La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que el sábado 30 llega a la ciudad el ‘Autocine Cuidado’, oportunidad en la que se proyectará ‘El Kiosco’, de Pablo González Pérez. La actividad se desarrollará desde las 22 horas y tendrá lugar en el estacionamiento del Anfiteatro ‘Cono Randazzo’.
“El Kiosco” relata las peripecias de Mariano, quien decide invertir todos sus ahorros en la compra de un kiosco, pero luego descubre que la calle sobre la que es frentista será inminentemente cerrada al tránsito a raíz de un proyecto de obra pública y deberá hacer algo antes de que quede clausurada.
El ‘Autocine Cuidado’ es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Estado de Río Negro que tiene como objetivo promover de manera federal el acceso al conocimiento y valoración de la cinematografía nacional y de la región, respetando los protocolos sanitarios vigentes.
En este sentido, se solicita respetar las pautas de prevención indicadas en este caso, como que quienes asisten en el vehículo deben ser del grupo conviviente y que, bajo ningún motivo, pueden descender del mismo.
A veces creo que la gente piensa que el pensamiento crítico es un pensamiento inteligente pero en general veo que es un ejercicio intelectual que se alimenta de sus propias debilidades. No estarán leyendo una suerte de horóscopo político que replican solapando un supuesto pensamiento propio? Se replica o se piensa? Criticar no es un…
El concejal libertario de Ezeiza José Luis Michelena desató su furia en plena sesión contra Manuel Adorni y las políticas económicas del Gobierno. «Nos están cagando a todos», dijo y acusó directamente a Javier Milei: «Está entregando todo».
La intervención del edil descolocó a su bloque y disparó los aplausos de concejales del peronismo. Luego de esa intervención en la última sesión, Michelena fue expulsado de La Libertad Avanza (LLA).
«Yo tenía seis negocios en la costa y los cerré a casi todos», dijo Michelena para enseguida exponer los cortocircuitos internos con el resto de los concejales libertarios. «¿Es un bloque? ¿los estoy descolocando? porque me caliento cuando no estoy de acuerdo con algo y me dicen que tengo que estar», acusó.
Y siguió: «Nos están vendiendo, nos están despedazando y no puedo soportar cerrar la boca simplemente porque no hay que acusar a Adorni. Que vaya preso si es culpable».
Ahí, trazó un comparativo con la situación de Cristina Kirchner: «Le ponen una pulsera a la ex presidenta con razón o sin razón, desconozco porque no estoy en la Justicia, pero este tipo se lava las manos. Algunos quieren defender lo indefendible».
Nos están vendiendo, nos están despedazando y no puedo soportar cerrar la boca simplemente porque no hay que acusar a Adorni. Que vaya preso si es culpable
Este episodio profundiza el cataclismo interno del armado libertario en el Conurbano, más aún considerando que Michelena no forma parte del lote de concejales electos en 2023 que respondían a Kikuchi, sino que ingresó al Concejo integrando la lista libertaria de 2025, que tuvo un estricto filtro del karinismo.
«José Luis Michelena representa a los comerciantes que sostienen la economía real, que pagan impuestos y que quieren reglas claras, menos trabas y un Estado que no los asfixie», lo describían en diciembre último desde el armado de LLA que en Ezeiza controla Nicolás Lemos, que responde a Sebastián Pareja.
En diciembre último, Michelena era presentado como «la voz de quienes todos los días producen». Tras exponer en plena sesión que tuvo que cerrar sus comercios, fue expulsado de LLA.
Seis meses más tarde, Michelena se despachó: «Las universidades no se tienen que cerrar, las rutas se tienen que reparar. No puede ser que nos cobren cinco impuestos diferentes para un automotor y las rutas destruidas», dijo.
Y añadió: «El presidente está entregando la Antártida, la precordillera, la cordillera, está entregando todo».
Luego de esa intervención, en el armado libertario informaron la expulsión del partido del concejal: «Las recientes manifestaciones públicas evidencian una postura personal incompatible con el funcionamiento orgánico y el compromiso colectivo que exige LLA», señalaron en un comunicado.
Los mismos vecinos que antes pasaban a buscar la boleta para votar este proyecto de país, me cuentan que no dan más. Que se quedaron sin trabajo. Que no llegan a fin de mes
Tras conocerse su expulsión, este lunes Michelena avisó que pronto anunciará cuál será su próximo alineamiento político. Y apuntó a LLA: «Elegí la política para servir, no para callar».
Y advirtió sobre el termómetro social: «Los mismos vecinos que antes pasaban a buscar la boleta para votar este proyecto de país, me cuentan que no dan más. Que se quedaron sin trabajo. Que no llegan a fin de mes».
Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia. De esta manera,…
El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.
El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.
La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.
En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Un Estado al servicio del cobro automático
El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.
Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.
El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.
La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.
En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.
Salarios débiles, deuda fuerte
La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.
Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.
En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.
El problema no es solamente económico. También es político y social. Un trabajador altamente endeudado tiene menos margen de conflicto, menos capacidad de organización y mayor dependencia del ingreso mensual. El salario deja de ser una herramienta de autonomía para convertirse en un flujo parcialmente comprometido de antemano.
El trasfondo silencioso del modelo Milei
La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.
En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.
Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.
Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.
El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.
Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.
Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.
En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.
Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».
La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas
Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.
Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.
En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.
«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.
Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.
Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.
En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.
En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.
Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.
En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».
En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato».
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a participar de una caminata bajo la luna llena el próximo sábado 27, con punto de encuentro al pie del sendero para luego subir a la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús. La caminata será guiada por dos profesionales: la guía turística local y…
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