La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que el sábado 30 llega a la ciudad el ‘Autocine Cuidado’, oportunidad en la que se proyectará ‘El Kiosco’, de Pablo González Pérez. La actividad se desarrollará desde las 22 horas y tendrá lugar en el estacionamiento del Anfiteatro ‘Cono Randazzo’.
“El Kiosco” relata las peripecias de Mariano, quien decide invertir todos sus ahorros en la compra de un kiosco, pero luego descubre que la calle sobre la que es frentista será inminentemente cerrada al tránsito a raíz de un proyecto de obra pública y deberá hacer algo antes de que quede clausurada.
El ‘Autocine Cuidado’ es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Estado de Río Negro que tiene como objetivo promover de manera federal el acceso al conocimiento y valoración de la cinematografía nacional y de la región, respetando los protocolos sanitarios vigentes.
En este sentido, se solicita respetar las pautas de prevención indicadas en este caso, como que quienes asisten en el vehículo deben ser del grupo conviviente y que, bajo ningún motivo, pueden descender del mismo.
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En la imputación del lobista de la Justicia Federal de la Nación Santiago Busaniche, señalado por participar en una trama extorsiva donde está implicado el ex juez federal rosarino Marcelo Bailaque, se abrió un pasadizo imprevisto y explosivo que roza a otro magistrado. En plena audiencia los defensores dijeron que el ex director de ARCA en Santa Fe, Carlos Vaudagna, involucrado en este mismo chantaje, mantenía un vínculo oscuro por dinero con el secretario privado del juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros.
Los defensores Débora Lichtmann y Diego Pirotta afirmaron que Vaudagna, que está implicado por corrupción institucional en al menos siete causas federales, mantiene diálogos con Jorge Abboud, secretario privado del juez federal Carlos Vera Barros, donde hacen referencia a dinero.
Vera Barros es precisamente el juez que firmó órdenes de allanamiento concretadas el pasado 16 de octubre contra Santiago Busaniche, un escribano santafesino señalado como un hombre vital en las designaciones de la Justicia Federal en CABA, Santa Fe y Rosario y en el tráfico de favores internos, muy vinculado también al campo de los servicios de inteligencia.
La mención adquiere sentido porque Vaudagna está imputado de haber organizado junto al ex juez federal Bailaque, que estuvo en funciones hasta el 1º de julio, una extorsión donde un agente de Bolsa al que le abrieron una causa, Claudio Iglesias, aseguró haber pagado 160 mil dólares de 200 mil solicitados para que le cerraran una causa penal.
Esta referencia es importante porque desde hace meses en Rosario hay una fuerte crisis institucional donde altos funcionarios con posiciones relevantes en el Estado aparecen envueltos en cobros de sobornos o retornos en el ejercicio de sus funciones. Pasó con el ex juez federal Bailaque, con el juez federal civil y comercial Gastón Salmain y ahora se deslizaron sospechas hacia el juzgado de Vera Barros.
La audiencia fue fijada para imputar a Busaniche por acordar con Vaudagna aspectos que terminarían en la extorsión al agente de Bolsa de Rosario Claudio Iglesias. Pero eso ni se llegó a tratar porque los defensores pidieron el apartamiento en bloque de todos los fiscales por una supuesta falta de ecuanimidad al investigar.
Los defensores Débora Licthmann y Diego Pirotta
Los defensores mencionaron entonces lo que para ellos es una omisión hacia Vera Barros y Abboud como uno de los motivos por los cuales recusaban a los cinco fiscales federales que estaban para imputar a Busaniche. Lo que señalaron es un supuesto proceder selectivo y omisivo del contenido del teléfono secuestrado a Vaudagna de donde surgen múltiples delitos. Decían que los fiscales eligen cargar las tintas contra Busaniche pero no contra otras personas que tienen funciones institucionales relevantes que aparecen en ese celular.
Allí mencionaron como ejemplo de discrecionalidad de los fiscales hacia Abboud y Vera Barros porque, dijeron, sobre estos funcionarios judiciales no impulsaron actuaciones. Lo leyó en público, ante un mínimo de 25 personas conectadas por zoom a la audiencia, la defensora Lichtmann. Dijo que Vaudagna le dice al secretario de Vera Barros.
