LA VIOLENCIA DEL CONFORMISMO

La zona de confort se configura por el consenso, y este consenso se consolida con las decisiones y los objetos. El celular es uno de los objetos que hace a dicha zona de confort, hay consenso en que uno debe tenerlo, he ahí una expresión de la tecnocracia. 

Si antes, la violencia se enmarcaba en la represión, el miedo y el deber ser o hacer, que venía, por cierto, desde el afuera (cárcel, fábrica, shoping, dictaduras); hoy, la violencia es anónima, sistémica y se traslada al interior de las personas, produciendo zombies del rendimiento y la virtualidad, en un exceso de positividad de la información y spamización del lenguaje, así como también de una comunicación no comunicativa que encuentra al Yo hipertrofiado.

Si en la modernidad predominaba la negatividad represiva, nuestra contemporaneidad es lo opuesto por la auto-explotación. La violencia de la conformidad es la suma acelerada de lo igual, egos aislados que se confrontan entre sí. Hay en cada uno de nosotros una implosión por exceso, el sujeto es preso y vigilante de sí mismo.

La realidad es contable y aditiva en un tiempo transparente, según lo refiere Byung Chul Hang. En este tiempo transparente de plataformas iguales, la violencia se torna uniforme, respondiendo al mismo meme del conformismo que, se aloja ya: en nuestra psiquis incapaz de decir No. Los extremos no son los más adecuados, ni el de la modernidad ni el del hoy, sino fijémonos en los polos de este planeta: fríos, bien fríos.


Imagen: John Holcroft
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  • El gobierno aprobó la ley de Glaciares con los votos del bloque de Moisés, Uñac y Corpacci

     

    El gobierno logró sancionar la modificación a la Ley de Glaciares con 40 votos a favor contra 31 por la negativa y la abstención de la neuquina Julieta Corroza. Tal como anticipó LPO, el senjuanino Sergio Uñac, la catamarqueña Lucía Corpacci y el bloque de Carolina Moisés, que también integran Guillermo Andrada, hombre del gobernador Raúl Jalil, y la tucumana Sandra Mendoza, aportaron su apoyo a la nueva norma.

    En el rechazo, se agruparon los peronistas del interbloque de José Mayans, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los radicales Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad, la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo y las senadoras del PRO María Victoria Huala y Andrea Cristina.

    Con esta votación, los gobernadores peronistas de las zonas cordilleranas se alzaron con una concesión que reclamaban desde diciembre para apoyar la reforma laboral. La normativa aprobada este jueves devuelve a los distritos provinciales la capacidad de realizar estudios de impacto ambiental para medir la relevancia hídrica de las tierras periglaciares, algo que hasta ahora estaba reservado al IANIGLA para preservar regiones adyacentes a las reservas acuíferas de la explotación minera.

    En su discurso de cierra, Patricia Bullrich llamó a terminar con la dicotomía «agua o trabajo». Si bien reconoció «el objetivo legítimo de 2010», aseguró que con la modificación «no hay un cambio en la concepción» sino en la intención de «producir en cada rincón donde sea posible».

    Los libertarios cuentan con el voto de los peronistas Uñac y Corpacci para aprobar la ley de Glaciares

    El miembro informante fue Austín Coto, que provocó a la oposición con su discurso al recuperar información de la versión taquigráfica de la sesión del Senado del 30 de septiembre de 2010, cuando se sancionó la ley de Glaciares vigente hasta ahora. Entonces, recordó que César Gioja, hermano del exgobernador sanjuanino, «se preguntaba por qué en el dictamen de Diputados se había omitido la mención al artículo 124 de la Constitución», el que establece la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales.

    La referencia del senador fueguino al dictamen de la Cámara Baja de aquella época se debió que los gobernadores defendían un proyecto que fue cambiado por la «ley Bonasso». De hecho, el santafecino Agustín Rossi tuvo que anunciar durante el debate que Cristina Kirchner no vetaría la ley que se terminara aprobando, aunque no prevaleciera la versión que impulsaban los legisladores que respondían a las provincias cordilleranas pero en el Senado se terminó imponiendo el criterio más «protectorio» del ambiente.

    Por eso, este jueves el libertario Coto se quejó de la mirada progresista que impera en el área metropolitana y calificó la normativa modificada como «una ley de presupuestos máximos redactada dentro de un frasco de una empanada en un bar de Palermo, hecha por dos chetos». «¿Se acuerdan cuando hablaban de los pinos y decían ‘que pongan un pino en el Senado’? Abajo de los pinos no crece absolutamente nada», sostuvo con tono burlón en alusión al ex legislador Fernando Pino Solanas, fallecido ya.

    Después que el fueguino se despachara diciendo que se trataba de una «ley de chetos», el pampeano peronista Daniel Bensusán lo cruzó sin piedad. «Nos dejaron un papel impreso en cada una de las bancas. ¿Qué sería esto?», preguntó haciendo flamear el manojo de hojas del dictamen que Coto trabajó a escondidas con senadoras como Edith Terenzi y Flavia Royón.

    ¿Se acuerdan cuando hablaban de los pinos y decían ‘que pongan un pino en el Senado’? Abajo de los pinos no crece absolutamente nada.

    Coto trató de explicar con naturalidad y Bensusán respondió con bronca. «¿Y qué vamos a hablar entonces? Porque no sabemos cuáles son las modificaciones. Otra vez lo mismo que con la ley laboral. ¿De dónde corno salió esto? ¿De la comisión? Esto es un papel impreso que nos trajeron hace cinco minutos. Ya les pasó con el artículo 44 de la ley laboral y despues a los que acompañan les dicen ‘los estuvimos entreteniendo con una cosa para votar otra'», expresó.

