Una vez más, la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita la colaboración de los vecinos para no depositar en los Puntos Limpios ubicados en distintos sectores de la ciudad residuos para los cuales no están habilitados.
Al respecto, recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel y cartón; plásticos; metal y vidrio. Cada uno de ellos tiene un cartel indicando qué residuos se pueden arrojar en cada uno.
En los Puntos Limpios NO se depositan: residuos domiciliarios, animales muertos, ramas y yuyos, pañales y suciedades de animales.
Este pedido se fundamenta en que cada vez son más reiteradas las veces en las que el personal de la Dirección encuentra en los Puntos Limpios elementos que no corresponden. La foto que acompaña esta nota es del contenedor ubicado en calle Borgatti, casi Colón.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que el camión que realiza la recolección de residuos domiciliarios los días martes, jueves y domingos por los barrios Albino Cánova, Piana, Puerto Argentino, Mitre, Los Ángeles, Malvinas y Belgrano comenzará su recorrido a las 23 horas. Mientras tanto, el recorrido que…
Negocios millonarios y favores cruzados: el clan Menem-Hazaff se potencia con el aval de Milei. Con el sello de Javier Milei, compañías emergentes vinculadas a Martín Menem y un empresario enigmático ganan licitaciones millonarias en seguridad y limpieza. Una trama que deja en evidencia una política pública opaca y una cercanía dentro del nuevo poder que merece preguntas incómodas.
Desde diciembre de 2023, dos firmas poco conocidas en el mundo de los negocios estatales —Global Protection Service (GPS) Group y La Bizantina S.G. S.A.— empezaron a copar los contratos públicos. En total, acumulan más de 4.324 millones de pesos en servicios de vigilancia y limpieza. ¿Lo curioso? Ambas emanan de un mismo entramado familiar: por un lado, los hermanos Menem, con Martín como figura pública en la Cámara de Diputados; por el otro, los Hazaff, con “El Turco” Nicolás en el centro de la operación secreta.
Este posicionamiento empresarial impresionante coincide con la llegada del Gobierno de Javier Milei. Antes del 10 de diciembre de 2023, ninguna de estas empresas figuraba como proveedor del Estado. Ahora, GPS recibe contratos enormes y recurrentes; La Bizantina hace lo propio con obra gruesa en limpieza. Resultado: un claro beneficiario de las políticas libertarias del nuevo Ejecutivo.
GPS Group surge como un derivado de Tech Security, firma privada de seguridad fundada por Martín Menem y sus hermanos hace más de dos décadas. Al asumir como presidente de Diputados, Menem cedió formalmente su participación, pero la placa del negocio siguió brillando. Los contratos que antes llevaba Tech Security, poco a poco aterrizaron sobre GPS, que en la zaga del cambio de Gobierno se inclinó en cascada sobre la nueva firma.
Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): 1.140 millones de pesos, más una ampliación por 290 millones.
ENARGAS (antes Tech Security): 289,7 millones en octubre de 2024.
Teatro Nacional Cervantes: 152,4 millones en diciembre 2023 y, tras prórroga en 2024, creció hasta 448,6 millones.
INCUCAI: un contrato inicial de 137 millones y otro adicional de 442 millones.
A todo esto se suma un contrato menor con la ANAC (17,9 millones) y, sobre todo, la participación en seguridad aeroportuaria con Aerolíneas Argentinas, que rondaría los mil millones anuales. Con la reciente desregulación de cargas aeroportuarias, GPS Group (a través de globalhandling.com) ya se prepara para monopolizar otro nicho con riesgo de exclusividad.
El llamado «Turco» Hazaff, casi invisible en redes, pero con ascendencia bien clara en el mundo empresario, habría sido el puente clave. Fuentes señalan que mantiene relación directa con Fernando Menem, hermano menor de Martín —posiblemente el nexo para la cesión de contratos sin licitaciones claras.
Como GPS, La Bizantina debutó con el arribo de Milei, y lo hizo en grande. La firma, presidida por Claudio Oberst —cuñado de Hazaff—, ya acumuló casi 1.367 millones de pesos en contratos de limpieza:
Cámara de Diputados: 694,7 millones para la limpeza total del Palacio Legislativo, adjudicado en septiembre 2024, bajo la conducción de Menem.
Ministerio de Seguridad (Bullrich): 553 millones en diciembre 2024.
ANAC: 120 millones desde enero 2025, para mantenimiento en aeropuertos y aeródromos.
Nadie impulsó los bolsillos de La Bizantina tanto como los propios miembros del clan que ahora ostentan influencia directa en las estructuras de poder. Una estrategia donde la familia Hazaff – Menem aparece como co-distribuidora de negocios sin antecedentes ni competencia real.
Aquí toma fuerza una pregunta sensible para cualquier demócrata: ¿es mérito o es amiguismo? El Gobierno libertario proclamó una revolución del sector público basada en eficiencia, reducción del Estado y transparencia. Pero lo que se observa en este caso es diametralmente opuesto: creación de oligopolios privados con acceso privilegiado, contratos millonarios sin historial previo, y una cascada de beneficios atribuibles directamente a la posición política de sus titulares —Menem y Bullrich—.
