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MARCHA ATRÁS

El gobierno nacional dio marcha atrás a las 24 cuotas retroactivas que iban a pagar los usuarios a partir del año que viene. La resolución la publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial Javier Iguacel, titular de la secretaría de energía, y establecía que los usuarios de la red de gas de todo el país debían afrontar un cargo extra en sus facturas para compensar a las empresas por la devaluación del peso.

El Estado asumirá el gasto que generó a las productoras a partir de la devaluación y  pagará esa compensación en 30 cuotas hasta el año 2021. La resolución era claramente inconstitucional, propios y ajenos al gobierno lo sabían. Me pregunto, ¿la licuación del salario del trabajador, quién la subsana?

No es la primera vez que el gobierno avanza sobre una  decisión y después vuelve sobre sus pasos. ¿Pro o contra? Los oficialistas dirán que éste es un gobierno que escucha, un gobierno de diálogo, autocrítico. Que acepta los errores y los corrige. Los opositores por el contrario expresarán que la idea es proponer y tantear, teniendo en cuenta que  los medios esconden y ayudan a que la sociedad no se movilice, algunas decisiones antipopulares pasan desapercibidas, se concretan y golpean los bolsillos más livianos.

Lo fáctico es que el gobierno se hará cargo de la compensación a las productoras pero quedará vigente el incremento que se definió en audiencia pública, del 35% desde octubre y un 15% más desde enero del año que viene. Podrán pensar que se viene el verano y el consumo de gas baja. Pero bajará el consumo y no la tarifa; el calor hará lo suyo y el invierno llegará otra vez. Los más afectados serán nuevamente los sectores más carenciados que percibirán tarifas con un 50% de incremento.

No pasó una, pero pasó la otra. O quién sabe, quizás esa compensación a las productoras está tácitamente cubierta en los aumentos vigentes y en definitiva pasaron las dos.

Hace un tiempo atrás publicamos en #LaTapa un artículo titulado «Cuando la Patagonia se liberó de Argentina», entre otras cosas, el artículo hacía hincapié sobre las políticas antipatagónicas del gobierno actual.

En éste caso, el nuevo tarifazo vuelve a golpear a la zona más austral del país, siendo que hasta en verano las provincias sureñas necesitan del gas para templar sus hogares, además del uso para los quehaceres cotidianos. El simbronazo que algunos sentirán más adelante, ya golpea las familias del sur.

Vaca muerta es el segundo yacimiento hidrocarburífero no convencional más grande del mundo.

Está ubicado en la Patagonia.

Portada: Germán Busin
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    Hace 80 años comenzaba el Juicio de Núremberg: cuando el mundo decidió que los crímenes de Estado no podían quedar impunes

     

    El 30 de julio de 1946 concluyó la etapa de alegatos del histórico Juicio de Núremberg, el proceso judicial que sentó en el banquillo a los principales dirigentes del régimen nazi tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquellas audiencias marcaron un antes y un después en el derecho internacional al establecer que los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad podían ser juzgados más allá de las fronteras de sus países. Ocho décadas después, sus principios siguen siendo una referencia para los juicios por terrorismo de Estado, incluidos los desarrollados en Argentina tras la recuperación democrática.

    Por Redacción de NLI

    La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de destrucción pocas veces visto en la historia de la humanidad. Millones de muertos, ciudades arrasadas y el horror del Holocausto plantearon una pregunta inédita para la comunidad internacional: ¿qué hacer con quienes habían organizado desde el Estado un sistema de persecución, exterminio y guerra que no tenía precedentes?

    Hasta entonces, las guerras solían terminar con tratados diplomáticos o con la derrota militar de uno de los bandos. Sin embargo, tras la caída del Tercer Reich, las potencias aliadas decidieron avanzar por un camino diferente. En lugar de limitarse a sanciones políticas, promovieron un proceso judicial para juzgar a los máximos responsables del nazismo por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

    El Juicio de Núremberg, desarrollado entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, no estuvo exento de controversias jurídicas, pero estableció un principio que transformaría para siempre el derecho internacional: ningún funcionario, militar o gobernante podía escudarse en el cargo que ocupaba o en la obediencia debida para justificar violaciones masivas a los derechos humanos.

