Este lunes 20 se llevó adelante el primer examen en el marco del concurso interno para cubrir cargos en la planta permanente del Ejecutivo municipal. De esta manera se avanza con el proceso iniciado tiempo atrás producto de la decisión del Intendente Marcelo Orazi en acuerdo con los gremios.
Con el objetivo de llevarles la posibilidad de lograr la estabilidad laboral a los trabajadores municipales contratados, se comenzó con la conformación de una comisión de trabajo integrada por funcionarios municipales y representantes de los tres gremios (SOYEM, ATE y UPCN) que en sucesivos encuentros le dieron forma al proceso.
Así, y cumpliendo con la política de gestión en materia de recursos humanos, se reivindica el trabajo de los agentes municipales.
La Municipalidad de Villa Regina agradece el acompañamiento de los sindicatos en el proceso que se lleva adelante.
Hace varias semanas que el gobernador Martín Llaryora le busca la vuelta a la caída de la imagen y la gestión de Daniel Passeerini en la capital cordobesa. El motivo es uno solo y simple: los flacos números del intendente cordobés ponen en riesgo la reelección provincial. Es decir, la continuidad de un modelo que lleva más de un cuarto de siglo al frente del poder en Córdoba.
En Córdoba, a un mes del caso Agostina, el peronismo quedó en la mira por el impacto político del femicidio de la adolescente de 14 años y el cargo en el Municipio que tenía Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen. Además de la polémica habilitación del bar Wachitas.
Pero también, los cuestionamientos por la diaria a la gestión de la Ciudad pusieron a los herederos del cordobesismo en el momento más crítico desde que ambos asumieron en sus cargos en Provincia y Municipio en el 2023.
Llaryora y Passerini mantuvieron una conversación hace algunos días y se mostraron juntos en una recorrida en la puesta en valor de un espacio verde. Sin embargo, en las segundas líneas de ambas gestiones la comunicación no fluye, las diferencias se acrecientan y las internas también. Más aún porque Passerini no tiene reelección y la carrera por su sucesión desató una interna feroz entre funcionarios municipales y aquellos que ocupan despachos provinciales.
Al punto que hace unos días, en la reunión de una mesa ministerial y política que tiene Llaryora, un ministro llegó a esbozar la idea de intervenir la Ciudad con cuadrillas propias y diferenciarse de «lo que no hace el Municipio». Decisión que Llaryora observó pero que, por el momento, decidió pisar.
«Hay una falta de liderazgo en la Capital (cordobesa) que preocupa. Passerini decidió encerrarse en lo que le cuentan un par de funcionarios y desoye los consejos o sugerencias de Llaryora. Entonces, es complicado», dijo una persona que conoce pormenores de la relación.
Y que, además, es crítico con ambos por el liderazgo. Es más, resume ese cuestionamiento con una observación que hacen los integrantes de la Vieja Guardia y fueron funcionarios del exgobernador Juan Schiaretti. «Cuando ‘el Gringo’ asumió su última gestión juntó a todo el gabinete y preguntó quién estaba ahí para ser candidato a futuro. Y les marcó a todos: ‘si alguno quiere ser candidato a algo es el momento de decirlo así no sigue. No estoy en contra de que sea candidato, sino que no priorice esta gestión’. Eso es lo que ahora no se ve», contó la fuente.
En El Panal algunos no coinciden de manera lineal con este argumento, aunque sí están al tanto de la preocupación de Llaryora por la gestión de la Ciudad y dicen que el gobernador decidió regular las recorridas por los barrios de la capital cordobesa porque se encontró con dos síntomas: el primero, le piden que vuelva a la Ciudad; el segundo, le recuerdan que él dejó a Passerini.
Por último, hay encuestas en Córdoba donde marcan que, de las tres gestiones -Nación, Provincia y Municipio-, el único que tiene la imagen negativa por encima de la positiva es Passerini. «En los otros dos casos hay valores que tienen una diferencia, pero en un comparativo sobre las tres administraciones lo que queda en evidencia es que Passerini tiene la negativa por encima de la positiva. Y eso, a menos de un año de la elección, preocupa», dijo un consultor.
