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¿QUIÉN CUIDA A LOS QUE NOS CUIDAN?

La muerte de la enfermera Mariela Romero del Hospital de Villa Regina comenzará a ser investigada, tal como lo pidieron los gremios ATE y Upcn, para determinar responsabilidades en la atención que recibió.

Al momento de escribir este artículo el ministro de salud Fabián Zgaib no brindó precisiones del caso encontrándose a la espera del informe oficial del Hospital pero deslizó tímidamente en el canal oficial de la provincia que la derivación de la paciente no se demoró mucho.

Por el contrario, no es eso lo que afirman los trabajadores de la salud que en voz de Rosa Ñanco, secretaria general de la seccional de ATE en Villa Regina, expresaron que Mariela estuvo 18 horas esperando la derivación a una cama de terapia ya que requería oxígeno por su cuadro de salud agravado por el covid19.

Recordemos que la enfermera ingresó al hospital el viernes por la noche alrededor de las 23hs al notar poco movimiento fetal en su vientre se comunicó al hospital para ser trasladada desde su casa, luego de toda una noche de espera en la guardia sentada en una camilla, recién a las 7 de la mañana del sábado ingresó a quirófano para una cesárea no programada donde dio a luz a su hijo, a quien no pudo conocer. El pos operatorio lo transitó también en la guardia con un cuadro de covid con una neumonía grave, acá está el punto de inflexión en la atención recibida y el vacío informativo, hasta las 18hs que fue derivada a Roca (18 horas sin la atención que necesitaba, ya que no debería haber sido restituida a la guardia).

Sin embargo, colegas de la enfermera afirman que no le faltó cama a su compañera, sino que lamentablemente le negaron la cama en el servicio de maternidad por ser Covid+ a sabiendas que tenían dos camas libres con oxígeno. De confirmarse esto, se agravaría la culpabilidad de los responsables, siempre es el médico el que toma decisiones y es el que deberá responder en la justicia. 

Asimismo los trabajadores de la salud hacen hincapié en que esta dramática situación vivenciada estos días expone que el sistema de derivaciones no está tan aceitado como dice el oficialismo.

En asamblea entre trabajadores del hospital reginense, el director Ruiz Díaz y el secretario de relaciones institucionales de Río Negro Miguel Ledesma escucharon a los trabajadores, claramente tristes, preocupados y estresados. Se percibió el desamparo en el que se encuentran, y entre otras cosas exigieron mayor organización, mejor infraestructura, más empatía para con ellos y la ciudadanía, solucionar la sobrecarga de trabajo para alivianar el estrés actual, la preparación de un espacio que pueda albergar los casos positivos para terminar con la internación domiciliaria que es incontrolable, a su vez Rosa Ñanco solicitó el acceso de Freddy Fernandez marido de Mariela para que ingrese como empleado estatal. Y la pregunta puntual en el caso Mariela fue ¿por qué la bajaron a la guardia negándole una cama en terapia? Nadie supo contestar.

El director del hospital aclaró, que las decisiones son de los médicos. Según el Dr Vega, jefe del área de maternidad esa decisión no estaba detallada en el historial médico, por lo que no supo explicar porque no se la aceptó en internación y se la bajó a la guardia. Este fue el momento de mayor tensión donde existieron acusaciones cruzadas frente a la culpabilidad por el destrató que recibió Mariela, se dijo que a veces las camas se consiguen más rápidamente dependiendo del peso del apellido del paciente, y se afirmó la falsedad de la prioridad para la atención de los trabajadores de salud.

“Denunciamos esto para que no vuelva a ocurrir. Es difícil encuadrarlo, pero hay una situación de abandono por parte del Estado, y se debe investigar esta situación para que los responsables se hagan cargo de lo que ocurrió”, enfatizó Ñanco.

También agregó, “Pedimos justicia por Mariela, porque no queremos que haya otra Mariela en ningún hospital. Más seguridad para los trabajadores de salud, más personal, mejor infraestructura, acorde a las necesidades del momento. Esto ya tendría que estar previsto. En las guardias no hay camas “frias”. Y que se investigue a los responsables siendo el estado provincial el primer responsable. Pedimos la renuncia de los responsables. No culpamos a los trabajadores. Que esta muerte no quede impune”.

El caso Mariela fue denunciado públicamente por trabajadores del hospital de Villa Regina el miércoles durante la marcha que realizaron en la ciudad. En la misma, en notas brindadas a medios reginenses los profesionales de la salud potenciaron el pedido a la sociedad para que extremen los cuidados, para que entiendan que ante el abandono estatal y la falta de medidas y controles que contengan el alto nivel de contagios que hay en la provincia hizo que la responsabilidad social pase a ser protagonista en esta pandemia tal como se vive hoy en la provincia.

