«No podemos seguir detrás de los hechos, sino anticipar y gestionar»

Más agrupaciones, organizaciones intermedias y movimientos se suman a reclamos oficiales hacia el intendente de la ciudad, acompañados del pedido de información y medidas para analizar en conjunto y paliar el crecimiento constante de casos activos de covid19 en nuestra ciudad y en el circuito del Alto Valle.

En este caso la Asociación Civil Hogar y la Agrupación  Solidaria Construyendo un Mundo Mejor le enviaron al intendente Marcelo Orazi un comunicado oficial que entre otras cosas solicita información sobre el destino de fondos para lucha del covid-19, que personal tiene a disposición para hacer cumplir los decretos vigentes, y por qué nadie actúa frente al incumplimiento de dichos decretos que regulan las medidas que tienen por objetivo bajar la circulación de las personas y en consecuencia del virus.

Sugieren también «que el comité de crisis sea ampliado a fuerzas políticas, gremiales, medios de comunicación, sociales de manera amplia para poder mirar en conjunto mejores u otras formas de bajar la circulación y el cuidado de toda la población, así como mantener informados a sus colectivos sociales» y que se mejoren los controles de los ingresos a la ciudad. Como también dar a conocer cual es el plan de acción a llevar a cabo, ahora, y hacia adelante, teniendo en cuenta el acercamiento de la temporada de verano y las fiestas de fin de año.

La preocupación social empieza a cobrar valor a partir de este tipo de comunicados oficiales que además de hacerse públicos mediante plataformas y medios de comunicación, llegan a las manos del Intendente. No alcanza solo con la protesta en las redes, el reclamo debe ser oficial. De este modo se colabora con la visualización de la crítica situación actual, la conscientización de la misma, y se presiona para lograr una reacción en las esferas responsables del ciudado de la ciudadanía.

Antes de compartir el comunicado oficial, invito a asociaciones, clubes, instituciones, movimientos, juntas vecinales, organizaciones intermedias, etc, a expresarse y hacerle llegar la preocupación latente a nuestro intendente y en consecuencia a la Gobernadora de la provincia de Rio Negro, intentando de este modo lograr una reacción para salir del letargo en el que estamos sumergidos.

*****

COMUNICADO DE PRENSA

La Asociación Civil Hogar/ Agrupación  Solidaria Construyendo un Mundo Mejor/

Solicita al Señor Intendente:

  • Brinde información con supervisión de Tribunal Cuentas sobre el destino de fondos para lucha del covid-19 y pueda dar informe pormenorizado de las razones por las cuales el Hospital no se ha visto robustecido con camas UTI comprometidas a la sociedad, de profesionales especializados para atención ni han resguardado camas o profesionales para otras patologías.
  • Nos informe si cuenta con grupos de voluntariado para concientizar, controlar en conjunto con fuerzas policiales, municipales y/o judiciales cualquier violación de las normas establecidas en el marco de emergencia. Si no cuenta con ellos solicitamos con urgencia dicha articulación.
  • Pueda brindarnos explicaciones del por qué nadie actúa o interviene sobre marchas anunciadas fuera de las normas vigentes aglomerando y prestándose a situaciones complejas en plena pandemia.Lo mismo ocurre con picaditos, partidos en espacios públicos que se observan con simple recorrer en fines de semana como a otras conductas que no corresponden.
  • Realice las gestiones necesarias para que lleguen los kits de test rápidos y se comprometa a orientar las tareas junto a un comité ampliado de testear. No podemos seguir detrás de los hechos sino anticipar y gestionar.

Sugerimos:

  • Que el comité de crisis sea ampliado a fuerzas políticas, gremiales, medios de comunicación, sociales de manera amplia para poder mirar en conjunto mejores u otras formas de bajar la circulación y el cuidado de toda la población, así como mantener informados a sus colectivos sociales.
  • Si bien sabemos existe una demarcación particular en términos de ingreso a nuestra localidad, y se ha argumentado que no se pueden controlar todos los ingresos, sugerimos puedan hacerlo en 3 o 4 de las más utilizadas de manera efectiva y sistemática.
  • Dar a conocer algún plan de acción para los próximos días y periodo veraniego, fiestas navideñas, fin de año… qué se planifica para uso de espacios públicos, cómo se distribuirán las burbujas por grupos afines familiares en lugares abiertos como río, isla, etc.  Es necesario conocerlas. De no estar aún trabajarlas.
  • Demarquen sitios con pinturas, cercos o lazos distanciados de metros requeridos, arbitren personal en conjunto con voluntariado para dichos controles.
  • Alentamos se reajusten algún espacio públicos como Cumelen o Escuela para poder albergar a aquellas personas que no cuentan con espacios adecuados para permanecer aislados.
  • Mejorarmonitoreo sobre uso de barbijos, respeto de protocolos en comercios, ser más enfáticos en protocolos de fábricas, empresas, lugares de producción, disminuir la circulación en lo posible, y qué acciones prevén para el futuro en cuanto a reajustes urbanos del uso de calles y espacios públicos. Pensando en sustentabilidad a futuro.