A partir de este miércoles 17 y hasta el sábado 20 se desarrollará el primer Festival Regina Audiovisual (FRAV). En el estacionamiento del anfiteatro Cono Randazzo se desplegará un programa de cuatro días de proyecciones cinematográficas. La inauguración será este miércoles a las 21 horas. En el predio se instalará la pantalla inflable del…
Lxs trabajadorxs de La Reginense siguen manifestándose en búsqueda del pago de sus haberes de marzo y febrero (aquí toda la info). Hoy (martes) por la mañana se presentaron en las instalaciones centrales del municipio de Villa Regina con la intención de dialogar con el intendente Marcelo Orazi con el principal objetivo de que el…
La secretaria de Energía, María Tettamanti, profundizó la pelea del Gobierno con las industrias por el costo del gas en invierno. La funcionaria rechazó los reclamos de las cámaras empresarias y sostuvo que los problemas del sector privado no se explican por el precio de la energía.
«Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía», afirmó Tettamanti en el Midstream & Gas Day organizado por Econojournal. La funcionaria dijo que la energía argentina es «muy competitiva» y que el aumento de los costos por la guerra afectó a todos los países. «De hecho, en algunos países fue peor porque no tienen energía», agregó. Y cerró con una definición política: «Hay que atacar las causas, no las consecuencias».
La frase cayó en medio de un conflicto abierto. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y los grandes consumidores de gas venían acumulando reclamos por el aumento inesperado de los costos de abastecimiento, la falta de previsibilidad y el riesgo de cortes en pleno pico de consumo invernal.
El Gobierno reasumió la importación de GNL a través de Enarsa para evitar un impacto directo sobre las tarifas residenciales. Pero al mismo tiempo decidió que las industrias absorban el costo real del gas importado, sin subsidios directos. La cuenta quedó partida en dos. Los hogares quedaron protegidos del shock. Las fábricas, en cambio, quedaron expuestas al precio pleno.
El enojo empresario tiene tres frentes. El primero es el precio. En las subastas de Enarsa por el GNL regasificado, las industrias se encontraron con valores que podían rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces el valor del gas local. En una primera compulsa, el precio informado fue de 19,76 dólares por millón de BTU y la subasta quedó desierta. Nadie quiso convalidar ese número.
El caso de CIARA volvió más ruidosa la pelea. La cámara aceitera denunció falta de transparencia después de que Enarsa informara, pocas horas antes de una subasta, un aumento del 47% en el costo de regasificación. El valor pasó de 3,50 a 5,16 dólares por millón de BTU. Para las cerealeras, ese salto alteró la planificación, encareció el costo exportador y golpeó procesos críticos como el secado de granos, la generación eléctrica y la producción vinculada a fertilizantes.
Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía.
El segundo frente son los cortes. A fines de mayo, unas 130 fábricas ya sufrían restricciones totales o parciales de gas. El problema pegó sobre todo en Córdoba, el Litoral y el NOA, donde la capacidad de transporte no alcanza cuando sube la demanda residencial. Según los industriales, las interrupciones no se limitaron a contratos interrumpibles. También alcanzaron a empresas con contratos firmes y semifirmes, que pagan más para tener mayor seguridad de suministro.
El impacto no es administrativo. Una planta que se queda sin gas tiene que parar líneas, reorganizar turnos, usar combustibles alternativos más caros o absorber costos que después aparecen en toda la cadena. La Unión Industrial de Córdoba lo planteó en esos términos: producir bajo incertidumbre diaria y sobrecostos extraordinarios complica el empleo, la inversión y los precios.
El tercer frente es el traslado del riesgo. ACIGRA, que reúne a grandes consumidores industriales, cuestionó que el nuevo esquema obliga a las empresas a estimar con precisión cuánto gas necesitarán durante el invierno. Si compran de más, pagan un sobrecosto millonario por un insumo que quizás no usan. Si compran de menos, o si el sistema se satura, pueden quedarse sin abastecimiento.
