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«Esperamos que en dos años se vean resultados altamente positivos»

El Intendente Marcelo Orazi recibió al responsable de la empresa Recipetrol de General Roca, Alejandro Andion, con el objetivo de evaluar la incorporación de una planta de acopio y reciclado de residuos urbanos. Acompañados por Hugo Curzel, a cargo del sector de Medio Ambiente del Municipio, los presentes conversaron acerca de otras propuestas y proyecciones para lograr el objetivo de una ciudad sustentable.

«Se estuvo charlando y evaluando posibilidades y creo que podemos llegar a feliz término a mediano plazo, ya que el empresario debe construir un galpón, un lugar de acopio, traer maquinaria, contratar empleados; tiene que invertir un dinero«, aclaró Hugo Curzel sobre las posibilidades y los tiempos de ejecución.

«Que se haya definido una política ambiental para que Regina sea una ciudad sustentable es un avance grandísimo. Ambientalmente es lo mejor que nos puede pasar como ciudad, que se realice este trabajo <in situ>. Esto va a conducir a que varias empresas vayan acercándose ya que genera un impacto social-económico-ambiental alrededor de las empresas, este circuito económico incipiente genera trabajo y lo formaliza«, afirmó el responsable de medio ambiente.

«Esperamos que al término de dos años se vean resultados altamente positivos que le den a Regina, ya encaminada en una historia sustentable, la posibilidad de abrir el juego turístico«.

Afirma Curzel que son múltiples las facetas que facilitaría tener este tipo de empresas en la ciudad, «vas a tener una ciudad ordenada ambientalmente, estimamos que gracias al apoyo de los galpones de empaque, vamos a tener puntos limpios en por lo menos 52 barrios, que por el momento económico financiero no se puede adquirir el ideal pero estamos tratando de hacerlo de la mejor manera con los carteles indicadores con sus respectivos colores para que cada uno vaya incorporando en el subconsciente que hay que distribuir los residuos según los colores, y estimamos trabajar en corto plazo con todos los establecimientos educativos secundarios y primarios, y juntas vecinales«.

SOBRE LOS PUNTOS LIMPIOS

En la actualidad el plástico se recoge de los puntos limpios se lleva al centro de acopio, se compacta, se pesa, se carga y se lleva para que la empresa lo trate. «En esta planta que se instalaría en Regina se traería una máquina que es una extrusora donde se pueden sacar los pelets y después se vuelven a reinsertar como materia prima de un nuevo producto. El valor que tiene esto es económico y ambiental. Más adelante abordaremos el vidrio, los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, las latas y el cartón. Todo lo que se reutiliza hace que no se produzca otra vez. Son conceptos de economía circular que hoy en el mundo ya están implementados hace años«.

«Lo que se está haciendo como punta pie inicial con Círculo Italiano y Atlético Regina, hace que toda la gente que asista a estas instituciones vayan incorporando conceptos ambientales. Hoy vivimos una crisis ambiental que es producto de una crisis social donde hay un consumismo irracional de materia prima, recursos naturales y todo esto es a costa de que cada vez vivimos en un mundo consumista donde este concepto de obsolescencia planificada hace que muchos artículos o bienes de consumo tenga menor  duración ahí es donde la economía circular juega un papel preponderante«.

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    Un hecho político inusual y profundamente revelador tuvo lugar este miércoles frente a la Casa Rosada: un efectivo de la Policía Federal Argentina decidió encadenarse esposado a la reja perimetral del Palacio de Gobierno para visibilizar el descontento y el sufrimiento real que atraviesan las fuerzas de seguridad bajo la gestión actual.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El protagonista de la protesta individual fue el cabo Miguel Ángel Montiel, quien se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria frente a Balcarce 50. Con una pancarta en mano, denunció irregularidades dentro de la institución, maniobras de corrupción y el deterioro de su salario y condiciones laborales.

    “Nos sacan la plata del bolsillo”: reclamos que estallan en plena Casa Rosada

    Según explicó Montiel, su reclamo no se limitó a la cuestión salarial, aunque ésta fue eje central: señaló que la quita de derechos, la existencia de “planillas fantasmas” y maniobras irregulares con adicionales que no se cumplen terminan perjudicando directamente el bolsillo de los efectivos.

    Además, el propio cabo denunció que en su Comisaría, la del Ferrocarril Belgrano Norte, existen prácticas que favorecen la corrupción, especialmente en servicios adicionales que no se efectivizan pero igual aparecen en los registros.

    Lo más llamativo es que Montiel decidió canalizar su protesta en pleno frente de la sede del Poder Ejecutivo, obligando a la Casa Militar y a las fuerzas de seguridad a activar protocolos especiales para contener la situación.

    Un acto con mensaje político claro: el salario como conflicto estructural

    La protesta del cabo Montiel es más que una acción aislada: pone en evidencia el profundo malestar dentro de las fuerzas de seguridad federales ante la precarización salarial y las condiciones de vida que enfrentan miles de agentes en un contexto de creciente inflación y pérdida de poder adquisitivo.

    Mientras el Gobierno insiste en discursos de “orden y seguridad”, la realidad que viven los trabajadores de las fuerzas de seguridad —que también pagan alquileres, comida, transporte y educación— es otra: salarios que no alcanzan, condiciones laborales desactualizadas y ausencia de canales institucionales efectivos para resolver conflictos internos.

    Montiel incluso admitió que los policías no están autorizados a protestar de esta forma, pero aseguró que ya no podía seguir callado frente a lo que calificó como un evidente deterioro de derechos y justicia interna.

    La protesta que interpela al Gobierno

    Este episodio, ocurrido en el corazón del poder estatal, desnuda una realidad incómoda para el gobierno: el descontento salarial trasciende a los sectores tradicionalmente alineados con la autoridad estatal, como son las fuerzas de seguridad, y cuestiona directamente la gestión en materia de políticas de ingresos y transparencia institucional.

    La protesta se da en un contexto social donde los reclamos por salarios dignos, condiciones laborales justas y el fin de prácticas corruptas se multiplican en distintos sectores de trabajadores y trabajadoras. La decisión de Montiel de esposarse frente a la Casa Rosada no es un mero acto simbólico, sino un llamado de atención tan político como la reivindicación de derechos que merece una discusión pública profunda.

     

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    El Presidente retiró entonces al Estado de la causa que debía investigar el destino de los fondos otorgados por el organismo multilateral de crédito, para favorecer tanto a su ministro de Economía como a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, que también formó parte del gobierno de Cambiemos.

    El decreto de Milei es el 87/26 y establece en su artículo 2° que se instruye a la Procuración «a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019». Esa investigación se caratuló «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros» y fue la querella criminal que anunció el expresidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.

    Capuchetti consideró en su fallo que «las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados». Por eso, dispuso el archivo de la causa.

    La jueza Capuchetti.

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    La magistrada realizó una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas.

    La investigación tenía como objeto esclarecer si había efectivamente un «esquema defraudatorio» montado entre por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA), en connivencia con agentes del sector privado. Picardi recuerda que se contrajo deuda por U$s 57100 millones «vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas».

    Además, postula que se destinaron «de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público». «Ello incluye la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales», completa.

    Noticia en desarrollo.

     

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