«No podemos seguir detrás de los hechos, sino anticipar y gestionar»

Más agrupaciones, organizaciones intermedias y movimientos se suman a reclamos oficiales hacia el intendente de la ciudad, acompañados del pedido de información y medidas para analizar en conjunto y paliar el crecimiento constante de casos activos de covid19 en nuestra ciudad y en el circuito del Alto Valle.

En este caso la Asociación Civil Hogar y la Agrupación  Solidaria Construyendo un Mundo Mejor le enviaron al intendente Marcelo Orazi un comunicado oficial que entre otras cosas solicita información sobre el destino de fondos para lucha del covid-19, que personal tiene a disposición para hacer cumplir los decretos vigentes, y por qué nadie actúa frente al incumplimiento de dichos decretos que regulan las medidas que tienen por objetivo bajar la circulación de las personas y en consecuencia del virus.

Sugieren también «que el comité de crisis sea ampliado a fuerzas políticas, gremiales, medios de comunicación, sociales de manera amplia para poder mirar en conjunto mejores u otras formas de bajar la circulación y el cuidado de toda la población, así como mantener informados a sus colectivos sociales» y que se mejoren los controles de los ingresos a la ciudad. Como también dar a conocer cual es el plan de acción a llevar a cabo, ahora, y hacia adelante, teniendo en cuenta el acercamiento de la temporada de verano y las fiestas de fin de año.

La preocupación social empieza a cobrar valor a partir de este tipo de comunicados oficiales que además de hacerse públicos mediante plataformas y medios de comunicación, llegan a las manos del Intendente. No alcanza solo con la protesta en las redes, el reclamo debe ser oficial. De este modo se colabora con la visualización de la crítica situación actual, la conscientización de la misma, y se presiona para lograr una reacción en las esferas responsables del ciudado de la ciudadanía.

Antes de compartir el comunicado oficial, invito a asociaciones, clubes, instituciones, movimientos, juntas vecinales, organizaciones intermedias, etc, a expresarse y hacerle llegar la preocupación latente a nuestro intendente y en consecuencia a la Gobernadora de la provincia de Rio Negro, intentando de este modo lograr una reacción para salir del letargo en el que estamos sumergidos.

*****

COMUNICADO DE PRENSA

La Asociación Civil Hogar/ Agrupación  Solidaria Construyendo un Mundo Mejor/

Solicita al Señor Intendente:

  • Brinde información con supervisión de Tribunal Cuentas sobre el destino de fondos para lucha del covid-19 y pueda dar informe pormenorizado de las razones por las cuales el Hospital no se ha visto robustecido con camas UTI comprometidas a la sociedad, de profesionales especializados para atención ni han resguardado camas o profesionales para otras patologías.
  • Nos informe si cuenta con grupos de voluntariado para concientizar, controlar en conjunto con fuerzas policiales, municipales y/o judiciales cualquier violación de las normas establecidas en el marco de emergencia. Si no cuenta con ellos solicitamos con urgencia dicha articulación.
  • Pueda brindarnos explicaciones del por qué nadie actúa o interviene sobre marchas anunciadas fuera de las normas vigentes aglomerando y prestándose a situaciones complejas en plena pandemia.Lo mismo ocurre con picaditos, partidos en espacios públicos que se observan con simple recorrer en fines de semana como a otras conductas que no corresponden.
  • Realice las gestiones necesarias para que lleguen los kits de test rápidos y se comprometa a orientar las tareas junto a un comité ampliado de testear. No podemos seguir detrás de los hechos sino anticipar y gestionar.

Sugerimos:

  • Que el comité de crisis sea ampliado a fuerzas políticas, gremiales, medios de comunicación, sociales de manera amplia para poder mirar en conjunto mejores u otras formas de bajar la circulación y el cuidado de toda la población, así como mantener informados a sus colectivos sociales.
  • Si bien sabemos existe una demarcación particular en términos de ingreso a nuestra localidad, y se ha argumentado que no se pueden controlar todos los ingresos, sugerimos puedan hacerlo en 3 o 4 de las más utilizadas de manera efectiva y sistemática.
  • Dar a conocer algún plan de acción para los próximos días y periodo veraniego, fiestas navideñas, fin de año… qué se planifica para uso de espacios públicos, cómo se distribuirán las burbujas por grupos afines familiares en lugares abiertos como río, isla, etc.  Es necesario conocerlas. De no estar aún trabajarlas.
  • Demarquen sitios con pinturas, cercos o lazos distanciados de metros requeridos, arbitren personal en conjunto con voluntariado para dichos controles.
  • Alentamos se reajusten algún espacio públicos como Cumelen o Escuela para poder albergar a aquellas personas que no cuentan con espacios adecuados para permanecer aislados.
  • Mejorarmonitoreo sobre uso de barbijos, respeto de protocolos en comercios, ser más enfáticos en protocolos de fábricas, empresas, lugares de producción, disminuir la circulación en lo posible, y qué acciones prevén para el futuro en cuanto a reajustes urbanos del uso de calles y espacios públicos. Pensando en sustentabilidad a futuro.

