DOS ESCENARIOS, MUCHOS ARTISTAS

La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?

Por Roque Pérez para NLI

La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.

Sin embargo, lejos de consolidarse como una licitación modelo, el proceso quedó atravesado por sospechas prácticamente desde el primer día. En NLI se siguió cada una de las etapas de la convocatoria y se advirtió tempranamente que varios de los requisitos incorporados al pliego parecían restringir la competencia en lugar de ampliarla. Aquellas observaciones, que en su momento fueron descartadas por el Gobierno como críticas interesadas, hoy vuelven a cobrar fuerza luego de que la adjudicación terminara beneficiando precisamente a la empresa que numerosos especialistas señalaban desde el inicio como la principal favorecida por las condiciones impuestas en el concurso.

Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos

El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.

Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.

En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.

Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas

La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.

Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.

Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.

Mucho más que una obra pública

La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.

En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.

La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.

Febrero tiene 28 días por una combinación de decisiones tomadas hace más de dos mil años, supersticiones romanas, reformas políticas y la necesidad de corregir el calendario.

Por Redacción de NLI

Hay algo tan cotidiano en nuestras vidas que prácticamente nadie se detiene a preguntárselo: ¿por qué febrero tiene 28 días mientras los demás meses tienen 30 o 31? La respuesta parece estar a simple vista en cualquier calendario, pero cuando se intenta reconstruir cómo llegamos hasta esa distribución aparecen reyes romanos, supersticiones acerca de los números pares, reformas impulsadas por Julio César, errores acumulados durante siglos y hasta una modificación relacionada con el nombre del emperador Augusto. La particularidad de febrero, por lo tanto, no responde a una necesidad natural según la cual ese mes debería ser más corto que los demás, sino a una combinación bastante más humana de religión, política, astronomía y decisiones tomadas en la Antigüedad.

Lo primero que conviene aclarar es que nuestro calendario no nació tal como lo conocemos. El calendario gregoriano, que actualmente utilizan la mayoría de los países, es el resultado de una larguísima evolución en la que diferentes sociedades intentaron encontrar una manera de dividir el tiempo de acuerdo con los movimientos del Sol y de la Luna. Los romanos heredaron y modificaron sistemas anteriores, y posteriormente Julio César introdujo una reforma que dio origen al calendario juliano, sobre el cual se construyó siglos después el calendario gregoriano. Por eso, cuando miramos febrero y nos preguntamos por qué tiene 28 días, en realidad estamos observando una pequeña supervivencia de decisiones tomadas hace más de dos milenios.

Cuando los romanos ni siquiera tenían enero y febrero

Una de las primeras sorpresas aparece cuando retrocedemos hasta los orígenes del calendario romano. Según la tradición antigua, el primer calendario romano habría tenido diez meses, comenzando en marzo y terminando en diciembre, con un total de alrededor de 304 días. El invierno quedaba en buena medida fuera de la estructura regular del calendario, algo que puede parecernos absurdo actualmente pero que tenía cierta lógica en una sociedad cuya organización económica estaba profundamente vinculada con los ciclos agrícolas y con las estaciones de actividad en el campo. De hecho, los nombres que todavía utilizamos para septiembre, octubre, noviembre y diciembre conservan la huella de aquel sistema: septem, octo, novem y decem significan siete, ocho, nueve y diez en latín, porque originalmente ocupaban esas posiciones dentro del año.

Con el tiempo, la necesidad de contar también el período invernal llevó a incorporar enero y febrero, tradicionalmente asociados a una reforma atribuida al rey Numa Pompilio. Allí comienza a aparecer la explicación de por qué febrero terminó convirtiéndose en el mes extraño que conocemos actualmente. El calendario romano no estaba diseñado simplemente para que todos los meses tuvieran una cantidad idéntica de días; existían consideraciones religiosas y simbólicas que influían en la manera de distribuirlos, y los números pares no gozaban de la misma consideración que los impares dentro de determinadas concepciones romanas.