Todo esta trágica situación (con 29 fallecidos en Regina, 20 en los últimos 30 días) se da en medio de la lucha por un salario digno, con una paritaria mezquina de tira y afloje, al igual que la de los docentes, pero opuesta a la de la seguridad provincial (qué mensaje claro baja el Gobierno Provincial). Sin salario digno, con infraestructuras que no se mejoraron ni en 5 meses de pandemia, con falta de insumos, con precariedad laboral, sin UTI libre en la región, con las guardias saturadas y con profesionales desgastados cubriendo horas extras ante la falta de personal durante ya medio año. Los denominados esenciales, los verdaderamente esenciales,  están a la deriva.  

¿Quién cuida a los que nos cuidan?

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    El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.

    La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.

    El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».

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    La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.

    El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.

    Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.

    En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.

    La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».

    El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

    El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.

    La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.

    Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado. 

    Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final. 

     

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    Eso se evidenció con fuerza en la Séptima (centro bonaerense) donde, ahora, se está moldeando un armado de corte seccional para sumar volumen y darle más fuerza a las candidaturas locales de cara a 2027.

    Bajo esa clave, la experiencia de Hechos en la Segunda sección durante las pasadas legislativas sedujo a los integrantes de esta incipiente construcción en la Séptima que, el último viernes, visitaron San Nicolás para reunirse con los hermanos Santiago y Manuel Passaglia.

    Este grupo de la Séptima está integrado, entre otros, por Juan Cravero (Roque Pérez), Martiniano Valerga (General Alvear), Vladimir Wuovich (Saladillo), Nicolás Morán (Bolivar) y Jorge Ferrarello (Azul), todos con experiencia en haber encabezado boletas y, en algunos casos, ganar elecciones.

     «El grupo se armó con denominadores comunes: todos destratados arriba y todos con el objetivo de competir por las intendencias», dijo a LPO uno de los miembros de este armado 

    Además, al armado lo integra el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, que tuvo un paso fugáz por La Libertad Avanza, de donde se fue previo al cierre de listas hacia las últimas legislativas, cuando su espacio jugó con boleta corta y logró imponerse.

    «El grupo se armó con denominadores comunes: todos destratados arriba y todos con el objetivo de competir por las intendencias», dijo a LPO uno de los miembros de este armado. Por lo pronto, aseguran no tener definido un alineamiento de escala provincial y nacional.

    Passaglia logró una elección de tercios en el norte de la provincia y se quedó con tres diputados

    «Hablamos muy bien con los Passaglia pero estamos escuchando a todos y veremos con el tiempo qué haremos», agregaron.

    Pero sí avisaron que ya está «garantizada» una propuesta seccional del espacio, en caso de no lograr un acuerdo electoral que implique integrar una alianza con paraguas nacional y provincial.

    Ahí es donde entra como referencia la experiencia de Hechos, el sello creado por los hermanos Passaglia en la última elección. Además de San Nicolás, a Hechos se sumó el año pasado el intendente PRO de Pergamino, Javier Martínez, además de presentar propuestas locales en todos los distritos del norte bonaerense.

    Los hermanos Passaglia en la reunión que mantuvieron con dirigentes de la Séptima el último viernes en San Niçolás.

    La confluencia de los dos distritos más fuertes de la Segunda, provocó que Hechos meta tres bancas en la Legislatura bonaerense. «Eso mostró que los armados locales podemos hacer valer nuestra fuerza y no entregarla a las lapiceras de arriba», analizó una fuente del espacio.

    Más allá de eso, los Passaglia dieron una señal de perspectiva de expansión provincial del sello, al darle en 2025 la boleta de su espacio a candidatos locales de otras secciones, como pasó en la Quinta con Juan Manazzoni en Tandil pero también en la Séptima con Nicolás Morán y Juan Cravero.

    Ya con ese antecedente, se generó el encuentro del último viernes en el municipio nicoleño, reunión articulada por Marcelo Dimaggio, hombre cercano a Sebastián García De Luca y ex armador de Patricia Bullrich.

    El potencial volumen electoral preocupa en La Libertad Avanza. «El tema es Ramiro (Egüen), que en 25 de Mayo ganó solo y si hacen un buen armado se quedan con la sección. Y (Ezequiel) Galli que está poniendo huevos ahí también», dijo a LPO una fuente del esquema libertario de Olavarría. 

    «Hoy tenemos en la sumatoria el 25 por ciento en votos de la Séptima. Los vamos a hacer valer en cualquier esquema de alianza electoral», señalaron a LPO cerca de este grupo.

    Como sea, ese potencial volumen electoral preocupa en La Libertad Avanza. «El tema es Ramiro (Egüen), que en 25 de Mayo ganó solo y si hacen un buen armado se quedan con la sección. Y (Ezequiel) Galli que está poniendo huevos ahí también», dijo a LPO una fuente del esquema libertario de Olavarría.

    Por lo pronto, en la nueva construcción seccional señalaron que el objetivo es moverse «en bloque» y armar «de abajo hacia arriba, con territorialismo en los distritos». Eso, a la espera de cómo se va a reordenar el tablero político provincial.

     

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