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Hace 11 años —cuando X era Twitter y no una red social tan hostil, expulsiva y aleccionadora como ahora— escribí desde las tripas: «No vamos a levantar la voz?. NOS ESTÁN MATANDO». Estaba envuelta en enojo, pena y furia. La violencia extrema hacia las mujeres, y en ese momento puntual contra las adolescentes, tuvo uno de sus picos máximos cuando Chiara Páez fue asesinada por su novio, Manuel Mansilla, en Rufino, Santa Fe. Chiara tenía 14 años y estaba embarazada de tres meses. Mansilla la mató a golpes y la enterró en la casa de sus abuelos. 

Este tuit está escrito. Sucedió. Pero fue azaroso que me haya interpelado a mi de esa forma. Cualquiera podría haber sido la autora de ese posteo: vos, aquella, la otra, la de más allá, la del otro lado. Fue una circunstancia. En menos de un mes, entre ese tuit del 11 de mayo y el miércoles 3 de junio de 2015, organizamos la primera marcha de Ni Una Menos. Ahora, once años después, nos enteramos del femicidio de otra adolescente de 14 años. Entre aquel Ni Una Menos inaugural y hoy contamos 3424 mujeres asesinadas, según La Casa del Encuentro. De esos asesinatos, 3073 fueron femicidios y femicidios vinculados (cuando un hombre mata a una o varias personas con el propósito de causarle sufrimiento, castigar o destruir psíquicamente a una mujer). En estos once años, una mujer fue asesinada cada 30 horas. 

Agostina Vega, cordobesa, estuvo desaparecida una semana. Su mamá hizo la denuncia policial horas después de la desaparición. Como suele suceder en estos casos, la fiscalía primero se centró en el círculo más cercano y en la hipótesis de que Agostina podría estar con un noviecito. Recién tres días después se activó la Alerta Sofía.  Al cuerpo de Agostina lo encontró la Policía este domingo en un descampado cerca del barrio Ampliación Ferreyra. 

Claudio Barrelier, el hasta ahora único acusado por el femicidio, está detenido. El hombre de 33 años había sido denunciado el año pasado por privación ilegítima de la libertad por una mujer que salió corriendo de su casa desnuda y pidiendo ayuda. En mayo de 2025 estuvo detenido solamente 20 días. El fiscal Iván Rodriguez lo dejó libre, fianza de por medio. 

Cuando el impacto mediático trasciende los límites de la provincia, la voracidad por el “vivo y directo”, el vértigo, le gana a la información veraz. La audiencia muestra interés por el “caso”, se abren puñados de teorías, análisis, especialistas y opinólogos que desfilan sin parar.

Lo sabemos: casi todas esas teorías se centran en la víctima. Que para su corta edad esto o  aquello, que sí hacía videos para TikTok, que las fotos que se tomaba. Hasta se escuchó con tono fuerte y certero a un cronista mencionar detalles de la intimidad de Agostina. 

También vale mencionar aquí a esos cronistas de exteriores que, valiéndose de lo que ven, escuchan, preguntan e investigan, valoran la información en off de record y comprenden, como pocos, la prudencia de lo que se informa y cómo. 

Pero la carroña mediática está a tiro cuando se trata de una mujer, adolescente, de apenas 14 años como Agostina. Lo mismo sucedió en 2017, por poner sólo un ejemplo,  con la joven bonaerense Melina Romero. Melina, la “ fanática de los boliches que abandonó la secundaria”, titulaba el diario de mayor alcance del país, y ampliaba: “Hija de padres separados, dejó de estudiar hace dos años y desde entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle con chicas de su edad o yendo a bailar, tanto al turno matiné como a la noche, con amigos más grandes. En su casa nadie controló jamás sus horarios y más de una vez se peleó con su mamá y desapareció unos días”.

Dos años antes del femicidio de Melina, cuando escribí aquel tuit, las réplicas e intercambios fueron inmediatos. Colegas, compañeras, amigas y desconocidas sugerían ideas, adónde ir, qué hacer, a quiénes y cómo convocar para lograr, primero, el impacto mediático. Allí también se nos abrieron espacios amigables de colegas periodistas, compañeros de profesión y amigos del oficio. Después, hubo que profundizar en los contenidos, reclamos, exigencias, deudas y pendientes. Todo lo organizamos en menos de un mes.

Que vayamos al Puente de la Mujer en Puerto Madero, que estemos vestidas de violeta o de negro, que el horario tenía que ser después de las 17, pero no tan tarde por el frio de junio. Finalmente, lo decidimos: iba a ser en el kilómetro cero del país, frente al Congreso de la Nación. 