Dijeron controlar rutas desde el Estado Provincial junto a gendarmería eso no sólo no ocurrió sino que hemos asistido a un sinfín de ingresos y egresos inexplicables, sugerimos lo reclame de ser necesario.

  • Mayor comunicación y detalle a la población sobre la donación de plasma, no sólo de razones, sino también de cuáles son los criterios aplicados y quién/quienes lo asesoran para tomar algunas decisiones. Hemos asistido a una serie de ellas sin ningún tipo de aclaraciones, resultando algunas incomprensibles y la comprensión ayudaría a poder tomar conciencia para acompañarlas.

Con respecto a  los anuncios de supuestos cambios organizacionales del Hospital, de proyecciones de finalización de uno de sus pisos, queremos comunicarle que no nos merecemos ese tipo de anuncioso de proyectos que debieron de estar hace tiempo, las respuestas situadas en contexto son otras.

No queremos más pacientes trasladados a más de 400 km, sino el resguardo de % cierto para los mismos dentro del Alto Valle  ( nuestro Hospital cabecera es General Roca) o bien resguardados en el mismo circuito, como también las garantías de aviones sanitarios para casos especiales que requieran  traslados por rapidez en atención; los choferes hospitalarios no deben sobrecargarse con viajes permanentes bajo la presión que trabajan ni los pacientes padecer en ambulancias en este marco de emergencia.

Así como el Ministro de Salud Provincial ha tratado de justificar su dudosa gestión sobre respiradores aduciendo que estaban retenidos en Aduana por burocracia, y acto seguido aclarado por un funcionario Nacional que no era así, asumiendo que no era así por el mismo Ministro que horas antes nos daba otra información, queda claramente expuesto la falta de seriedad con que nos están tomando. Cambia sustancialmente informar que se encuentran en clase III con potencialidad de peligro, sin autorización aún de ANMAT, cambia que se nos informe que Nación siempre dispuso de respiradores y cuanta con ellos para cuando Río Negro lo solicite, sin embargo no se vieron no se cuentan para los pacientes en este corredor del Alto Valle sino por qué enviarían a pacientes a larguísimas distancias, o por qué tendrían que agregar siempre a pasos exiguos uno o dos en centros de Allen, Roca? Y si pretenden disfrazar la falta de profesionales, instalaciones y demás a cada unidad de terapia todos y todas nos hemos informado por el mes de Abril que ello era necesario, por eso mismo tratamos de hacer nuestra parte bajando circulación, respetando normas para que Ustedes hicieran dichas instalaciones, gestionaran la llegada o el reclamo de que llegaran terapistas, UTI y demás, pues eso no ocurrió hasta no hacer sentir fuertes reclamos ante Nación por la propia comunidad en diferentes lugares, y la intervención de algunos referentes!! Por tanto no más dilaciones, no más maquillajes. Necesitamos respuestas y Alto Valle Este es el circuito más relegado luego de estos ajustes.


El MinistroZgaib, quien antes de ingresar a ese ministerio tuvo la responsabilidad de dirigir  la Obra Social IPROSS es consciente también que al día de hoy, buena parte de los empleados públicos se sienten más vulnerados en derechos por servicios, algunos anuncian vaciamiento de nuestra Obra Social, y total desempeño inusual para el contexto de pandemia, además de padecer la quita de un gran número de medicamentos nuevamente del vademécum como el recorte de prácticas , sabemos que el tema es provincial. Pero en este contexto de emergencia sanitaria que se enuncia permanentemente ante el pedido de fondos, de ayudas y demás, no puede no ser menos sustancial intervenir y pedir desde los jefes comunales al poder provincial sobre el funcionamiento de la Obra Social IPROSSdado que los empleados municipales, docentes, médicos, enfermeros, camilleros, dependientes de rentas, juzgados etc todos están bajo la misma Obra Social, se supone que si no está dando las respuestas necesarias todos y todas los agentes dependientes de la administración pública están siendo perjudicados, no visibilizarlo es como negar la mirada sentida y empática con cada uno.

De nuestra parte quedamos a disposición para mantener la reunión o reuniones que se necesiten siempre respetando las normas de restricciones de circulación, utilizando las plataformas disponibles con las que venimos trabajando la gran mayoría de quienes debemos continuar brindando respuestas desde nuestros lugares de trabajo.

Se sugiere que ese mismo comité ampliado tenga una reunión por plataforma con la propia gobernadora y sea usted y cada uno de sus colegas comunales los que intercedan solicitándola.

Sr Intendente, invite a los intendentes Alto Valle Este pónganse al frente del reclamo en beneficio de las poblaciones que eligieron representar con planes concretos de contención y todo lo que hace a su función.

Sea transmisor de las necesidades de la gente y no dilaten más el robustecimiento del sistema público tal como fue el sentido de los fondos y las explicaciones dadas desde Nación porque aquí no lo estamos percibiendo.

