, pero fue cara a cara- varían entre las fuentes. 

    En el entorno del gobernador cumplen con el protocolo de negar el encuentro. Pero tres dirigentes muy importantes del peronismo cordobés y un operador de primer nivel cercano al PRO confirmaron a LPO la reunión. Incluso, las distintas fuentes coinciden en el trazo grueso de lo que se habló: el ex presidente se centró escenario nacional y el cordobés en el escenario para las elecciones de gobernador de Córdoba, donde, hasta ahora, hay dos polos. 

    Uno liderado por él mismo que busca su reelección y el otro liderado por los jefes de la alianza opositora con el diputado Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez a la cabeza.

    Kicillof: «hablamos con Llaryora y tenemos que encontrar coincidencias»

    La duda de todos, una vez más, vuelve a ser qué hará el radical Rodrigo de Loredo. Llaryora, como cualquier oficialista que busca la continuidad, necesita que se paren varias opciones en la contienda del año que viene y sabe que, quién puede empujar una candidatura a gobernador de De Loredo es el expresidente Macri. Una jugada clave para dividir aunque sea un poco el frente opositor.

    «Llaryora le planteó a Mauricio la necesidad de que De Loredo sea candidato a gobernador. Si o sí», dijo una fuente del espacio amarillo que conoce detalles finos del encuentro en Olivos.

    Llaryora le planteó a Mauricio la necesidad de que De Loredo sea candidato a gobernador. Si o sí.

    El radical hace varias semanas que mantiene un discurso enfático y dice «en el 2023 tuve un gesto y me bajé para que Juez sea candidato. Esta vez no va a pasar lo mismo». Esto, además de un pedido de internas a Bornoroni y Juez que no tuvo ningún tipo de eco en ese esquema.

    Igual, también es cierto que los libertarios con despachos en Casa Rosada también les pidieron a los referentes de Milei en Córdoba que aminoren la munición gruesa contra De Loredo. Algo que, a los opositores de Llaryora en la provincia los irrita, pero no les queda otra.

    Incluso, hay fuentes que señalan que los Menem, con quienes el radical habla, podrían insistir con un lugar en el casillero por la pelea por la intendencia para De Loredo y que la fórmula provincial la encabecen los libertarios. Todos juntos.

    De hecho, esta semana los radicales que responden al exdiputado empezaron a recorrer la Capital provincial y hay sectores de la UCR que se inquietaron porque el propio De Loredo les había asegurado que su pelea era por la gobernación y que no iba a ocupar ese escalón de la fórmula municipal.

    No obstante, también están aquellos que razonan que los recorridos por la Ciudad se deben a la necesidad de mostrar al legislador deloredista Matías Gvozdenovich como la opción para suceder al riotercerense Marcos Ferrer en la conducción de la UCR provincial.

    Como sea, el radicalismo vuelve a estar convulsionado en Córdoba. El PRO y el cordobesismo creen que De Loredo puede ser una prenda de negociación para un encastre nacional de centroderecha y con esto causar un impacto local en la elección provincial. De la misma manera que en el resto de la política, el post Mundial acelerará todo también en Córdoba. 

     

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    Discapacidad sin respaldo: Milei elimina las compensaciones para pasajes gratuitos y pone en riesgo un derecho básico

     

    El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.

    Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.

    El ajuste llega a quienes más dependen del Estado

    El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.

    Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.

    El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.

    La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer

    En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.

    La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente

    La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.

    Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

    Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.

    La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.

    Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales

    Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.

    Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.

    La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.

     

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