PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que, por cuestiones de salud, hubo una modificación en la grilla de los artistas que se presentarán en el ciclo ‘Domingos de plaza’.
De esta manera se suma a ‘De la misma sangre’ junto a Ángeles Fuentes, Mi mamá no me deja y Trocitos de Arte. Actuarán a partir de las 20 horas en la Plaza de los Próceres.
En esta oportunidad, Facu Gagliano, sommelier internacional nos muestra el mapa del Malbec en Argentina. Para leer con la agenda y el mapa a mano. Argentina es un país que presenta una gran diversidad climática y geográfica, la Malbec puede expresar estas diferencias en los vinos que se elaboran con ella en todo el ejido…
El piloto rionegrino se muestra positivo mientras da sus primeros pasos en la categoría Top Race V6 junto a la escudería JLS Motorsport-Corsi Sports. Facundo Aldrighetti se prepara para la 3ra fecha del Top Race V6 que se correrá en el circuito 9 del Autódromo porteño “Oscar y Juan Galvez” este jueves 10 y viernes…
En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
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El exministro de Economía y ex titular del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, cuestionó la falta de rumbo del programa económico y se desmarcó fuerte de dos funcionarios que lo acompañaron durante el macrismo: Toto Caputo y Santiago Bausili.
«No hay ningún programa económico que enamore si no genera empleo, más producción y exportación», afirmó en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires y agregó: «Falta esto en el vocabulario de los que están a cargo de la gestión del Gobierno».
Las críticas de Prat-Gay no parecen casuales. Coinciden con una profunda molestia de buena parte del establishment con Milei y el rumbo económico que motivo que numerosos economistas salgan a advertir que el dólar está atrasado, lo que desequilibró emocionalmente al ministro Caputo.
Prat-Gay también apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus escándalos de corrupción. «Es obvio que estamos en una transición en la que murieron prácticas viejas, como financiar planes sociales sin presupuesto. Lo que no sabemos es si nació lo nuevo. El Gobierno vino a terminar con la casta y lo prebendario, pero el jefe de Gabinete quedó enfrascado en lo que decía que venía a cambiar. Para llevarnos a lo nuevo, los que nos conducen realmente tienen que ser probos y absolutamente éticos», sostuvo.
El podcast de LPO: La imagen de Milei en caída libre y la apuesta del establishment por Bullrich
En relación con la economía, marcó una tensión entre los indicadores macro y la situación cotidiana. «No puede estar bien la macro si la micro está mal. Si el resultado del programa económico es que la micro está mal, entonces está mal el programa», afirmó. También advirtió que el clima social tiende a deteriorarse, con sectores que mejoran y otros que enfrentan un cuadro más complejo.
El Gobierno subestimó la inercia inflacionaria en un país de alta inflación y sigue sin interpretarlo bien. No solo hay que mirar el equilibrio fiscal y la emisión cero. También se intentó esto con el gobierno de Macri y no funcionó.
Sobre la sostenibilidad del esquema, identificó dos puntos críticos. El primero es la imposibilidad de acceder al financiamiento externo. «Es paradójico que un gobierno libertario que cumplió todo lo que le pidió Wall Street no logró acceder al mercado internacional de deuda», señaló.
En ese contexto, remarcó que el país enfrenta compromisos en moneda extranjera por unos USD 20.000 millones anuales, sin acceso al refinanciamiento y con reservas internacionales netas negativas.
Frente a ese escenario, fue categórico: «No es sostenible», y aclaró que el superávit comercial de bienes no compensa el resultado negativo cuando se incluyen servicios en la balanza de pagos.
El segundo eje que destacó es la falta de confianza en la moneda local. «La gente no quiere pesos», sintetizó. A partir de allí, describió un mecanismo que se retroalimenta: sin demanda de dinero no hay crédito, sin crédito no hay reactivación, y sin reactivación no se acumulan reservas. «Es el perro que se come la cola», graficó.
En ese marco, planteó una duda central sobre el programa económico: «¿Qué pasa que los argentinos no terminan de confiar en el peso y qué pasa que los acreedores externos no terminan de confiar en el programa? Mientras no se resuelva esto, vamos a estar en una situación muy frágil».
También cuestionó la dinámica inflacionaria. Señaló que, a casi 30 meses de gestión, la inflación mensual se ubica en torno al 3%, por encima de otras experiencias comparables. «El Gobierno subestimó la inercia inflacionaria en un país de alta inflación y sigue sin interpretarlo bien. No solo hay que mirar el equilibrio fiscal y la emisión cero. También se intentó esto con el gobierno de Macri y no funcionó», afirmó.
A su vez, observó una falta de coordinación en la estrategia económica. «Los programas tienen que ir sincronizados. Si es shock en lo fiscal, debería ser shock en lo monetario, y viceversa», indicó.
En defensa de su propia gestión, explicó: «No había ningún margen para hacer un shock fiscal cuando yo era ministro. Teníamos a la expresidente [Cristina Kirchner] vivita y coleando, compitiendo por una banca, no estaba presa. Además, lo que pedía el soberano en ese momento es distinto a lo que pide ahora. La audacia de Milei fue leer bien lo que pedían y avanzar rápido en lo fiscal».
Finalmente, si bien no descartó que el programa pueda consolidarse, advirtió que hoy faltan condiciones clave para lograrlo, como crecimiento sostenido y una mejora en la distribución territorial del desarrollo. Cerró con una advertencia: «Que Dios no permita que resucite lo viejo, pero en primer lugar el Gobierno tiene que lograr que no pase.»
