«No podemos seguir detrás de los hechos, sino anticipar y gestionar»

El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga unas 90 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo.

El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la ANMAT y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir los 500.000 millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.

Para la investigación penal, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales».

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«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», explicó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.

En la resolución aparece el rol del ministro de Salud Mario Lugones en el entramado que terminó con un escándalo. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», dice Kreplak y destaca los descargos efectuados por Mantecón y Bisio donde asoman coincidencias respecto del rol del ministro.

Por caso, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».

Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la ANMAT el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá'».

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Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la ANMAT. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la ANMAT en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomiendan prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas.

Las dos funcionarias le ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio de que presenten un plan de acción.

En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Saben que Lugones podría quedar formalmente involucrado en el expediente durante el transcurso de la investigación. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo de ministro.

En una estrategia insólita, desde el gobierno libertario buscaron culpar a los ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias por entonces. El problema es que los hechos ocurrieron durante la presidencia de Javier Milei.

Mantecón Fumadó dijo que previo a firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios lo consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».

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Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.

En marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envía un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consulta si ese texto es suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la ANMAT.

A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».

Kreplak advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en el seno de ANMAT e INAME. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.

El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de ANMAT y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».

El obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que había recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.

No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.

 El equipo económico empezó a liberar pesos en el mercado para forzar una baja de las tasas de interés y tratar de reactivar una economía que no termina de despegar. La estrategia marca un cambio respecto del fuerte apretón monetario de los últimos meses, que permitió contener al dólar pero llevó el costo del dinero a niveles que terminaron golpeando al crédito y la actividad.

Un informe de Martín Mejía, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen puso números a ese proceso y señaló que la base monetaria se contrajo más de 20% en términos reales durante los últimos 12 meses. La caída se profundizó durante agosto y, según la sociedad de Bolsa, provocó una escasez de liquidez que fue una de las principales causas del salto de las tasas de interés.

La señal más reciente del cambio apareció en la última licitación de deuda. El Tesoro enfrentaba vencimientos por $12,67 billones, pero decidió renovar $12,16 billones, un rollover de 95,96%. De esa manera, dejó algo más de $500.000 millones en manos del mercado en lugar de ofrecer una tasa mayor para absorberlos.

Para Cohen, la decisión no fue accidental. La consultora considera que la liberación de esos pesos contribuye a frenar la contracción monetaria y debería empujar las tasas hacia abajo. De hecho, la TAMAR, que había llegado al 26%, terminó la última semana de agosto en 25,2%.

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Justina Gedikian, estratega de Renta Fija de Cohen, anticipó a LPO que este movimiento podría profundizarse en las próximas colocaciones. «En las próximas licitaciones deberíamos empezar a ver al Tesoro liberando algo más de liquidez al mercado, lo que permitiría que las tasas comiencen a relajarse», afirmó.

Sin embargo, Gedikian advirtió que Economía tiene poco margen para acelerar ese proceso sin poner en peligro otras variables del programa. «Ese alivio tendría que ser acotado, para no tensionar el tipo de cambio y no poner en riesgo el proceso de desinflación», agregó.

En las próximas licitaciones deberíamos empezar a ver al Tesoro liberando algo más de liquidez al mercado, lo que permitiría que las tasas comiencen a relajarse. Pero ese alivio tendría que ser acotado, para no tensionar el tipo de cambio y no poner en riesgo el proceso de desinflación.

La decisión del Tesoro se suma a los movimientos que ya había realizado el Banco Central. 1816 destacó que el 19 de agosto la autoridad monetaria compró $1,3 billones de la Lecap S31G6, en lo que calificó como la mayor operación de mercado abierto del año. Para la consultora, esa intervención fue determinante para ponerle un techo a las tasas de muy corto plazo.

Así, Economía comenzó a actuar por dos vías. Por un lado, el Central aportó liquidez mediante la compra de títulos en el mercado secundario. Por el otro, el Tesoro dejó de intentar renovar cada peso que vencía y permitió que unos $500.000 millones quedaran disponibles en el sistema financiero.

Detrás del cambio aparece una preocupación creciente por la actividad. Cohen sostiene que el objetivo de fondo de la baja de tasas es acelerar la economía real. Si bien el último EMAE mostró una recuperación, el nivel de actividad continúa lateralizado y todavía se mantiene por debajo del máximo alcanzado en marzo. Comercio, industria y construcción aparecen entre los sectores más perjudicados por el elevado costo financiero.

La misma lectura hizo Adcap, que describió un cambio en el equilibrio de la política económica. Según la consultora, durante agosto el Gobierno restringió fuertemente la liquidez para contener al dólar, pero el salto posterior de las tasas terminó contaminando toda la curva y aumentando las dificultades para el crédito, la actividad y el propio financiamiento del Tesoro.

El problema para Caputo es que liberar pesos tampoco resulta gratuito. Cohen advierte que, si las tasas continúan bajando, una parte de los inversores puede abandonar las colocaciones en moneda local y buscar cobertura en dólares. Eso podría generar nuevas presiones sobre el tipo de cambio, que sigue siendo una de las principales anclas del programa de desinflación.

De hecho, 1816 observó una relación directa entre ambos movimientos. Después de la compra de $1,3 billones de bonos por parte del Central y la consecuente baja de las tasas, el dólar oficial superó los $1.500. Adcap también señaló que el Gobierno parece haber aceptado una mayor flexibilidad cambiaria a cambio de conseguir tasas más bajas y una mayor liquidez.

El dilema que enfrenta Economía es cada vez más evidente. Mantener una escasez extrema de pesos ayuda a contener la demanda de dólares, pero encarece el financiamiento y profundiza el freno de la actividad. Liberar liquidez permite descomprimir las tasas y recuperar el crédito, pero aumenta el riesgo de que una parte de esos pesos termine buscando cobertura cambiaria.

Por eso, el movimiento de las últimas semanas supone una recalibración de la estrategia más que un abandono del esquema monetario. Después de utilizar las tasas altas para sostener el frente cambiario, Caputo empezó a liberar pesos para intentar darle aire a una economía que muestra dificultades para recuperar impulso. El desafío será conseguir que esa liquidez termine en crédito y actividad antes que en una nueva presión sobre el dólar.