EL NOCTURNO DE KARTING NO DEJA DE SORPRENDER

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Mientras la mayoría de los argentinos estaba pendiente de los preparativos del partido contra Jordania, renunció Manuel Adorni. El jefe de Gabinete eligió irse con una larga y melancólica carta que publicó en X, dirigida a Javier Milei, en la que de manera poco original se presentó como víctima de una persecución mediática y personal.

«Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos», escribió un melancólico Adorni. La frase buscó convencer de que no fue expulsado del gobierno por el escándalo interminable al que lo sometió durante larguísimos tres meses, sino una renuncia indeclinable.

La derrota de Adorni fue tan absoluta, tan inapelable, que un gesto basta para confirmarlo: el tuitero mordaz, el polemista cruel, cerró los comentarios de su cuenta en X, tras publicar el posteo de su carta de renuncia. Una parábola trágica, en términos de Adorni, que permitió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, un boludeo postumo. Que el jefe de Gabinete estaba en una zona gris, deambulando justo unos milímetros antes de la muerte política ya había sido anticipado por LPO, sólo faltaba que los Milei lo aceptaran.

En su mal escrita renuncia, Adorni sostuvo que sufrió «interminables ataques mediáticos» y que las operaciones no fueron solo contra él, sino también contra su mujer, sus hijos, sus amigos, su familia, sus vecinos y allegados. «Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas», agregó.

Pero en el intento de defenderse, Adorni incluyó una lista de supuestos delitos que exceden el caso que lo llevó a la renuncia y hasta ahora no se habían mencionado. Mencionó «viajes que nunca existieron», «gastos astronómicos y suntuosos», «contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas», «mansiones y autos lujosos», «granjas cripto operadas en complicidad con la Custodia Presidencial», «nepotismo», «gastos personales pagados con fondos públicos», «sociedades en Uruguay» y «cirugías estéticas de miles de dólares», entre otros. 

En plena crisis de nervios, Adorni se atrincheró y amenaza: «Es peligroso que termine en la Justicia» 

Adorni se defendió así de hechos que no estaban en el centro de la discusión pública. Sugestivo. El caso giraba sobre la inconsistencia entre su patrimonio y sus ingresos. Sin embargo, el funcionario sumó posibles delitos e irregularidades como contratos falsos, granjas cripto con custodia oficial, gastos personales pagados con fondos públicos, nepotismo, sociedades en Uruguay y pagos millonarios para comprar silencio.

Solo el amateurismo puede explicar la redacción de esta carta de renuncia que intenta clausurar un proceso. En estas circunstancias, el texto, debiera intentar cerrar temas y encuadres. Esta carta, en cambio, sigue abriendo frentes. Obliga al repaso de todo y encima agrega cosas nuevas.

También agregó asuntos de la vida privada que no tenían relación directa con el expediente político. Dijo que inventaron «amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real». La carta mezcló acusaciones graves, rumores íntimos y cuestiones familiares. Como si para apagar un incendio hubiera vaciado sobre la mesa todos los fósforos de la casa.

El consultor político Mario Riorda fue uno de los primeros en percibir el error: «Solo el amateurismo puede explicar la redacción de esta carta de renuncia que intenta clausurar un proceso. En estas circunstancias, el texto, debiera intentar cerrar temas y encuadres. Esta carta, en cambio, sigue abriendo frentes. Obliga al repaso de todo y encima agrega cosas nuevas», posteó en X.

LPO reveló que la primer versión de su renuncia que acercó este sábado al gobierno, escandalizó a quienes la leyeron, que la calificaron como una «catástrofe». Por lo visto el trabajo para mejorarla no consiguió del todo su objetivo.

Santiago Caputo y Patricia Bullrich conversan en la puerta de la Casa Rosada.

«Se victimiza con el argumento que mezclaron lo público y lo privado y el que los mezcló fue él subiendo a su esposa al avión presidencial, lo que fue el kilómetro cero de todo este escándalo», comentó a LPO un conocido analista político . 

En la carta, Adorni insistió en que su salida busca proteger a su familia. «El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy», escribió y dijo que ya no podía seguir exponiendo «a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática».

La renuncia también reordenó el poder interno. Patricia Bullrich quedó en posición ganadora. Su posteo tras la renuncia fue elocuente: «La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo.» No mencionó a Adorni. No hacía falta.

Adorni se victimiza con el argumento que mezclaron lo público y lo privado y el que los mezcló fue él subiendo a su esposa al avión presidencial, lo que fue el kilómetro cero de todo este escándalo.

