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MARCHA ATRÁS

El gobierno nacional dio marcha atrás a las 24 cuotas retroactivas que iban a pagar los usuarios a partir del año que viene. La resolución la publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial Javier Iguacel, titular de la secretaría de energía, y establecía que los usuarios de la red de gas de todo el país debían afrontar un cargo extra en sus facturas para compensar a las empresas por la devaluación del peso.

El Estado asumirá el gasto que generó a las productoras a partir de la devaluación y  pagará esa compensación en 30 cuotas hasta el año 2021. La resolución era claramente inconstitucional, propios y ajenos al gobierno lo sabían. Me pregunto, ¿la licuación del salario del trabajador, quién la subsana?

No es la primera vez que el gobierno avanza sobre una  decisión y después vuelve sobre sus pasos. ¿Pro o contra? Los oficialistas dirán que éste es un gobierno que escucha, un gobierno de diálogo, autocrítico. Que acepta los errores y los corrige. Los opositores por el contrario expresarán que la idea es proponer y tantear, teniendo en cuenta que  los medios esconden y ayudan a que la sociedad no se movilice, algunas decisiones antipopulares pasan desapercibidas, se concretan y golpean los bolsillos más livianos.

Lo fáctico es que el gobierno se hará cargo de la compensación a las productoras pero quedará vigente el incremento que se definió en audiencia pública, del 35% desde octubre y un 15% más desde enero del año que viene. Podrán pensar que se viene el verano y el consumo de gas baja. Pero bajará el consumo y no la tarifa; el calor hará lo suyo y el invierno llegará otra vez. Los más afectados serán nuevamente los sectores más carenciados que percibirán tarifas con un 50% de incremento.

No pasó una, pero pasó la otra. O quién sabe, quizás esa compensación a las productoras está tácitamente cubierta en los aumentos vigentes y en definitiva pasaron las dos.

Hace un tiempo atrás publicamos en #LaTapa un artículo titulado «Cuando la Patagonia se liberó de Argentina», entre otras cosas, el artículo hacía hincapié sobre las políticas antipatagónicas del gobierno actual.

En éste caso, el nuevo tarifazo vuelve a golpear a la zona más austral del país, siendo que hasta en verano las provincias sureñas necesitan del gas para templar sus hogares, además del uso para los quehaceres cotidianos. El simbronazo que algunos sentirán más adelante, ya golpea las familias del sur.

Vaca muerta es el segundo yacimiento hidrocarburífero no convencional más grande del mundo.

Está ubicado en la Patagonia.

Portada: Germán Busin
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    ATUCHA II: Julia Strada desenmascara al discurso libertario

     

    La diputada desenmascaró una vez más a las mentiras del oficialismo.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Gobierno salió a festejar en redes sociales que Atucha II volvió a operar al 100% de su potencia, intentando presentarlo como un logro propio y como una muestra del supuesto “Plan Nuclear Argentino” que pregona La Libertad Avanza. Sin embargo, la diputada y economista de Unión por la Patria Julia Strada desarmó punto por punto el relato oficial y expuso lo que calificó directamente como humo libertario.

    La celebración oficial llegó de la mano de Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina y hombre de extrema confianza de Milei, quien publicó una imagen de un tablero de control que marcaba 100,2% de potencia. Ante las críticas y las burlas, el funcionario salió a explicar que el 100% es un valor nominal y que el reactor puede operar dentro de un margen técnico de tolerancia sin violar ninguna ley de la física.

    Un “logro” que no es del gobierno actual

    Strada fue tajante: Atucha II no llegó al 100% por decisiones del actual gobierno. Según explicó, se trata de un proceso operativo normal del sector nuclear que estaba previsto desde hace años. La central había estado detenida por un desperfecto técnico grave, cuya reparación se resolvió en 2023, con una inversión significativa y el desarrollo de un sistema robótico específico para intervenir dentro del reactor en una zona inaccesible para personas.

    Una vez solucionado el problema, el protocolo indica un arranque con potencia gradual creciente. En ese marco, ya estaba previsto que Atucha II alcanzara el 100% de potencia en 2025, independientemente de quién gobernara. No hubo milagro libertario ni giro de timón: hubo continuidad técnica y trabajo previo.

    El Plan Nuclear que no existe

    Para la diputada, el llamado “Plan Nuclear Argentino” que promociona Reidel no existe como política real, sino como consigna propagandística. El funcionario anuncia inversiones que no son de su gestión, se apropia de resultados construidos durante años y los usa para legitimar un discurso que, en los hechos, va en sentido contrario.

    Porque mientras se sacan fotos con tableros y slogans sobre el “futuro nuclear”, el Gobierno avanzó formalmente en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.

    Privatizar lo que funciona

    Tal como ya había advertido NLI, el objetivo de Milei siempre fue avanzar sobre las empresas estratégicas del Estado, incluso aquellas que funcionan bien y son ejemplo a nivel internacional. Nucleoeléctrica es una de ellas.

    El Decreto 695/2025, firmado por Milei y Luis Caputo, habilita la venta del 44% de las acciones de la empresa mediante licitación nacional e internacional. El Estado conservaría el 51% y un 5% quedaría para los trabajadores, bajo el Programa de Propiedad Participada.

    El argumento es el mismo de los años noventa: supuesta ineficiencia estatal y necesidad de capital privado. Pero los datos desmienten el relato. En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación, con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%, un indicador de excelencia a nivel internacional.

    Soberanía energética en riesgo

    Strada subrayó un punto clave que el Gobierno evita mencionar: Nucleoeléctrica demostró que puede reparar y volver a poner en funcionamiento una central nuclear compleja con recursos propios. Eso es soberanía tecnológica, capacidad estatal y planificación a largo plazo. Exactamente lo que Milei quiere desarmar.

    La energía nuclear no es un negocio cualquiera. Involucra seguridad nacional, desarrollo científico, control de información sensible y una política energética que no puede quedar librada a la lógica del mercado ni a intereses privados, muchos de ellos extranjeros.

    El libreto noventista, otra vez

    La historia no es nueva. En los años ’90, bajo el menemismo, la generación nucleoeléctrica fue declarada sujeta a privatización. La resistencia política y social frenó ese avance. Con los gobiernos kirchneristas, el sector fue reimpulsado, se retomaron obras paralizadas y la energía nuclear volvió a ser una política de Estado.

    Hoy, Milei retoma ese libreto noventista, maquillado con discursos “tecnológicos” y posteos en redes. Se celebra lo que no hicieron, se oculta lo que quieren vender y se intenta convencer a la sociedad de que el problema es el Estado, incluso cuando los resultados muestran lo contrario.

    Mucho tablero, poco proyecto

    El caso Atucha II expone con claridad la contradicción central del gobierno libertario: se cuelga medallas ajenas mientras prepara la entrega de un sector estratégico. Julia Strada lo resumió sin vueltas: no hay plan, hay humo. Y detrás del humo, avanza la privatización.

    Atucha II volvió al 100%, sí. Pero no gracias a Milei ni a Reidel. Volvió por décadas de inversión pública, conocimiento acumulado y trabajadores altamente calificados. Justamente esos mismos pilares que hoy el Gobierno pone en riesgo.

     

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