El mundial de los mundiales
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EL MUNDIAL DE LOS MUNDIALES

El juego está por comenzar. Las participantes han sido modificadas genéticamente y tienen una independencia como nunca antes. Nadie lo podría creer con certeza, pero ellas están listas para el desafío. No hay que dar tantos rodeos y, por eso, pasamos a presentarlas:

Once manos moviéndose por sí mismas: manos de tenistas, ajedrecistas, golfistas, futbolistas, jugadores de piedra-papel y tijera, de truco, de play-station, de ping-pong, de billar, de rugby y de payana.

Las once manos se hallan en un ring de boxeo, aunque ninguna de ellas practique este deporte. El juego consta en descubrir y agarrar el horizonte escondido… Las manos son conscientes de que el horizonte puede estar en cualquier lugar, ya sea en una cuerda, en un rincón, en el piso, o por fuera del mismo cuadrilátero, aunque no puedan salir de este…

Suena la campana, primer round, ellas se mueven desesperadamente, lanzan manotazos intentando atrapar el horizonte que no ven… 

Los espectadores se preguntan: ¿Para qué agarrar el horizonte?

Algunos ensayan respuestas en forma de interrogante:  ¿Será para talarlo como a un árbol?   Otros plantean la hipótesis del regalo de cumpleaños o de luna de miel

La mano que encuentra el horizonte gana una estadía completa en el Magnífico Planeta de los Guantes.

La competencia tiene once rounds para concretar la hazaña. Las manos, por momentos, se chocan unas a otras, algunas forman grupos de búsqueda tomándose de los dedos…

Luego del quinto round, se ven dos manos golpeándose, algunas intentan separarlas, pero otras se abstraen y siguen buscando…

De repente, una de las manos es empujada por fuera del cuadrilátero, volando como un pájaro para caer sobre las piernas de un espectador, quedando descalificada automáticamente.

Llega el último round. Hasta ahora ninguna mano ha encontrado el horizonte, el cual puede estar en todas partes y en ninguna.

Parece una trampa del destino. Los últimos segundos suenan: cinco, cuatro, tres, dos, uno… Ninguna lo logra. Finaliza el juego. Las once manos pierden. Sin embargo, el horizonte ha ganado.

 

Imagen: «Canto de amor» de  Giorgio de Chirico, 1914.

 

PABLO NANI – LA TAPA

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  • La justicia federal de Córdoba cruje por su propio caso Adorni

     

    La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico.

    La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.

    El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.

    La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.

    La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.

    La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.

    Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.

    El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.

    Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.

    La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.

    Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.

    En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.

    Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.

    La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.

    Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.

    Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.

    Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.

    Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.

    Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.

    En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.

    En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.

    La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.

    Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.

    En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.

    La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.

    Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.

    Las investigaciones acabaron con la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio Sánchez Torres le expuso su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás. Allí, Sánchez Torres intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo avale en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. La jugada fue coincidente con la caída de Ariel Lijo.

     

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  • La trama detrás de la caída de una red narco que transportaba 500 kilos de cocaína por la Hidrovía

     

    Todo había empezado como en una película floja: un grupo de guardavidas en una playa de Monte Hermoso que estaba entrenando en enero de este año encuentra un bolso en la orilla del mar y al abrirlo advierten varios ladrillos de cocaína. Eso desata una investigación fiscal que termina este lunes, 700 kilómetros más arriba, con cinco detenidos en la zona de San Nicolás por intentar sacar desde el río Paraná 500 kilos de cocaína en buques que transitan por la Hidrovía.

    Es una situación que tiene una habitualidad notoria, que implica cargamentos de cocaína con destino de exportación, y que cada tanto se registran con situaciones en la que son detectados. En esta ocasión hubo una pesquisa de meses que desembocó este lunes con una vigilancia encubierta realizada por Prefectura Naval en Ramallo que siguió a una lancha con tres tripulantes en cercanías del club Somisa. El seguimiento dejó ver que a la lancha subían varios bultos de una camioneta y que después seguía viaje hasta San Nicolás, hasta acercarse a un buque amarrado en el Puerto. Cuando izaban los bultos al buque los encargados de la tarea fueron detenidos.

    Esta es una práctica tan rutinaria que la Prefectura Bajo Paraná dispuso vigilancias en la zona portuaria de Rosario hasta San Lorenzo, en Santa Fe, ya que la mayor cantidad de casos detectados se dan en esta zona. Los fiscales federales de la de la Procuración de Narcotráfico (Procunar) le hicieron saber a Prefectura Naval que la organización bajo seguimiento «podía operar entre las ciudades de Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria» donde posiblemente contaminarían buques en navegación.

    https://www.lapoliticaonline.com/santa-fe/la-justicia-cree-quelos-470-kilos-de-cocainadetectados-al-azar-en-el-puerto-de-vicentin-son-un-indicio-de-trafico-habitual/

    El bolso encontrado el 26 de enero en Pehuén Co tenía 35 kilos de cocaína en casi veinte panes. Los panes tenían diferentes etiquetas. Dos decían «Moncler» y «Stefano Ricci». Eso orientó las pesquisas de la Procunar. La cercanía del lugar donde fue encontrado el bolso con lugares donde amarran buques de ultramar en el puerto bahiense dejaban vislumbrar que la carga podía ser transportada fuera del país.

    Después de las detenciones, en una audiencia tras el descubrimiento de la cocaína que iba a embarcar en San Nicolás, la fiscal federal Patricia Cisnero explicó que la contaminación de buques en la Hidrovía es un fenómeno reiterado. Se le llama «rip-off» y consiste en «acercar una pequeña embarcación a un buque de mayor porte para infectarlo con la droga, con la probable colaboración de algún integrante de la tripulación», mediante un sistema de izado. Para ello, los estupefacientes son acondicionados en bolsos estancos que permiten proteger la carga del contacto con el agua.

