Desde 2015 las abejas aparecen en las búsquedas más populares de Google ¿Qué pasaría si se extinguieran? o ¿Cuál es la función preponderante de las abejas para el ecosistema y la cadena alimenticia? Son las preguntas más realizadas al buscador más usado del mundo, respecto a esta problemática existente a nivel global, poco visible por estos lares, pero realmente alarmante, directamente ligada a estos insectos herbívoros extremadamente sociables que viven en colonias y se organizan en una estricta jerarquía.
Hace unos años, que se vive una veloz y preocupante disminución en las
poblaciones de abejas a nivel mundial. Algunas especies ya han desaparecido, y de otras quedan bajos porcentajes de su población original. Algunos estudios científicos concluyen que la disminución puede tener su causa en una combinación de factores, pero investigaciones
independientes arrojaron una sólida evidencia que señala a los pesticidas (neonicotinoides) como
culpables directos del exterminio de las abejas.
Ahora, ¿porque las abejas son tan importantes para el
ecosistema, y en consecuencia para la vida de los seres vivos?
Estos ínfimos bichitos ayudan a producir y polinizar más de 1/3 del alimento consumido por los seres humanos y el resto del mundo salvaje. Las abejas polinizan todo lo que comemos y juegan un rol preponderante en el mantenimiento de los ecosistemas del planeta. Más de 400 tipos diferentes de plantas, necesitan abejas y otros insectos para mejorar su rendimiento, su calidad y asegurar su existencia. Estos incluyen gran variedad de frutas y verduras, frutos secos y plantas como los girasoles que se convierten en aceite, también los granos de cacao, café y té. Los cultivos para forraje para las vacas lecheras y otros tipos de ganado también son polinizados por las abejas. Al igual que los cultivos de algodón. Pero no solo es una cuestión beneficiosa para el ser humano, las semillas y frutas que comen las aves y los pequeños mamíferos provienen de plantas que son polinizadas por las abejas, lo que las convierte en guardianes de la cadena alimenticia y la biodiversidad de nuestra especie.
Las abejas son polinizadores industriales, que co-evolucionaron con plantas con flores durante millones de años. Las abejas necesitan las flores
para alimentarse, mientras que la flor necesita la abeja para
reproducirse. Y los seres humanos
necesitamos que las plantas de flor produzcan.
¿Cómo afectan los pesticidas que usa el hombre a la vida de las abejas?
La clotianidina es un insecticida de la familia de los Neonicotinoides que son
desarrollados por poderosas empresas internacionales. Los insecticidas son utilizados para el control de plagas que afectan a los cultivos, pero el efecto rebote cae sobre las abejas. En nuestra
ciudad, puntualmente estos pesticidas no son utilizados a grandes escalas, pero si se utilizan otros que afectan de la misma manera. La clotianidina es absorbida por las plantas y luego liberada a través del polen y el néctar, haciéndola peligrosa para los insectos que se alimentan de estos productos de la planta. Básicamente, las abejas
consumen el pesticida al hacer su trabajo y luego mueren.
Algunos países europeos comenzaron a prohibir dichos productos químicos, y las poblaciones de abejas se están recuperando. Pero otra vez la fuerza del capitalismo presionará para lograr que estos venenos se mantengan en el mercado, pisoteando lo que la madre naturaleza creó a la perfección, la cadena trófica (alimenticia) no puede tener grietas, debe funcionar sin fallas.
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El conflicto que se agrava en el hospital Garraham está generando un efecto dominó en otros centros de salud a cargo de la Nación, donde los médicos también profundizan las medidas de protesta para visibilizar el fuerte ajuste del gobierno de Javier Milei en Salud.
Ahora, estalló la crisis en el hospital público más grande del país, el Posadas, donde los 600 residentes definieron un paro sin guardia para el próximo martes, en caso de no tener respuestas del Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.
En concreto, denuncian un recorte presupuestario que impacta directo en sus salarios. Un residente de primer año del Posadas cobra 797 mil pesos por mes, con una carga horaria de más de 70 horas semanales, sin bono compensatorio.
Este miércoles, el Gobierno ofreció un bono no remunerativo de 300 mil pesos, lo que fue rechazado de plano por los residentes que piden un aumento al básico y que, en asamblea, decidieron sostener la medida de fuerza anunciada para la semana que viene, además de analizar la unidad de acción con los residentes del Garraham.
También, reclaman el recupero de costos que se hace a partir de obras sociales y prepagas que lo cobran trimestralmente todos los profesionales del hospital pero que a los residentes se los habían quitado, medida que fue tomada como un “castigo”.
