«No podemos seguir detrás de los hechos, sino anticipar y gestionar»

«No podemos seguir detrás de los hechos, sino anticipar y gestionar»

Más agrupaciones, organizaciones intermedias y movimientos se suman a reclamos oficiales hacia el intendente de la ciudad, acompañados del pedido de información y medidas para analizar en conjunto y paliar el crecimiento constante de casos activos de covid19 en nuestra ciudad y en el circuito del Alto Valle.

En este caso la Asociación Civil Hogar y la Agrupación  Solidaria Construyendo un Mundo Mejor le enviaron al intendente Marcelo Orazi un comunicado oficial que entre otras cosas solicita información sobre el destino de fondos para lucha del covid-19, que personal tiene a disposición para hacer cumplir los decretos vigentes, y por qué nadie actúa frente al incumplimiento de dichos decretos que regulan las medidas que tienen por objetivo bajar la circulación de las personas y en consecuencia del virus.

Sugieren también «que el comité de crisis sea ampliado a fuerzas políticas, gremiales, medios de comunicación, sociales de manera amplia para poder mirar en conjunto mejores u otras formas de bajar la circulación y el cuidado de toda la población, así como mantener informados a sus colectivos sociales» y que se mejoren los controles de los ingresos a la ciudad. Como también dar a conocer cual es el plan de acción a llevar a cabo, ahora, y hacia adelante, teniendo en cuenta el acercamiento de la temporada de verano y las fiestas de fin de año.

La preocupación social empieza a cobrar valor a partir de este tipo de comunicados oficiales que además de hacerse públicos mediante plataformas y medios de comunicación, llegan a las manos del Intendente. No alcanza solo con la protesta en las redes, el reclamo debe ser oficial. De este modo se colabora con la visualización de la crítica situación actual, la conscientización de la misma, y se presiona para lograr una reacción en las esferas responsables del ciudado de la ciudadanía.

Antes de compartir el comunicado oficial, invito a asociaciones, clubes, instituciones, movimientos, juntas vecinales, organizaciones intermedias, etc, a expresarse y hacerle llegar la preocupación latente a nuestro intendente y en consecuencia a la Gobernadora de la provincia de Rio Negro, intentando de este modo lograr una reacción para salir del letargo en el que estamos sumergidos.

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COMUNICADO DE PRENSA–

La Asociación Civil Hogar/ Agrupación  Solidaria Construyendo un Mundo Mejor/

Solicita al Señor Intendente:

  • Brinde información con supervisión de Tribunal Cuentas sobre el destino de fondos para lucha del covid-19 y pueda dar informe pormenorizado de las razones por las cuales el Hospital no se ha visto robustecido con camas UTI comprometidas a la sociedad, de profesionales especializados para atención ni han resguardado camas o profesionales para otras patologías.
  • Nos informe si cuenta con grupos de voluntariado para concientizar, controlar en conjunto con fuerzas policiales, municipales y/o judiciales cualquier violación de las normas establecidas en el marco de emergencia. Si no cuenta con ellos solicitamos con urgencia dicha articulación.
  • Pueda brindarnos explicaciones del por qué nadie actúa o interviene sobre marchas anunciadas fuera de las normas vigentes aglomerando y prestándose a situaciones complejas en plena pandemia.Lo mismo ocurre con picaditos, partidos en espacios públicos que se observan con simple recorrer en fines de semana como a otras conductas que no corresponden.
  • Realice las gestiones necesarias para que lleguen los kits de test rápidos y se comprometa a orientar las tareas junto a un comité ampliado de testear. No podemos seguir detrás de los hechos sino anticipar y gestionar.

Sugerimos:

  • Que el comité de crisis sea ampliado a fuerzas políticas, gremiales, medios de comunicación, sociales de manera amplia para poder mirar en conjunto mejores u otras formas de bajar la circulación y el cuidado de toda la población, así como mantener informados a sus colectivos sociales.
  • Si bien sabemos existe una demarcación particular en términos de ingreso a nuestra localidad, y se ha argumentado que no se pueden controlar todos los ingresos, sugerimos puedan hacerlo en 3 o 4 de las más utilizadas de manera efectiva y sistemática.
  • Dar a conocer algún plan de acción para los próximos días y periodo veraniego, fiestas navideñas, fin de año… qué se planifica para uso de espacios públicos, cómo se distribuirán las burbujas por grupos afines familiares en lugares abiertos como río, isla, etc.  Es necesario conocerlas. De no estar aún trabajarlas.
  • Demarquen sitios con pinturas, cercos o lazos distanciados de metros requeridos, arbitren personal en conjunto con voluntariado para dichos controles.
  • Alentamos se reajusten algún espacio públicos como Cumelen o Escuela para poder albergar a aquellas personas que no cuentan con espacios adecuados para permanecer aislados.
  • Mejorarmonitoreo sobre uso de barbijos, respeto de protocolos en comercios, ser más enfáticos en protocolos de fábricas, empresas, lugares de producción, disminuir la circulación en lo posible, y qué acciones prevén para el futuro en cuanto a reajustes urbanos del uso de calles y espacios públicos. Pensando en sustentabilidad a futuro.

