MARCHA ATRÁS
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MARCHA ATRÁS

El gobierno nacional dio marcha atrás a las 24 cuotas retroactivas que iban a pagar los usuarios a partir del año que viene. La resolución la publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial Javier Iguacel, titular de la secretaría de energía, y establecía que los usuarios de la red de gas de todo el país debían afrontar un cargo extra en sus facturas para compensar a las empresas por la devaluación del peso.

El Estado asumirá el gasto que generó a las productoras a partir de la devaluación y  pagará esa compensación en 30 cuotas hasta el año 2021. La resolución era claramente inconstitucional, propios y ajenos al gobierno lo sabían. Me pregunto, ¿la licuación del salario del trabajador, quién la subsana?

No es la primera vez que el gobierno avanza sobre una  decisión y después vuelve sobre sus pasos. ¿Pro o contra? Los oficialistas dirán que éste es un gobierno que escucha, un gobierno de diálogo, autocrítico. Que acepta los errores y los corrige. Los opositores por el contrario expresarán que la idea es proponer y tantear, teniendo en cuenta que  los medios esconden y ayudan a que la sociedad no se movilice, algunas decisiones antipopulares pasan desapercibidas, se concretan y golpean los bolsillos más livianos.

Lo fáctico es que el gobierno se hará cargo de la compensación a las productoras pero quedará vigente el incremento que se definió en audiencia pública, del 35% desde octubre y un 15% más desde enero del año que viene. Podrán pensar que se viene el verano y el consumo de gas baja. Pero bajará el consumo y no la tarifa; el calor hará lo suyo y el invierno llegará otra vez. Los más afectados serán nuevamente los sectores más carenciados que percibirán tarifas con un 50% de incremento.

No pasó una, pero pasó la otra. O quién sabe, quizás esa compensación a las productoras está tácitamente cubierta en los aumentos vigentes y en definitiva pasaron las dos.

Hace un tiempo atrás publicamos en #LaTapa un artículo titulado «Cuando la Patagonia se liberó de Argentina», entre otras cosas, el artículo hacía hincapié sobre las políticas antipatagónicas del gobierno actual.

En éste caso, el nuevo tarifazo vuelve a golpear a la zona más austral del país, siendo que hasta en verano las provincias sureñas necesitan del gas para templar sus hogares, además del uso para los quehaceres cotidianos. El simbronazo que algunos sentirán más adelante, ya golpea las familias del sur.

Vaca muerta es el segundo yacimiento hidrocarburífero no convencional más grande del mundo.

Está ubicado en la Patagonia.

Portada: Germán Busin

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    La Legislatura de Córdoba volvió a quedar en el centro de un escándalo por una denuncia vinculada con delitos contra la integridad sexual. El protagonista es Omar «Manotas» Ludueña, un empleado de planta permanente que tiene una extensa trayectoria de militancia junto a Rodrigo de Loredo.

    Ludueña fue denunciado por una mujer que asegura haber sufrido abusos sexuales durante su infancia y adolescencia. Según la denuncia difundida públicamente, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía entre 3 y 14 años. La causa tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 2° Turno.

    El caso adquiere una dimensión política por la trayectoria del empleado dentro de la Unicameral. Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR, como contratado bajo la modalidad de Asistente Legislativo. Posteriormente pasó a formar parte de la planta permanente. 

    Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.

    Una investigación de abuso de menores complica a un diputado peronista y amenaza la mayoría de Llaryora

    La documentación administrativa de la Legislatura confirma, además, que Ludueña figura entre los empleados del cuerpo legislativo. Un listado oficial de personal de la Unicameral lo registra como Auxiliar Principal.

    Pero hay otro dato que resulta relevante: el 1° de febrero de 2024, la dirección de Capital Humano de la Legislatura le confirmó a «Manotas» que su nuevo destino sería la oficina Alejandra Ferrero, una de las espadas de De Loredo, «cumpliendo funciones de apoyo a las actividades que se desarrollan en la misma». 

    El denunciado Omar «Manotas» Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR. Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.

    La nota lleva la firma de la propia Ferrero como responsable de la oficina de destino. El 8 de septiembre pasado, luego de que se hiciera pública la acusación a Ludueña, Ferrero solicitó a la vicegobernadora Myrian Prunotto que «arbitre las medidas para el apartamiento de las funciones» de Ludueña. 

    El bloque de Hacemos Unidos, que viene de atravesar la crisis de «Cañito» Flores, presentó un pedido de informes en el que deja expuesto que Ludueña habría trabajado de manera ininterrumpida para legisladores de la UCR durante años y habría desarrollado también actividad política vinculada con ese espacio. 

    La diputada radical Alejandra Ferrero.

    Efectivamente, «Manotas» es un reconocido militante de la seccional Cuarta de la ciudad de Córdoba. El pedido de informes del oficialismo dejará expuesto cuándo ingresó Ludueña, quién solicitó su contratación, cómo fue su pase a planta permanente y todos los cambios registrados posteriormente. 

    Es un dardo directo a De Loredo, puesto que el denunciado habría sido contratado por él en 2011. El planteo tiene un componente político adicional: el peronismo pretende que los distintos bloques fijen posición frente al caso y recuerda los antecedentes recientes de pedidos de exclusión y cuestiones de privilegio presentados por situaciones de gravedad similar. 

    En principio, el peronismo buscará que se aplique la «jurisprudencia ‘Cañito’ Flores»: arrinconar a la radical Ferrero para que se tome licencia por haber cobijado en su oficina al denunciado. Como se recordará, Flores solicitó licencia y a las pocas horas renunció luego de que su exasesor José Villarreal fuera detenido e imputado en una causa por abuso sexual de menores.

    La concejala radical Elisa Caffaratti, que conoce a Ludueña por su trabajo territorial y que también está vinculada al espacio de De Loredo, dijo que tomó conocimiento de la denuncia a través de la propia denunciante y que realizó una presentación judicial para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

     

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