El Posadas es un hospital de alta complejidad que se busca tercerizar y privatizar, que está sufriendo el desguace. Se están yendo al sector privado especialistas de altísimo nivel que renuncian al hospital, lo que deja a la población sin determinados especialistas, entre ellos oncólogos
“Ya veníamos reclamando por los 120 despidos que se dieron acá desde julio del año pasado. Este Gobierno no nos atendió nunca, recién la semana pasada logramos una reunión con el director”, dijo a LPO la titular del gremio Cicop en el Posadas, Mirtha Jaime.
Y agregó: “El Posadas es un hospital de alta complejidad que se busca tercerizar y privatizar, que está sufriendo el desguace. Se están yendo al sector privado especialistas de altísimo nivel que renuncian al hospital, lo que deja a la población sin determinados especialistas, entre ellos oncólogos”.
Con más de 70 mil metros cuadrados de superficie cubierta, el Posadas, ubicado en El Palomar, atiende a 10 mil personas por día y es un efector de salud determinante para el conurbano oeste y un centro de derivación de muchas especialidades.
Dentro del equipo de salud de más de 5 mil trabajadores, no se está dando la prórroga para quienes se quieren quedar más años y hay un hastío de las condiciones laborales. “Yo tengo 30 años acá y todavía soy contratada”, dijo Jaime.
Y agregó: “Cuando hay un plan de achicamiento, las disposiciones del presupuesto varían y las prioridades también. Entonces, hay un resonador roto que demora más de lo debido, hay que esperar a licitaciones. Estuvimos bastantes meses en el verano sin aire acondicionado porque no aceptaban una licitación y los pacientes se desmayaban del calor”.
Sobre los dichos de la diputada Juliana Santillán, que provocó a los médicos diciendo que “pueden vivir con 360 mil pesos”, Jaime dijo: “No sé por qué mirilla mira el mundo. Es no tener inteligencia emocional y política y es tener intereses claros”.
Con más de 70 mil metros cuadrados de superficie cubierta, el Posadas, ubicado en El Palomar, atiende a 10 mil personas por día y es un efector de salud determinante para el conurbano oeste y un centro de derivación de muchas especialidades.
Además de la denuncia por los más de 120 despidos, en el Posadas los trabajadores acusan un déficit de recursos esenciales para garantizar el servicio y una creciente salida de profesionales que abandonan el hospital frente a la constante caída del poder adquisitivo de los salarios.
Por eso, los residentes de ese hospital están exigiendo que Lugones abra una mesa de diálogo para tener respuestas a la situación crítica que -señalaron en un comunicado- “pone en riesgo tanto nuestra subsistencia como la calidad de atención que brindamos”.
Además, advierten que la situación es similar en otros hospitales nacionales de relevancia como El Cruce, de Florencio Varela, y el Sommer, de General Rodríguez, donde también se registraron despidos.
Dos ex jefes máximos de policía de Santa Fe fueron condenados a seis años de prisión efectiva tras ser investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales, en un juicio donde el gobernador Maximiliano Pullaro declaró como testigo de la investigación, ya que fue el denunciante de los hechos.
Los dos condenados son Rafael Grau, de 61 años, y Omar Odriozola, de 59. Ambos condujeron la policía santafesina entre 2013 y 2016 desde la jerarquía más alta como comisarios generales. Es un hecho histórico, en tanto es la primera vez que dos jefes de la fuerza son sentenciados por defraudación agravada a la administración pública y asociación ilícita.
El asunto va más allá de los comisarios. El actual presidente del tribunal de Cuentas de la provincia, Oscar Biagioni, también quedó en evidencia en el juicio, por ofrecer asistencia y cobertura a uno de los jefes que terminó condenado, lo que provocó que el diputado santafesino Fabián Palo Oliver presentara en su contra un pedido de juicio político.
Fabián Palo Oliver, de pie, junto a su banca.
Grau fue jefe de la policía provincial entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. Odriozola ocupó el mismo cargo con anterioridad, desde febrero de 2013 hasta septiembre de 2015. Les atribuyeron a ambos la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
El caso expresa un tipo de delito sistémico en la institución policial, que es el desvío fraudulento de partidas para la fuerza. Hace un mes, en Rosario quedaron presos por seis meses trece funcionarios policiales que participaron de robo de partidas para el combustible de los patrulleros de la ciudad, lo que suponía un robo mensual de 45 millones de pesos, desde hacía meses.
