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DOS ESCENARIOS, MUCHOS ARTISTAS

Este fin de semana se celebra en Villa Regina la #FiestadelaVendimia2020 y la Dirección de Cultura con Silvia Alvarado a la cabeza tuvo el atino de crear dos escenarios para poder generar más espacios para artistas locales, quienes estarán compartiendo la escena cultural de la #Vendimia con colegas regionales y nacionales.

Esta dirección, desde su asunción se ha caracterizado por revalorizar a la gran cantidad y calidad de artistas de la ciudad.

Las aperturas en el escenario principal estarán vinculadas a la danza y al teatro relacionadas a diferentes temáticas, alrededor de 150 artistas (bailarines, coreógrafos, músicos, cantantes) serán partícipes de los inicios de las jornadas en el Cono Randazzo.

Silvia Alvarado, Dir. Cultura VR

El escenario principal será el icónico Anfitreatro «Cono Randazzo» y el Alternativo se estructurará en la «Plaza de los Próceres». Compartimos el cronograma de la #Vendimia2020.

Fiesta Vendimia 2020

En el escenario Alternativo el cronograma es el siguiente:

  • El viernes las presentaciones comenzarán a las 20,30hs y actuarán: Zule Vega, Solcito del Valle, Mica/ Polo/ Uli y Germán, JeCe, Permitidos, Indio Gavilani, De la misma sangre, Cepeda Quiroga Dúo y Achesur.
  • El sábado arrancarán a las 19,00hs con: Rabioso Bufón, 4to. B, Hora libre, Nasty People, Reyser y cierra la cultura HIP HOP con batallas de freestyle formato exhibición + Dj Pako Solo, ( a partir de las 22:30hs) un número de vanguardia, ideal para conocer el movimiento y terminar bailando como se merece un sábado de fiesta.
  • El domingo los shows se iniciarán a las 20,30hs con Makabro, Asdrubal, Camello Doppler, Ovnibus, Última alternativa, Luz de Luna y La lokura.
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    En medio del escándalo $LIBRA el gobierno lanza un plan contra el fraude digital

     

    El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..

    La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.

    Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo

    El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.

    En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.

    El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.

    Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas

    Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.

    El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.

    En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.

    El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.

    Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas

    El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.

    Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.

    La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.

    La expansión de la seguridad digital

    El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.

    En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.

    El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.

    ¿Puede usarse políticamente?

    La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.

    Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.

    En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.

    Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.

    Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.

     

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    Monedas de oro, merchandising y negocios paralelos: nuevos chats complican al entorno de Milei

     

    Documentos extraídos del celular de Mauricio Novelli revelan que el empresario impulsaba proyectos para lanzar monedas de oro con la cara de Javier Milei y una línea de merchandising oficial. Los intercambios, que forman parte del expediente del escándalo cripto, muestran gestiones, reuniones en la Casa Rosada y hasta la intención de avanzar con negocios internacionales.

    Pôr Tomás Palazzo para NLI

    La trama que rodea al escándalo de la criptomoneda $LIBRA sigue sumando capítulos explosivos. Según reveló Página/12, nuevos documentos hallados en el celular de Mauricio Novelli exponen que el empresario no sólo operaba en el universo cripto, sino que también impulsaba negocios para monetizar directamente la figura presidencial de Javier Milei.

    Entre las iniciativas aparece una idea tan insólita como reveladora: la creación de monedas de oro con el rostro de Milei junto con el desarrollo de una línea completa de productos oficiales —desde indumentaria hasta objetos de uso cotidiano— con su imagen y consignas políticas.

    La “marca Milei” como negocio

    Los chats recuperados del teléfono de Novelli muestran con claridad la lógica que guiaba estos proyectos: convertir al presidente en una marca comercial global. En las conversaciones, uno de los socios propone avanzar sin dilaciones: “empujemos moneda y si no tenemos merchandising”, evidenciando que ambas iniciativas eran vistas como alternativas rentables dentro de un mismo esquema.

    El merchandising proyectado incluía una amplia gama de productos: remeras, gorras, mochilas, anteojos, billeteras e incluso motosierras, en línea con la estética libertaria que el propio Milei instaló en su discurso político.

    Lejos de tratarse de ideas aisladas, los documentos muestran que existían planes concretos para estructurar estos negocios con empresas radicadas en el exterior, particularmente en Uruguay, con el objetivo de reducir la carga impositiva.

    Reuniones en la Casa Rosada y contactos internacionales

    Uno de los aspectos más delicados del caso es que estos proyectos no se habrían quedado en el plano teórico. Según surge de los registros y chats, Novelli llevó a empresarios vinculados a bancos y firmas de metales preciosos de Suiza a reuniones en la Casa Rosada, donde fueron recibidos por Karina Milei.

    En esos encuentros se habrían presentado formalmente las propuestas, lo que sugiere un nivel de avance mayor al que inicialmente se conocía. La operatoria contemplaba incluso la firma de acuerdos formales (MOU) para dar inicio a los emprendimientos.

    Los documentos también dejan entrever tensiones internas: en un audio, Novelli reconoce que había resistencias dentro del entorno presidencial, aunque asegura que “J” —en referencia a Milei— estaba de acuerdo con avanzar.

    Del escándalo cripto a una red de negocios

    El dato más relevante es que estas iniciativas aparecen dentro del mismo universo que el caso $LIBRA, la criptomoneda que terminó en un escándalo internacional y que ya es investigada por posibles delitos financieros.

    Lo que surge ahora es que el esquema no se limitaba a un activo digital, sino que incluía múltiples líneas de negocios paralelos, todos atravesados por un mismo eje: capitalizar políticamente y económicamente la figura presidencial.

    Aunque los proyectos de monedas de oro y merchandising finalmente no se concretaron —al menos según la documentación disponible—, los registros dejan una evidencia contundente: existió una estrategia sistemática para explorar negocios privados utilizando la imagen del jefe de Estado.

    Una frontera difusa entre lo público y lo privado

    El caso abre interrogantes profundos sobre los límites entre función pública e intereses privados. La posibilidad de que se hayan evaluado negocios basados en la figura presidencial, con participación de actores internacionales y reuniones en dependencias oficiales, plantea un escenario que excede lo anecdótico.

    Más aún cuando todo esto surge en el marco de una investigación mayor que ya puso bajo la lupa la relación entre el poder político y operaciones financieras de alto riesgo.

    En ese contexto, lo que parecía un escándalo aislado empieza a perfilarse como algo más amplio: una red de iniciativas que buscaban transformar el poder político en una plataforma de negocios, con consecuencias que todavía están lejos de cerrarse.

     

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