Se renuevan las propuestas turísticas

 

Quiénes son los 18 que estuvieron con Milei

Por Roque Pérez para NLI

El 8 de enero de 2026, Milei recibió en la Casa Rosada a un grupo de militantes libertarios, influencers y activistas de la llamada “batalla cultural”. La audiencia fue presentada oficialmente como un “saludo protocolar”, pero el detalle de los asistentes y sus trayectorias deja al descubierto algo más profundo: un armado político-cultural sostenido por personas que, mientras demonizan al Estado en el discurso, mantienen o mantuvieron vínculos concretos con él.

No se trata solo de contradicciones individuales. El encuentro expone el ADN del mileísmo: un proyecto que necesita del Estado para legitimarse, aunque lo niegue públicamente.

Carlos Alberto Carosia

Productor y gestor político. Actúa como articulador entre el universo libertario digital y el poder formal. Es quien convierte militancia de redes en acceso real a la Casa Rosada. No discute ideas: ordena, conecta y habilita.

Aunque el espacio que integra rechaza la intermediación política y la “rosca”, Carosia cumple exactamente ese rol: intermediario político clásico, pero sin asumirlo públicamente. Aspiracional a «gente de bien», buscó hacer sus necesidades más alto de donde le daba residiendo en el exclusivo Club de Campo Haras San Pablo, allá por 2022, y por no pagar le subastaron sus bienes.

Marina Aldana Biagetti

Una de las voces más difundidas del libertarismo en redes. Construye identidad desde el rechazo a lo colectivo y la exaltación del mérito individual. Funciona como figura emocional, clave para captar adhesiones desde el relato personal.

Mientras reniega del Estado y cuestiona políticas públicas, solicitó y obtuvo una eximición del Impuesto al Automotor por su condición de persona con discapacidad, un beneficio otorgado por el mismo Estado que dice despreciar. El derecho estatal aparece legítimo cuando es propio, ilegítimo cuando es ajeno.

Eric Iván Acosta

Militante libertario con anclaje territorial. Aporta conocimiento práctico de la gestión local y funciona como puente entre el discurso libertario y realidades municipales.

Pese a su prédica contra el empleo público y “la casta”, trabajó para el municipio de Santa Fe, es decir, fue parte del aparato estatal que hoy denuncia como ineficiente y parasitario.

Con ganas de figurar, a su cuenta de Twitter la siguen 11 personas.

Walter Edgardo Díaz

Aporta una mirada disciplinada y de orden, muy valorada dentro del mileísmo. Su perfil encaja con sectores libertarios que reivindican fuerzas armadas y autoridad.

Fue parte integrante de la Armada Argentina hasta su baja en 2021 con el grado se Suboficial Principal, pasando a recibir su pensión del sistema estatal de retiros y pensiones. Mientras el discurso libertario cuestiona jubilaciones y sistemas previsionales, él formó parte de uno de los regímenes especiales del Estado.

Geraldine Mariana Prais

Figura provocadora y de alto impacto mediático. Su función es romper consensos, generar polémica y mantener al libertarismo en agenda a través del escándalo permanente.

Se presenta como antisistema, pero su visibilidad y capital simbólico se construyen gracias a la amplificación mediática y política que hoy le garantiza el poder estatal. Se postuló a Concejal en Esteban Echeverría y su posteo fue un cúmulo de faltas de ortografía (si así escriben los que comunican…).

Gabriel Nicolás Morel

Militante digital orgánico. Participa en campañas coordinadas de redes, ataques discursivos y operaciones de sentido. Es parte del aparato comunicacional informal del mileísmo.

Rechaza la militancia tradicional, pero opera como militante profesional, replicando lógicas de aparato político que el propio libertarismo dice combatir.

Leonardo Luis Antonio Griffo

Operador, se define como cristiano, maestro mayor de obras y personal trainer.

Se lo conoce en las redes como «Vikingo Liberal» y como parece ser la regla de estos comunicadores, escribe bastante mal.

Aspirante a Creador Digital, su página de Facebook tiene 8 seguidores.

Juan Manuel Uriarte Rinaldi

Militante con presencia territorial y digital. Funciona como engranaje entre el activismo online y la estructura partidaria de La Libertad Avanza. En sus posteos se lo ve militando en la Comuna 10 de la Ciudad de Buenos Aires.

Denuncia a los partidos políticos tradicionales, pero milita activamente dentro de una estructura partidaria clásica, con jerarquías y lineamientos centrales.

