El exasesor presidencial Demian Reidel fue imputado por la justicia federal por el descontrol de gastos con las tarjetas corporativas durante su gestión como presidente de Nucleoeléctrica, de donde lo echaron por otras sospechas de corrupción.
El fiscal federal Ramiro González abrió una investigación formal tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien también apuntó contra integrantes del directorio, la sindicatura y funcionarios vinculados al uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402.
González busca determinar si existieron «irregularidades penalmente relevantes» en la utilización y administración de la tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026, cuando fue echado Reidel. La sospecha es que se usó la tarjeta de la empresa para gastos en free shop, hoteles de lujo, discotecas y restaurantes en el extranjero.
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La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el requerimiento de instrucción, González también incluyó a los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la compañía por una presunta omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de los gastos corporativos realizados, según informó la agencia Noticias Argentinas.
La sospecha es que se usó la tarjeta de la empresa para gastos en free shop, hoteles de lujo, discotecas y restaurantes en el extranjero
La investigación tomó impulso luego de la difusión de un documento titulado «Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. – Cuenta N° 338402», incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la legisladora Florencia Carignano. El reporte incluía fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
El fiscal sostuvo que del análisis preliminar de esos movimientos «surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa». González también señaló que no existía una rendición documentada sobre el destino institucional de cada uno de los gastos.
En otro tramo del dictamen, González advirtió que incluso si algunos consumos hubieran sido efectuados durante viajes oficiales, los gastos detectados podrían resultar incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.
Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada. También requirió información bancaria detallada de cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario del plástico utilizado.
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