Por eso las cámaras llevaron el reclamo al Ministerio de Economía. La mesa chica de la UIA se lo planteó a Luis Caputo y a Pablo Lavigne. La propuesta fabril fue pagar el costo real del GNL, pero sin absorber todo el salto provocado por la guerra. En la entidad plantean que pasar de 10 dólares a 22 o 23 dólares por millón de BTU es inviable para una industria golpeada por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras.
El conflicto tiene una historia corta, pero intensa. En febrero, mediante la Resolución 33/2026, Economía había convocado a una licitación nacional e internacional para elegir un «comercializador» privado. Ese operador debía importar GNL, regasificarlo en Escobar y venderlo en el mercado interno. El objetivo era sacar esa carga financiera del Estado y reducir el riesgo fiscal.
La idea duró poco. A fines de abril, el Ejecutivo dio marcha atrás. La licitación, en la que aparecían jugadores como Trafigura y Naturgy, quedó cancelada y la operatoria volvió a Enarsa. El motivo fue doble. Por un lado, la volatilidad internacional y la suba del gas por la tensión geopolítica. Por otro, las ofertas privadas llegaron más caras de lo previsto. Economía intervino la licitación después de ofertas de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, más del doble del costo que venía pagando Enarsa por el mismo concepto.
El Gobierno eligió entonces una solución intermedia. Enarsa compra, el Estado ordena, pero las industrias pagan. La administración libertaria evita un salto tarifario pleno en hogares para no pegarle a la inflación, cuida el superávit fiscal con subsidios más focalizados y descarga sobre el sector productivo el costo más duro del invierno.
Tettamanti defendió esa arquitectura con una frase que resume la doctrina oficial. «La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos», dijo. También insistió en que el sector privado debe «contractualizar» y que el Plan Gas termina en 2028 y no será renovado. Cuando le preguntaron a qué precio, respondió: «No sé a qué precio, la verdad es que no tengo ni idea». Y agregó: «No es mi responsabilidad, no es mi obligación y no es mi rol». Su rol, explicó, es fijar reglas.
La neutralidad también es reparto. El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo.
Alejandro Di Palma, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, lo resumió con una fórmula incómoda para el discurso oficial: «La neutralidad también es un reparto». Para el especialista, la Secretaría de Energía no puede decir que solo fija reglas y después desentenderse del precio, porque esas reglas ya definen ganadores y perdedores. «El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo», señaló. En su lectura, el racionamiento no se privatizó: lo que se privatizó fue el riesgo.
La paradoja es que el Estado se retira de la garantía, pero no del mando. Sigue definiendo la demanda prioritaria. Sigue ordenando cortes. Sigue obligando a las distribuidoras a ejecutar restricciones con cuadrillas y controles.
El punto físico también desarma parte del relato. Tettamanti admitió que el sistema llega al invierno con la misma capacidad de transporte que el año pasado, igual o mayor producción en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL. Si la restricción está en los caños y no en la molécula, mandar a la industria a comprar gas no agrega un metro cúbico al sistema. Apenas reordena por precio una escasez que antes se administraba por instrucción. La señal de precios no construye gasoductos.
Ahí aparece la renta escondida. Vaca Muerta produce gas barato, pero en los picos de consumo el precio lo fija el GNL importado. La brecha entre el gas local y el importado no expresa solo un costo. También expresa la falta de infraestructura. El industrial que paga el sobreprecio no paga únicamente energía. Paga la escasez de transporte que el propio Estado no resolvió, ni este gobierno ni los anteriores.
El equilibrio actual tiene otro dato incómodo: cierra porque la economía está fría. La red no desborda, en parte, porque buena parte de la industria está de rodillas. Si la actividad se recupera, el límite del transporte va a aparecer con más fuerza.
La discusión, entonces, excede el invierno. Vaca Muerta puede ser una plataforma para abaratar la energía de la producción local o una caja de renta exportadora. Son dos países distintos.
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