EL NOCTURNO DE KARTING NO DEJA DE SORPRENDER

La crisis del neumático no se detiene y, ahora, golpea a la planta de Pirelli en Merlo que, tras la parálisis productiva de finales de mayo, volverá a suspender la operatividad en la segunda quincena de junio.

Además, la empresa informó un cambio en el sistema de trabajo que elimina la producción los fines de semana, decisión que fue cruzada por los trabajadores, que denuncian que eso provocará una fuerte reducción al ya deteriorado salario.

Es que, por esas jornadas, los operarios cobraban doble las horas. Según detalló Primer Plano Online, los trabajadores estiman que la reducción salarial será de un 27% en promedio.

La determinación de las autoridades llega en un contexto de drástico descenso en la producción. La planta de Merlo llegó a producir 18 mil cubiertas diarias. Ahora, no alcanza las 4 mil a partir del desplome de ventas acarreado por las importaciones que ya acumula cuatro meses consecutivos sin encontrar el piso.

 Hoy trabajan 650 operarios en Pirelli, donde se registraron más de 700 despidos desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. 

De todos modos, trabajadores de Pirelli denunciaron que fue la propia empresa la que avanzó con un esquema importador.

«No nos olvidemos que ellos mismos trajeron al depósito de Merlo cubiertas chinas. Quieren ajustarnos a nosotros y seguir trayendo la producción de otro lado», señalaron en el Frente Multicolor del Sutna, opositor a la actual conducción del gremio del neumático, a la que acusaron de dejar a la planta sin representación y concentrarse en el conflicto de Fate.

Hoy, trabajan 650 operarios en Pirelli, donde se registraron más de 700 despidos desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

El caso FATE expone los límites de la reconversión de los capitanes de la industria en la Argentina de Milei

«Parece que no es suficiente haber despedido a la mitad de la fábrica, no les alcanza con que estemos con un atraso salarial descomunal con los 16 meses que llevamos sin cerrar paritarias mientras la inflación nos come el sueldo», acusaron en la oposición del Sutna en alusión al cambio del sistema de trabajo que pretende aplicar Pirelli a partir de julio en su planta de Merlo.

El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la reunión que el Comité de Crisis de la Provincia mantuvo con referentes de distintos sectores comerciales de Villa Regina. En el encuentro estuvieron presentes el Vicegobernador Alejandro Palmieri y los Ministros de Gobierno Rodrigo Buteler y de Economía Luis Vaisberg. La convocatoria tuvo como finalidad escuchar…

 La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.

El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.

Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.

Orrego afronta la audiencia pública por el proyecto minero de Vicuña por la línea eléctrica que le regaló Caputo

Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.

El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.

José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.

La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.

Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».

El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.

La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.

Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.

En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.

Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.

También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.

Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.

Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.

El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.

El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.

El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.

En un acto muy emotivo en la que se destacó el trabajo llevado adelante por los trabajadores de la salud frente a la pandemia, el Intendente Marcelo Orazi acompañó a la Gobernadora Arabela Carreras en la inauguración de las obras de ampliación del hospital de Villa Regina. Los trabajos permitieron ampliar la red de gases…

La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina solicita transitar con precaución en calle 20 de Junio, entre Arrayanes y Villarino, donde el personal trabajó en la reparación de un caño de agua. Difunde esta nota

Ignacio Fidanza contó en GPS, el programa de Rolando Graña en América, que en el gobierno ya ven a Manuel Adorni afuera y que la causa por enriquecimiento ilícito seguirá avanzando en la Justicia.

El director de LPO reveló que el juez Ariel Lijo le dijo al fiscal Gerardo Pollicita que le va a dar la indagatoria a Adorni. De este modo se descarta que el viaje a París de Lijo con Juan Bautista Mahiques le sirva al gobierno para frenar la causa contra el jefe de gabinete.

«Mahiques eh representa algo más que ser un empleado de Karina Milei, tiene su propia agenda y articula una serie de intereses que van más allá de Karina y que van a seguir, que son los nombramientos de jueces», dijo el director de LPO. «El gobierno pasa pero los jueces quedan», remató.

«Hay una idea en el establishment de que Milei pierde y que hay que asegurar la continuidad del proyecto y que no vuelva el peronismo», dijo Fidanza.

En ese marco recordó la conversación, revelada por LPO, entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. «Construyamos cada uno por su lado (que es lo que estamos viendo, donde se ven sintonías muy evidentes, sobre todo por ejemplo en el caso Adorni) y después el año que viene definimos quién está mejor para el balotaje», dijo Fidanza.