    Además, dijo: «¿Esto es joda? Se hizo mucho el gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir. ¡Una vergüenza! ¿Y van a votar nuevamente un texto sin haberlo leído o por lo menos sin haberlo discutido de cara a la gente en las comisiones del Congreso? ¿Dónde lo discutieron? ¿En una oficina?».

    Mientras avanzaba el debate no estaba claro siquiera que Luis Juez fuera a votar a favor, como terminó sucediendo. En Casa Rosada, tuvieron que implementar gestiones para que el cordobés no se ablandara con las críticas de los que le enrostraran que votó a favor de la ley de Glaciares en 2010 y no podía aparecer acompañando su modificación ahora.

    Cerca de las 17, Juez recordó que hasta lo charló hace 16 años con Pino Solanas. «Entiendo el tema de la defensa del agua y todo ese discurso, que lo siento como propio», arrancó el legislador pero luego justificó su cambio de postura: «Por ahí alguno al que le gusta el patrullaje empieza a decir que Juez en el 2010 tal cosa… y yo tengo el cuero dura como una tortuga», se describió con ingenio.

    El santacruceño José María Carambia anticipó que su voto y el de su colega Natalia Gadano serían negativos, en tanto «el artículo 6° genera libre interpretación». «Es autorización tácita encubierta para que puedan hacer lo que quieran donde sea», alertó.

    A veces pensamos que la minería va y te salva pero hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos.

    Además, coincidió con Alicia Kirchner en la advertencia sobre la escasez de puestos de empleo que da la minería. «A veces pensamos que la minería va y te salva pero hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos», indicó.

    Tal vez una de las argumentaciones a favor de la ley más consistentes para el oficialismo terminó siendo la de la misionera Sonia Rojas Decut, proveniente de una jurisdicción distinguida por el recurso hídrico. A su criterio, en la ley en debate «no se bajan los estándares, se clarifican las competencias, se ordenan los criterios y se fortalecen los procesos de evaluación científica y ambiental».

    En ese sentido, consideró que «el tenor de la reforma es plenamente compatible con el principio que resguarda la máxima calidad ambiental». «El desarrollo económico y la protección ambiental no son fuerzas opuestas sino condiciones recíprocas si queremos avanzar hacia un desarrollo sostenible», completó.

    Finalmente, Flavia Royón también sumó sus objeciones contra los sectores que «tratan de instalar un terrorismo ambiental o que en este proyecto se entrega el agua o los glaciares», y reclamó que se respete «a los equipos técnicos de las provincias». «¿Saben dónde están los mejores glaciólogos? En San Juan», respondió con orgullo. 

     

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  • El ministro de Seguridad de Llaryora choca a los fiscales tras la muerte de un policía

     

    El ministro de Seguridad de Martín Llaryora, Juan Pablo Quinteros, salió a cuestionar públicamente decisiones judiciales tras la liberación exprés del vecino que el jueves a la noche, en el marco de un procedimiento policial, asesinó al suboficial Luis Azabal cuando éste ingresaba a la casa del tirador, que era víctima de un asalto.

    En un mensaje cargado de tono político, el funcionario sugirió que algunos fallos generan la percepción de que la ley «no se aplica con la misma vara». El vecino involucrado en el crimen es un empresario habilitado para tener armas. De hecho, poseía un arsenal.

    Las declaraciones de Quinteros llegaron en un momento particularmente sensible: Córdoba será el lunes sede de una nueva reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, el ámbito que reúne a ministros del área de todo el país.

    El encuentro será encabezado por la ministra nacional Alejandra Monteoliva y se espera que también participe el ministro de Interior, Diego Santilli.

    En ese contexto, Quinteros publicó una «reflexión personal» en la que se refirió al crimen del suboficial y apuntó contra decisiones judiciales que, según su mirada, debilitan el mensaje de apoyo hacia las fuerzas de seguridad.

     Decisiones tomadas con esta celeridad, en un caso donde murió un policía en servicio, generan una señal inquietante para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la fuerza 

    «Quiero hacer una reflexión personal tras el asesinato del suboficial principal Luis Alejandro Azabal, un hombre de nuestra Policía que perdió la vida cumpliendo su deber», comenzó el ministro. Y enseguida planteó una de las consignas que suelen repetir los sectores más duros de la política criminal: «El que las hace, las paga».

    Pero el corazón de su crítica estuvo en lo que consideró una respuesta judicial demasiado rápida frente a un caso de extrema gravedad. «En este caso, quien comenzó imputado por un delito gravísimo recuperó la libertad en apenas tres horas. Tres horas», remarcó Quinteros.

    Cuando un policía (investigado por su accionar) es tratado con presunción de culpabilidad, mientras quien dispara y mata puede recuperar la libertad en cuestión de horas, existe la percepción de que la ley no se aplica con la misma vara 

    Sin mencionar al fiscal del caso, el ministro sugirió que esa clase de resoluciones generan desconfianza dentro de la fuerza. «Decisiones tomadas con esta celeridad, en un caso donde murió un policía en servicio, generan una señal inquietante para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la fuerza», advirtió.

    Quinteros señaló que «cuando un policía (investigado por su accionar) es tratado con presunción de culpabilidad, mientras quien dispara y mata puede recuperar la libertad en cuestión de horas, existe la percepción de que la ley no se aplica con la misma vara».

    Quinteros publicó estas declaraciones tras el sepelio del policía abatido; un mensaje directo al Ministerio Público Fiscal. Aunque el Gobierno provincial exhibe una baja «histórica» en los homicidios, en el horizonte asoma un aumento de la conflictividad social y el postergado debate por la prohibición de los cuidacoches («naranjitas»). 

     

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