    Un proceso que cambió la historia del derecho

    En el banquillo se sentaron algunos de los principales dirigentes políticos, militares y económicos del régimen nazi. Durante meses, fiscales de distintos países presentaron documentos, registros oficiales, fotografías y testimonios que demostraban el funcionamiento de los campos de concentración, las deportaciones masivas y el plan sistemático de exterminio impulsado por el Estado alemán.

    Las imágenes exhibidas durante las audiencias impactaron profundamente a una opinión pública que comenzaba a conocer la magnitud del Holocausto. Por primera vez, el mundo observaba cómo un tribunal analizaba no solamente responsabilidades individuales, sino también el funcionamiento de una maquinaria estatal dedicada a la persecución y al asesinato.

    El proceso concluyó con condenas a muerte, penas de prisión y algunas absoluciones, pero su consecuencia más importante fue jurídica: los principios establecidos en Núremberg se convertirían en la base del moderno derecho internacional de los derechos humanos.

    Argentina y el legado de Núremberg

    Aunque ocurrieron a miles de kilómetros de distancia, los principios de Núremberg tuvieron una enorme influencia en la historia argentina.

    Tras el retorno de la democracia en 1983, el país llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas, una experiencia que fue observada en todo el mundo por tratarse de uno de los primeros procesos donde un tribunal civil juzgó a los responsables de una dictadura militar.

    Con el tiempo, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitió reabrir cientos de causas por delitos de lesa humanidad, consolidando una política de memoria, verdad y justicia que convirtió a la Argentina en una referencia internacional.

    Muchos de esos procesos retomaron conceptos nacidos en Núremberg: la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad individual de quienes integran estructuras estatales represivas y la imposibilidad de justificar esos delitos alegando el cumplimiento de órdenes superiores.

    La memoria como política democrática

    Los juicios por delitos de lesa humanidad no tienen únicamente una función punitiva. También cumplen un papel central en la reconstrucción de la memoria colectiva.

    Las audiencias permiten documentar hechos, preservar testimonios y ofrecer a las víctimas un espacio institucional donde sus historias sean reconocidas por el Estado. Esa dimensión resulta especialmente importante en sociedades que atravesaron procesos de violencia política organizada.

    En Argentina, organismos de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo impulsaron durante décadas la búsqueda de justicia cuando todavía predominaban la impunidad y el silencio. Su trabajo fue decisivo para que el país pudiera reconstruir parte de la verdad sobre el terrorismo de Estado y juzgar a sus responsables.

    La experiencia argentina demostró que la democracia no se fortalece olvidando los crímenes del pasado, sino investigándolos y juzgándolos con todas las garantías del Estado de Derecho.

    Una enseñanza que sigue vigente

    Ocho décadas después, el legado de Núremberg continúa presente cada vez que un tribunal internacional o nacional investiga genocidios, crímenes de guerra o violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

    En un contexto internacional donde resurgen discursos autoritarios, expresiones negacionistas y reivindicaciones de regímenes represivos, recordar aquellos juicios adquiere una importancia renovada. La historia demuestra que cuando el Estado concentra un poder sin controles y convierte la persecución en política pública, las consecuencias pueden ser devastadoras.

    Para Argentina, donde la memoria sobre la última dictadura constituye uno de los pilares del consenso democrático construido desde 1983, el legado de Núremberg tiene un significado especial. Recordar aquellos juicios es también reafirmar que los crímenes cometidos desde el Estado no pueden naturalizarse, relativizarse ni quedar impunes, cualquiera sea el tiempo transcurrido o el poder que hayan ejercido sus responsables.

     

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