Dijeron controlar rutas desde el Estado Provincial junto a gendarmería eso no sólo no ocurrió sino que hemos asistido a un sinfín de ingresos y egresos inexplicables, sugerimos lo reclame de ser necesario.

  • Mayor comunicación y detalle a la población sobre la donación de plasma, no sólo de razones, sino también de cuáles son los criterios aplicados y quién/quienes lo asesoran para tomar algunas decisiones. Hemos asistido a una serie de ellas sin ningún tipo de aclaraciones, resultando algunas incomprensibles y la comprensión ayudaría a poder tomar conciencia para acompañarlas.

Con respecto a  los anuncios de supuestos cambios organizacionales del Hospital, de proyecciones de finalización de uno de sus pisos, queremos comunicarle que no nos merecemos ese tipo de anuncioso de proyectos que debieron de estar hace tiempo, las respuestas situadas en contexto son otras.

No queremos más pacientes trasladados a más de 400 km, sino el resguardo de % cierto para los mismos dentro del Alto Valle  ( nuestro Hospital cabecera es General Roca) o bien resguardados en el mismo circuito, como también las garantías de aviones sanitarios para casos especiales que requieran  traslados por rapidez en atención; los choferes hospitalarios no deben sobrecargarse con viajes permanentes bajo la presión que trabajan ni los pacientes padecer en ambulancias en este marco de emergencia.

Así como el Ministro de Salud Provincial ha tratado de justificar su dudosa gestión sobre respiradores aduciendo que estaban retenidos en Aduana por burocracia, y acto seguido aclarado por un funcionario Nacional que no era así, asumiendo que no era así por el mismo Ministro que horas antes nos daba otra información, queda claramente expuesto la falta de seriedad con que nos están tomando. Cambia sustancialmente informar que se encuentran en clase III con potencialidad de peligro, sin autorización aún de ANMAT, cambia que se nos informe que Nación siempre dispuso de respiradores y cuanta con ellos para cuando Río Negro lo solicite, sin embargo no se vieron no se cuentan para los pacientes en este corredor del Alto Valle sino por qué enviarían a pacientes a larguísimas distancias, o por qué tendrían que agregar siempre a pasos exiguos uno o dos en centros de Allen, Roca? Y si pretenden disfrazar la falta de profesionales, instalaciones y demás a cada unidad de terapia todos y todas nos hemos informado por el mes de Abril que ello era necesario, por eso mismo tratamos de hacer nuestra parte bajando circulación, respetando normas para que Ustedes hicieran dichas instalaciones, gestionaran la llegada o el reclamo de que llegaran terapistas, UTI y demás, pues eso no ocurrió hasta no hacer sentir fuertes reclamos ante Nación por la propia comunidad en diferentes lugares, y la intervención de algunos referentes!! Por tanto no más dilaciones, no más maquillajes. Necesitamos respuestas y Alto Valle Este es el circuito más relegado luego de estos ajustes.


El MinistroZgaib, quien antes de ingresar a ese ministerio tuvo la responsabilidad de dirigir  la Obra Social IPROSS es consciente también que al día de hoy, buena parte de los empleados públicos se sienten más vulnerados en derechos por servicios, algunos anuncian vaciamiento de nuestra Obra Social, y total desempeño inusual para el contexto de pandemia, además de padecer la quita de un gran número de medicamentos nuevamente del vademécum como el recorte de prácticas , sabemos que el tema es provincial. Pero en este contexto de emergencia sanitaria que se enuncia permanentemente ante el pedido de fondos, de ayudas y demás, no puede no ser menos sustancial intervenir y pedir desde los jefes comunales al poder provincial sobre el funcionamiento de la Obra Social IPROSSdado que los empleados municipales, docentes, médicos, enfermeros, camilleros, dependientes de rentas, juzgados etc todos están bajo la misma Obra Social, se supone que si no está dando las respuestas necesarias todos y todas los agentes dependientes de la administración pública están siendo perjudicados, no visibilizarlo es como negar la mirada sentida y empática con cada uno.

