El neuquino Francisco Moisés se coronó ganador de la General y Natalia Cabrera, oriunda de Cervantes, se quedó con el primer puesto en la categoría Damas en el Triatlón de la Vendimia, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina.
La competencia se desarrolló en la mañana de ayer en la Isla 58, únicamente en la modalidad individual.
Moisés empleó un tiempo de 1h 37m 05s y Cabrera, 1h 57m 44s.
El INTA y la Asociación Ciencia Cannabis Sativa dieron inicio al primer cultivo de cannabis en Río Negro. El INTA y la Asociación Ciencia Sativa iniciaron el cultivo de dos variedades de cannabis en la Estación Experimental del INTA en Guerrico Río Negro. La producción se realiza en macrotúneles con prácticas culturales sostenibles y bajo…
El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.
La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.
PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.
En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.
Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».
El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.
Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.
Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.
Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.
Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.
Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.
Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.
Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.
Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.
Por último, Michel advierte sobre el golpe a las provincias, algo que gobernadores como Martín Llaryora ya detectaron. En base al coeficiente general de la ley de coparticipación, las provincias podrían terminar resignando 1,45 puntos porcentuales del PBI de recursos.
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A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.
Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.
Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.
Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.
Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).
En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.
Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.
Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno
En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.
Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.
El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora
El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.
Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.
«Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.
Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones.
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