Dijeron controlar rutas desde el Estado Provincial junto a gendarmería eso no sólo no ocurrió sino que hemos asistido a un sinfín de ingresos y egresos inexplicables, sugerimos lo reclame de ser necesario.

  • Mayor comunicación y detalle a la población sobre la donación de plasma, no sólo de razones, sino también de cuáles son los criterios aplicados y quién/quienes lo asesoran para tomar algunas decisiones. Hemos asistido a una serie de ellas sin ningún tipo de aclaraciones, resultando algunas incomprensibles y la comprensión ayudaría a poder tomar conciencia para acompañarlas.

Con respecto a  los anuncios de supuestos cambios organizacionales del Hospital, de proyecciones de finalización de uno de sus pisos, queremos comunicarle que no nos merecemos ese tipo de anuncioso de proyectos que debieron de estar hace tiempo, las respuestas situadas en contexto son otras.

No queremos más pacientes trasladados a más de 400 km, sino el resguardo de % cierto para los mismos dentro del Alto Valle  ( nuestro Hospital cabecera es General Roca) o bien resguardados en el mismo circuito, como también las garantías de aviones sanitarios para casos especiales que requieran  traslados por rapidez en atención; los choferes hospitalarios no deben sobrecargarse con viajes permanentes bajo la presión que trabajan ni los pacientes padecer en ambulancias en este marco de emergencia.

Así como el Ministro de Salud Provincial ha tratado de justificar su dudosa gestión sobre respiradores aduciendo que estaban retenidos en Aduana por burocracia, y acto seguido aclarado por un funcionario Nacional que no era así, asumiendo que no era así por el mismo Ministro que horas antes nos daba otra información, queda claramente expuesto la falta de seriedad con que nos están tomando. Cambia sustancialmente informar que se encuentran en clase III con potencialidad de peligro, sin autorización aún de ANMAT, cambia que se nos informe que Nación siempre dispuso de respiradores y cuanta con ellos para cuando Río Negro lo solicite, sin embargo no se vieron no se cuentan para los pacientes en este corredor del Alto Valle sino por qué enviarían a pacientes a larguísimas distancias, o por qué tendrían que agregar siempre a pasos exiguos uno o dos en centros de Allen, Roca? Y si pretenden disfrazar la falta de profesionales, instalaciones y demás a cada unidad de terapia todos y todas nos hemos informado por el mes de Abril que ello era necesario, por eso mismo tratamos de hacer nuestra parte bajando circulación, respetando normas para que Ustedes hicieran dichas instalaciones, gestionaran la llegada o el reclamo de que llegaran terapistas, UTI y demás, pues eso no ocurrió hasta no hacer sentir fuertes reclamos ante Nación por la propia comunidad en diferentes lugares, y la intervención de algunos referentes!! Por tanto no más dilaciones, no más maquillajes. Necesitamos respuestas y Alto Valle Este es el circuito más relegado luego de estos ajustes.


El MinistroZgaib, quien antes de ingresar a ese ministerio tuvo la responsabilidad de dirigir  la Obra Social IPROSS es consciente también que al día de hoy, buena parte de los empleados públicos se sienten más vulnerados en derechos por servicios, algunos anuncian vaciamiento de nuestra Obra Social, y total desempeño inusual para el contexto de pandemia, además de padecer la quita de un gran número de medicamentos nuevamente del vademécum como el recorte de prácticas , sabemos que el tema es provincial. Pero en este contexto de emergencia sanitaria que se enuncia permanentemente ante el pedido de fondos, de ayudas y demás, no puede no ser menos sustancial intervenir y pedir desde los jefes comunales al poder provincial sobre el funcionamiento de la Obra Social IPROSSdado que los empleados municipales, docentes, médicos, enfermeros, camilleros, dependientes de rentas, juzgados etc todos están bajo la misma Obra Social, se supone que si no está dando las respuestas necesarias todos y todas los agentes dependientes de la administración pública están siendo perjudicados, no visibilizarlo es como negar la mirada sentida y empática con cada uno.

De nuestra parte quedamos a disposición para mantener la reunión o reuniones que se necesiten siempre respetando las normas de restricciones de circulación, utilizando las plataformas disponibles con las que venimos trabajando la gran mayoría de quienes debemos continuar brindando respuestas desde nuestros lugares de trabajo.

Se sugiere que ese mismo comité ampliado tenga una reunión por plataforma con la propia gobernadora y sea usted y cada uno de sus colegas comunales los que intercedan solicitándola.

Sr Intendente, invite a los intendentes Alto Valle Este pónganse al frente del reclamo en beneficio de las poblaciones que eligieron representar con planes concretos de contención y todo lo que hace a su función.

Sea transmisor de las necesidades de la gente y no dilaten más el robustecimiento del sistema público tal como fue el sentido de los fondos y las explicaciones dadas desde Nación porque aquí no lo estamos percibiendo.