    Las pericias del bolso encontrado en Pehuen Có en enero y otros elementos determinaron que había sido adquirido por Sebastián Di Seri y que iría a ser despachado en un buque a ultramar. Lo que se cree es que ese bolso se cayó al agua y se perdió entre otros que sí fueron subidos a cubierta.

    El segundo hecho del planteo fiscal ocurrió este lunes en San Nicolás cuando se intentó subir a un buque en el puerto 499 kilos de cocaína. Parte de esa carga, unos 232 kilos, estaban en la lancha aledaña al barco. El resto de la sustancia se encontró en 7 bolsos en un garaje de la calle Laprida 245 en Ramallo, a veinte kilómetros, que tenían un peso total de 267 kilos. Eran parte de la misma operación, dijeron los fiscales Cisnero y el titular de Procunar, Diego Iglesias.

    Hidrovía: viaje a la primera línea de infiltración narco

    Para determinar la conexión entre el caso de Bahía Blanca y San Nicolás fue fundamental una operación en Mercado Libre. Se supo que el 18 de marzo de 2025 Sebastián Di Seri había comprado 25 bolsos estancos de 80 litros. Esos bolsos tenían características coincidentes con los encontrados en uno y otro lugar.

    El análisis de las comunicaciones telefónicas, los movimientos de los investigados y los registros de geolocalización permitieron más tarde a los fiscales de Procunar establecer vínculos entre Di Seri con las personas que, meses después, serían detenidas esta semana en San Nicolás. Estos son Damián Leyria, Antonio Straccia, Jorge Ayala y Jorge Miño. También con las evidencias obtenidas se reconstruyeron distintos desplazamientos hacia localidades de la costa del río Paraná.

    La fiscal Cisnero dijo este martes en audiencia que en las últimas semanas las tareas de inteligencia permitieron inferir que se preparaba una nueva operación de contaminación de un buque.

    En particular, el seguimiento de los investigados y las escuchas permitieron establecer desplazamientos hacia Ramallo y la utilización de distintos vehículos, entre ellos una camioneta Ford Ranger y un auto Citroën C3.

    El 7 de agosto, los investigadores observaron movimientos de los vehículos de los sospechosos entre Ramallo y distintos puntos de la costa del río Paraná. En una de las vigilancias se constató que tres hombres acoplaban un trailer a la Ford Ranger, sobre el que se encontraba una embarcación semirrígida denominada «Gran Brack». Fueron los vehículos seguidos hace cuatro días que llevaron al decomiso de los 500 kilos.

    Las líneas intervenidas a Di Seri, el que había comprado los 25 bolsos en Mercado Libre, dieron pautas razonables de que buscaban infectar un barco con el cargamento de cocaína. Un ejemplo fue una conversación captada a Straccia el 22 de marzo

    -Escuchá, mañana le dije al «capitán» que nos mande la plata que nosotros le dejamos allá cuatro.

    Una llamada de Leyra del 24 de julio indicó a los investigadores que se iba a producir una maniobra de tráfico de cocaína.

    -Está ahí, pero no confirman, nosotros no podemos salir hasta que confirmen boludo. Estamos los seis. Tengo un hombre dentro de mi casa hace tres días. Estamos trabados, no nos contestan de arriba-, dijo Leyra hace dos semanas.

    Su interlocutor le respondió: «Está complicado el tema de los barcos ahora». Y aludió a algún tipo de iluminación para identificar puntos de contacto.

    El 28 de julio Leyra se comunicó con Ayala. Le dijo: «Escuchame viejo, se suspendió. Está viniendo Gustavo (por Straccia), igual te van a dar la plata. Ahora vamos a trabajar en Rosario, ahora te cuento, va para allá, va par Rosario».

    Confirman que era habitual el tráfico de cocaína en el puerto de Vicentin: «Hacemos esto dos o tres veces por mes»

    Todos estos elementos indiciarios permitieron que Prefectura siguiera y detuviera al grupo que fue llevado a audiencia este martes ante la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón.

    «Nos encontramos frente a una verdadera organización narcocriminal, con una clara y persistente duración en el tiempo, con una logística importante, tanto de recursos materiales como económicos. Una organización que tiene presencia y territorialidad y capacidad de operación en distintas jurisdicciones de nuestro país», sostuvo Iglesias durante la audiencia, según indicó el portal Fiscales.gob.ar.

    El jefe de la Procunar detalló que por el volumen de cocaína secuestrado, el valor de la droga podía variar sustancialmente según el destino. Estimó que, en una zona portuaria de la provincia de Buenos Aires, la sustancia representaría no menos de 2,5 millones de dólares. Si lograba salir del país y llegar a Europa, el valor ascendería a no menos de 16 millones de dólares, mientras que, según la hipótesis de la fiscalía, en otro continente más lejano podría alcanzar los 45 millones de dólares.

    La jueza dejó presos a los cinco detenidos y les impuso prisión preventiva por 180 días.

    Los casos en donde se advierte droga son esporádicos y no indican que es porque la droga no pase. En junio de 2025 se descubrió, por la denuncia de un capitán de un buque filipino, un cargamento de 470 kilos de cocaína en el buque de tripulación amarrado en el puerto de Vicentin en San Lorenzo. En julio de 2022 se detectó que en el puerto frente al Monumento a la Bandera fueron metidos 1300 kilos de cocaína en una carga de maní llegada de Córdoba. En mayo de 2022 en un barco puerto frente a Australia con 40 mil toneladas de harina de soja encontraron 50 kilos de cocaína junto a un buzo de nacionalidad brasileña sin vida. El barco había sido cargado en Renova, en Timbúes, y pasado por el puerto de Santos en Brasil.

     

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