Los abajo firmantes miembros de comisión directiva  por Asociación y Agrupación:
Passadore Lilia DNI: 28207815
HernádezEstefania DNI: 34667312
Del Valle Magda DNI: 26347587
Ulluoa Consuelo DNI: 34075138
Filocamo Claudio DNI: 26548171
Peschilo Sandro DNI: 29287512
Rivero Silvia DNI: 16110977
Giannelli Fernando DNI: 20690361

Adhiere Agrupación Solidaria Construyendo un Mundo Mejor.
Maximiliano Maidana DNI 34667337
Pablo Marcolongo DNI 32910365.
Pablo Nicolás Henríquez DNI: 28516404
Mayra Natalia Luna DNI: 3466706

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    Paro docente: la Nación busca entrar a las escuelas provinciales y Buenos Aires denuncia una intromisión en sus competencias

     

    El Gobierno de Milei anunció inspecciones en escuelas durante el paro docente para controlar el cumplimiento del servicio educativo. La Provincia de Buenos Aires rechazó la medida y advirtió sobre una invasión de competencias federales.

    Por Redacción de NLI

    El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y dejó expuesta una disputa más profunda sobre el rol del Estado nacional y el federalismo educativo argentino. En el marco del paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de funcionamiento del servicio educativo. La decisión generó una fuerte reacción de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que la administración nacional pretende avanzar sobre facultades que corresponden a las jurisdicciones provinciales.

    La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se ampara en la declaración de la educación como servicio esencial establecida por la Ley 27.802, una de las normas impulsadas por el oficialismo dentro de su agenda de reforma laboral. Según explicó el Gobierno, los controles buscarán constatar que durante la huelga se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y advirtió que ante eventuales incumplimientos podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.

    Pero detrás de la discusión sobre el porcentaje de clases garantizadas aparece una cuestión institucional de fondo: quién tiene autoridad sobre las escuelas argentinas. Desde la reforma constitucional de 1994, la educación es una competencia compartida, pero la administración directa de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias. En ese marco, el gobierno bonaerense cuestionó que funcionarios nacionales ingresen a escuelas provinciales para realizar controles sin coordinación con las autoridades educativas locales, interpretando la decisión como una avanzada sobre atribuciones propias.

    El conflicto educativo detrás del operativo nacional

    El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no surge únicamente por una discusión salarial. El reclamo gremial incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura, conectividad, becas y programas escolares.

    La eliminación de transferencias nacionales hacia las provincias fue uno de los puntos centrales del deterioro de la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la administración libertaria redujo programas educativos financiados desde Nación y dejó en manos de las provincias mayores responsabilidades presupuestarias, en un contexto donde muchas jurisdicciones denuncian dificultades para sostener salarios y servicios básicos.

    La respuesta oficial, en lugar de abrir una instancia de negociación, fue trasladar la discusión al terreno del control y la sanción. El Ministerio de Capital Humano anunció operativos de inspección y planteó que, si se detectan incumplimientos, se activarían mecanismos sancionatorios contra los gremios. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar el derecho a la educación; para los sindicatos, la estrategia oficial busca limitar el derecho constitucional a la protesta frente a una pérdida salarial y un ajuste sobre el sistema educativo.

    Buenos Aires rechaza la presencia de inspectores nacionales

    La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor matrícula educativa del país, fue una de las primeras jurisdicciones en rechazar el mecanismo. Desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que la Nación no puede disponer unilateralmente controles dentro de escuelas que dependen de la administración provincial, ya que la gestión cotidiana del sistema educativo está bajo responsabilidad de cada distrito.

    La disputa tiene una dimensión política evidente. Desde el inicio de su gestión, Milei construyó una narrativa donde el Estado nacional debe reducir su intervención y limitarse a funciones consideradas esenciales. Sin embargo, en el caso educativo, el Ejecutivo nacional decidió adoptar una postura activa de supervisión sobre estructuras administradas por las provincias, generando una contradicción entre el discurso de descentralización y una práctica de mayor intervención.

    El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica del federalismo argentino: mientras la Nación conserva capacidad de establecer políticas generales y distribuir recursos, son las provincias las que sostienen la infraestructura educativa, pagan buena parte de los salarios docentes y administran las escuelas. La disputa por las inspecciones no es solamente administrativa; es una discusión sobre el equilibrio de poder entre el Gobierno central y los territorios.

    Una pelea que excede al paro docente

    El conflicto educativo se inscribe dentro de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y sectores estatales que cuestionan el impacto del ajuste. La Casa Rosada intenta presentar cada protesta como una resistencia corporativa frente a sus reformas, mientras que los gremios sostienen que se trata de una reacción frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de políticas públicas.

    En este escenario, el paro docente se convirtió en un nuevo punto de choque entre dos modelos de país. Por un lado, un oficialismo que plantea que el Estado debe intervenir menos y aplicar reglas de mercado y disciplina fiscal. Por otro, sectores sindicales y gobiernos provinciales que reclaman que la educación sea considerada una inversión estratégica y no solamente un servicio sujeto a restricciones presupuestarias.

    La decisión de enviar inspectores nacionales a escuelas provinciales agrega un nuevo capítulo a esa disputa. Más allá del resultado concreto del operativo, el conflicto deja una pregunta abierta sobre los límites del poder nacional en un sistema educativo federal y sobre cómo se resolverán las diferencias cuando las políticas de ajuste choquen con las estructuras históricas del Estado argentino.

     

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