De nuestra parte quedamos a disposición para mantener la reunión o reuniones que se necesiten siempre respetando las normas de restricciones de circulación, utilizando las plataformas disponibles con las que venimos trabajando la gran mayoría de quienes debemos continuar brindando respuestas desde nuestros lugares de trabajo.

Se sugiere que ese mismo comité ampliado tenga una reunión por plataforma con la propia gobernadora y sea usted y cada uno de sus colegas comunales los que intercedan solicitándola.

Sr Intendente, invite a los intendentes Alto Valle Este pónganse al frente del reclamo en beneficio de las poblaciones que eligieron representar con planes concretos de contención y todo lo que hace a su función.

Sea transmisor de las necesidades de la gente y no dilaten más el robustecimiento del sistema público tal como fue el sentido de los fondos y las explicaciones dadas desde Nación porque aquí no lo estamos percibiendo.

Los abajo firmantes miembros de comisión directiva  por Asociación y Agrupación:
Passadore Lilia DNI: 28207815
HernádezEstefania DNI: 34667312
Del Valle Magda DNI: 26347587
Ulluoa Consuelo DNI: 34075138
Filocamo Claudio DNI: 26548171
Peschilo Sandro DNI: 29287512
Rivero Silvia DNI: 16110977
Giannelli Fernando DNI: 20690361

Adhiere Agrupación Solidaria Construyendo un Mundo Mejor.
Maximiliano Maidana DNI 34667337
Pablo Marcolongo DNI 32910365.
Pablo Nicolás Henríquez DNI: 28516404
Mayra Natalia Luna DNI: 3466706

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    Por Roque Pérez para NLI

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    Ese nuevo proyecto, el de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iba a ser tratado en el Senado en la sesión fallida del jueves 16 de julio. Ante la falta de apoyo político, Patricia Bullrich, como jefa de la bancada oficialista, pidió aplazar la sesión hasta el 6 de agosto. 

    Que la votación se postergue tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social organizada en ONGs, cooperativas, movimientos sociales, políticos, sindicales, científicos y religiosos. El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía.

    Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, Peter Thiel y sus amigos se frotarán las manos.

    Ahora empezó a circular una convocatoria: “Nos vemos el 6 en el Congreso.” Se corre la bola. Entre todos, de a poco logramos derribar el cerco mediático desde los medios locales y autogestionados y llegar al centro de la conversación social, incluso la vinculada con el Mundial. “Yo me pongo la camiseta. No a la extranjerización de la tierra”, circulaba en estados de Whatsapp con el hashtag #lasoberanianosenegocia. Se organizaron espacios de colaboración en red como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la tierra y la vivienda. La semana que viene, la última de julio, se realizarán acciones federales con el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, clases y radios abiertas, charlas y banderazos. Y el 6 de agosto, la movilización al Congreso. 

    Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, magnates globales como Peter Thiel se frotarán las manos. El agua, la energía y el clima de la Patagonia son ideales para instalar mega granjas de datos y servidores de la IA, y traer las inversiones que espera el gobierno, y sobre las que ya se han manifestado públicamente

    Desde la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, un colectivo integrado por organizaciones de todo el país vinculadas a la ruralidad y a los territorios, tejemos estrategias. Yo, por ejemplo, que vivo en Buenos Aires pero soy de Santiago del Estero, entre otras cosas participé en zooms con mujeres de la Red Federal de Concejalas que tienen llegada a la Federación Argentina de Municipios (FAM), y así logramos sumar firmas para el rechazo al proyecto. Las compañeras de Casa Patria de Neuquén lograron reunirse con el Obispo cuando estaba por viajar a un Encuentro de Obispos en La Rioja. Se trabajó  sobre aportes de colegas miembros de la pastoral social de Santa Fe, del chaco salteño (Salta) y de otros equipos que integran ese espacio. Así salió la Carta Abierta a los Legisladores de la Iglesia Católica firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas. Otro tanto sucedió con el comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y el pronunciamiento del Llamamiento argentino-judio contra el Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Estos pronunciamientos hicieron que el reclamo trascienda la ciudadanía politizada y llegue a amplios sectores de la sociedad.