–«Querido tenemos que reunirnos porque se vienen las vacaciones, para hablar respecto de lo nuestro, lo necesito para las vacaciones», leyó Lichtmann indicando que eso dice Vaudagna.
–«Si, yo estoy camino a Baires por algo que me mandó Carlos y tenemos que hablar algo en la Corte», responde Abboud según la abogada.
«Vaudagna le dice al secretario privado de Vera Barros que necesita algo para irse de vacaciones. Presumiblemente algún dinero que se le debía», subrayó la abogada. «No analizaron estas conversaciones con un funcionario del juzgado que ordenó los allanamientos de Busaniche», sostuvo. «Lo que se nota es la relación de Vaudagna con Vera Barros era a través de su secretario privado. Los mensajes son mucho más extensos. Para mencionar lo que los fiscales no quisieron ver», enfatizó.
«Había una relación poco clara entre el secretario del juez y Vaudagna que vamos a denunciar. No aparece en ese diálogo que se trata de una deuda personal. En ningún momento se hace alusión a que el dinero que se le adeuda es personal. Es algo que el doctor Velasco debería atender», sostuvo Lichtmann en relación al fiscal jefe de la Procuración de Lavado de Activos Diego Velasco, uno de los miembros del plantel acusador.
Este medio consultó al juez Vera Barros por un eventual descargo ante lo volcado en audiencia. «La confrontación de la defensa de Busaniche parece ser con los fiscales. Yo intervine en una causa en la que ordené el aprovechamiento de lo que se secuestrara en el allanamiento de Busaniche por una investigación que lo relaciona con el juez federal civil Gastón Salmain. No estoy en la audiencia, pero esto me parece una postura defensista. Es una estrategia de la defensa y no me parece apropiado decir más por ahora», le dijo a este medio.
También sostuvo la defensora en su arremetida crítica contra los fiscales que Vaudagna habla con muchas otras personas, en actitudes que sugieren prácticas ilícitas, como el empresario periodístico de Santa Fe Nahuel Caputto. «Aquí va nuestro planteo. ¿Vieron esto los fiscales o no lo vieron? Creo que lo vieron pero no quisieron mencionarlo».
En realidad hay actuaciones fiscales precisamente contra Vaudagna en curso en la fiscalía federal de Santa Fe contra Caputto, que tiene además expedientes anteriores, aunque no se formalizó imputación. Esto por una derivación del fiscal de Reconquista Roberto Salum que fue quien primero accedió a los contenidos de Vaudagna y los distribuyó a colegas según la jurisdicción de competencia.
«La confrontación de la defensa de Busaniche parece ser con los fiscales. Yo intervine en una causa en la que ordené el aprovechamiento de lo que se secuestrara en el allanamiento de Busaniche por una investigación que lo relaciona con el juez federal civil Gastón Salmain. No estoy en la audiencia, pero esto me parece una postura defensista. Es una estrategia de la defensa y no me parece apropiado decir más por ahora».
«Vaudagna tiene siete causas alrededor de la provincia de Santa Fe por este teléfono. Se dividieron las causas en Reconquista Santa Fe y Rosario. Se avanza con lo que se avanza. Pero está en el teléfono. Se avanzó con lo que teníamos elementos. Tan simple como eso», dijo el fiscal Velasco al responder el pedido de recusación. «En el teléfono de Vaudagna hay muchísima información. La tienen todas las partes desde que exhibimos las pruebas. Todas las defensas las tienen. Y también estaba a disposición de la defensa desde mucho antes. El teléfono de Vaudagna está a disposición de las partes desde que el señor juez autorizó a entregar todo su contenido antes de la audiencia de formalización», replicó.
Lichtmann rezongó amargamente porque LPO publicó detalles sobre lo que compromete a su cliente Busaniche antes de que se formalizara la imputación. «La Política Online publica lo que las partes no saben. Este medio de comunicación tiene las conversaciones de la investigación que entiendo usted señoría no debería conocer. Pero si quiere puede leer para enterarse porque LPO las tiene antes que las tenga el expediente. Aparentemente LPO tiene novedades más apresuradas de lo que tiene esta parte defensiva», sostuvo la abogada.
