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¿QUIÉN CUIDA A LOS QUE NOS CUIDAN?

La muerte de la enfermera Mariela Romero del Hospital de Villa Regina comenzará a ser investigada, tal como lo pidieron los gremios ATE y Upcn, para determinar responsabilidades en la atención que recibió.

Al momento de escribir este artículo el ministro de salud Fabián Zgaib no brindó precisiones del caso encontrándose a la espera del informe oficial del Hospital pero deslizó tímidamente en el canal oficial de la provincia que la derivación de la paciente no se demoró mucho.

Por el contrario, no es eso lo que afirman los trabajadores de la salud que en voz de Rosa Ñanco, secretaria general de la seccional de ATE en Villa Regina, expresaron que Mariela estuvo 18 horas esperando la derivación a una cama de terapia ya que requería oxígeno por su cuadro de salud agravado por el covid19.

Recordemos que la enfermera ingresó al hospital el viernes por la noche alrededor de las 23hs al notar poco movimiento fetal en su vientre se comunicó al hospital para ser trasladada desde su casa, luego de toda una noche de espera en la guardia sentada en una camilla, recién a las 7 de la mañana del sábado ingresó a quirófano para una cesárea no programada donde dio a luz a su hijo, a quien no pudo conocer. El pos operatorio lo transitó también en la guardia con un cuadro de covid con una neumonía grave, acá está el punto de inflexión en la atención recibida y el vacío informativo, hasta las 18hs que fue derivada a Roca (18 horas sin la atención que necesitaba, ya que no debería haber sido restituida a la guardia).

Sin embargo, colegas de la enfermera afirman que no le faltó cama a su compañera, sino que lamentablemente le negaron la cama en el servicio de maternidad por ser Covid+ a sabiendas que tenían dos camas libres con oxígeno. De confirmarse esto, se agravaría la culpabilidad de los responsables, siempre es el médico el que toma decisiones y es el que deberá responder en la justicia. 

Asimismo los trabajadores de la salud hacen hincapié en que esta dramática situación vivenciada estos días expone que el sistema de derivaciones no está tan aceitado como dice el oficialismo.

En asamblea entre trabajadores del hospital reginense, el director Ruiz Díaz y el secretario de relaciones institucionales de Río Negro Miguel Ledesma escucharon a los trabajadores, claramente tristes, preocupados y estresados. Se percibió el desamparo en el que se encuentran, y entre otras cosas exigieron mayor organización, mejor infraestructura, más empatía para con ellos y la ciudadanía, solucionar la sobrecarga de trabajo para alivianar el estrés actual, la preparación de un espacio que pueda albergar los casos positivos para terminar con la internación domiciliaria que es incontrolable, a su vez Rosa Ñanco solicitó el acceso de Freddy Fernandez marido de Mariela para que ingrese como empleado estatal. Y la pregunta puntual en el caso Mariela fue ¿por qué la bajaron a la guardia negándole una cama en terapia? Nadie supo contestar.

El director del hospital aclaró, que las decisiones son de los médicos. Según el Dr Vega, jefe del área de maternidad esa decisión no estaba detallada en el historial médico, por lo que no supo explicar porque no se la aceptó en internación y se la bajó a la guardia. Este fue el momento de mayor tensión donde existieron acusaciones cruzadas frente a la culpabilidad por el destrató que recibió Mariela, se dijo que a veces las camas se consiguen más rápidamente dependiendo del peso del apellido del paciente, y se afirmó la falsedad de la prioridad para la atención de los trabajadores de salud.

“Denunciamos esto para que no vuelva a ocurrir. Es difícil encuadrarlo, pero hay una situación de abandono por parte del Estado, y se debe investigar esta situación para que los responsables se hagan cargo de lo que ocurrió”, enfatizó Ñanco.

También agregó, “Pedimos justicia por Mariela, porque no queremos que haya otra Mariela en ningún hospital. Más seguridad para los trabajadores de salud, más personal, mejor infraestructura, acorde a las necesidades del momento. Esto ya tendría que estar previsto. En las guardias no hay camas “frias”. Y que se investigue a los responsables siendo el estado provincial el primer responsable. Pedimos la renuncia de los responsables. No culpamos a los trabajadores. Que esta muerte no quede impune”.

El caso Mariela fue denunciado públicamente por trabajadores del hospital de Villa Regina el miércoles durante la marcha que realizaron en la ciudad. En la misma, en notas brindadas a medios reginenses los profesionales de la salud potenciaron el pedido a la sociedad para que extremen los cuidados, para que entiendan que ante el abandono estatal y la falta de medidas y controles que contengan el alto nivel de contagios que hay en la provincia hizo que la responsabilidad social pase a ser protagonista en esta pandemia tal como se vive hoy en la provincia.

Todo esta trágica situación (con 29 fallecidos en Regina, 20 en los últimos 30 días) se da en medio de la lucha por un salario digno, con una paritaria mezquina de tira y afloje, al igual que la de los docentes, pero opuesta a la de la seguridad provincial (qué mensaje claro baja el Gobierno Provincial). Sin salario digno, con infraestructuras que no se mejoraron ni en 5 meses de pandemia, con falta de insumos, con precariedad laboral, sin UTI libre en la región, con las guardias saturadas y con profesionales desgastados cubriendo horas extras ante la falta de personal durante ya medio año. Los denominados esenciales, los verdaderamente esenciales,  están a la deriva.  