    LEY DE TIERRAS, LA ORIGINAL

    La Ley de Tierras vigente entiende al suelo como un recurso natural escaso y no renovable, estratégico para el desarrollo humano y social. Fue aprobada por el Congreso en 2011, con amplia mayoría. En ese momento, el cambio climático era apenas un diagnóstico, aunque las tierras que producen alimentos ya empezaban a desertificarse y el estrés hídrico se insinuaba como problema condicionante. Lo urgente era preservar la soberanía argentina sobre recursos como el agua dulce y los minerales necesarios para un desarrollo nacional lo más equitativo posible, a los que el gobierno de Estados Unidos  ya les ponía el ojo.

    Que el Congreso haya postergado la votación tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social.

    Fue creada para regular un previsible incremento de la propiedad extranjera y poner límites a un proceso de concentración de grandes extensiones de hectáreas en manos de capitales financieros. No prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones. Establece un tope del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, establece que los extranjeros de una misma nacionalidad no puedan adquirir más del 30%, y que ninguna persona, de manera individual, pueda comprar más de 1000 hectáreas en las regiones más fértiles para la agricultura (como la zona núcleo y otras regiones de la pampa húmeda) o su equivalente en otras zonas del país de acuerdo a lo que defina cada provincia. Además, les prohíbe expresamente comprar inmuebles que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanente, como hizo el británico Joseph Lewis en Lago Escondido. También establece parámetros de transparencia y prevención de lavado de activos.

    Para mediados de 2013, un 6% de la superficie nacional estaba a nombre de extranjeros según un relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo creado por la Ley de Tierras, que dirigí durante cuatro años desde sus orígenes. Entre los datos más curiosos que recabamos aparecen los paraísos fiscales como dueños de 1.113.654,85 hectáreas, 55 veces la superficie porteña, a través de empresas radicadas en Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

    El Registro Nacional de Tierras Rurales fue valioso en términos institucionales y de política pública. Fue el primer registro que unificó a nivel nacional datos reales sobre los dueños de la tierra (extranjeros), construido en clave federal a partir de los catastros y registros de la propiedad inmueble de todas las provincias argentinas independientemente de su conducción política. Además, construyó una base de datos a partir de las declaraciones juradas de empresas y el entrecruzamiento de esa información con otros organismos nacionales y provinciales de control, como direcciones de personas jurídicas e inspección general de justicia. Ese relevamiento fue la primera foto de la situación de extranjerización de la tierra rural en Argentina. 

    Hoy también hay acceso a esa información en la web del Ministerio de Justicia de la Nación (publicados por provincia y por departamento a través de un excel que permite su descarga en pdf) aunque la última actualización fue en agosto de 2025. Otra de las fuentes es el Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria (PRIHA) de UBA y CONICET que da cuenta de un 5% de superficie extranjerizada en el país.

    LEY DE TIERRAS SEGÚN MACRI

    A mediados de 2016, el entonces presidente Macri emitió un decreto que flexibilizó la Ley en lo que hace a la extranjerización de la tierra que se materialice a través de las transferencias de acciones o participaciones societarias. Eliminó para estos casos la exigencia de solicitar un certificado de habilitación al registro (permiso previo) y lo reemplazó por una obligación de comunicar la operación, pero sin sanción ante el incumplimiento. Ese decreto fue judicializado por diversas organizaciones de la sociedad civil, de pequeños productores y por legisladores nacionales de Mendoza, Chubut, Neuquén, Rio Negro, Misiones, Buenos Aires, entre otras. Pasaron cuatro años, y recién en 2020 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de la jueza María Alejandra Biotti, rechazó las acciones de amparo, basado en la falta de legitimación activa, evitando pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

    LEY DE TIERRA Y LEY BASES

    En diciembre de 2023, la Ley de Tierras entró en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, la llamada “Ley Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, medida que cosechó múltiples objeciones en sede judicial por su intento de derogar parcial o totalmente al menos 75 leyes. Con esta medida -atacada por inconstitucional- se habilitaría a que capitales extranjeros adquieran y administren la tierra rural, cercenando el acceso a miles de argentinos y poniendo en peligro la estructura de la tierra rural, incluso la de la pampa húmeda. Ese Decreto 70/2023 fue impugnado judicialmente por distintos colectivos, en distintos momentos y con resultado disímil, por afectar derechos vinculados a la salud, al trabajo, a la soberanía.