La consecuencia fue bastante curiosa: al intentar organizar un año lunar de aproximadamente 355 días, se buscó que la mayoría de los meses tuvieran una cantidad impar de jornadas, considerada más favorable, mientras que febrero quedó como la excepción, con 28 días, porque era un mes asociado a rituales de purificación y expiación y ocupaba una posición particular dentro del calendario romano.

Febrero no fue elegido por la astronomía

Esto permite desmontar una idea bastante extendida: febrero no tiene 28 días porque la naturaleza haya determinado que ese mes deba ser más corto. La duración de los meses es una construcción humana y, aunque debe guardar alguna relación con los ciclos astronómicos para que el calendario no se despegue completamente de las estaciones, la división concreta en doce meses de 28, 29, 30 y 31 días es histórica y cultural.

El problema es que un año solar no dura exactamente 365 días. La Tierra necesita aproximadamente 365 días y un cuarto para completar su órbita alrededor del Sol, de modo que cualquier calendario que quiera mantenerse sincronizado con las estaciones necesita realizar correcciones periódicas. Si simplemente se utilizaran 365 días todos los años sin agregar ninguna corrección, con el paso de los siglos las fechas comenzarían a desplazarse respecto de los equinoccios y solsticios. La solución que terminó imponiéndose fue incorporar periódicamente un día adicional. Ese es el origen del 29 de febrero de los años bisiestos, aunque la historia de cómo se llegó a esa solución es bastante más complicada.

Julio César tuvo que arreglar un calendario que estaba desfasado

Para el siglo I antes de Cristo, el calendario romano se había convertido en un problema serio. Las reglas de intercalación eran complejas y dependían en parte de decisiones de autoridades religiosas, lo que había generado una acumulación de desajustes. El calendario ya no coincidía correctamente con las estaciones y existía una diferencia creciente entre las fechas oficiales y el ciclo solar.

Fue entonces cuando Julio César impulsó una reforma monumental. Con asesoramiento astronómico, especialmente del matemático y astrónomo alejandrino Sosígenes, se diseñó un calendario solar mucho más estable, conocido posteriormente como calendario juliano. La reforma estableció un año de 365 días y añadió un día extra cada cuatro años para aproximarse a la duración real del año solar.

Pero para poner en funcionamiento el nuevo sistema fue necesario realizar una corrección extraordinaria. El año de la reforma llegó a tener una duración excepcional de 445 días, debido a la incorporación de períodos adicionales destinados a recuperar el desfase acumulado. Los historiadores lo conocen como el annus confusionis, el “año de la confusión”, y aunque hoy pueda parecer una extravagancia, fue una manera de volver a colocar el calendario en una posición compatible con las estaciones.

La distribución de los meses quedó entonces mucho más cerca de la estructura que conocemos actualmente, con febrero conservando sus 28 días en los años comunes y 29 en los bisiestos. La rareza había sobrevivido a la gran reforma porque, de algún modo, resultaba práctico utilizar ese mes más corto como espacio para introducir la corrección adicional.

Y después apareció otro emperador

La historia todavía tiene una vuelta más, aunque en este punto conviene separar lo que está sólidamente documentado de una explicación popular que circula desde hace siglos. Existe una conocida tradición según la cual el mes de agosto habría recibido un día adicional para no quedar por debajo de julio, que había sido rebautizado en honor a Julio César y tenía 31 días. Según ese relato, Augusto habría querido evitar que su propio mes pareciera inferior al de César y habría tomado un día de febrero para llevar agosto a 31.

La explicación es atractiva porque encaja perfectamente con la imagen de la política romana, pero los especialistas advierten que no existe evidencia sólida de que esa haya sido realmente la razón de la distribución moderna de los días. La estructura de los meses ya había sufrido modificaciones anteriores y la historia del calendario es bastante más compleja que una supuesta competencia personal entre dos emperadores.

Es un buen ejemplo de cómo las explicaciones históricas pueden simplificarse hasta convertirse en una anécdota popular que sobrevive porque resulta fácil de recordar, aunque la evidencia disponible sea más complicada.