¿Quién cuida a los que nos cuidan?

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    La Resolución 68/2026 publicada este lunes creó un Régimen de Retiro de Voluntad Recíproca para trabajadores de planta permanente de ANSES. Aunque se presenta como una salida voluntaria con compensación económica, el anexo del programa revela condiciones duras: renunciar a reclamos laborales, abandonar cargos sindicales y aceptar la prohibición de volver al Estado durante cinco años. Para sindicatos y especialistas, el plan aparece como otro paso en el proceso de desmantelamiento del organismo previsional.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo programa de retiros laborales destinado a su personal de planta permanente. La medida fue oficializada mediante la Resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece un Régimen de Retiro de Voluntad Recíproca (RVR) que estará abierto hasta el 5 de abril.

    En términos formales, el programa propone una salida “de mutuo acuerdo” entre el organismo y el trabajador. Sin embargo, el extenso anexo que acompaña la resolución deja claro que la decisión final queda en manos de ANSES, que puede aceptar o rechazar cada solicitud por “razones operativas o de servicio”.

    La medida se inscribe en el marco de la política de reducción del Estado impulsada por el gobierno de Milei, que desde su llegada al poder viene aplicando recortes y reestructuraciones en numerosos organismos públicos.

    Un retiro con condiciones estrictas

    El plan alcanza a trabajadores de planta permanente con al menos dos años de antigüedad, bajo el Convenio Colectivo 395/98. Pero el anexo establece múltiples exclusiones y condiciones para quienes quieran adherir.

    Entre otras restricciones, no pueden participar quienes tengan causas judiciales contra ANSES, salvo que acepten desistir de ellas. Es decir, el trabajador que decida retirarse deberá renunciar a cualquier reclamo administrativo o judicial vinculado con su empleo.

    También quedan excluidos quienes estén en procesos disciplinarios, quienes hayan iniciado su trámite jubilatorio o quienes superen los 62 años.

    Además, el acuerdo implica la extinción definitiva del vínculo laboral, lo que en términos jurídicos se denomina “distracto laboral por mutuo consentimiento”.

    Renunciar al sindicato para poder irse

    Uno de los puntos más polémicos del anexo aparece en el artículo 4. Allí se establece que los trabajadores que tengan cargos sindicales deberán renunciar a ellos para poder adherir al retiro.

    La norma también exige que quienes se hayan postulado como candidatos a delegados gremiales abandonen esa condición y renuncien a la llamada tutela sindical, es decir, la protección especial que impide su despido.

    Para especialistas en derecho laboral, esta cláusula busca evitar conflictos legales con trabajadores protegidos por la legislación sindical, pero al mismo tiempo pone en evidencia el carácter condicionado del supuesto retiro voluntario.

    La compensación económica

    El incentivo económico consiste en una gratificación extraordinaria de egreso calculada en función de la antigüedad.

    El esquema prevé el pago del 90% de un salario por cada año trabajado en ANSES, con un límite máximo de 24 sueldos.

    En términos de dinero, el programa fija un tope de 80 millones de pesos para el pago en una sola cuota. Si el monto supera esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales.

    La base de cálculo se determina a partir de los conceptos salariales brutos habituales y permanentes del trabajador.

    Prohibido volver al Estado

    El anexo incluye además una cláusula que refuerza el carácter definitivo de la salida.

    Quienes acepten el retiro no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante cinco años, ya sea mediante cargos políticos, contratos, asesorías o cualquier otro tipo de vínculo laboral.

    La prohibición abarca incluso proyectos financiados por organismos internacionales o multilaterales de crédito.

    Un plazo corto y control centralizado

    El período para adherir al programa es extremadamente breve: vence el 5 de abril de 2026, menos de tres semanas después de su publicación.

    El procedimiento también está completamente centralizado. Primero Recursos Humanos verifica los requisitos, luego las áreas jerárquicas evalúan si pueden prescindir del trabajador y finalmente se dicta la resolución aprobando o rechazando la solicitud.

    Una vez aprobado, el acuerdo debe ser homologado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

    El trasfondo político: reducción del organismo previsional

    Más allá del lenguaje técnico de la resolución, el programa aparece como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del sistema previsional y reducción de estructuras estatales.

    ANSES es uno de los organismos más grandes del Estado argentino, con miles de trabajadores distribuidos en todo el país y un rol central en la administración de jubilaciones, pensiones y programas sociales.

    En ese contexto, los programas de retiro voluntario suelen funcionar como la primera etapa de procesos de achicamiento institucional, permitiendo reducir personal sin recurrir a despidos masivos que podrían generar conflictos políticos o judiciales.

    Las condiciones fijadas en el anexo —renuncia a juicios, abandono de cargos sindicales y prohibición de volver al Estado— refuerzan la idea de que el objetivo no es solo facilitar retiros individuales, sino acelerar una reducción estructural del organismo previsional.

    Para muchos analistas, el plan se inscribe dentro de la lógica de “motosierra” que el propio Milei prometió durante su campaña y que ahora comienza a impactar también en una de las piezas centrales del sistema de seguridad social argentino.

     

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