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EL COMBUSTIBLE NO PARA
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«No hay más secundario»: empresas de colectivos descargan la crisis sobre los estudiantes y ponen en jaque un derecho conquistado
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
El fueguino Martín Pérez debatió el futuro del Atlántico Sur con académicos y dirigentes
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el intendente de Río Grande, Martín Perez, encabezó la presentación del libro «Territorios del Futuro. Atlántico Sur y Antártida».
En la actividad, Perez reunió a dirigentes políticos, referentes académicos, religiosos y sectores vinculados a la agenda de soberanía nacional y desarrollo estratégico para debatir el futuro del Atlántico Sur.
De esta manera, Perez se muestra como uno de los dirigentes fueguinos que busca proyectar desde el sur una discusión nacional sobre Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida y el rol geopolítico de Tierra del Fuego en el escenario que viene.
Junto a Perez expusieron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo; la presidenta de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC), Agustina Rodríguez Saá; y el director ejecutivo de CLACSO, Pablo Vommaro.
También estuvieron presentes Jorge Taiana; Gabriel Katopodis; las diputadas Fernanda Miño y Kelly Olmos; la presidenta de Télam, Bernarda Llorente; el veterano de Malvinas y director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, César Trejo; el secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid; y el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, entre otros dirigentes políticos, sindicales y académicos.
Durante su exposición, Perez buscó instalar la idea de que Tierra del Fuego debe ocupar un lugar central en la discusión sobre los recursos estratégicos y el futuro del país. «Río Grande no es el fin de nada. Es un punto de partida para pensar una agenda estratégica para el futuro argentino», afirmó.
El intendente planteó además que la soberanía «no puede quedar reducida a una consigna histórica», sino que debe traducirse en políticas vinculadas a industria, producción, trabajo, ciencia y presencia estatal en el extremo sur del país.
La presentación buscó articular una narrativa política que combina la cuestión Malvinas, el desarrollo industrial fueguino y una mirada federal sobre los territorios australes, en momentos donde distintos sectores del peronismo buscan reconfigurar agenda y liderazgo.