El día que inventamos porque el año no alcanza

El 29 de febrero constituye, en cierto sentido, una de las soluciones más ingeniosas que desarrolló la humanidad para resolver una contradicción entre el tiempo astronómico y el tiempo que necesitamos para organizar nuestras vidas. El año no dura exactamente 365 días, pero tampoco podemos trabajar con calendarios que tengan una fracción de día, porque necesitamos que las fechas puedan ser contadas mediante jornadas completas.

La solución consiste en acumular esa fracción hasta reunir aproximadamente un día entero y agregarlo periódicamente al calendario. En el sistema moderno, los años divisibles por cuatro suelen ser bisiestos, aunque existe una excepción importante: los años que terminan en dos ceros no lo son, salvo que sean divisibles por 400. Esa regla forma parte de la reforma gregoriana introducida en 1582 para corregir una pequeña desviación que todavía persistía en el calendario juliano.

La diferencia puede parecer mínima, pero demuestra algo fundamental: incluso una fracción relativamente pequeña de tiempo puede convertirse en un problema gigantesco cuando se acumula durante siglos.

¿Y por qué no hacemos todos los meses iguales?

Desde una perspectiva moderna, la pregunta parece inevitable: si estamos diseñando un calendario, ¿por qué no hacer doce meses exactamente iguales y olvidarnos del problema?

La dificultad está en que doce meses de igual duración no encajan perfectamente ni con el año solar ni con las tradiciones históricas que fueron formando nuestro calendario. Además, los meses dejaron de ser simples divisiones matemáticas para convertirse en unidades culturales profundamente arraigadas: tienen nombres, fiestas, aniversarios, períodos escolares, estaciones, ciclos laborales y tradiciones que se remontan a generaciones.

Cambiar la estructura del calendario significa cambiar una de las formas más profundas mediante las cuales una sociedad organiza el tiempo.

Hubo numerosos proyectos para reformar el calendario a lo largo de la historia, especialmente durante los siglos XIX y XX, pero ninguno consiguió reemplazar de manera generalizada el sistema de doce meses heredado de la tradición romana y reformado posteriormente por el calendario juliano y el gregoriano.

Una rareza romana que todavía organiza nuestra vida

Lo fascinante de febrero es que su particularidad no desapareció con Roma. El Imperio cayó, las lenguas cambiaron, los sistemas políticos se transformaron, Europa atravesó siglos de guerras y revoluciones, aparecieron los Estados nacionales y la humanidad desarrolló relojes atómicos capaces de medir el tiempo con una precisión inimaginable para los antiguos romanos.

Sin embargo, seguimos esperando que febrero tenga 28 días.

Cada cuatro años, salvo las excepciones establecidas por la regla de los años seculares, agregamos uno más. La estructura básica del calendario que utilizamos para organizar nuestras vidas conserva así una herencia que atraviesa más de dos milenios de historia.

Y quizás esa sea la parte más interesante de toda esta historia: cuando miramos un calendario colgado en una pared, estamos observando mucho más que una herramienta para saber qué día es. Estamos viendo una acumulación de decisiones tomadas por sociedades antiguas que intentaron ordenar el tiempo, corregir sus errores y hacer coincidir sus instituciones con los movimientos del cielo.

Febrero quedó atrapado en esa historia como el mes diferente, el que recibió menos días, el que se convirtió en el lugar donde podía agregarse una jornada adicional y el que, por una combinación de tradiciones religiosas, decisiones políticas y necesidades astronómicas, terminó teniendo una duración que ningún otro mes posee.

Por eso, la próxima vez que alguien pregunte por qué febrero tiene solamente 28 días, la respuesta no debería ser simplemente que “porque el calendario es así”. Febrero tiene 28 días porque durante miles de años la humanidad estuvo intentando resolver un problema que parece sencillo, pero que en realidad consiste en hacer coincidir tres cosas que nunca encajan perfectamente: el movimiento de la Tierra, las matemáticas y nuestra necesidad de dividir el tiempo en unidades comprensibles.

Y en esa larga historia, los romanos dejaron una pequeña rareza que todavía aparece cada vez que llega febrero: un mes que parece incompleto, pero que en realidad es uno de los testimonios más persistentes de cómo las sociedades aprendieron a domesticar el tiempo.