Desde el 11 de mayo a ese 3 de junio vivimos días frenéticos, intensos. Comenzó a tejerse una red potente, primero de periodistas y comunicadoras, que ya habían participado en un encuentro literario en el Museo de la Lengua, también bajo el lema “Ni Una Menos”, parte de un poema de Susana Chávez, activista mexicana asesinada en Ciudad Juárez. 

Todas, una veintena, de diferentes medios, de diversas militancias, formaciones académicas, algunas presentadoras de noticias, escritoras, ensayistas, licenciadas en letras, abogadas, cronistas de exteriores, comenzamos a intercambiar ideas para bajarlas, literalmente, a la calle. 

¿Qué íbamos hacer? ¿Qué teníamos para decir? ¿Cuáles eran nuestros reclamos? ¿Qué respuestas tenía el poder político de turno? ¿Qué era aquello que comenzaba a replicarse como #NiunaMenos, basta de femicidios? La respuesta se manifestó la tarde del 3 de junio de 2015 en cada rincón del país.

En todas las provincias, en cada ciudad, en pueblos que jamás habían salido a las calles, como Corral de Bustos, recuerdo; la implosión fue desde el Congreso hasta cada punto del país. O al revés. Lo siento por los porteños. 

No pretendo traer una foto sepia de aquella fecha, pero sí recordar que fue un mojón en la historia de los movimientos de mujeres aquí, en la región y en el planeta. Se miraba a la Argentina, este país del fin del mundo. “Vengo del país del #NiUnaMenos” dije una vez ante colegas de otros países de la región. La Argentina era validada, también, por esta nueva ola feminista. Las Tesis llevaron su performance. “Un violador en tu camino”, desde Chile a cada rincón donde los ataques sexuales fueron tema de discusión. El #MeToo, que en 2017 sacudió al mundo cuando dos periodistas revelaron que Harvey Weinstein era, aparte de un exitoso productor de Hollywood, un depredador sexual. 

Tuvimos en Argentina aquel Paro Internacional de Mujeres, y después arrasó el #MiraCómoNosPonemos” cuando supimos que Thelma Fardìn, en su adolescencia, había sido abusada sexualmente por el popular actor Juan Darthes.

Y vinieron más marchas, otros paros, imposible recorrerlos todos en un sólo texto. 

Pero en los últimos años, la búsqueda de la equidad quiere instalarse como el principal enemigo a vencer. Resulta que para propios y ajenos ese enemigo somos las feministas. Que dónde estamos, por qué reaccionamos, por qué los silencios. 

Aquello de «no me siento representada por el feminismo del país» se cuela por la ventana, sin siquiera poder debatir cómo son los feminismos, cuál es el camino de los movimientos de mujeres en la Argentina. ¿Desde qué lugares se lanzan estas pretenciosas afirmaciones casi idénticas y de tan poca profundidad? Desde el poder político, claro. El mismo poder que hoy niega los femicidios y la violencia machista. Que se preocupa por las supuestas falsas denuncias y no dice nada cuando una piba como Agostina, como Chiara, como Melina, aparece asesinada. No hablo sólo del Gobierno. Hablo también de la Justicia. Para muestra, basta la conferencia de prensa que dio ayer el fiscal Raúl Garzón. ¿Nos piden explicaciones a las únicas que nos movilizamos y accionamos contra los femicidios, las violaciones y los abusos? ¿Nos tildan de exageradas? ¿Nos piden que nos calmemos? 

Voy a defender mi derecho a estar viva, pero también a enojarme. Y, para eso, tampoco pido permiso ni perdón. El enojo también es una lucha política. Nos vemos, otra vez, el 3 de junio en las calles.

La entrada Nos siguen matando se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

El fiscal Franco Picardi citó a declaración indagatoria para el próximo 3 de junio al empresario Alan Pocovi, por sospechas de lavado en la causa Andis, y su testimonio podría complicar a Martín y Lule Menem.

Fuentes de Comodoro Py comentaron a LPO que Pocovi, medio hermano del hijo de Zulemita Menem, formó parte en el entramado de operaciones que coordinaba Miguel Calvete para el presunto desvío de fondos de la Andis. El nombre de Pocovi aparece en los chats de los teléfonos que la Justicia investiga: su rol habría sido el de recibir dinero en una misteriosa oficina de la calle Madero al 900, en el barrio de Catalinas, y concretar las transferencias por millones de pesos que demandaba Calvete.

Desde el gobierno niegan contacto con Pocovi. «Alan Pocovi es hermano de Kevin Pocovi. Kevin Pocovi es medio hermano del hijo de Zulemita. No tiene relación con Martín ni Lule, jamás la tuvieron», aseguran.