Flavio Martín Arenales

Desde sus redes promueve un discurso anti-centralista, pero responde a una conducción hipercentralizada en la figura de Milei.

En julio de 2024, dio una entrevista en el canal de streaming Carajo, en la que señaló que “Las Fuerzas del Cielo” nacieron la noche previa al balotaje presidencial de 2023, cuando él llevó a un acto un cartel de cartón con la leyenda “Las Fuerzas del Cielo – Virrey del Pino”. Este cartel fue alzado por Milei tras su discurso como presidente electo.

Tiene 50 años y hace menos de diez que vive en la zona rural de Virrey del Pino, con su pareja y un hijastro, aunque también tiene hijos de un matrimonio anterior. Es el casero de un predio de varios terrenos, cuyo patrón le dio el espacio en el que está construyendo su casa.

Votó a Néstor Kirchner en 2003, pero no a Cristina: “Nunca la quise; yo solamente con mirarla me doy cuenta que es una cínica”.

César Alberto Alejandro

Integrante del núcleo de acompañamiento. Perfil bajo, pero funcional al armado general

Vive en Agustín Roca, en el partido de Junín, provincia de Buenos Aires. Trabaja, según su descripción en Facebook, como prensa y relator en Junín Moto Club, un complejo deportivo de moto y karting, y como auditor en la Asociación Mutual Amacar.

Dice ser autor del «Himno a Milei».

Cinthya Romina Laurencio

Difusora constante del mensaje libertario. Su función es la amplificación acrítica del discurso oficial.

Vive en Misiones, desde donde reproduce consignas contra el “adoctrinamiento”, pero milita un relato único sin matices ni debate interno.

Jimena Sabrina Etchevarría

Parte del armado femenino libertario. Aporta diversidad estética al espacio.

Residente en Villa Ballester, es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Palermo y fue editora en La Nación +.

María Alejandra Morsicato

Defensora ideológica del programa económico libertario. Con 49 años, participa en debates justificando ajuste y desregulación.

Es abogada y estudió la Especialización en Derecho de Familia en la Universidad Nacional de Córdoba, según su descripción en Facebook. En 2023 creó un emprendimiento de macetas y decoración.

Nicolás Ricardo Sosa

Militante joven, parte de la renovación generacional del libertarismo.

Aspirante a influencer, es de Almirante Brown y en su biografía escribió “UX/UI Specialist. Sueño con ver al conurbano libre de kirchnerismo”

Graciela Del Carmen Travaglini

Ejerció como docente antes de jubilarse. Con 70 años, ive en Loma Hermosa, Tres de Febrero. En sus publicaciones comparte opiniones sobre actualidad en apoyo a Milei y contra el kirchnerismo, y el mismo presidente (siempre tan ocupado) suele escribirle.

Diego Valenzuela la recibió en una visita oficial.

Damián Ezequiel Miguel Acosta

Conocido como “El Tío Tepa”, trabaja como director comercial de una empresa del rubro automotor, aunque es monotributista «C». En diálogo con Chequeado, Acosta contó cómo empezó a dar la “batalla cultural”: “Todo empezó hace 3 años. Mi hijo vino y me mostró un video de Javier Milei, y ahí encontré a una persona que gritaba y se expresaba como la mayoría de los que trabajamos y hacemos las cosas bien (sic). Dije: ‘¡Es él!’. Desde entonces aporto mi granito de arena y doy la batalla cultural desde las redes, a mi manera, como una persona común”.

Ángel Gabriel Kalenberg

Humorista y actor cultural. Su tarea es suavizar y banalizar ideas violentas mediante el humor.

Niega el rol cultural del Estado, pero se beneficia de circuitos culturales construidos históricamente con políticas públicas.

Samantha Ayelén Aquino Sosa

Militante joven y activista digital. Representa la captación de nuevas generaciones. Salteña, el año pasado fue candidata a diputada.

Un patrón que se repite

Lejos de ser excepciones, las contradicciones son el hilo conductor del encuentro. El mileísmo no rechaza al Estado: rechaza que el Estado funcione para otros. Para los propios, hay exenciones, cargos, trayectorias, legitimación y puertas abiertas en la Casa Rosada.

 

 

En 1929 Argentina legisló la jornada laboral de 8 horas. Durante más de una década, fue un derecho escrito que el Estado no garantizó.

Por Walter Onorato para NLI

En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.

Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.

La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.

En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.

Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.

En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.

En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.

El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.

La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.

La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.

En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.

Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.

La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.

La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.