Bullrich dejó que el jefe de Gabinete quedara expuesto a la inminente moción de censura, que terminó por definir su suerte, como anticipó en exclusiva LPO. La amenaza parlamentaria hizo que la crisis saliera del terreno de los rumores y entrara en el de los costos concretos. La ministra no cargó con ese costo. Esperó, dejó correr la presión y ocupó el lugar más cómodo cuando la renuncia ya estaba escrita: el de la ética pública. 

En la previa cuando sus colegas del bloque libertario le preguntaban por su inédita agresividad hacia el todavía jefe de Gabinete, ella respondía directo: «Lo que hizo Adorni está mal y hay que sacarlo». Su línea fue la que prevaleció, incluso contra el deseo d elos hermanos Milei. 

Eduardo Casal habría decidido dar la pelea para conservar su sillón en la Procuración General de la Nación, pese a que lo ocupa como interino desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó por las presiones del gobierno de Mauricio Macri. 

Ante los insistentes rumores sobre las intenciones de quedarse con ese cargo que tiene el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, al igual que el juez Ariel Lijo, el jefe de los fiscales agitaba este lunes un borrador de decreto para que los funcionarios del Ministerio Público puedan intervenir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la Ciudad, algo que empezó a producirse de facto por el fallo de la Corte en el caso Levinas, a fines de 2024.

En medio de esa pulseada, Casal asistirá este martes a la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público en el Congreso para presentar el proyecto de DNU que debería sacar el Poder Ejecutivo para subsanar que el tribunal de alzada de los juzgados nacionales en territorio porteño termine siendo el TSJ de Capital Federal, sin una ley orgánica que regule la situación.

Fuentes judiciales dijeron a LPO que la iniciativa ya fue notificada a Mahiques, por la procuradora ante la Corte, Laura Monto. «Es un pedido para que el gobierno le habilite la competencia para presentarse ante al TSJ de CABA en todas las causas relacionadas a las Cámaras Nacionales, porque la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal no le da legitimación para intervenir ante el máximo tribunal porteño», explicaron.

El proyecto revela el malestar de los fiscales por el limbo donde quedaron tras el fallo firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, un día antes de jubilarse. El caso Levinas era el que atendía a la demanda de la familia del artista León Ferrari, que acusaba al periodista Gabriel Levinas de haber vendido 11 dibujos suyos sin permiso del hombre fallecido ni sus herederos.

La Corte Suprema sentó un precedente que favorece a Macri en la causa Correo 

Los Ferrari llevaron la demanda hasta el máximo tribunal en plena pandemia del Covid pero el 29 de diciembre de 2024 los cortesanos dispusieron que la decisión final, como tribunal de alzada ante trámites de la justicia nacional en jurisdicción porteña, correspondía al TSJ. Ese fallo fue celebrado por Mauricio Macri, que pretendía el mismo destino en la causa Correo.

Ahora, la tensión llega a los defensores del Ministerio Público. Según dos legisladores consultados por LPO, desde la Procuración «mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución».

Sebastián Galmarini.

El presidente de la Bicameral es el diputado peronista Sebastián Galmarini. En la citación formal de la Cámara Baja se detalla que, además de Casal, estarán presentes el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, y su par de la Secretaría de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel.

Un camarista deslizó que Olima «es el nexo clave del organismo con otros poderes», y adelantó que abordaría «cómo articular una solución legislativa frente a las trabas operativas que dejó el fallo Levinas».

Desde la Procuración mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución.

El desembarco de los funcionarios de la Procuración parece un desafío a los planes del gobierno para designar un nuevo procurador, a raíz del entusiasmo que habría generado en Mahiques y diversos actores del Poder Judicial la holgura con la que se aprobó la prórroga del pliego del padre del ministro, Carlos «Coco» Mahiques, como camarista de la Casación y el avance a paso firme de más de 70 pliegos desde marzo pasado.

Casal habría apelado a esta maniobra justo cuando en el Senado empiezan a circular proyectos parlamentarios para modificar la duración del procurador en su cargo. La peronista jujeña Carolina Moisés elaboró una iniciativa para establecer en 5 años el mandato del jefe de los fiscales, con posibilidad de una reelección consecutiva y el impedimento de postularse en años de elecciones presidenciales.

Ya en 2020, un grupo de senadores de la por entonces alianza Juntos por el Cambio había presentado también una propuesta para modificar la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, algo que podría reflotarse en los próximos meses. Entre los legisladores que firmaron aquel expediente se encontraban desde los radicales Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Pablo Blanco y Pamela Verasay hasta los macristas Alfredo De Angeli y Humberto Schiavonni, pasando por los ex senadores Juan Carlos Romero y Guadalupe Tagliaferri.

Más allá de la puja por la Procuración, Casal remitió esta semana al Congreso el informe de gestión 2025 del Ministerio Público Fiscal, un texto de más de 700 páginas.