    La Ley de Tierras vigente no prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones.

    Entre estos reclamos judiciales se destaca el planteo realizado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionaron el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense. Sostuvieron que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, implica la intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del DNU 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo. El 29 de enero de 2024 el juez de feria del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó inscribir un proceso colectivo y decretó una medida cautelar que suspende el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en cuanto derogó la Ley 26.737 de Tierras. A una semana del fallo, el titular del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Alberto Recondo, rechazó esa acción de amparo. Dijo que el CECIM no se encuentra legitimado para estar en juicio en defensa de los intereses de los habitantes de la Nación Argentina ni de la soberanía nacional. Entonces el CECIM apeló la decisión y la Cámara Federal de la Plata finalmente declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 en tanto deroga la Ley de Tierras Nº 26.737. Entre los aspectos más salientes del fallo destaco la referencia a que la soberanía nacional justifica la incidencia colectiva y por su naturaleza, es un bien jurídico a proteger. Podemos decir que hoy la Ley de Tierras está vigente gracias al CECIM. 

    6 DE AGOSTO: NO A LA EXTRANJERIZACIÓN

    A comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo, el Gobierno nacional impulsó una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina. En nueve artículos, bajo el título “Inviolabilidad de la propiedad privada”, el proyecto implica una derogación encubierta de la Ley de Tierras 26.737 al proponer cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y requisitos para la expropiación, y flexibilizaciones a la Ley de manejo del fuego. Sobre tierras rurales realizan modificaciones estratégicas que vacían de contenido su espíritu original al eliminar las limitaciones establecidas por ley, en cuanto a  superficie, nacionalidad, topes personales y la prohibición de adquirir lagos y ríos. 

    La aprobación del proyecto de Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno Nacional implica riesgos institucionales y riesgos en sentido estratégico. La derogación de la Ley de Tierras significará: 

    –pérdida de acceso a la información pública a nivel nacional de los datos dominiales y catastrales en torno a la extranjerización de la tierra. 

    –pérdida de control sobre el territorio nacional y las implicancias en cuanto a la posible balcanización de nuestro país. 

    –eliminación de límites para la adquisición de tierras con acceso directo a cuerpos de agua de envergadura y permanentes (lagos, ríos), y por ende fuentes de agua y energía sumado al RIGI. 

    –de ser aprobado el SUPER RIGI, promete estabilidad regulatoria por 30 años y así desarma cualquier facultad de ejercicio de poder de policía sobre el territorio y por ende ejercicio de soberanía. 

    EL DOBLE OBJETIVO

    Esta reforma debe leerse en dos niveles políticos superpuestos. Por un lado, cumple una función económica liberalizadora clásica: derogar los controles para facilitar y garantizar la inversión extranjera privada en un recurso estratégico, tratando a la tierra como una mercancía más. Por otro lado, y de manera simultánea, introduce una lógica geopolítica de alineamiento automático. En cuanto a los sujetos comprendidos, el proyecto se refiere a Estados extranjeros o entidades bajo su control y cobra sentido pleno a la luz de la alineación absoluta del gobierno de Javier Milei con los intereses estratégicos de los Estados Unidos.

    Fue a comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo que el Gobierno nacional impulsó esa reforma hecha a la medida de grandes capitales extranjeros.

    Lejos de una mera “modificación”, esta iniciativa representa una liberalización integral y selectiva del mercado de tierras. Se ampara en un principio abstracto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, cuando la ley actual no afecta derechos adquiridos y opera dentro del consenso jurídico sobre el principio de razonabilidad. La flagrante contradicción con el fundamento soberanista original de la ley—expresado en el mensaje de 2011—revela la verdadera naturaleza de la reforma. 

    En el doble objetivo se define su esencia: es a la vez un instrumento de desregulación económica para capitales amigos y una herramienta de alineamiento geopolítico que adopta, en la legislación doméstica, las prioridades de seguridad nacional de una potencia extranjera. 

    Pero el debate continúa, trasciende lo técnico y lo económico: se trata de definir bajo qué parámetros de soberanía e independencia se decidirá quién controlará el recurso fundamental de la Nación.

    La entrada Entregar la tierra no es negocio se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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