Un entramado que echa por tierra el discurso oficial, permeado por el «desregulación» y la «competencia libre». Aquí se impone una reinterpretación del poder: no es libre mercado, es mercado libre solo para unos pocos.
Martín Menem intenta disfrazar su exitismo con actos simbólicos: sortea su salario como una operación de marketing bien orquestada, copiada de Milei, quien ya lo realizó públicamente. Sin embargo, la performance artístico-politica no encubre el contraste brutal entre su salario legislativo y los ingresos por contratos estatales: en montos que multiplican por varias veces esa cifra, sin dejar rastro de garantías, transparencia ni competencia pública.
Por su parte, Milei tiene ante sí un desafío: o sigue permitiendo este tipo de estructuras con olor a corrupción (porque fuentes directas vinculan a funcionarios y familiares) o se hace valer su discurso de revolución libertaria. Hasta el momento, el silencio y la continuidad de contratos les permiten a ambos seguir recaudando –y limpiando como les viene en gana.
Es necesario marcar que ninguna ley prohíbe que familiares de legisladores participen de licitaciones públicas. Tampoco el traspaso de acciones de empresas para preservar formalmente la “incompatibilidad”. Pero para quien observe desde afuera, el cuadro luce empañado por una larga urdimbre de confianza interna, conexiones familiares e influencia política cruzada: una transacción en donde los ciudadanos pagan la factura.
Observar cómo contratos por seguridad y limpieza —servicios esenciales— quedan en manos de actores con vínculos directos al poder y una historia económica menor en el sector, debería activar alarmas sobre la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de control estatal. Especialmente cuando los beneficiarios pertenecen a círculos cercanos a quienes dicen querer reducir el Estado.
El relato mediático del Gobierno de Milei se deshace cuando se revelan conexiones como esta. No es la austeridad, no es la eficiencia, no es la transparencia: es una redistribución de recursos públicos hacia bolsillos afines. Una suerte de privatización encubierta, donde los favorecidos no son “emprendedores virtuosos”, sino familias que han sabido amoldarse al viento político.
El verdadero negocio no está en la desregulación de las cargas aeroportuarias, ni en el rubro de la seguridad o la limpieza. Está en construir un sistema paralelo, donde el Estado permanece disponible para quienes comparten -o abonan- afinidades ideológicas. Y eso no es casualidad, es estrategia.
La Justicia laboral declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025 impulsado por el gobierno de Javier Milei que reglamentaba el derecho de huelga en diversas actividades.
La resolución fue firmada por Moira Fullana, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal. Se trata de la magistrada que la semana pasada falló contra el Gobierno por el decreto que eliminó el Día del Trabajador del Estado.
Luego de esa resolución, el vocero presidencial,Manuel Adorni, calificó a Fullana como “jueza militante”. “La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”, dijo el funcionario.
El fallo, que responde a una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), consolida una sentencia interlocutoria previa del 2 de junio, en la que la misma jueza suspendió cautelarmente el decreto por considerar que vulneraba derechos fundamentales.
La CGT denunció que la norma violaba el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, el principio de división de poderes y derechos laborales como la libertad sindical y el derecho de huelga, protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución, el Convenio 87 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Protocolo de San Salvador (PISDEC). La decisión judicial cuestiona la intención del Gobierno de legislar mediante mecanismos no permitidos en material laboral.
Manuel Adorni.
El DNU 340/2025, publicado el 21 de mayo, incorporaba a la Marina Mercante y actividades conexas como servicios esenciales, ampliando la lista de actividades reguladas por el artículo 24 de la Ley 25.877. Además, imponía restricciones al derecho de huelga, exigiendo servicios mínimos de entre el 50% y el 75% en sectores esenciales. La CGT argumentó que el decreto fue dictado en pleno funcionamiento del Congreso, sin justificar una emergencia que requiriera eludir el trámite legislativo ordinario, y que afectaba derechos laborales fundamentales.
La sentencia interlocutoria del 2 de junio, confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ya había suspendido los efectos del DNU por considerar que no cumplía con los requisitos constitucionales de excepcionalidad. El fallo definitivo de Fullana refuerza esta postura, destacando que el Congreso estaba en sesiones ordinarias (con reuniones y comisiones en mayo de 2025) al momento del dictado del DNU, lo que deslegitima su uso. Además, la jueza señaló la falta de control parlamentario previsto por la Ley 26.122, ya que la Comisión Bicameral Permanente no emitió dictamen en los plazos establecidos, ni las Cámaras legislativas se pronunciaron.
El Estado Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, defendió el DNU argumentando que solo incorporaba a la Marina Mercante a una norma previa (DNU 70/23) y que la “necesidad y urgencia” era una cuestión política no revisable por la Justicia. Sin embargo, la jueza rechazó estos argumentos, señalando que el Poder Ejecutivo se arrogó funciones legislativas sin justificar una emergencia concreta, y que la sustitución del artículo 24 no era necesaria para incluir a la Marina Mercante.