La investigación de la causa Andis tramita en el juzgado de Ariel Lijo, que tiene a maltraer al gobierno, y un camarista al tanto del caso admitió que Pocovi también aparece en maniobras sospechosas con contratos de Vialidad Nacional. En los tribunales de Retiro miran de reojo la facilidad del hombre de Calvete para aplicar a distintos rubros.

Alarma total en la Rosada, llaman a indagatoria a Spagnuolo

En efecto, una investigación del portal El Disenso reveló que el titular de Vialidad, Marcelo Campoy, habilitó el otorgamiento de obras por 1292 millones de pesos en mayo de 2025 para la familia Pocovi. Campoy está unido al clan del ex presidente Carlos Menem desde la década del 90 y, de hecho, ocupó el mismo cargo que ahora en 1999, cuando todavía gobernaba el riojano.

El registro de visitas a la Casa Rosada arroja que, en los últimos dos años, Campoy se reunió con Lule Menem en más de 30 ocasiones. «Se reunió en 32 ocasiones en la Casa Rosada; 28 de esas visitas fueron por asuntos privados, ya que estos encuentros no fueron consignados en las actas oficiales de audiencias», dice El Disenso.

Ariel Lijo.

Para colmo, el cuñado de Campoy es Diego Eugenio Cadel, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados en la firma Damg Producciones Deportivas SRL. El emprendimiento de Martín Menem habría surgido en 2008 y está vinculado a la organización y publicidad de eventos deportivos.

Con el arribo de Campoy a Vialidad Nacional, Pocovi logró convertirse en proveedor del Estado para el «Servicio integral de corte de pasto, desmalezado y cortafuego 2025». La empresa que logró la adjudicación se llama He Vras SRL y es una constructora formada entre las PASO de 2023 y el ballotage que Javier Milei le ganó a Sergio Massa.

El nombre de Pocovi aparece en los chats de los teléfonos que la Justicia investiga: su rol habría sido el de recibir dinero en una misteriosa oficina de la calle Madero al 900, en el barrio de Catalinas, y concretar las transferencias por millones de pesos que demandaba Calvete.

La propiedad de la firma está registrada a nombre de Pocovi y Cipriano Arriola Cabrera. Aunque se lo define como «empresario paraguayo», su domicilio fiscal está fijado en un barrio popular de Quilmes y hasta habría cobrado el IFE (ingreso familiar de emergencia) durante la pandemia.

El hallazgo periodístico del portal indica que, lejos de abortar la contratación de esa empresa, por el compromiso de su dueño en la causa Andis, Campoy le extendió en diciembre pasado la exclusividad del contrato hasta junio de este año. Solo habría tenido la astucia de no firmar la prórroga, acción que delegó en Ariel Paz, Jefe de Compras de Vialidad Nacional.

Otro detalle de la jugada es que mientras que el servicio original fue valuado en $1.292 millones, en diciembre se fijó un precio de $2.584 millones para la misma función. Se trata de una suma que duplica el contrato anterior, acaso un acuerdo que mina la confianza en los índices económicos que defiende el gobierno.

 

La Municipalidad de Villa Regina, a través del Área Mujer y Diversidad, llevó adelante un encuentro con Diana Arbelaiz, Coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) Río Negro. El objetivo es informar y poner en marcha el programa para fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI en situación de…

 

El ex juez federal Marcelo Bailaque tuvo el peor inicio en la audiencia donde se determina si va a juicio por connivencia con el narcotráfico. Al arrancar la sesión, una información inesperada sacudió a los que escuchaban. Y es que Gabriel Mizzau, que era contador en empresas del traficante Esteban Alvarado y a la vez asesor contable del propio magistrado bajo sospecha, aceptó una condena en este mismo trámite. Y algo más: convertirse en imputado colaborador en el caso que tiene a Bailaque como acusado de este y otros delitos.

La novedad produjo conmoción dentro y fuera de la sala de la Cámara Federal de Rosario donde el vocal Aníbal Pineda presidía el acto. El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, reveló que Mizzau había suscripto horas antes un acuerdo pleno donde se reconoce la culpabilidad y con pena definida y a homologar más adalenta, además de un convenio de colaboración como imputado, en el marco del artículo 41 ter, que admite el aporte de información a cambio de una moderación en la condena a aplicar. Ese acuerdo fue admitido por el juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz

Bailaque está en prisión domiciliaria y no se presentó personalmente a la audiencia. Está imputado en tres causas distintas. La que más interesó este miércoles, que formalizó el fiscal federal Matías Scilabra, es haber generado una omisión inaceptable al rechazar tres medidas pedidas en 2013 contra Esteban Alvarado, que recién sería condenado por narcotráfico en 2022. Lo que se remarca en esa causa es que el juez tenía como contador a Mizzau, un amigo que había sido su compañero de colegio, quien era a la vez contador en al menos dos empresas del grupo de Alvarado.