La investigación que termina ahora con los máximos jefes presos la empezó el fiscal santafesino Roberto Apullán en mayo de 2016. Pullaro, por entonces ministro de Seguridad, recibió una carta anónima en la que se mencionaban maniobras fraudulentas en el Departamento de Logística (D4) de la fuerza. El ardid consistía en pagar facturas por reparaciones a móviles que nunca fueron realizadas. A montos actualizados el desfalco fue por unos 250 millones de pesos.
En septiembre de 2017, Apullán pidió allanamientos a Gendarmería Nacional en talleres mecánicos, tres de Santa Fe y uno de Rosario. También se requisaron oficinas de la Jefatura como de la Unidad Regional I de Santa Fe y se peritaron diez vehículos. En la mitad de las unidades no se había realizado las reparaciones facturadas.
Pullaro, el día que declaró contra los policías presos.
“Los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informó el fiscal Ezequiel Hernández al imputar a Grau y Odriozola. “Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”, refirió.
La modalidad delictiva, dijo el fiscal, consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y de repuestos que no se compraban. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo. “Los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima. Coordinaron acciones con Facundo José Testi -organizador de la banda- y con sus miembros. Y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”, afirmó el fiscal Hernández.
Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas.
Además de los dos ex jefes condenados ayer, hay otras nueve personas que ya fueron sentenciadas -cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo- en juicios abreviados. Los acusados admitieron su culpa y pagaron cinco millones de pesos en multas en 2020.
Entre estos condenados, están Raúl Alberto Patriarca, policía, ex habilitado de la Jefatura provincial. Ariel Hernán Villanueva, de 44 años, policía y contador público, ex habilitado de la jefatura provincial. También José María Leiva, exjefe de Logística de la policía santafesina. Facundo José Testi, civil, responsable del comercio “T-gráfica”, organizador de la asociación ilícita. Rodrigo Ruiz, de 30 años, civil, responsable del taller “Servicio Mecánico”. Y Maximiliano Ambrosio, de 38 años, civil, vendedor de repuestos.
Devolver el sopapo
Este juicio dejó en una posición frágil a un funcionario de mucho peso en la estructura institucional de la provincia y a la vez de perfil polémico. Es Oscar Marcos Biagioni, que cumplió funciones durante cinco décadas para diversas gestiones en cargos clave de la provincia.
Biagioni, según revela una escucha telefónica difundida en las audiencias, se puso a disposición del comisario Grau destacando que le ofrecía lo que necesitara en su carácter de presidente del Tribunal de Cuentas y ofreciéndole que podía contar “con la información” y con “todos los datos” que le podía brindar en tal carácter.
Oscar Biagioni, presidente del Tribunal de Cuentas.
Algo tan serio como eso queda al desnudo en las escuchas. Biagioni le dice a Grau que conoce al autor del anónimo que lo delató, que es Juan Barrios, de Transporte. Y le dice que a esa acción “hay que responderles con una chanchada superior”, que “tiene que volver el mismo sopapo” y que “sepan de dónde viene la piña”.
Hay que responderles con una chanchada superior. Tiene que volver el mismo sopapo. Que sepan de dónde viene la piña.
Dos días después de estos dichos, Barrios fue abordado en la calle por desconocidos que le preguntaron si era “Barrios”. Ante la admisión lo golpearon y amenazaron diciéndole “te vamos a hacer boleta, no hablés, vos sabés de qué hablamos, sabemos que tenés mujer, que está embarazada y que está sola. Quedate callado, porque te vamos a hacer boleta a vos y a tu amigo”. Esto determinó que a Barrios le suministraran protección.
En esas escuchas, Biagioni insulta al entonces ministro Pullaro por denunciar el caso que ahora terminó de juzgarse. “Si querés, citame”, le dice a Grau en su charla telefónica. “No hay nada peor que un idiota con iniciativa. Este tiene menos luces que un arbolito de Navidad con las luces apagadas: fracturó a la policía”.
¿Hay alguna acción penal contra Biagioni a partir de lo revelado en este juicio? Fuentes del MPA Santa Fe consultadas por LPO prefirieron no responder.
El funcionario trabaja desde 1974 en la administración provincial, en posiciones jerárquicas en gestiones de distinto signo político. En las dos ocasiones en que llegó al Tribunal de Cuentas como vocal, fue designado de manera ficta al no reunirse mayoría suficiente para impugnar su pliego en la Legislatura. Ahora, el diputado Oliver hizo una presentación para su juicio político.
El Intendente, Marcelo Orazi, luego de acordar algunas cuestiones con la Ministra de Seguridad de Rio Negro, Betiana Minor, reunió a todos los funcionarios policiales de la localidad y la zona, con el objetivo de avanzar en medidas estrictas para trabajar de manera conjunta en la seguridad. Coincidieron en que el camino es trabajar en…