Los abajo firmantes miembros de comisión directiva  por Asociación y Agrupación:
Passadore Lilia DNI: 28207815
HernádezEstefania DNI: 34667312
Del Valle Magda DNI: 26347587
Ulluoa Consuelo DNI: 34075138
Filocamo Claudio DNI: 26548171
Peschilo Sandro DNI: 29287512
Rivero Silvia DNI: 16110977
Giannelli Fernando DNI: 20690361

Adhiere Agrupación Solidaria Construyendo un Mundo Mejor.
Maximiliano Maidana DNI 34667337
Pablo Marcolongo DNI 32910365.
Pablo Nicolás Henríquez DNI: 28516404
Mayra Natalia Luna DNI: 3466706

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    SÚPER RIGI: El país que quiere convertirse en potencia de inteligencia artificial: ¿negocio tecnológico o nuevo enclave energético?

     

    El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?

    Por Ignacia Fratelint para NLI

    La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.

    La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.

    La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad

    Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.

    Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.

    El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.

    La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.

    Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.

    Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.

    El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?

    Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.

    La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?

    La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.

    Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.

    Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.

    La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.

    Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.

    El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros

    Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?

    La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.

    Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.

    Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.

    En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.

    Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.

    El espejismo de medir el éxito solamente en dólares

    El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.

    La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.

    El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.

    Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.

    La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.

    Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.

    Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.

    La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI

    El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.

    Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.

    Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.

    El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.

    La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.

    Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.

    La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.

    El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.

    Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.

     

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  • El gobierno quiere eliminar las PASO en octubre

     

    El gobierno resolvió acelerar con el impulso a la reforma política en el Congreso, después de la reunión de mesa política de este martes en Casa Rosada, tal como anticipó LPO en exclusiva.

    Los libertarios terminaron de definir este fin de semana que avanzarían con la eliminación de las PASO, algo que estaba en duda en el oficialismo hasta el viernes. La incertidumbre de un sector del gobierno no solo se basaba en la dificultad de juntar el apoyo entre los aliados en el Senado sino también por temor a la posibilidad de que la oposición termine dando un batacazo electoral en las elecciones generales de 2027 y no quede espacio para la recuperación política.

    En medio de ese debate interno, Patricia Bullrich había anunciado durante la última sesión que la bancada de LLA impulsaría el tratamiento de la reforma en la segunda semana de septiembre. Como reveló LPO, la ocurrencia de la jefa de bloque no había sido siquiera discutida con sus colegas del oficialismo pero sirvió para salir al cruce de la moción de preferencia que reclamó para un pronto tratamiento de Ficha Limpia la chubutense Edith Terenzi, quien responde al gobernador Ignacio Torres.

    La iniciativa de reforma política que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso incluye la eliminación de las PASO pero también modifica el financiamiento de los partidos, la publicidad en campaña y Ficha Limpia. Los dialoguistas, sin embargo, plantearon desde hace meses a Bullrich que quieren «llevarse, al menos, un triunfo para mostrar en las provincias» con el proyecto que prohíbe la participación a los dirigentes políticos que hayan sido condenados por algún delito.

     Un sector del ala política del gobierno cree que es un error suspender las PASO

    La voluntad de acelerar el trámite legislativo se produjo, curiosamente, cuando Martín y Lule Menem barajaban la posibilidad de que se llegara a un acuerdo para suprimir las primarias recién en diciembre. «Se está trabajando con los gobernadores para ir llevando al trote la conversación y desembocar en un acuerdo amplio», dijo a LPO una fuente libertaria.

    Ese entendimiento comprendería tanto la reforma política como la discusión sobre la ley de medidas económicas, que contempla el subsidio para zonas frías, más la compensación que pedían las provincias del norte para zonas cálidas y hasta el Presupuesto 2027, que todavía no fue presentado.

    Ya sé que las fuentes dicen, y que chequearon con coso y la mar en coche, pero para que se convoque a una reunión de comisión hace falta un memo de convocatoria. Mañana lo hacemos. Buen martes a todos.

    — Agustín Coto (@agustinpcoto) September 1, 2026

    Bullrich reiteró que apuraría la discusión al salir de la Casa Rosada, algo que causó malestar en la tropa libertaria del Congreso. De hecho, el fueguino Agustín Coto, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y responsable de convocar al tratamiento del proyecto de reforma, se despachó con un posteo irónico en X: «Ya sé que las fuentes dicen, y que chequearon con coso y la mar en coche, pero para que se convoque a una reunión de comisión hace falta un memo de convocatoria. Mañana lo hacemos. Buen martes a todos», escribió.

    En el gabinete de Milei, aseguran que para octubre contarían con la sanción de la eliminación de las PASO, un cálculo tan audaz como peligroso en un contexto de fragmentación y liquidez política. Cerca de Bullrich precisaron que «la semana que viene se empieza a analizar y trabajar en el tema de Reforma Política, a intercambiar propuestas».

     

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