«Ustedes tenían la prueba contra ese juez (Vera Barros) y a ese juez le pidieron medidas para allanar a nuestro cliente. No estamos hablando de un acto de corrupción. Si tienen pruebas de cargo contra un juez las tienen que usar. No pueden elegir. Es un juez de la jurisdicción. Se nota que hablaban de plata. ¿Hicieron algo con eso? Era vox populi en la jurisdicción que existía esto y que ustedes lo conocían y no hicieron nada», dijo el defensor Diego Pirotta.
Busaniche fue señalado reiteradamente a este medio como un enlace inorgánico y relevante de servicios de inteligencia. El defensor Pirotta actúan para el estudio de Darío Richarte, que fue subjefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el mandato presidencial de Fernando de la Rúa. El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz rechazó el pedido de recusación contra los fiscales.
En las principales aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) hablan de un colapso inminente del sistema y apuntan a la maquinaria de juicios laborales que superan los 130 mil por año.
Las ART, que cubren a más de 10 millones de trabajadores en todo el país, denuncian un abuso de los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales.
En las ART advierten que el Poder Judicial no hace cumplir una ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, que creó los Cuerpos Médicos Forenses (CMF). Estos cuerpos no fueron aplicados ni en la Ciudad ni en la provincia de Buenos Aires, que concentran alrededor del 80% de los juicios laborales del país.
«Los peritos son externos, actúan sin control y sus honorarios están ligados al resultado del juicio», denunciaron desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Si se aplicara la ley, los peritos serían seleccionados por concurso, y recibirían un sueldo, es decir que los honorarios no se cobrarían en proporción al valor del juicio, lo que para las ART desemboca en sentencias multimillonarias que hacen el sistema inviable.
Desde una de las ART líderes dijeron a LPO que hay juicios que superan los 300 millones de pesos por una lesión lumbar. En ese sentido, hablan irónicamente de la epidemia de la lumbalgia. «Es el accidente más común que encuentran los abogados», dijeron.
Entre las aseguradoras advierten que la industria del juicio terminará atentando contra la generación de empleo, puesto que si las ART colapsan serán los empleadores quienes se tengan que hacer cargo del pago de las indemnizaciones.
Desde una de las ART líderes dijeron a LPO que hay juicios que superan los 300 millones de pesos por una lesión lumbar
La Uart, que es la cámara de la ART, advirtió que la intervención sin control de los peritos judiciales está haciendo colapsar al sistema. «Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, está haciendo colapsar al sistema de ART y atenta contra la generación de empleo formal en el país», aseguró Mara Bettiol, titular de la UART.
Argentina registra uno de los índices más altos de litigios por riesgos del trabajo, con una tasa de judicialidad que es 15 veces la de España y 21 veces la de Chile, a pesar de tener mayores prestaciones y una accidentabilidad similar. «Es paradójico que, mientras los fallecimientos en el trabajo se redujeron 80% y los accidentes un 55%, la litigiosidad crece exponencialmente, proyectándose más de 130 mil juicios en 2025», dicen en la cámara.
Este año algunas de las ART más importantes se tuvieron que capitalizar por medio de los accionistas. Las aseguradoras de peso tienen otras unidades de negocios como sucede con Prevención ART, una de las líderes en el ránking en volumen de primas, que pertenece al Grupo Sancor Seguros. Experta ART, otra de las grandes, pertenece al Grupo Werthein.
Tras salvar a la ART este año, los accionistas de ese grupo ya avisaron que el año que viene no volverán a capitalizarla. En esa situación ya está Galeno, que en los últimos meses inició un proceso de liquidación y podría dejar a más de 400 trabajadores en la calle.
Entre las ART no ven con entusiasmo la reforma laboral que impulsa el gobierno porque creen que el sistema seguirá en la misma situación si no se hace cumplir la ley de 2017. «Para impulsar la formalización del empleo, la reforma laboral debe incluir medidas que terminen con el flagelo de juicios por riesgos del trabajo», dijeron en la cámara de ART.
Desde una de las ART líderes se contactaron con Federico Sturzenegger y decidieron abortar las negociaciones cuando advirtieron que le habían dado la idea al ministro para desregular también a las ART y quitar su obligatoriedad.
La Municipalidad de Villa Regina informa que hoy, 12 de enero, a partir de las 13 horas, tendrá lugar el sorteo por tener al día las Tasas Retributivas Municipales. Para el primer sorteo, de una bicicleta mountain bike, se debe tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de diciembre. Para el segundo…
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