El reproche a Bailaque es haber negado medidas cruciales, hacia 2013, contra actores del grupo delictivo de Alvarado, en una causa que resultó paralizada en el juzgado federal que controlaba. Parte de los datos que se acumularon en ese expediente, que no avanzó, sirvieron en la Justicia provincial de Santa Fe para condenar a Alvarado y miembros de su organización a penas de prisión siete años después.

Milei le aceptó la renuncia al juez Bailaque y lo salvó del juicio político 

Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei. Sus revelaciones sobre causas que conciernen a ellos y a Bailaque comprometen al ex juez federal de Rosario, al que le fue aceptada su renuncia el año pasado.

«Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos, la calificación jurídica y se postergó el dictado de la pena. Entendemos que la audiencia de control de acusación a Mizzau ha devenido abstracta», dijo el fiscal Iglesias. Lo hizo porque ahora, tras la admisión de su conducta, lo único que resta para Mizzau es que le fijen el monto de la condena.

Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei

El contador público Mizzau era quien firmaba los estados contables de Logística Santino, empresa de Alvarado. Según fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) también fue él quien gestionó el pedido de habilitación municipal para el instituto geriátrico Sagrado Corazón de María SRL, una empresa integrada por Viviana Alvarado y Daniel Martín. Según los fiscales provinciales, y para los jueces que condenaron, este geriátrico era una firma de Esteban Alvarado, quien figuraba como empleado para simular ingresos legales.

El hijo de este contador que certificó balances o gestionó permisos comerciales para el grupo de Alvarado se llama Sebastián Mizzau y es empleado de la Justicia Federal de Rosario. Mizzau hijo entró en 2017 como empleado del juzgado federal a cargo de Marcelo Bailaque sin rendir concurso, como una buena cantidad de empleados, en base a la relación de amistad que su padre mantiene con el magistrado federal. Trabajó en ese juzgado hasta 2024, momento en que fue ascendido como integrante de la dotación del Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.

Fernando Whpei

Mizzau era también, como lo reconoció el mismo juez, quien llevaba las cuentas personales de Bailaque, quien dijo jamás haber sabido de la relación de su contador y amigo con el grupo de Alvarado. La intervención de Mizzau como asistente profesional de Alvarado aparecía en anexos que estaban en la causa que el mismo Bailaque llevaba contra el narcotraficante que está condenado a perpetua por comercio de droga y como ideólogo de homicidio.

Además de este caso Bailaque está acusado en otros dos legajos. Otra imputación es haber participado junto al entonces director de la AFIP Vaudagna y el financista Whpei del armado de una causa, a partir de un anónimo genérico, contra dos empresarios bursátiles, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a fin de pedirles dinero para cesar la persecución. Esta acusación la generaron los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco de la Procuración contra el Lavado de Activos (Procelac).

Cómo fue la maniobra de Bailaque y Fernando Whpei para manejar los fondos millonarios de una cooperativa

El tercer hecho es haber orquestado una transferencia de mil millones de pesos en 2021 hacia la mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, bajo la esfera del grupo financiero Unión que controlaban dos empresarios, los hermanos Guillermo y Fernando Whpei. Esos fondos eran de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y habían quedado inmovilizados por una causa de lavado de dinero contra sus directivos. El juez Bailaque resolvió transferir ese monto multimillonario a la mutual, contra lo usual que es que entidades oficiales cautelen fondos judiciales bajo litigio. El argumento que les dio Fernando Whpei a miembros de la cooperativa enfrentados a su conducción fue, según estos, que Bailaque era su amigo y que el dinero manejado en la mutual reportaría mejor interés. Esta imputación es del fiscal federal Federico Reynares Solari.

El gobierno de Milei aceptó la renuncia de Bailaque en julio del año pasado cuando el Consejo de la Magistratura, tras una demora de dos años, estaba a punto de girar su caso al plenario, lo que podía llevarlo a un juicio político con destitución. 

Los fiscales que investigan una trama de corrupción que incluye actores institucionales pidieron diez años de prisión

para Bailaque por acciones que le atribuyen y que implican extorsión, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, recepción de dádivas y lavado de dinero. También solicitaron cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, multa equivalente a cinco veces el monto de la operación de lavado y a tres veces el de las dádivas.