Cafiero «hay opciones para hacer más estricto el aislamiento», pero pidió «no apresurarse»

 

La participación del Gobierno de Javier Milei en una cumbre impulsada por Donald Trump abrió interrogantes sobre el alineamiento argentino con una estrategia internacional que busca construir una coalición contra la izquierda y ampliar la cooperación en inteligencia y seguridad.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Detrás de una cumbre internacional presentada oficialmente como un encuentro para fortalecer la cooperación contra el terrorismo, la administración de Donald Trump comenzó a desplegar una estrategia mucho más ambiciosa: construir una coalición internacional que identifique a la izquierda como una amenaza geopolítica. La presencia de funcionarios argentinos en ese encuentro no pasó inadvertida y abrió interrogantes sobre el rumbo que está tomando la política exterior de Javier Milei y el grado de alineamiento que su gobierno está dispuesto a asumir con Washington.

Durante buena parte de su gestión, Javier Milei convirtió la llamada «batalla cultural» en uno de los ejes centrales de su discurso político. El Presidente no sólo planteó una confrontación permanente contra el socialismo, el progresismo y lo que denomina «la agenda woke», sino que además buscó internacionalizar esa pelea participando de foros conservadores y estrechando vínculos con referentes de la nueva derecha global. Sin embargo, lo que hasta hace poco parecía limitarse al plano discursivo comienza ahora a trasladarse al terreno de la diplomacia, la seguridad y la inteligencia internacional.

Ese cambio de escala quedó expuesto tras la cumbre organizada por la administración de Donald Trump, donde participaron representantes de más de sesenta países y a la que la Argentina asistió a través del vicecanciller Pablo Quirno. Según reveló la periodista Luciana Bertoia, la reunión no estuvo orientada únicamente a fortalecer mecanismos tradicionales de cooperación contra organizaciones terroristas, sino que tuvo como uno de sus objetivos centrales comenzar a articular una coalición internacional frente a lo que Washington define como la amenaza del «terrorismo de izquierda», una categoría que abre numerosos interrogantes por su amplitud conceptual y por las consecuencias que podría tener en términos políticos e institucionales.

Una definición de «terrorismo» que ya no parece limitarse a organizaciones armadas

Uno de los aspectos más relevantes del encuentro es que la administración estadounidense comenzó a utilizar un lenguaje que amplía considerablemente el concepto tradicional de terrorismo. Históricamente, esa categoría estuvo asociada a organizaciones armadas específicas cuya caracterización surgía de tratados internacionales, resoluciones de Naciones Unidas o listados confeccionados por distintos Estados. Sin embargo, el discurso presentado durante esta cumbre parece incorporar una dimensión mucho más ideológica, donde la principal preocupación deja de ser exclusivamente la existencia de grupos armados para pasar a concentrarse también en organizaciones y movimientos que Estados Unidos considera parte de una amenaza política vinculada a la izquierda internacional.

Ese corrimiento no es un detalle menor. Cuando una categoría jurídica tan sensible como la de terrorismo comienza a mezclarse con definiciones ideológicas, inevitablemente aparecen preguntas sobre cuáles serán los límites de esa clasificación, qué actores podrían quedar incluidos bajo ese paraguas y hasta dónde podrían extenderse los mecanismos de vigilancia, cooperación e intercambio de información entre los distintos países participantes.

Por ese motivo, distintos especialistas en derecho internacional y organismos de derechos humanos vienen advirtiendo desde hace tiempo que cualquier ampliación de esas categorías exige controles institucionales particularmente rigurosos para evitar que herramientas diseñadas para combatir organizaciones violentas terminen utilizándose con finalidades políticas.

El alineamiento con Washington ya dejó de ser solamente diplomático

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el acercamiento con Estados Unidos se transformó en uno de los pilares de la política exterior argentina. Las coincidencias ideológicas con Trump, la afinidad con sectores conservadores norteamericanos y el respaldo permanente a la agenda impulsada por Washington en distintos organismos internacionales fueron consolidando una relación que ya trascendió el plano estrictamente diplomático.

En los últimos meses comenzaron a multiplicarse las reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos en áreas sensibles como seguridad, defensa e inteligencia. La reciente visita a la Argentina de autoridades del FBI y la participación de representantes nacionales en distintos encuentros organizados por Estados Unidos forman parte de esa profundización del vínculo, que para el oficialismo representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional, pero que para buena parte de la oposición implica un proceso de alineamiento cuya magnitud todavía no fue suficientemente explicada ante la sociedad.

Porque una cosa es coordinar acciones contra organizaciones terroristas internacionalmente reconocidas y otra muy distinta es integrar una estrategia geopolítica donde la definición misma de quién constituye una amenaza pasa a depender, en buena medida, de criterios políticos establecidos por la principal potencia mundial.

Las preguntas que la Cancillería todavía no respondió

Hasta el momento, el Gobierno argentino no difundió documentación oficial que permita conocer con precisión qué compromisos asumió durante esa reunión ni cuál fue exactamente la posición que llevó la delegación encabezada por Pablo Quirno.

Tampoco explicó si la participación argentina implicará nuevos acuerdos de intercambio de información entre organismos de inteligencia, si habrá modificaciones en los mecanismos de cooperación existentes o si se avanzará en convenios específicos con agencias estadounidenses.

Ese vacío informativo comenzó rápidamente a generar pedidos de informes desde distintos sectores opositores, que consideran indispensable que el Congreso conozca el alcance de cualquier entendimiento que pueda afectar áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad nacional o la política exterior.

La preocupación no gira únicamente alrededor del contenido de la reunión, sino también sobre el modo en que este tipo de acuerdos suelen desarrollarse, muchas veces mediante memorandos o mecanismos de cooperación administrativa que no siempre reciben un debate público acorde con su importancia institucional.

De la batalla cultural a una política internacional coordinada

Quizás el dato más significativo de todo este episodio sea que la denominada batalla cultural, que durante años funcionó como una herramienta de construcción política y electoral para las nuevas derechas occidentales, comienza a institucionalizarse como un eje de coordinación entre gobiernos.

Lo que antes aparecía como un discurso pronunciado en campañas, conferencias o foros ideológicos empieza ahora a traducirse en reuniones diplomáticas, estrategias de seguridad y posibles mecanismos permanentes de cooperación internacional.

En ese contexto, la participación argentina adquiere una relevancia que excede largamente un simple encuentro protocolar. Si el Gobierno efectivamente acompaña la estrategia impulsada por Washington, la Argentina podría quedar incorporada a una arquitectura internacional cuya lógica ya no se limita a combatir organizaciones terroristas tradicionales, sino que incorpora una fuerte dimensión ideológica en la definición de las amenazas globales.

Por eso, más allá de las simpatías o diferencias políticas que puedan existir respecto del gobierno de Milei o de la administración Trump, el debate de fondo pasa por otra cuestión mucho más trascendente: hasta dónde puede llegar el alineamiento internacional de un país sin que exista una discusión pública, parlamentaria e institucional sobre los compromisos que ese alineamiento implica, especialmente cuando involucra áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad y la definición misma de quiénes pasan a ser considerados enemigos políticos en el escenario internacional.