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Medidas restrictivas en Bariloche dispuestas por el Ministerio de Salud

Por Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro se establecieron medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias en San Carlos de Bariloche a partir de las 8 del jueves 23 de abril de 2020.

Las medidas (que se enumeran en la Resolución anexa) se prolongarán hasta las 24 horas del día 30 de abril próximo, y están fundamentadas en razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter preventivo, excepcional y temporario.

La vigilancia epidemiológica en Bariloche durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Salud de Río Negro, determinan que deban adoptarse estas medidas sanitarias preventivas a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19.

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  • Adorni demora su declaración jurada: «No le vamos a dar el gusto a Bullrich»

     

    Manuel Adorni sigue demorando la presentación de su declaración jurada y en el gobierno ahora lo apuran para que explique su crecimiento patrimonial antes de que arranque el Mundial.

    El jefe de gabinete sigue dilatando la presentación pese a que el propio Javier Milei anunció en los medios hace tres semanas que era inminente la aparición del documento.

    LPO anticipó que Adorni teme que aparezca otro constructor o contratista como Matías Tabar que lo embarre con más gastos siderales en las propiedades que adquirió una vez que llegó a la función pública y por eso esperaba que el fiscal Gerardo Pollicita termine la ronda de testigos que llamó a declarar en la causa que instruye por enriquecimiento ilícito.

    Pero Pollicita se pidió licencia y su puesto es subrogado por alrededor de una semana y media por el fiscal Franco Picardi. En el gobierno interpretan que la causa no terminará hasta la vuelta de Pollicita, que podría llamar a declarar al funcionario y eventualmente procesarlo.

    Juez exige la renuncia de Adorni: «Mi límite es la corrupción» 

    Las presiones para que presente la DDJJ provienen de varios sectores del oficialismo. Quienes hicieron públicas esas presiones fueron los senadores Patricia Bullrich, Luis Juez y Francisco Paoltroni. Además, la vicepresidenta Victoria Villarruel dijo que «todos estamos esperando que Adorni presente la declaración jurada».

    En la Rosada filtraron en un principio que Adorni entregaría los papeles a la Oficina Anticorrupción a fines de esta semana o a más tardar el lunes primero de junio. Pero ahora, no quieren dar por cerrada una fecha y se siguen estirando los plazos, pese a que cada día que pasa, la palabra de Milei queda aún más en offisde. La única fecha concreta es el 31 de julio, el plazo límite que otorgó la Oficina Anticorrupción, que extendió el deadline original del 31 de mayo para coincidir con los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales.

    «La va a presentar en el momento en el que no le demos el gusto a Bullrich o a Villarruel», desafió ante LPO una encumbrada fuente de Casa Rosada.

     

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    El gobierno atrapado en su propio discurso: el caso Adorni y la transparencia selectiva

     

    Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.

    El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?

    La prórroga que agravó las sospechas

    La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.

    Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.

    La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.

    Un funcionario bajo la lupa

    En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.

    La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.

    Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.

    El costo de predicar una cosa y hacer otra

    La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.

    Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.

    Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.

    La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.

    El espejo de la casta

    El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.

    El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.

    Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.

     

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  • El PRO y los libertarios se reagrupan en Bahía en rechazo a la amenaza de Susbielles de demandar a Milei

     

    Luego de permanecer en silencio frente al recorte que el año pasado ejecutó Nación en la asistencia a la ciudad tras el trágico temporal, ahora Federico Susbielles amenaza con demandar al gobierno de Javier Milei en la Justicia de consumarse la exclusión de Bahía Blanca de los subsidios contemplados en el régimen de Zona Fría.

    Para ese cambio de temporamento, el intendente bahiense busca el paraguas del Concejo Deliberante, donde este viernes presentó un proyecto en el que solicita un apoyo del legislativo frente a una eventual demanda judicial contra Milei.

    «Hay dos posiciones: o estás a favor de Bahía Blanca y sus vecinos o estás en contra. Estoy dispuesto a defender judicialmente a la ciudad de este despojo que pretende hacer el gobierno nacional», dijo Susbielles en redes.

    En la oposición acusan que Susbielles podría hacer la presentación judicial sin necesidad de pasar por el Concejo y leen esta movida como una intención del jefe comunal de exponerlos ante un tema sensible.

    «Se equivoca y lo único que está logrando es unir a la oposición», dijo a LPO un dirigente bahiense del arco opositor en alusión al escenario de fragmentación que, hasta el momento, imperó en los dos espacios que jugaron juntos en las pasadas legislativas, el PRO y La Libertad Avanza.

    Guerra abierta entre el PRO y los libertarios por los Concejos

    Como contó LPO, la pelea por la presidencia del Concejo, que finalmente quedó para la ritondista Gisela Caputo, generó una ruptura con los libertarios que responden al diputado Oscar Liberman.

    Sin embargo, el debate en torno a la exclusión de la ciudad del régimen de Zona Fría alineó en una misma postura a ambos sectores de la oposición.

    «Defender a Bahía Blanca no es hacer conferencias de prensa anunciando juicios. Defender a Bahía Blanca es decir la verdad: la nueva ley mantiene beneficios para quienes más los necesitan y corrige privilegios que nunca debieron existir», dijo el concejal y referente del PRO en Bahía, Emiliano Álvarez Porte.

    Fuentes de la oposición bahiense sostienen que Susbielles pretende una avanzada judicial mediante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor que depende del Concejo. «No quiere perder él solo y quiere arrastrar al Concejo a perder con él», analizan, aunque advierten que el intendente «no tiene los votos» 

    En esa línea, el dirigente ritondista recordó que, cuando el municipio, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, promovió un amparo contra la empresa Camuzzi «el resultado fue una derrota judicial y miles de vecinos atrapados en años de incertidumbre, reliquidaciones y conflictos».

    En esa línea, al discutirse el tema en la Legislatura, Liberman sostuvo que el Régimen de Zona Fría «es un privilegio para los más ricos: el 80% del subsidio se lo apropia entre el 10 y el 15% más rico».

    Y agregó: «¿Por qué los hogares vulnerables tienen que subsidiar el gas a un intendente, al CEO de una empresa o a mí, que lo podemos pagar?»

    Milei le cobra a Bahía un alquiler millonario por puentes de emergencia puestos tras el temporal

    Fuentes de la oposición bahiense sostienen que Susbielles pretende una avanzada judicial mediante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, la Omic, que depende del Concejo.

    «No quiere perder él solo y quiere arrastrar al Concejo a perder con él», analizan, aunque advierten que el intendente «no tiene los votos» para un eventual apoyo del legislativo local a una judicialización del tema.

    Es que, para eso, primero el proyecto debería pasar por dos comisiones en las que el oficialismo no tiene mayoría para que tenga despacho y se trate en el recinto. Y, si lo pide sobre tablas, necesita 16 votos.

    Ahí, calculan que Susbielles, en el mejor de los casos alcanzaría la mitad de las voluntades y, en caso de desempate, define la titular del Concejo, Gisela Caputo, del PRO. 

     

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