Hoy por la mañana, el equipo de Educación Vial de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina dio por comenzadas sus actividades de educación en lo que respecta a concientización vial. Debido a que consideramos que la Educación Vial deber ser una política de Estado, a lo largo del año se harán…
La escuela secundaria ESRN N° 145 invita a los vecinos de B° Islas Malvinas, este 20 de octubre en el SUM de la escuela a la charla “Puertas Abiertas”, que se desarrollará a las 18 hs. Sobre el Proyecto “Te Damos Una mano de Color “. Este proyecto se sustentará sobre aprender a conocer, aprender…
El gobernador bonaerense brindó una conferencia de prensa luego de la resolución de la jueza Loretta Preska.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al fallo de la Justicia de Estados Unidos que ordenó a la Argentina que transfiera el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la causa que impulsa el fondo Burford Capital y advirtió al presidente Javier Milei que la petrolera «no se vende y menos se entrega o se regala».
En una conferencia de prensa en La Plata, Kicillof advirtió por la postura del jefe de Estado con respecto al conflicto por YPF: «Lo que dijo Milei es que se va a apelar la decisión pero sostiene que la culpa la tengo yo o los que participamos en la decisión de la expropiación. Es contradictorio y peligroso porque le da la razón a los demandantes y contradice la defensa del interés nacional».
«Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome que ponga en riesgo la soberanía energética y a YPF. Milei tendría que defender YPF y a la Argentina, pero entró como un topo a destruir el Estado. A YPF hay que defenderla. Se lo advierto a Milei: YPF no se vende y menos se entrega o regala. Lo grave es que hoy quien gobierna la Argentina es Milei y sus fuerzas políticas están de acuerdo en regalar todo», enfatizó en esta línea.
En tal sentido, cargó contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que integra el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York: «No tengo dudas de que la Argentina tiene que apelar. Estoy convencido de que ningún juez argentino, por más de que sea simpatizante de un sector o el otro, puede estar de acuerdo con que asiste la razón y el derecho al fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York. Esta sentencia es un disparate jurídico».
En tanto, marcó una intromisión de la Justicia estadounidense sobre la Constitución Nacional. «Se intenta prevalecer intereses de un fondo buitre en base a un estatuto de la compañía sobre la potestad de expropiación. El fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York está por fuera de la competencia, de las atribuciones y del sentido jurídico. La jueza no tiene razón en hacer prevalecer el estatuto de una empresa privada sobre la Constitución Nacional», aseveró Kicillof.
«La jueza Preska le dio la razón a Burford y pone un monto de la sentencia que también está cuestionado y no tiene nada que ver con las acciones de YPF. Este fallo es absolutamente insólito. Se convierte en una agresión a la soberanía argentina. Una jueza de Nueva York no tiene derecho a decir que nuestra Constitución vale menos que un papelito votado en una asamblea de accionistas. Esto puede traer muchas consecuencias internacionales», enfatizó.
Axel Kicillof destacó la estatización de YPF: «La producción de petróleo y gas creció»
Por otro lado, el gobernador bonaerense recordó las consecuencias de la privatización de YPF en la década de noventa: «Particularmente en la época de Repsol, privatizarla fue una verdadera desgracia para YPF, la Argentina y las posibilidades de desarrollo de nuestro país. YPF quedó bajo el control de Repsol a partir de 1999. Durante la gestión de Repsol, la producción de petróleo se redujo casi a la mitad».
En este marco, alertó que cuando era privada, la empresa redujo su productividad. «YPF pasó a ser la mitad de lo que era antes de esta situación. La producción de gas tuvo un primer momento de incremento pero termina, a partir de 2004, con una caída del 43%. En petróleo y gas, lo de Repsol controlando YPF fue una desgracia y una catástrofe. Esta situación también se reflejó en la caída de las reservas de petróleo», afirmó.
«Con la caída de la capacidad productiva de YPF, el país perdió su autoabastecimiento energético y tuvo que comenzar un proceso de importación de energía de diversas formas, a través de combustibles y de barcos que traían gas. La Argentina se convirtió en 2011 en un país deficitario. Por responsabilidad de la gestión de Repsol en YPF, también faltaron divisas y se generó la necesidad de importación de combustible a un precio que en aquel momento estaba aproximadamente u$s100 por barril, lo que generó un problema», agregó el gobernador bonaerense.
En tanto, recordó los contactos que mantuvo con las autoridades de Repsol: «Como viceministro de Economía tuve varias conversaciones y se le planteó el desastre. Ellos sostenían que es una empresa privada, que podía perjudicar a la Argentina pero no era problema de ellos. Repsol, teniendo Vaca Muerta, no hizo nada. Pusieron en venta Vaca Muerta en pedacitos. No hubo intención en invertir en producción ni grandes inversiones que requieren los yacimientos no convencionales».
También explicó la estatización de la compañía, que se produjo en 2012: «Sin recuperación de YPF, no había Vaca Muerta y sin Vaca Muerta no había puesta en marcha y recuperación de hidrocarburos. hoy, las tendencias que observamos de caída estrepitosa se revirtieron. La producción de petróleo creció un 78%, la de gas un 18% y no sería algo inalcanzable que en muy pocos años se produzcan un millón de barriles en Argentina».
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